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ENTREVISTAS

«Venga del Poder Judicial o del Ejecutivo, un golpe de Estado técnico es un fraude a la Constitución»: Javier Hurtado

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Por Mario Ávila //

El Partido Acción Nacional (PAN) lo propuso, luego se arrepintieron, bajaron el punto de acuerdo y hasta la desaparecieron de la Gaceta del Senado, pero ahí quedó el rastro de la intentona de un “golpe de Estado”, mediante la propuesta del senador Julen Rementería del Puerto, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, por la que exhortaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para destituir al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por desacato judicial.

El punto de acuerdo hablaba no solo de la destitución de su encargo y castigar penalmente a López Obrador, por abuso de autoridad, según la iniciativa, lo mismo se aplicaría en contra de del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

El hecho ocurrió en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 24 de mayo, pero de inmediato se corrigió el hecho y se culpó del “error” al personal de apoyo de la fracción del PAN.  El vocero del grupo parlamentario del PAN, Sergio Ramírez, aclaró que por un error del personal de apoyo fue enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo en ese sentido, sin el aval del coordinador Rementería, y por ello, cuando se detectó, éste ordenó que lo bajaran, ya que él no tenía conocimiento del mismo y tampoco iba a proponer nada en ese sentido.

Incluso para lavar el supuesto “error”, el grupo panista distribuyó una copia del oficio dirigido al presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, en la que el secretario técnico de la bancada blanquiazul, Juan Pablo Adame Alemán, le pide al morenista retirar de la orden del 24 de mayo y de todos los registros.

Por su parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador contestó a los panistas sobre su propuesta y en su conferencia de todos los días en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no le preocupa el punto de acuerdo que se presentó en el Senado mexicano, porque argumentó que ya conoce a sus adversarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional, así como a la Suprema Corte del país.

Además, López Obrador comparó este intento con lo ocurrido en el año 2005 cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando intentaron desaforarlo por órdenes del entonces presidente panista Vicente Fox Quesada, al no cumplir una sentencia de la SCJN.

“Es como la declaración de non grato (en Perú); no me preocupa, ya los he enfrentado, el desafuero fue eso, se pusieron de acuerdo, se me acollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte, los enfrenté a todos ellos, ¿quién creen ustedes que me sacó a flote? el pueblo, que es mucha pieza, tuvieron que dar marcha atrás, los conozco muy bien”, expresó.

 JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA O POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Pero el hecho ahí quedó registrado y fue analizado para los lectores del semanario Conciencia Pública, por el constitucionalista Javier Hurtado González, ex presidente del Colegio de Jalisco, quien de entrada se refirió así de los autores de la iniciativa: “Son unos irresponsables los panistas, porque si hacen eso, incendian al país, definitivamente, porque entonces sí van a conocer a los ‘chairos’, porque como decía López Obrador, ´que no suelten al tigre’. Ese fue un acto de extrema irresponsabilidad política”.

Se trata, según dijo el académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, de una modalidad distinta a los golpes de Estado a los que habíamos estado acostumbrados en la década de los años 70 y 80 en América Latina, que eran estrictamente con el uso de las fuerzas armadas. También es diferente a los que se han registrado en los últimos años en donde se viven dilemas que enfrentan a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ahora -dijo-, tenemos otra modalidad de golpe de estado, que yo creo que el presidente López Obrador tiene razón de que esté existiendo en México, es una realidad y se está dando mediante una confrontación ya no entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino entre el Ejecutivo y el Judicial, lo que el mandatario mexicano le ha dado en llamar, un golpe de estado técnico o bien podría llamarse un golpe de estado jurisdiccional, es decir derivado de la politización de la justicia, o bien de la judicialización de la política.

Explicó el politólogo Javier Hurtado que este tipo de confrontaciones Ejecutivo vs Judicial, son nuevas, “se trata de que la Corte a través de diversos instrumentos a su alcance, tanto en las leyes o en la Constitución, trata de frenar o paralizar al presidente o de plano hasta destituirlo”.

Por ejemplo -detalló-, en sistemas parlamentarios yo registro el caso de Hungría en donde se dio también un diferendo entre el Ejecutivo y el Judicial. Y en el caso de América Latina en estos momentos se está viviendo eso en otros dos países, es decir tenemos en estos momentos tres golpes de estado, en Colombia y lo que está ocurriendo en el Salvador, en donde el día 1 de mayo el presidente Nayib Bukele, que por cierto tiene una aprobación del 92% convertido en un fenómeno a nivel mundial y con una mayoría sobradísima en el Congreso, destituyó a todos los magistrados del Tribunal Constitucional del Poder Judicial y los acusó de haberle estado obstruyendo el gobierno durante la pandemia, que lo sujetaron de las manos para no enfrentar la pandemia como él hubiera querido y entonces se la cobró en esta nueva elección donde el pueblo le dio amplia mayoría y los destituyó. Y no solamente a los miembros del tribunal, sino que agarró parejo hasta con el Fiscal y los mandó a su casa.

Y a parte de ese, está viviéndose la situación en Colombia -abundó-, donde el presidente Petro atraviesa por una situación que tiende a agravarse porque el poder Judicial le ha anulado triunfos electorales de sus congresistas para quitarle la muy apretada mayoría que tenía en el Legislativo y aparte le destituyó al presidente del Senado al acusarlo de tener doble militancia partidaria, como que si eso fuera causal para ganarse la destitución. Ahí el presidente Petro ha estado diciendo que eso es un golpe de estado técnico, que le quieren modificar la correlación de fuerzas y el proceso está en curso.

Aquí en México -expuso Javier Hurtado-, el presidente de la República vio las decisiones de la Corte como un golpe de estado técnico, el que se hayan otorgado amparos otorgándole suspensiones a los quejosos con relación a las obras del Tren Maya. Pero también si bien el golpe de estado técnico puede considerarse de esta manera, como que el Judicial puede recurrir a argucias legales constitucionales, para obstaculizar, modificar la correlación de fuerzas o hasta quiera llegar a querer destituir al Ejecutivo, como ya lo propuso el PAN.

Y sentenció el politólogo Hurtado González: “Un golpe de Estado técnico, es un fraude a la Constitución, ya sea que lo haga el Poder Judicial o el Ejecutivo. Lo que se está viendo hoy es que en México tenemos esta situación de ida y vuelta, el Ejecutivo manda sus iniciativas de ley anticonstitucionales para ganar tiempo y la Corte le paraliza las obras. Estamos en una situación complicada”.

SÍ AL JUICIO POLÍTICO Y LA ELECCIÓN POR VOTO DE LOS MINISTROS

A manera de conclusión, Javier Hurtado expuso que el Ejecutivo tiene dos caminos para poder ponerle un freno al poder Judicial y a la SCJN, uno es a través del juicio político. “Los pueden destituir y desde cuando deberían haberlos destituido por estar violando la Constitución con el sueldo, esa es una violación abierta, descarada e impune, pero para que prospere tiene que tener dos terceras partes de la Cámara de Diputados; incluso Ricardo Monreal ya sacó la amenaza, pero no van lograr la mayoría requerida”.

Y la otra sería insistir en la elección de los ministros mediante el voto popular. «Esto puede ayudar a que tengas unos mejores ministros, pero no significa que vas a resolver el problema de la impartición de justicia en México, porque esa es multifactorial, y así solo estaríamos atacando el tema del máximo tribunal donde se interpreta la aplicación de las leyes».

«Pero en la procuración de justicia ahí está en primer lugar el Ministerio Público que necesita ser reformado, definitivamente, no podemos continuar así. También entran en luego las policías y las fuerzas armadas. No vamos a resolver el problema de justicia y de impunidad, solo cambiando la elección de los ministros de la corte, por supuesto que no. Pero yo sí soy de esa idea, de que por voto popular se podrían lograr mejores perfiles en la corte de los que actualmente tenemos».

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Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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