Opinión, por Gerardo Rico //

Durante la semana que recién pasó, la agenda mediática de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo supeditada -sin duda- al gobierno de los Estados Unidos. Cuando muchos pensamos que con el tema de los aranceles habíamos visto todo, las sorpresas no terminan y todo indica que van en aumento.

Primero fue en pleno 10 de mayo cuando nos enteramos de que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, el gobierno norteamericano le retiró la visa de no inmigrante al igual que a su esposo el ex panista y hoy militante de Morena Carlos Torres Torres. Por cierto y de acuerdo al semanario Zeta, tanto su esposo como el hermano de ésta Carlos Alberto están siendo investigados por estar presuntamente ligados al robo de combustible, también conocido como huachicol. Carlos Alberto fue administrador de la aduana de Tijuana en el gobierno de Felipe Calderón.

Luego supimos el lunes 12 de mayo de la entrega de 17 familiares del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán quienes cruzaron la garita de San Isidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego. Todos caminando con al menos dos maletas cada uno y en conjunto portaban aproximadamente 70.000 dólares, según los reportes locales.

Familiares de narcotraficantes fueron recibidos por el FBI y el Servicio de Marshals en EE. UU., sin que las autoridades mexicanas, desinformadas, participaran, como ocurrió con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024. Este caso se suma a las extradiciones de Ovidio Guzmán (2023) y Joaquín Guzmán López (2024), quienes negocian acuerdos por cargos de narcotráfico.

El mismo día, Salvador García Soto publicó en El Universal su columna “La lista de Marco”, revelando que el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, señala a 44 figuras de Morena como “colaboradores o beneficiarios” de cárteles de la droga, vinculados principalmente al “huachicol fiscal” y al contrabando de gasolina estadounidense en México.

Lo anterior, luego de la llamada que sostuvo la presidenta Sheinbaum con el mandatario Donald Trump el primero de mayo y en la que el estadounidense habría propuesto la presencia militar de su país en México, a lo que la mandataria mexicana se opuso, de acuerdo al The Wall Street Journal.

En la lista aparecen los siguientes gobernadores: Marina del Pilar de Baja California; Alfonso Durazo de Sonora; Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán; Layda Sansores de Campeche; Rubén Rocha Moya de Sinaloa; Miguel Ángel Navarro de Nayarit; Américo Villarreal de Tamaulipas; Samuel García de Nuevo León y el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En el listado dado a conocer por García Soto también aparecen el secretario de Educación, Mario Delgado; la directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores y su esposo el priísta Abel Guerra de Nuevo León. También están el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López; el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal; además de cuatro militares y generales de alto rango, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, a quien se le liga con el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

Para el martes 13 de mayo comenzó a circular en medios nacionales una propuesta que afortunadamente no se concretó en el Senado de Estados Unidos: gravar con cinco por ciento el envío de remesas a México. Y se siguió hablando de centros internacionales de operación del huachicol, es decir, la venta de petróleo robado a Pemex que se comercializa en mercados internacionales.

El miércoles 14 se hizo oficial el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y la familia del “Chapo” Guzmán, quienes se entregaron voluntariamente. El secretario de Seguridad Pública a nivel nacional Omar García Harfuch, reconoció que Ovidio Guzmán hizo una negociación con el Departamento de Justicia.

Vino la respuesta de la Presidenta, quien reclamó que dicha instancia del gobierno estadounidense realice negociaciones con Ovidio Guzmán, señalado como narcoterrorista por el gobierno americano, y recordó que el país que lo detuvo y extraditó fue México. Añadió que Washington no está compartiendo información y exigió no usar como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para tratar de intervenir o de tener injerencia en territorio nacional.

Como colofón de la semana, se informó del arribo a nuestro país del nuevo embajador de la Unión Americana, Ronald Douglas Johnson, quien primero visitó la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y será este lunes 19 de mayo cuando presente sus cartas credenciales y se reúna con la presidenta Sheinbaum. Un militar de boina verde en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y que trabajó en la CIA. Está a favor de una invasión a México.

Desde los Campos del Poder, por Benjamín Mora Gómez //

Estados Unidos ha sido nuestro mejor vecino posible, pues ha servido de chivo expiatorio cuando nuestros gobernantes no han podido cumplir, por incapacidad o falta de voluntad, con su mandato constitucional de proteger al vulnerado o garantizar el mejor futuro posible para todos.

Muy al estilo de la 4T, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal, hoy culpa al gobierno de EEUU de no advertirle de la presencia del gusano barrenador en Centroamérica… ¡Pamplinas! Hay una verdad profunda y evidente; los gobiernos federales habidos de Morena no quisieron proteger la frontera sur ni ante las hordas de los migrantes irregulares, ni menos frente ganado enfermo de gusano barrenador.

Los frutos de la 4T son depauperantes. En san Lucas (6:43), se nos dice que “al árbol se le conoce por sus frutos” y en san Mateo (3:10) se nos advierte que “todo árbol que no dé buenos frutos deberá ser arrancado y llevado al fuego”. Ojalá lo entendamos y actuemos.

Hay historias que explican lo que contienen las almas. Aprendí que el mal tiene su origen en la voluntad humana, de manera que es perder el tiempo el buscar culpables entre los demás, cuando sabemos que todo eso que nos duele, nosotros lo empezamos y hemos permitido continuar. Aprendí que no debo creerme todo lo que se dice en los medios impresos e internet, que tampoco es cierto que las grandes empresas trabajan para mi bien por encima de sus intereses económicos, ni que los partidos políticos y los gobernantes dan siempre lo mejor de sí mismos.

Diez mil millones de pesos en pérdidas para la ganadería mexicana es lo que podría representar la entrada del gusano barrenador a territorio nacional desde Guatemala, y de ello hay un culpable principal: Andrés Manuel López Obrador, y una responsable: Claudia Sheinbaum Pardo.

Quien haya visto cómo el gusano barrenador devora en carne viva a una vaca, comprenderá dos cosas, de un lado, su peligrosidad en el ganado y, del otro, a manera de ejemplo, cómo un mal gobernante devora la dignidad del pueblo.

La invasión del gusano barrenador en territorio nacional es la prueba magistral y contundente de lo que ya no es posible ignorar: Todo el pasado nacional de negligencias que nos avergüenza (priistas, panistas y perredistas) encontró refugio y protección en Morena, y absolución plena en Andrés Manuel López Obrador a sus excesos y robos, tal cual fueron las cartas de corso que otorgó a sus piratas la corona británica.

Confucio dijo: “No son las malas hierbas las que ahogan a la semilla, sino la negligencia del campesino”. El culpable y la responsable de los daños del gusano barrenador en nuestro ganado son la misma dupla: López-Sheinbaum.

Los relatos que nos podemos dar sobre los sueños de Andrés Manuel López Obrador contenidos en su 4T siempre terminan en pesadillas compartidas que se alimentan de la propia desesperación humana, profunda y oscura. El gran espejo de la sociedad mexicana actual nos muestra perdidos y sin rumbo.

No hay excusas para la epidemia totalitaria que recorre México. La elección de jueces y magistrados, al que ha convocado Claudia Sheinbaum en contra del Poder Judicial, deberá juzgarse como crimen de lesa humanidad, pues conlleva violaciones gravísimas del derecho internacional que lesionan la libertad del pueblo mexicano, sujetándolo a los caprichos y abusos del gobernante en turno.

A partir de la elección referida, el 1 de junio próximo, el poder público y de gobierno nunca más dimanarán del pueblo. El manipuleo y abuso de la salud emocional comunitaria permite que la democracia mexicana agonice y pronto termine en manos de la primera mujer presidente.

Hay maldad en Claudia Sheinbaum cuando atenta contra nuestra libertad de conciencia, pensamiento y actuación, las mismas que nos permiten crecer y madurar en la verdad y la bondad. Como seres humanos, el libre albedrío es el don más grande recibido de Dios, pues nos permite disponer de nosotros mismos según nuestra conciencia y pensamiento.

La reforma que Claudia Sheinbaum pretende imponernos, desde un Poder Judicial a su servicio, destruirá nuestra libertad de albedrío. La supuesta laicidad de Sheinbaum busca desordenar nuestra búsqueda del bien, al instaurar el abuso sin cortapisas constitucionales.

Entendamos, no somos libres para elegir entre el bien y el mal, sino en hacer el bien atraídos libremente hacia él. La libertad democrática que Sheinbaum pretende destruir es aquella que crea y anima instituciones ciudadanas que nos protegen ante las tentaciones de abuso del gobernante. López Obrador fue claro: “No me vengan con eso de la ley, es la ley” y “Al diablo con las instituciones”. Así es, ha sido y será el expresidente.

Ahí, en donde está un pueblo libre y protegido por su constitución nacional está la democracia. Pero eso se acabará en México. Sheinbaum tendrá una constitución a su modo y servicio, y todos perderemos, incluidos quienes voten a favor de su propia esclavitud.

Con la nueva Ley en Comunicaciones, Claudia Sheinbaum busca acabar con la libertad de expresión, derecho humano fundamental, esencial para la dignidad humana, la democracia, el bien común y la justicia social. Este es el otro crimen de lesa humanidad de la presidente, con E.

Que nadie se diga engañado. Desde la oficina de Claudia Sheinbaum se trama la destrucción de nuestra democracia y nuestra libertad.

Por Diego Morales Heredia //

Motivado por experiencias personales de corrupción en el Poder Judicial, César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propone erradicar este problema mediante tecnología y menos burocracia.

Así lo expresó en el panel “Retos y desafíos de los juzgadores ante la reforma judicial”, realizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.

“La corrupción que sufrí me impulsa a transformar el Poder Judicial”, afirmó Gutiérrez Priego ante estudiantes del CUCSH Belenes. “Propongo una Corte de puertas abiertas, con asesorías en todo el país, que simplifique procesos saturados por formalismos. El sistema adversarial perdió su esencia al ignorar el jurado y volverse excesivamente legalista. Con denuncias ciudadanas y tecnología, acabaremos con la impunidad.”

Su campaña se centra en principios claros: eliminar formalismos, reducir burocracia y usar herramientas tecnológicas para agilizar procesos y dar voz a los ciudadanos que buscan justicia. “El Poder Judicial fomenta procesos largos que alimentan la corrupción”, señaló. “Si gano, regresaré a las comunidades que visité para escuchar sus propuestas, incluso si no son competencia de un ministro, y me comprometo a representar a quienes enfrentan injusticias.”

Nuestro personaje de hoy propone combatir la corrupción con tecnología, juzgados especializados en temas militares e indígenas, y mayor involucramiento de la SCJN en denuncias de derechos humanos, visitando comunidades afectadas.

TERMINAR CON EL SISTEMA DE CASTAS

Para el candidato a ministro de la Corte la reforma judicial de Ernesto Zedillo en 1994 marcó el inicio de un sistema de castas en el Poder Judicial, donde la corrupción se normalizó, alejando la justicia de los ciudadanos.

“El Poder Judicial era el menos democrático de los poderes, un ‘patito feo’ que Zedillo transformó al cambiar sus reglas y nombrar nuevos jueces, magistrados y ministros”, afirmó. “Desde entonces, la corrupción institucional se arraigó, volviéndose tan común que la justificamos. He sido testigo de estas injusticias, y mi compromiso es revertir este sistema elitista que traiciona a la ciudadanía.”

“La corrupción creó un sistema de castas en el Poder Judicial, donde los ministros eran designados por acuerdos políticos, no por méritos”, afirmó Gutiérrez Priego. “Los ciudadanos enfrentamos malos tratos, corrupción y resoluciones tardías, lejos de la justicia gratuita y expedita prometida. Por eso, la reforma y el Plan C buscan desmantelar este sistema elitista que traiciona incluso a jueces y magistrados.”

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL NUEVO MODELO

Al ser cuestionado sobre cómo garantizar la independencia judicial en el nuevo modelo del Poder Judicial, César Mario Gutiérrez Priego afirmó que su autonomía deriva de no tener padrinos políticos ni deudas con nadie, respondiendo únicamente al pueblo de México.

“Como ministro, mi lealtad será con los ciudadanos, no con presidentes ni políticos que busquen favores”, aseguró. “Eso legitima el cargo por doce años. Debemos ser cercanos, con políticas abiertas, y priorizar el fondo sobre formalismos. Los ministros actuales, timoratos y politizados, evaden compromisos. Cuando el pueblo nos necesita, tenemos que responder con resoluciones valientes.”

El aspirante a ministro de la Corte, destacó que la reforma judicial fortalecerá la carrera judicial, permitiendo a los jóvenes acceder a cargos en el Poder Judicial por mérito, no por conexiones. “El nuevo sistema elimina padrinazgos”, afirmó. “Con convocatorias abiertas, exámenes transparentes y la tómbola, cualquier meritorio puede aspirar a un puesto, una oportunidad antes negada pese a aprobar oposiciones.”

Sobre la relación con la ciudadanía, señaló: “El Poder Judicial ha sido lejano, temiendo que el contacto con la sociedad genere conflictos. Yo propongo cercanía: escuchar a las personas, aplicar la ley con empatía y resolver casos mediante mediación, haciendo la justicia más humana y accesible.”

César Mario Gutiérrez Priego explicó cómo garantizaría la imparcialidad como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si es electo el 1 de junio.

“La reforma transforma el Poder Judicial: la SCJN sigue siendo el máximo tribunal, pero el Tribunal de Disciplina Judicial permitirá sancionar resoluciones injustas de inmediato”, afirmó. “También se castigarán quejas infundadas, y un código de ética obligatorio para abogados evitará artimañas que prolongan procesos, asegurando una justicia imparcial y eficiente.”

“YA NO LE VEN LA CARA A LA GENTE”

El expositor abordó ante los estudiantes del CUCSH Belenes el riesgo de politización del Poder Judicial, afirmando que su actual influencia política requiere una reestructuración profunda para garantizar la imparcialidad de los juzgadores.

“El Poder Judicial está politizado”, denunció. “No es normal que la presidenta de la SCJN se reúna en secreto con líderes de oposición para tratar asuntos ocultos; eso es un acto político. Los jueces no debemos ser políticos. Soy de izquierda, pero mi deber es aplicar la Constitución, no emitir opiniones personales. Si alguien debe pagar, pagará; si no, lo diré públicamente. La ley debe prevalecer sobre ideologías.”

“Ser ministro exige valentía, claridad, conocimientos jurídicos y moralidad”, afirmó César Mario Gutiérrez Priego. “Priorizar formalismos sobre el fondo perpetúa las resoluciones injustas. Algunos defienden a figuras como Norma Piña para mantener el statu quo y sus privilegios, pero yo no temo desafiarlo.”

De la misma forma subrayó que los ciudadanos, frustrados por la corrupción y la ineficiencia del Poder Judicial, pueden transformar el sistema mediante la elección directa de ministros el 1 de junio, votando por quienes representen una justicia verdadera.

“La reforma judicial abrirá el camino para que los jóvenes se conviertan en jueces, magistrados y ministros, forjando un Poder Judicial renovado”, expuso el conferencista. “A quienes critican mi falta de experiencia como juzgador, les digo: mejor así, pues estamos reemplazando a quienes fallan. Los ciudadanos, hartos de corrupción y lejanía en los juzgados, ya no creen en un sistema que se dice impoluto. Esta reforma responde a su exigencia de justicia verdadera.”