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NACIONALES

Victoria de los mexicanos: Jaleo entre poderes y logro de la democracia

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Escenario dramático han sido los recientes días con motivo de la reforma judicial. Los poderes que perviven en la república -constitucionales, fácticos- se contrapusieron y a veces generaron extravagantes torbellinos.

A la postre, pueblo y gobierno unidos, salieron avante y el 15 de septiembre se publicaron las reformas en el Diario Oficial de la Federación, para que sean vigentes a partir del señero 16, día de la independencia de nuestra patria.

¿Cuáles son esos poderes a que nos referimos? Los constitucionales -legislativo, ejecutivo y judicial- y los fácticos, es decir los sectores de la sociedad, como la banca, los empresarios, los partidos políticos y organismos civiles -incluidos burocráticos-, la Iglesia y los medios de comunicación, que ejercen sobre ella (la sociedad) cierta o gran influencia, confiados en su capacidad de presión, a la cual suelen sumárseles entes nacionales o extranjeros que por ideología o intereses materiales pretenden influir en asuntos exclusivos de la nación.

La contienda ha sido pasmosa debido a que los contendientes empeñaron todo tipo de recursos para alcanzar sus objetivos. Entre los poderes emanados de la Carta Magna, fue manifiesto el enfrentamiento del Poder Judicial, conducido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encarnado en su presidenta -Norma Leticia Piña Hernández- contra el legislativo -cámaras de diputados y de senadores-representado por el partido mayoritario y sus aliados, los cuales secundaron las iniciativas de modificación constitucional presentadas desde el 5 de febrero de este año por el ejecutivo federal.

La SCJN actuó sincronizadamente con la minoría legislativa (integrada por los partidos de Acción Nacional -PAN-, Revolucionario Institucional -PRI- y de la Revolución Democrática- PRD-) acrecentada por Movimiento Ciudadano -MC-. En consecuencia, el desafío fue impresionante.

Para alcanzar ese nivel de magnitud, debemos considerar que los poderes fácticos se sumaron a los fines de la SCJN y de la minoría legislativa, que en pocas palabras era evitar se concretaran las iniciativas de reforma presentadas por el ejecutivo el día de la Constitución Política de México, en esta ocasión significadas especialmente por las reformas al Poder Judicial.

Por tirios y troyanos es reconocido que la justicia en nuestro país no cumple ni medianamente los mandatos constitucionales de que debe ser pronta, expedita, imparcial y gratuita. Lo anterior se agrava con números en la mano, al demostrar que el nepotismo y el influyentismo corren parejos en materia de justicia, y han convertido al poder judicial en centro de podredumbre.

Un estudio reciente enlista los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Como ejemplo se puso a Jalisco, Estado que ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados, por lo que se le intitula “Jalisco: el Virreinato de los hijos”. (Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos: El Poder Familiar de la Federación).

En cuanto al influyentismo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios, y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse, de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias.”

Siendo irrefutable que se ocupa una profunda modificación del Poder Judicial, la SCJN nada hizo para avenir y coordinar ideas con las propuestas presidenciales. Tanto en ella, como en las fuerzas de las oposiciones, jamás esperaron los resultados electorales del 2 de junio, en los cuales la ciudadanía otorgó mayoría calificada a los lopezobradoristas, quienes de esa manera vieron culminado su Plan C de reformas y con el dominio en las cámaras alta y baja, se dispusieron a culminar sus proyectos.

Se organizaron por los diputados amplios foros de consulta y participación de miembros del Poder Judicial Federal y de los Estados, de los trabajadores de esos poderes, abogados, académicos y demás interesados en el ramo. En ellos, fue evidente que los ministros, magistrados y jueces, estaban en contra de la reforma; enseguida se sumaron atropelladamente los trabajadores, y llegaron a un ilícito paro de labores. Su actitud fue no solo firme, sino furibunda. Unos y otros defendían a ultranza sus privilegios escandalosos: la SCJN apoyó a los paristas y hasta autorizó que recibieran sus sueldos íntegramente. El servicio prioritario de justicia, no les importó y lo relegaron, para ellos lo sustancial era evitar las reformas y con ello salvar sus prebendas.

Los poderes fácticos, al principio algo tibios, acrecieron y se volvieron beligerantes, refractarios y hasta amenazantes. Los embajadores de Estados Unidos y de Canadá tomaron parte y declararon su disconformidad con la reforma judicial, especialmente señalando la inaceptación del sufragio popular para elegir a los juzgadores federales.

Hubo necesidad de que el primer mandatario los señalara y marcara sus intromisiones inadmisibles, declarando una pausa con ellos, no con sus gobiernos, menos con sus pueblos: los negocios y relaciones no se inmutaron, a pesar de las “aves de mal agüero” sobre todo emanadas de sectores empresariales y los grupos de la derecha ideológica, algunos de calaña internacional, que advertían de turbulentos tiempos en lo interno y lo externo.

La pugna que por la llamada sobrerrepresentación de legisladores fue una batalla campal, la perdieron los opositores. Y heraldos de la retrospectiva como Krauze y Aguilar Camín, afirmaron que había muerto la democracia y con ello surgido la dictadura. No cabe duda de que añoran tiempos idos, cuando eran consentidos de las camarillas gobernantes.

La iglesia, -obispos, curas y beatería- sobre todo la católica, también echó su cuarto a espadas y se proclamó contraria a las reformas con relación a la administración de justicia. Estudiantes de universidades de paga y minorías del círculo de nivel alto, muchos de ellos empleados en la SCJN y tribunales, se desbordaron y satanizaron la iniciativa, dizque defendiendo la independencia del poder judicial y la carrera para escalar puestos en ese ámbito, repudiando la elección popular.

La desesperación de los liderados por la presidenta de la SCJN llegó al punto de ignorar al Constituyente Permanente (cuya atribución es adicionar, reformar, derogar o abrogar partes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) integrado por las Cámaras de la Unión y los congresos estatales, pues sin rubor alguno y careciendo de competencia, algunos jueces de distrito osaron conceder suspensiones para evitar la discusión de la reforma en el poder legislativo, o de inhibir enviar a los congresos locales la minuta que se aprobara en las cámaras, y finalmente, en el colmo de la rabieta de un tribunal colegiado, este prohibió se publiquen en el diario oficial las multicitadas reformas. Y como cereza en el pastel, la ministra Piña todavía expresó que buscaría algún recurso, aquí o fuera del país, para impedir la reforma constitucional.

Así describe el presidente del Senado (Gerardo Fernández Noroña) la parte final del jaleo entre poderes: los seguidores de la SCJN y los partidos opositores, usaron todo tipo de provocaciones y maniobras…buscaron que las sesiones no se llevaran a cabo…permitieron el asalto violento a la cámara de senadores en un repudiable intento golpista…los medios no dijeron nada al respecto, ni siquiera cuando la “Chuya” senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo de Aguascalientes, llamó a linchar a quien votara a favor de la reforma.

Entonces hubo necesidad de pasar a la sede alterna del antiguo Senado (tal como los diputados se habían visto obligados sesionar en sede alterna) …hubo sesiones tormentosas y finalmente entre 10 y 12 de este mes septembrino ya estaba lograda la aprobación en lo general y particular en ambas cámaras. Para el día de los Niños Héroes, con 24 aprobaciones de congresos estatales se alcanzó la constitucionalidad de las reformas, enviándose al ejecutivo para su publicación.

AMLO anunció se publicaría la reforma el 15 de septiembre. Noroña precisó: será espléndido regalo no para el presidente, sino para el pueblo, añadiendo: y que se oiga bien y lejos, en México manda el pueblo y nadie más…en cuanto a la oposición están presentes en su ausencia, en la intrascendencia a que ellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Dicen los medios de comunicación tradicionales que tenemos una dictadura, con lo que resulta que si el pueblo manda es dictadura, y si las mayorías nos respaldaron es una dictadura, pero eso se llama democracia, el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo.

En esta victoria de los mexicanos, se demostró como se sortearon violencia, provocaciones, campañas de linchamiento y descalificaciones. Como reitera quien dirige la Cámara Alta: “…nosotros le decimos al pueblo de México que no les fallaremos, estamos bajo su observancia…la oposición tiene un largo camino de aprendizaje…nosotros seguiremos por largo tiempo porque estamos cumpliéndole al pueblo, estamos haciendo política y no politiquería, …y aunque la oposición nos muerda la mano, la tenemos extendida, a pesar de que no tenga palabra y traicione hasta los principios más extremos…siempre estaremos dispuestos al diálogo, pero eso sí: bajo ninguna circunstancia renunciaremos a la fuerza del mandato mayoritario que otorgó la ciudadanía”.

Este logro de la democracia mexicana bien merece la aclamación: ¡Larga vida al valiente y comprometido pueblo de México!

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Fabiola Moreno Pérez: Ofrece justicia penal con sensibilidad y experiencia

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

Con “24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones”, Fabiola Moreno Pérez es una figura destacada del Poder Judicial de la Federación. Desde su rol como magistrada en un Tribunal Colegiado Penal en Jalisco, donde ha servido durante cuatro años tras una década como juez de distrito, Moreno ha resuelto casos complejos como feminicidios y desaparición forzada, siempre con un enfoque humano.

“Contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas” es para la maestra Fabiola Moreno, uno de sus mayores legados, reflejando su compromiso con una justicia abierta y efectiva, quien aspira a ser electa magistrada en materia penal en las elecciones para la renovación del Poder Judicial Federal el próximo 1 de junio.

Moreno, inspirada desde niña por “las injusticias” que observó en su pueblo en Chihuahua, ve en este proceso una oportunidad para acercar el Poder Judicial a la gente. Sin embargo, advierte que “el mayor desafío es informar a la ciudadanía sobre su rol”, enfrentando el desconocimiento y críticas que “carecen de análisis profundo”.

Moreno aboga por una justicia que vaya más allá de la legalidad, “colocando a la persona en el centro”. Desde la protección de niñas vulnerables hasta la incorporación de la perspectiva de género, su labor demuestra que la equidad y la imparcialidad son pilares irrenunciables.

LAS INJUSTICIAS LA MOTIVARON A ESTUDIAR DERECHO

P: ¿Qué la motivó a dedicarse a la carrera judicial?

Crecí en un pueblo de Chihuahua, donde las injusticias me motivaron a estudiar derecho, inspirada por mi hermano, magistrado estatal. La materia de amparo, que protege derechos humanos, me apasionó, y un maestro con visión humana reforzó mi vocación de servir a la justicia.

P: ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un Tribunal Colegiado de Distrito y por qué es crucial su labor?
Los Tribunales Colegiados de Distrito revisan apelaciones y amparos como última instancia, resolviendo casos penales para determinar penas o revisar sentencias. Analizamos errores procesales, garantizando constitucionalidad y derechos humanos, actuando como contrapeso al poder público.

P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial en el contexto actual de reformas judiciales y presión social?
El mayor desafío del Poder Judicial es informar a la ciudadanía sobre su rol, especialmente con la reforma que introduce la elección de jueces. El desconocimiento, las restricciones de comunicación y las críticas poco fundamentadas complican la tarea. Urge garantizar votos informados por perfiles éticos.

P: ¿Comparte las críticas al Poder Judicial y qué tan necesaria considera esta reforma?
No comparto todas las críticas al Poder Judicial, ya que carecen de análisis profundo. La reforma actual es limitada, pues ignora problemas estructurales como las deficiencias en ministerios públicos, defensorías y comisiones de víctimas, esenciales para una justicia efectiva.

P: Cuando enfrenta casos con alta carga política o social, ¿qué principios guían sus decisiones para garantizar la imparcialidad?
La imparcialidad es el principio rector en todos los casos, independientemente de su magnitud. Los magistrados contamos con causas de impedimento que nos permiten excusarnos si percibimos que la presión social o cualquier factor podría comprometer nuestra neutralidad.

P: ¿Cómo incorpora la perspectiva de género en sus resoluciones y qué avances o retos observa en este enfoque?
La perspectiva de género es esencial en la justicia, aplicándose a víctimas, imputados y casos con desequilibrios de poder. Requiere pruebas de oficio, análisis sin prejuicios y lenguaje no estigmatizante. Pese a avances en capacitación, persisten resistencias culturales y falta de sensibilización.

P: ¿Qué medidas son esenciales para fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados?
La autonomía judicial requiere selecciones transparentes y meritocráticas, sin influencias políticas. Pese al componente político de la elección popular, los candidatos deben ser éticos y experimentados para actuar independientemente, sin presiones, y mantener la confianza en el sistema.

P: ¿Cómo ha transformado la tecnología, como los juicios en línea o el expediente electrónico, el trabajo de los tribunales colegiados?
La digitalización, como el expediente electrónico, agiliza procesos judiciales, ahorra recursos y facilita la justicia con mayor acceso a internet. Aunque los servidores limitados son un riesgo, las oportunidades son mayores. La inteligencia artificial puede apoyar tareas administrativas, pero nunca reemplazar el análisis humano.

P: ¿Qué habilidades considera fundamentales para los magistrados en el siglo XXI y cómo se mantiene actualizada?

Los magistrados necesitan conocimientos jurídicos, sensibilidad humana y adaptabilidad. La capacitación continua es clave, con cursos del Poder Judicial, pero las altas cargas de trabajo limitan su uso. Me mantengo actualizada en avances legales y tecnológicos para enfrentar retos.

P: ¿Podría compartir una experiencia que haya marcado su carrera como magistrada?
Un caso impactante involucró a dos niñas sustraídas y violentadas por su abuela, quien las privaba de educación por motivos económicos. Mediante un amparo, ordenamos su protección inmediata, reafirmando la necesidad de actuar rápido y con sensibilidad por los vulnerables.

P: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad?

La legalidad implica aplicar la ley y la jurisprudencia, mientras que la justicia va más allá, colocando a la persona en el centro. Justicia significa considerar el contexto, las particularidades de cada caso y las condiciones de vida que llevaron a una persona a determinada situación. La ley no puede prever todos los escenarios, por lo que un magistrado debe resolver con equidad, buscando lo más justo para cada individuo en su realidad específica.

P: ¿Por qué deberían los ciudadanos votar por usted en la elección del 1 de junio?

Mi trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, mi experiencia resolviendo casos complejos y mi compromiso con una justicia humana y accesible me respaldan. Tengo la sensibilidad y la vocación para impartir justicia con puertas abiertas, priorizando a las víctimas y colocando a las personas en el centro del sistema. Mi objetivo es garantizar resoluciones éticas y equitativas que fortalezcan la confianza en el Poder Judicial.

¿QUIÉN ES FABIOLA MORENO?

“Llevo 24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones, desde secretaria de estudio y cuenta hasta magistrada. Durante 12 años he sido juzgadora en Jalisco, primero como juez de distrito en materias penal, civil, administrativa y laboral, y desde hace cuatro años como magistrada en un tribunal colegiado penal.

He resuelto casos de gran relevancia, como delitos de delincuencia organizada, feminicidios, desaparición forzada, abuso infantil y violencia familiar, que son asuntos complejos y emocionalmente demandantes. Sin embargo, uno de los aportes más significativos ha sido contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas, promoviendo mayor apertura y asesoría jurídica efectiva.

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ENTREVISTAS

Nadia Licón, candidata a magistrada en materia administrativa: «Todos podemos transformar la justicia con nuestro voto»

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Por Francisco Junco //

El 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la justicia mexicana. Por primera vez, los ciudadanos decidirán quiénes impartirán justicia en los tribunales federales, un hito que Nadia Licón, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalisco, ve como una oportunidad histórica.

“Todos podemos contribuir a la transformación del Poder Judicial con nuestro voto”, afirmó a Conciencia Pública con una mezcla de convicción y calidez. Con 27 años de servicio en el Poder Judicial Federal, Licón no solo busca un cargo, sino acercar la justicia a la gente, haciéndola transparente, ética y humana.

UNA VIDA DEDICADA A LA JUSTICIA

Nadia Cecilia Lupita Licón González, conocida como Nadia Licón, comenzó su carrera judicial a los 19 años como meritoria en el Tercer Tribunal Unitario. “Sin salario, solo con la sed de aprender, me enamoré de la función jurisdiccional”, recuerda.

Nacida el 12 de julio, Día Nacional del Abogado, bromea: “Soy abogada de nacimiento, pero lo elegí por vocación”. Criada en una familia de maestros, su hogar estaba lleno de libros jurídicos que encendieron su pasión por la justicia. Tras un breve paso por el litigio durante la universidad, ingresó al Poder Judicial Federal en 1997 y nunca se fue.

Hoy, como secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, aspira a ser magistrada en el mismo órgano. “Los magistrados revisamos sentencias de jueces de distrito en juicios de amparo, en áreas como salud, educación o medio ambiente”, explica.

La materia administrativa, señala, exige aprendizaje constante por su impacto directo en la vida cotidiana. “Las leyes cambian de un día a otro. Debemos estar preparados para que la justicia realmente sirva a las personas”.

UNA ELECCIÓN HISTÓRICA Y DESAFIANTE

La elección de jueces por voto popular, establecida por la reforma constitucional de 2024, ha generado controversia. Licón reconoce su politización: “Pasar de concursos internos a voto público lo cambia todo, pero me ha abierto puertas”. Como servidora pública, enfrenta restricciones: no puede hacer campaña de 9 a 15 horas, no recibe fondos públicos ni privados, y depende de recursos propios y redes sociales. “En Facebook e Instagram comparto mis recorridos calle por calle. La gente me sigue, comparte mis historias, y eso me emociona”, dice.

La campaña no ha sido sencilla. “Al principio, no sabía cómo presentarme. Muchos desconocían que habría una elección judicial”, admite. Sin embargo, tras semanas de esfuerzo, nota un cambio: “Ahora la gente sabe, incluso me dice por quién votará”.

Las limitaciones de tiempo y presupuesto no la detienen; al contrario, la han acercado a la ciudadanía, revelándole cuánto desconocen sobre el Poder Judicial. “Estar detrás de un escritorio nos ha aislado. Esta campaña me abrió los ojos: la justicia debe ser accesible”, reflexiona.

UNA JUSTICIA CERCANA Y TRANSPARENTE

Licón propone usar las redes sociales para difundir resoluciones en lenguaje claro, sin tecnicismos. “Que la gente entienda cómo resolvemos, que el Poder Judicial no sea algo lejano”, insiste.

Su compromiso es claro: independencia, ética y cero tolerancia a la corrupción y el nepotismo. “Actuaré con la transparencia y autonomía que he practicado en 27 años. Aunque soy secretaria, no estoy exenta de presiones, pero mi brújula es la Constitución y los derechos humanos”, asegura.

Cita la reforma constitucional de 2011, que prioriza el mayor beneficio para las personas, especialmente grupos vulnerables. “Si un tratado internacional protege más que la Constitución, lo aplicamos. Los derechos humanos son la guía”, explica. Su visión se basa en criterios de la Suprema Corte que exigen sensibilidad y perspectiva de género en las sentencias.

UN CASO QUE MARCÓ SU CARRERA

Uno de los momentos definitorios de su trayectoria ocurrió en un tribunal colegiado auxiliar, donde analizó un amparo penal. Un hombre, condenado por abuso deshonesto contra su hijastra de cinco años, buscaba reducir su pena. El caso era desgarrador: la niña, ignorada por su madre y las autoridades, seguía viviendo con el agresor durante el proceso. “Nadie la escuchó. Su dolor era invisible”, recuerda Licón.

Como secretaria proyectista, Licón propuso priorizar el interés superior de la menor. El tribunal negó el amparo y ordenó una reparación integral: atención psicológica, medidas de protección y seguimiento institucional.

La sentencia, emitida en 2013, incorporó tratados internacionales y perspectiva de género, ganando un premio nacional de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. “Era crucial que esa niña sintiera que el Estado la protegía. Eso es justicia”, afirma Licón. Este caso refleja su enfoque: mirar más allá del expediente, reparar el daño y dar voz a los vulnerables.

UN VOTO POR LA TRANSFORMACIÓN

El 1 de junio, los ciudadanos recibirán seis boletas electorales, una por cada cargo judicial en disputa. La boleta rosa, para tribunales colegiados en materia administrativa, incluirá 28 candidatos, con Licón entre las mujeres aspirantes. “El votante puede escribir mi número, subrayar mi nombre o escribirlo completo. Lo importante es la intención”, explica, destacando la flexibilidad del proceso para facilitar la participación.

Licón insiste en no desanimarse por la complejidad. “Hay tutoriales y simuladores. Lo esencial es votar. No dejen pasar esta oportunidad histórica”, urge. Su campaña, financiada con recursos propios, ha sido una lección de cercanía. “Me ha mostrado lo que la gente quiere: un Poder Judicial transparente, eficiente y humano”, dice.

Apartidista, su compromiso es con la ciudadanía, no con partidos. “Mi lealtad es con quienes me han abierto sus puertas y votarán”, asegura.

 

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ENTREVISTAS

Joaquín Sandoval, candidato a juez de distrito en materia civil: «Quiero acercar la justicia a la ciudadanía»

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Por Diego Morales Heredia //

En la histórica elección judicial del 1 de junio de 2025, Joaquín Sandoval, candidato a Juez de Distrito en Materia Civil por el Distrito 4 Judicial en Jalisco, busca transformar el Poder Judicial con una justicia más pronta, accesible y humana.

Abogado egresado de la Universidad Panamericana, con dos maestrías y una sólida trayectoria en el servicio público, Sandoval apuesta por perfiles independientes y éticos que prioricen a la ciudadanía sobre intereses externos. En entrevista con Conciencia Pública, comparte su visión para un Poder Judicial que escuche, resuelva y recupere la confianza de los jaliscienses, en un momento clave para la democracia mexicana.

Experiencia y compromiso al servicio de la justicia

Con experiencia en materia civil y mercantil, Sandoval ha sido testigo de primera mano de las fallas del sistema judicial. “Como litigante, vi malos manejos en los juzgados. La reforma de 2024, que abrió la elección de jueces al voto popular, me motivó a participar para llevar mi conocimiento a un cargo donde pueda dar resultados reales”, afirma.

Su trayectoria en distintos niveles de gobierno y su formación académica lo han preparado para enfrentar los retos de un Poder Judicial percibido como distante. “Ser servidor público implica atender, orientar y resolver las necesidades de la gente, no solo cumplir trámites”, subraya.

Sandoval ha centrado su campaña en recorridos callejeros, llevando su mensaje directamente a los ciudadanos. “Salgo a informar cómo votar y por qué estas elecciones son cruciales. Los cargos duran nueve años, con posibilidad de reelección; la participación ciudadana definirá el futuro de la justicia”, explica.

Su propuesta principal es una justicia abierta, con espacios de diálogo que permitan a los ciudadanos, especialmente aquellos sin conocimientos legales, sentirse escuchados. “El ciudadano común enfrenta barreras para hablar con un juez. Los juzgadores no siempre ofrecen un trato digno. Quiero generar orientación y confianza, manteniendo la imparcialidad”, detalla.

El candidato también aboga por capacitar a los funcionarios judiciales en ética, inclusión y atención a grupos vulnerables. “La inclusión no debería ser un debate; todos merecen dignidad por ser personas. Como juez, impulsaré un trato humano y accesible”, asegura.

Sandoval ve en la elección judicial una oportunidad para cambiar la cultura de los juzgados, donde los expedientes suelen importar más que las historias humanas detrás de ellos.

Independencia judicial: Un compromiso innegociable

La independencia judicial es el pilar de la candidatura de Sandoval. “Nunca me he prestado a corruptelas. Mi historial es limpio, no tengo padrinos ni compromisos con partidos o grupos. Mi único compromiso es con la ciudadanía”, enfatiza.

Para garantizar transparencia, propone un comité de disciplina que supervise su actuación, con sanciones o destitución en caso de irregularidades. “Democratizar el Poder Judicial no es politizarlo, sino legitimarlo. La ciudadanía podrá exigir cuentas y sancionar faltas”, añade, respondiendo a críticas que temen una influencia partidista en la elección.

Sandoval reconoce el desconcierto ciudadano ante este proceso inédito. “La gente siente desconfianza y apatía porque nunca había votado por jueces. Mi tarea es informar y motivar”, dice.

Su campaña, sin grandes recursos, se basa en la convicción de servir. “Siempre he buscado ayudar sin esperar nada a cambio. Esta experiencia me enseña que, con ganas de trabajar, podemos cambiar percepciones”, reflexiona.

Defiende principios constitucionales como la dignidad, la igualdad y el enfoque pro-persona. “Elegiré siempre la norma que proteja a quien más sufre. La justicia debe velar por las personas, no por documentos”, insiste.

La elección judicial, asegura, es más importante que cualquier proceso previo. “Estos cargos definirán la justicia por casi una década. La participación es clave para renovar un sistema que ha perdido credibilidad”, explica.

Sandoval llama a los jaliscienses a informarse y votar, combatiendo la percepción de que el Poder Judicial es inaccesible o manipulable. “Popularizar la justicia no significa politizarla; es darle legitimidad y acercarla a la gente”, subraya.

Una justicia para los vulnerables y un llamado al voto

Sandoval se compromete a acercar la justicia a grupos vulnerables, eliminando las barreras que enfrentan al interactuar con los juzgados. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional, pero hoy está lejos del ciudadano. Cada persona trae una historia, y el Poder Judicial debe entenderlo”, afirma.

Critica la falta de empatía en los tribunales y propone espacios de orientación para que los ciudadanos se sientan defendidos. “Quiero que quien acuda a un juzgado sea atendido con respeto, no intimidado por tecnicismos legales”, añade.

El candidato también aborda las críticas que ven en la elección judicial un riesgo de politización. “Confiemos en la autonomía de los candidatos. Lo que garantizo es un ejercicio digno e independiente. Democratizar es empoderar a la ciudadanía para exigir justicia”, dice.

Su propuesta incluye capacitación constante en ética y perspectiva de género, asegurando que los funcionarios traten a todos con equidad. “No deberíamos discutir si capacitar en inclusión; es una obligación básica”, sentencia.

Para Sandoval, la elección del 1 de junio es una oportunidad histórica. “He trabajado incansablemente, recorriendo las calles para llevar mi mensaje. Estoy en el Distrito 4 Judicial, boleta amarilla, cuadro lila, número 18”, detalla. Su campaña, marcada por la cercanía, le ha dejado un aprendizaje: “La incertidumbre ciudadana es una oportunidad para conectar. Invito a todos a votar y ser parte de esta renovación”. Con un compromiso de justicia humana, Sandoval busca convencer a los jaliscienses de que un Poder Judicial accesible es posible, siempre que la ciudadanía se involucre en este momento decisivo.

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