NACIONALES
Victoria de los mexicanos: Jaleo entre poderes y logro de la democracia
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Escenario dramático han sido los recientes días con motivo de la reforma judicial. Los poderes que perviven en la república -constitucionales, fácticos- se contrapusieron y a veces generaron extravagantes torbellinos.
A la postre, pueblo y gobierno unidos, salieron avante y el 15 de septiembre se publicaron las reformas en el Diario Oficial de la Federación, para que sean vigentes a partir del señero 16, día de la independencia de nuestra patria.
¿Cuáles son esos poderes a que nos referimos? Los constitucionales -legislativo, ejecutivo y judicial- y los fácticos, es decir los sectores de la sociedad, como la banca, los empresarios, los partidos políticos y organismos civiles -incluidos burocráticos-, la Iglesia y los medios de comunicación, que ejercen sobre ella (la sociedad) cierta o gran influencia, confiados en su capacidad de presión, a la cual suelen sumárseles entes nacionales o extranjeros que por ideología o intereses materiales pretenden influir en asuntos exclusivos de la nación.
La contienda ha sido pasmosa debido a que los contendientes empeñaron todo tipo de recursos para alcanzar sus objetivos. Entre los poderes emanados de la Carta Magna, fue manifiesto el enfrentamiento del Poder Judicial, conducido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encarnado en su presidenta -Norma Leticia Piña Hernández- contra el legislativo -cámaras de diputados y de senadores-representado por el partido mayoritario y sus aliados, los cuales secundaron las iniciativas de modificación constitucional presentadas desde el 5 de febrero de este año por el ejecutivo federal.
La SCJN actuó sincronizadamente con la minoría legislativa (integrada por los partidos de Acción Nacional -PAN-, Revolucionario Institucional -PRI- y de la Revolución Democrática- PRD-) acrecentada por Movimiento Ciudadano -MC-. En consecuencia, el desafío fue impresionante.
Para alcanzar ese nivel de magnitud, debemos considerar que los poderes fácticos se sumaron a los fines de la SCJN y de la minoría legislativa, que en pocas palabras era evitar se concretaran las iniciativas de reforma presentadas por el ejecutivo el día de la Constitución Política de México, en esta ocasión significadas especialmente por las reformas al Poder Judicial.
Por tirios y troyanos es reconocido que la justicia en nuestro país no cumple ni medianamente los mandatos constitucionales de que debe ser pronta, expedita, imparcial y gratuita. Lo anterior se agrava con números en la mano, al demostrar que el nepotismo y el influyentismo corren parejos en materia de justicia, y han convertido al poder judicial en centro de podredumbre.
Un estudio reciente enlista los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.
El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Como ejemplo se puso a Jalisco, Estado que ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados, por lo que se le intitula “Jalisco: el Virreinato de los hijos”. (Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos: El Poder Familiar de la Federación).
En cuanto al influyentismo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios, y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse, de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias.”
Siendo irrefutable que se ocupa una profunda modificación del Poder Judicial, la SCJN nada hizo para avenir y coordinar ideas con las propuestas presidenciales. Tanto en ella, como en las fuerzas de las oposiciones, jamás esperaron los resultados electorales del 2 de junio, en los cuales la ciudadanía otorgó mayoría calificada a los lopezobradoristas, quienes de esa manera vieron culminado su Plan C de reformas y con el dominio en las cámaras alta y baja, se dispusieron a culminar sus proyectos.
Se organizaron por los diputados amplios foros de consulta y participación de miembros del Poder Judicial Federal y de los Estados, de los trabajadores de esos poderes, abogados, académicos y demás interesados en el ramo. En ellos, fue evidente que los ministros, magistrados y jueces, estaban en contra de la reforma; enseguida se sumaron atropelladamente los trabajadores, y llegaron a un ilícito paro de labores. Su actitud fue no solo firme, sino furibunda. Unos y otros defendían a ultranza sus privilegios escandalosos: la SCJN apoyó a los paristas y hasta autorizó que recibieran sus sueldos íntegramente. El servicio prioritario de justicia, no les importó y lo relegaron, para ellos lo sustancial era evitar las reformas y con ello salvar sus prebendas.
Los poderes fácticos, al principio algo tibios, acrecieron y se volvieron beligerantes, refractarios y hasta amenazantes. Los embajadores de Estados Unidos y de Canadá tomaron parte y declararon su disconformidad con la reforma judicial, especialmente señalando la inaceptación del sufragio popular para elegir a los juzgadores federales.
Hubo necesidad de que el primer mandatario los señalara y marcara sus intromisiones inadmisibles, declarando una pausa con ellos, no con sus gobiernos, menos con sus pueblos: los negocios y relaciones no se inmutaron, a pesar de las “aves de mal agüero” sobre todo emanadas de sectores empresariales y los grupos de la derecha ideológica, algunos de calaña internacional, que advertían de turbulentos tiempos en lo interno y lo externo.
La pugna que por la llamada sobrerrepresentación de legisladores fue una batalla campal, la perdieron los opositores. Y heraldos de la retrospectiva como Krauze y Aguilar Camín, afirmaron que había muerto la democracia y con ello surgido la dictadura. No cabe duda de que añoran tiempos idos, cuando eran consentidos de las camarillas gobernantes.
La iglesia, -obispos, curas y beatería- sobre todo la católica, también echó su cuarto a espadas y se proclamó contraria a las reformas con relación a la administración de justicia. Estudiantes de universidades de paga y minorías del círculo de nivel alto, muchos de ellos empleados en la SCJN y tribunales, se desbordaron y satanizaron la iniciativa, dizque defendiendo la independencia del poder judicial y la carrera para escalar puestos en ese ámbito, repudiando la elección popular.
La desesperación de los liderados por la presidenta de la SCJN llegó al punto de ignorar al Constituyente Permanente (cuya atribución es adicionar, reformar, derogar o abrogar partes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) integrado por las Cámaras de la Unión y los congresos estatales, pues sin rubor alguno y careciendo de competencia, algunos jueces de distrito osaron conceder suspensiones para evitar la discusión de la reforma en el poder legislativo, o de inhibir enviar a los congresos locales la minuta que se aprobara en las cámaras, y finalmente, en el colmo de la rabieta de un tribunal colegiado, este prohibió se publiquen en el diario oficial las multicitadas reformas. Y como cereza en el pastel, la ministra Piña todavía expresó que buscaría algún recurso, aquí o fuera del país, para impedir la reforma constitucional.
Así describe el presidente del Senado (Gerardo Fernández Noroña) la parte final del jaleo entre poderes: los seguidores de la SCJN y los partidos opositores, usaron todo tipo de provocaciones y maniobras…buscaron que las sesiones no se llevaran a cabo…permitieron el asalto violento a la cámara de senadores en un repudiable intento golpista…los medios no dijeron nada al respecto, ni siquiera cuando la “Chuya” senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo de Aguascalientes, llamó a linchar a quien votara a favor de la reforma.
Entonces hubo necesidad de pasar a la sede alterna del antiguo Senado (tal como los diputados se habían visto obligados sesionar en sede alterna) …hubo sesiones tormentosas y finalmente entre 10 y 12 de este mes septembrino ya estaba lograda la aprobación en lo general y particular en ambas cámaras. Para el día de los Niños Héroes, con 24 aprobaciones de congresos estatales se alcanzó la constitucionalidad de las reformas, enviándose al ejecutivo para su publicación.
AMLO anunció se publicaría la reforma el 15 de septiembre. Noroña precisó: será espléndido regalo no para el presidente, sino para el pueblo, añadiendo: y que se oiga bien y lejos, en México manda el pueblo y nadie más…en cuanto a la oposición están presentes en su ausencia, en la intrascendencia a que ellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Dicen los medios de comunicación tradicionales que tenemos una dictadura, con lo que resulta que si el pueblo manda es dictadura, y si las mayorías nos respaldaron es una dictadura, pero eso se llama democracia, el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo.
En esta victoria de los mexicanos, se demostró como se sortearon violencia, provocaciones, campañas de linchamiento y descalificaciones. Como reitera quien dirige la Cámara Alta: “…nosotros le decimos al pueblo de México que no les fallaremos, estamos bajo su observancia…la oposición tiene un largo camino de aprendizaje…nosotros seguiremos por largo tiempo porque estamos cumpliéndole al pueblo, estamos haciendo política y no politiquería, …y aunque la oposición nos muerda la mano, la tenemos extendida, a pesar de que no tenga palabra y traicione hasta los principios más extremos…siempre estaremos dispuestos al diálogo, pero eso sí: bajo ninguna circunstancia renunciaremos a la fuerza del mandato mayoritario que otorgó la ciudadanía”.
Este logro de la democracia mexicana bien merece la aclamación: ¡Larga vida al valiente y comprometido pueblo de México!
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Cámara de Diputados exhorta a la SICT a pagar adeudo histórico de más de dos Décadas a Comunidad Indígena de Mezquitán
– Por Raúl Cantú
La Cámara de Diputados ha respondido al llamado de la Comunidad Indígena de Mezquitán, aprobando un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a cumplir con el ordenamiento judicial y pagar la indemnización pendiente desde 2004 por la ocupación de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Esta decisión histórica representa un avance crucial en una lucha de más de 21 años, marcada por el incumplimiento de convenios firmados en su momento sin la debida compensación.
La aprobación del Pleno surge como respuesta directa a una carta enviada por la Comunidad Indígena de Mezquitán al Pleno de la Cámara en agosto de 2025, en la que solicitaban la intervención legislativa para resolver esta injusticia persistente.
A pesar de contar con sentencias favorables emitidas por los Tribunales Agrarios, la comunidad ha enfrentado durante más de dos décadas una burocracia federal insensible que ha retrasado el pago justo ordenado por ley.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, reconoce y agradece profundamente el liderazgo del diputado jalisciense Alberto Maldonado Chavarín, coordinador de los diputados federales de Jalisco y del grupo parlamentario de Morena, quien atendió la solicitud de la comunidad e impulsó decididamente este punto de acuerdo en el recinto legislativo.
Su compromiso ha sido clave para visibilizar y avanzar en esta causa indígena, convirtiendo el clamor de Mezquitán en una resolución formal del Poder Legislativo.
La comunidad extiende un sincero agradecimiento al resto de las diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias de la actual Legislatura Federal, cuya solidaridad y voto unánime transformaron la petición en un exhorto oficial, demostrando un apoyo transversal a los derechos de las comunidades indígenas.
«La aprobación de este punto de acuerdo prueba que nuestra voz fue escuchada.
Enviamos nuestra carta al Pleno en agosto con la esperanza de ser atendidos, y hoy la Cámara de Diputados responde a nuestro clamor. Agradecemos a todos los legisladores, con el diputado Maldonado al frente, por hacer suya nuestra lucha y proponer este avance histórico”.
Ahora exigimos que la SICT acate sin demora este exhorto, en los términos de las sentencias agrarias», declararon representantes de la comunidad.
La Comunidad Indígena de Mezquitán confía en que la SICT atenderá de inmediato el exhorto de la Cámara de Diputados, saldando esta deuda histórica y poniendo fin a décadas de marginación. Este pago justo no solo reparará el daño causado, sino que honrará los derechos ancestrales de la comunidad.
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Aprobada la Ley de Amparo en Cámara de Diputados, la oposición acusa “retroactividad disfrazada”
– Por Francisco Junco
Mientras el reloj marcaba las cuatro de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo. Morena y sus aliados sacaron adelante el dictamen entre gritos, reclamos y acusaciones de la oposición.
El artículo tercero transitorio, que había sido corregido apenas un día antes en el Senado, volvió a introducirse con una redacción distinta, pero con el mismo efecto: aplicar nuevas reglas a juicios en curso, lo que para los opositores significa una “retroactividad disfrazada”.
El encargado de presentar la reserva fue el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, quien aseguró desde tribuna que no se trataba de retroactividad, sino de una precisión jurídica. “Con la nueva redacción del artículo, es un tema de materia y trascendencia procesal, es derecho procesal puro. Es poner las reglas claras. Lo hecho queda bajo la ley antigua, lo que se haga después, bajo la nueva”, explicó, mientras la bancada oficialista levantaba pancartas en apoyo a la reforma.
En defensa de la iniciativa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó la redacción del artículo como “impecable” y aseguró que la reforma busca “poner fin a los amparos mañosamente alargados” que benefician a empresarios y deudores fiscales.
“Actualmente, hay más de dos mil créditos fiscales que se resisten a pagar, con montos superiores a los cien mil millones de pesos. Con esta reforma queremos que paguen lo justo, incluso los lavadores de dinero y delincuentes de cuello blanco”, afirmó Monreal.
Esta mañana, desde la Mañanera, en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la modificación y justificó la fórmula jurídica. “Es la misma propuesta que presentó aquí el ministro Saldívar. La Corte tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no, y eso es lo que quedó en el transitorio”, explicó, insistiendo en que la nueva redacción “garantiza el derecho de amparo” y permite distinguir entre casos antiguos y procesos futuros.
Pero en el pleno de la Cámara de Diputados, la oposición denunció que el cambio abría la puerta a una manipulación judicial. La panista Paulina Rubio fustigó a la mayoría oficialista y acusó: “Se avientan la cereza del pastel, el dichoso transitorio, ese transitorio que está más manoseado que una moneda en un camión. ¡Es la legalización de la extorsión! La presidenta no va a poder negar que es la autora y artífice absoluta”.
El priista Emilio Suárez Licona advirtió las consecuencias que podría tener en los tribunales. “Habrá que explicarles a los damnificados de Veracruz, Puebla o Hidalgo que sus agrupaciones vecinales muy probablemente no podrán combatir vía juicio de amparo las omisiones del gobierno. Bajo el argumento de que es una materia procesal, se aplica una forma encubierta de retroactividad que debilita la certeza jurídica”, dijo.
En medio del debate, también se escucharon críticas más duras. El panista Germán Martínez calificó de hipócritas a los morenistas al recordar que ellos mismos recurrieron a los amparos cuando les convenía, por ejemplo Ricardo Monreal, que se amparó contra Laida Sansores; Cuauhtémoc Blanco, y la ministra Esquivel, cuando se supo que plagió su tesis.
Aunque la presidenta de la Comisión de Justicia, la morenista Olga Sánchez Cordero, había advertido en comisiones que los cambios “limitaban el acceso a la justicia”, la mayoría desoyó las advertencias y con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, la reforma fue aprobada y devuelta al Senado.
En San Lázaro, mientras algunos celebraban una “modernización del juicio de amparo”, otros vieron en la madrugada legislativa la confirmación de que el derecho en México también puede tener un disfraz y fue devuelta a la Cámara Alta, es decir al Senado para su aprobación.
– Por Mario Ávila
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, confirmó el ataque y asesinato a balazos de la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, y reportó que otra persona también resultó lesionada.
La gobernadora de Colima expresó su repudio y pesar ante este hecho de violencia y señaló que ha exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva y expedita.
Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a colaborar con todas las herramientas a su alcance para esclarecer los hechos.
La gobernadora destacó que las y los colimenses rechazan la violencia.
Hizo ver la necesidad de mantenerse unidos ante quienes dijo: «Buscan arrebatar la tranquilidad de la población».
Gaby Mejía, se desempeñaba también como presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI en Colima (Onmpri).
Líderes del PRI condenan asesinato de ex alcaldesa Gaby Mejía y en particular la diputada federal por Monterrey, Marcela Guerra, pidió un minuto de silencio en San Lázaro y apuntó: «Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera».
Ante el pleno de la LXVI Legislatura federal se dijo invadida de tristeza y enojo «por el asesinato recién perpetrado por viles cobardes contra la ex alcaldesa; que este crimen no quede impune, por lo cual solicito también un minuto de silencio”.
– Por Francisco Junco
Durante la discusión del Primer Informe del Poder Ejecutivo federal sobre las actividades de la Guardia Nacional, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, demandó que la corporación rinda cuentas con datos verificables y resultados concretos.
“Conocer cifras no equivale a evaluar el desempeño de la Guardia Nacional”, advirtió, al señalar que el informe “cumple con la ley, pero no con la rendición de cuentas”.
El senador jalisciense subrayó que el debate no gira en torno a la militarización del cuerpo de seguridad, sino a las deficiencias del reporte presentado por el Ejecutivo, que, dijo, “poco aporta para medir el impacto real de sus acciones”.
Castañeda ejemplificó las inconsistencias al mencionar que “Colima y Baja California Sur tienen una población similar, pero una incidencia delictiva distinta; sin embargo, Colima cuenta con apenas una tercera parte de los elementos que Baja California Sur”.
También señaló que casi la mitad de las 10 mil 69 detenciones reportadas por la corporación (46%) fueron por faltas administrativas, tareas que podrían corresponder a las policías locales.
“Esto confirma que la corporación está supliendo funciones (de las policías locales), no complementándolas, lo que contradice el espíritu de colaboración temporal previsto en la ley”, afirmó.
Castañeda recordó que en 2018 la extinta Policía Federal, con una tercera parte del personal, realizó más del doble de detenciones que la Guardia Nacional en 2024, lo que evidencia su falta de resultados.
“El informe cumple con los requisitos formales, pero no ofrece elementos para medir cómo sus acciones contribuyen a reducir la incidencia delictiva o garantizar la paz social”, agregó.
El senador destacó que Movimiento Ciudadano ha propuesto reformas para fortalecer la evaluación y la transparencia de la Guardia Nacional, como clarificar los criterios de despliegue, establecer indicadores de impacto y resultados, y evaluar sus labores migratorias.
“Queremos una Guardia Nacional que rinda cuentas con datos, indicadores y transparencia, no una institución que se mida solo por lo que hace, sino por lo que logra en favor de la seguridad y la paz de las y los mexicanos”, concluyó.
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