OPINIÓN
90 dólares alcanza el barril de petróleo: La crisis geopolítica de Eurasia, costos que a nadie convienen

Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
La cotización de los energéticos sigue en su escalada ascendente, y con ello jala los precios de los productos al alza en los mercados globales. En los países desarrollados y lo que están en vías de desarrollo se manifiesta ya una espiral inflacionaria ascendente que impacta directamente en los bolsillos de la gente, disminuyendo aún más el precario poder adquisitivo, ya bastante vapuleado antes del inicio de la pandemia del Covid-19.
Este aumento de precios en los energéticos continúa impactando en las cadenas de suministro a nivel mundial, y la creciente demanda de productos de consumo disparada a partir del gradual regreso a una nueva normalidad -luego de casi dos años de encierro de personas y negocios- es otro factor de impacto en los mercados.
El precio del petróleo tipo Brent (el principal referente mundial) alcanzó ya los 90 dólares por barril en enero de 2022, un precio no visto desde finales del 2014. El precio histórico más bajo registrado fue de abril de 2020 cuando cayó a menos de 20 dólares.
Los mercados del petróleo suben junto con un repunte de los mercados en general, mientras que el aumento de las tensiones en el conflicto entre Rusia y Ucrania genera nerviosismo por las posibles interrupciones en el suministro.
Los precios también se mueven por la creciente preocupación sobre una posible incursión rusa en Ucrania, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraría sancionar a Vladimir Putin si el líder ruso ordena una invasión, aunque esto es lejano que suceda, ya que Rusia no quiere ni busca un conflicto armado en sus fronteras, que tendría altos costos para sus arcas públicas, y el debilitamiento de sus flancos, que es el objetivo de Washington.
Aunque un posible conflicto bélico conlleva grandes riesgos para los mercados financieros, especialmente para las materias primas energéticas como el gas natural y el petróleo, el caso base de Goldman Sachs es que no se produzcan interrupciones en el suministro.
Una serie de bancos de Wall Street, entre ellos Goldman Sachs Group, han pronosticado que el petróleo alcanzará los 100 USD el barril este 2022 a medida que el mercado mundial se ajuste.
El analista sénior de petróleo en DNB ASA, Helge Andre Martinsen, dijo:
“El mercado ha estado básicamente en una persistente escasez de oferta desde mediados de 2020, gracias a los recortes de la OPEP+ y a una continua recuperación de la demanda de petróleo. Reconocemos plenamente que el mundo no se está quedando sin recursos petrolíferos, pero podríamos entrar en una contracción del mercado del petróleo desencadenada por la escasa inversión y el rápido repunte de la demanda de petróleo.” (preciopetroleo.net)
Como se ha mencionado anteriormente, el cambio climático es otro factor que presiona al alza los precios de los energéticos, principalmente petróleo, gas natural y carbón.
En 2021 los precios del carbón en EE.UU. subieron a su nivel más alto en más de 12 años, amenazando con elevar las facturas de electricidad ya disparadas, evidenciando que el combustible “sucio” no se eliminará en el corto plazo. Los precios del carbón de los Apalaches centrales subieron más de US$10 en sólo unos días, superando los US$90 la tonelada en el mercado al contado, según cifras publicadas por S&P Global Market Intelligence.
Eso es el más alto desde 2009, cuando un aumento en las exportaciones impulsó los precios internos del combustible de las centrales eléctricas. Los precios en otras regiones de EE. UU. son más bajos, pero también han subido en los últimos meses.
Los precios más altos del carbón, que se produce a medida que el gas natural también se encarece, significa que los consumidores estadounidenses pagarán más por la energía este invierno. Compañías como Duke Energy Corp. y Xcel Energy Inc. han advertido a los clientes que las facturas de invierno pueden aumentar significativamente durante la temporada de calefacción.
La crisis energética se acentúa en estos últimos días en algunas zonas de la Costa Este de EE.UU. que están siendo azotadas por fuertes tormentas de nieve, lo que ha paralizado parcialmente las actividades económicas, y ha provocado la cancelación de miles de vuelos comerciales en una región donde viven alrededor de 70 millones de estadounidenses.
El gasto adicional en energéticos se suma a los ya crecientes costos de alimentos, vivienda y automóviles en los EE. UU., lo que impulsa la inflación de los precios al consumidor al ritmo anual más rápido desde 1990 y hace que los presupuestos de los hogares se reduzcan cada vez más.
Las tormentas de nieve en Europa han impactado ya en sus debilitadas economías con el incremento en la demanda de energía para calefacción, y los cierres de lugares turísticos y cancelaciones de vuelos.
El incremento de la demanda de energéticos en Europa, y su dependencia de la importación de estos complica las maniobras políticas de países miembros de la OTAN, que están obligados por dicho tratado a respaldar las decisiones de su dirigencia.
Desde hace semanas que se han incrementado las tensiones entre Rusia y Occidente –Reino Unido, EE.UU. y aliados- por la supuesta amenaza rusa de invadir Ucrania ante la eventual adición de este país a la OTAN (lo que representa una grave amenaza para la seguridad de Rusia) el precio de los energéticos se ha incrementado –lo que sucede normalmente con los commodities ante acciones bélicas- pero los volúmenes de oferta de petróleo y gas siguen siendo los mismos, es decir, no ha habido un mayor incremento en la producción de estos.
Rusia tiene a su favor la dependencia existente de los países europeos del gas ruso -su principal abastecedor- como un importante activo para salir del conflicto político internacional que ahora enfrenta, ya que una eventual acción armada contra Rusia, cortaría el suministro de gas a los países europeos que dependen de su importación para el uso doméstico –calefacción, cocina- e industrial.
Las tres cuartas partes del gas que importan los países de la Unión Europea proceden de Rusia. Así lo indican desde la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) en base a datos de 2019. Que suenen tambores de guerra en la frontera de Ucrania con el país del presidente Vladimir Putin es, por tanto, una situación que amenaza la estabilidad energética europea. (niusdiario.es)
En un posible escenario bélico entre Rusia y los miembros de la OTAN, no todos los países europeos se verían afectados de la misma manera, pero sí implica tener un alto costo para sus economías y ciudadanos.
Países como España, Países Bajos, y Rumanía importan de Rusia entre un 10% y 11%. Sin embargo, en otros puntos del este, el centro y el norte de Europa se observan unos niveles de dependencia del gas ruso que están en las antípodas de la situación española, holandesa y rumana. Por ejemplo Finlandia y Letonia compran, respectivamente, el 94% y 93% de su gas natural a Rusia. Otro país báltico, Estonia, y Bulgaria, en la frontera este de la UE, los porcentajes son del 79% y 77%, de acuerdo con Statista.
También figuran importando de Rusia más de la mitad del gas que consumen un buen puñado de países de Centroeuropa. A saber, Eslovaquia (70%), República Checa (66%) y Austria (64%).
Pese a los altos niveles de dependencia de los que hablan esos porcentajes, es Alemania, la cuarta economía del mundo y la mayor de la UE con sus 80 millones de habitantes, “el principal cliente de Gazprom”. Así hacían alusión a Alemania recientemente en las páginas económicas del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Gazprom es el nombre de la mayor empresa de Rusia, que no en vano es una compañía dedicada mayormente a la explotación de gas natural. En 2020, según el citado periódico de Fránkfort, Alemania compró 46.000 millones de metros cúbicos de gas a Gazprom. (niusdiario.es)
Es por esto que a pesar del incremento en las tensiones del conflicto Ruso-Ucraniano, Alemania no ha declarado que enviará tropas o armamento a los destacamentos de la OTAN ya desplegados cerca de la frontera rusa; además, el país teutón se ha convertido en el principal interlocutor para una salida pacífica de las tensiones políticas entre Rusia y Occidente a pesar de los desesperados esfuerzos del Reino Unido y Estados Unidos que insisten en su tono de amenaza, pero que Vladimir Putin sabe que ninguna de ambas potencias está en condiciones de un enfrentamiento armado, y que dicha acción podría provocar un rompimiento dentro de los miembros de la OTAN, que tampoco están preparados para un conflicto de tales dimensiones.
Al parecer, y para un gran respiro de alivio para el mundo entero, la tensión en Eurasia podría disminuir gradualmente en las próximas semanas sobre todo ahora que el gigante asiático, China, se pronunciara finalmente en torno a este conflicto.
China instó el jueves 28 de enero a Estados Unidos a tomar «con seriedad» y resolver las preocupaciones de seguridad de Rusia alrededor a la crisis en Ucrania, en una llamada entre los respectivos jefes diplomáticos de ambas potencias.
En dicha conversación, el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi también exigió al secretario de Estado Antony Blinken «dejar de interferir» en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y «parar de jugar con fuego» con la cuestión de Taiwán.
La llamada, a escasos días del inicio de la cita olímpica, estaba centrada en la crisis en Ucrania, donde la acumulación de decenas de miles de tropas rusas en la frontera hace temer una invasión. El Kremlin niega albergar intenciones hostiles y justifica la movilización de su Ejército por la inquietud sobre su seguridad ante la expansión de la OTAN hacia la antigua zona de influencia de Moscú.
«Las razonables preocupaciones de seguridad de Rusia deben ser tomadas con seriedad y resueltas», indicó Wang Yi según un comunicado de su Ministerio, añadiendo que «la seguridad regional no puede ser garantizada por el fortalecimiento o incluso la expansión de los bloques militares».
«Todas las partes deberían abandonar completamente la mentalidad de Guerra Fría y formar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, efectivo y sostenible a través de negociaciones», insistió el ministro. (dw.com)
La alineación de China con los argumentos de Rusia en torno al amenazante avance de la OTAN en Eurasia, dan un nuevo giro al conflicto geopolítico, ya que de ninguna manera Occidente podría hacer frente a las dos potencias que son el contrapeso real de lo que fueron los imperios hegemónicos de los siglos XIX y XX: Reino Unido y Estados Unidos.
El efecto de la firme postura rusa y china ha sido inmediato: el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, descartó el domingo (30/01/2022) que la Alianza Atlántica llegue a enviar tropas de combate sobre el terreno a Ucrania si Rusia lanza una ofensiva sobre el país, argumentando que Kiev no es miembro del acuerdo militar. Las declaraciones las dio a la emisora británica BBC.
«Ucrania no es un aliado de la OTAN», dijo Stoltenberg, que recalcó que la «garantía de seguridad al 100 por ciento de que un ataque sobre un aliado generará una respuesta de toda la Alianza» no se aplica a Kiev. «No tenemos planes para desplegar tropas de combate en Ucrania», subrayó el secretario general. «Hay enormes diferencias entre ser miembro de la OTAN y ser un aliado fuerte y valioso como Ucrania, de eso no hay duda”, indicó.
Consultado sobre si contempla algún escenario en el que se llegara a ver soldados de la OTAN enfrentándose en Ucrania contra efectivos rusos, Stoltenberg contestó nuevamente que «no». «Nos estamos centrando en ofrecer apoyo a Ucrania. Ayudando a que ejerza su derecho a la autodefensa. Al mismo tiempo, enviamos el mensaje a Rusia de que impondremos sanciones severas si una vez más utiliza la fuerza contra Ucrania», explicó. (EFE, Reuters)
Los duros, incluso groseros pronunciamientos del gobierno estadounidense en torno al gobierno del Kremlin seguramente se matizarán, ya que Washington no ha visto apoyo irrestricto de parte de los miembros de la OTAN a sus planes de hostigamiento hacia Rusia con la intención de provocar nuevos enfrentamientos armados para poder abastecer sus arcas de la venta de armamento y material bélico en un escenario que nadie quiere ni puede soportar financieramente y políticamente.
JALISCO
Crisis de basura en Guadalajara: La ciudad de los desechos, entre la condena y la responsabilidad

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En 79 d.C., cuando el Vesubio enterró Pompeya bajo un manto de cenizas, las calles quedaron petrificadas en el tiempo con todo y sus basuras. Entre ánforas rotas y restos de comida, los arqueólogos encontraron no solo indicios de la vida doméstica, sino también pruebas de que la basura es un lenguaje silencioso que revela la dignidad –o la miseria– de una civilización. Una ciudad que no puede manejar sus residuos termina por convertirse en su propio monumento fúnebre.
Hoy, Guadalajara es testigo de una tragedia menos súbita, pero igualmente reveladora: una crisis de basura que no sólo huele, sino que exhibe las grietas de nuestra convivencia social y de nuestras instituciones.
Durante décadas, la recolección de residuos se delegó a un concesionario privado que prometía eficiencia, modernidad y cobertura total. Con el tiempo, esa promesa se volvió una caricatura: camiones descompuestos, rutas incompletas y montañas de bolsas negras creciendo en esquinas que se convirtieron en muladares improvisados. El colapso del vertedero de Matatlán fue apenas el aviso más evidente de un sistema que llevaba años desmoronándose. Y, sin embargo, la respuesta institucional tardó tanto que llegó un momento en que el problema dejó de ser una anécdota de servicios públicos y se transformó en un riesgo sanitario.
Es verdad que se está intentando recomponer el desastre. La creación del nuevo sistema municipal de recolección y la compra de camiones propios representan un paso importante hacia la autonomía operativa.
Pero la reconstrucción va mucho más allá de la maquinaria: implica restaurar la confianza de los ciudadanos en que pagar su predial, su impuesto de limpia y sus contribuciones significa algo más que financiar burocracias. Porque cuando la basura no se recoge con regularidad, no es raro que la gente la arroje donde puede: baldíos, camellones o cualquier esquina anónima.
La indignación moral que esto provoca es comprensible, pero a veces roza la hipocresía. Es sencillo señalar con el dedo al que, llevado por la desesperación o la precariedad, tira una bolsa en la vía pública. Es más difícil reconocer que un ciudadano que no encuentra un servicio confiable a menudo termina atrapado en un dilema miserable: acumular basura en su casa o dejarla donde estorba menos.
Hace unas semanas, en medio de este panorama, circuló un video donde la presidenta municipal aparecía exhibiendo a un pepenador que descargaba residuos en un terreno baldío. El tono era de denuncia y escarnio. La imagen se viralizó porque concentraba en unos segundos la narrativa más cómoda: la culpa es de los incivilizados, de los sucios, de los otros.
Pero ese gesto –tan cuidadosamente grabado y difundido– omitía una verdad que no cabe en una grabación de treinta segundos: la basura no es responsabilidad exclusiva de quien la tira. También es responsabilidad de quien, desde el gobierno, ha permitido que la recolección colapse y que la infraestructura de disposición final sea insuficiente. Si hay pepenadores que arrojan bolsas en predios, es porque el sistema entero ha normalizado la improvisación.
El problema de fondo es más profundo que una anécdota mediática. La basura es un síntoma que exhibe la incapacidad de planear a largo plazo y de asumir colectivamente la idea de ciudad. En Guadalajara hemos sido expertos en aplazar soluciones, creyendo que la privatización absoluta resolvería lo que en realidad exigía vigilancia, inversión constante y corresponsabilidad social.
Con los tiraderos clandestinos creciendo como hongos después de la lluvia, con vertederos que llegan a su límite y con colonias enteras que pasaron semanas sin servicio, es inevitable preguntarse: ¿por qué permitimos que esto ocurriera? ¿Por qué la discusión pública se reduce a exhibir a los más vulnerables, en lugar de asumir la responsabilidad compartida que implica gobernar una metrópoli de millones de habitantes?
Desde luego que hay ciudadanos que actúan con irresponsabilidad. Nadie puede negar que arrojar basura a la calle es un acto que daña a todos. Pero también es cierto que hay contextos que fomentan la degradación. Un sistema de recolección estable y confiable disminuye la tentación de convertir cualquier esquina en basurero. Una política de educación ambiental consistente reduce la indiferencia. Un gobierno que no se desentiende de su obligación de supervisar concesionarios evita la acumulación crónica de residuos. Y una autoridad que entiende su papel institucional no necesita convertir a un pepenador en chivo expiatorio para distraer de su propia omisión.
La reconstrucción del servicio es una oportunidad para repensar la relación entre la ciudadanía y el municipio. No podemos aspirar a una ciudad limpia si seguimos esperando que sólo el otro se haga cargo: el vecino, el empleado de limpia, el reciclador informal. Tampoco podemos tolerar que los gobiernos utilicen la vergüenza pública como estrategia de legitimación. La dignidad de la ciudad se defiende con acciones, no con videos que criminalizan la pobreza.
Una ciudad se define tanto por su capacidad de producir como por su capacidad de recoger lo que ya no sirve. Si fallamos en lo segundo, todo nuestro discurso sobre modernidad, progreso y calidad de vida se queda en retórica hueca. La basura revela si somos capaces de cooperar o si preferimos vivir en compartimentos estancos, donde cada quien se lava las manos mientras la podredumbre crece en la banqueta.
Es tiempo de entender que la limpieza urbana no es solo un asunto estético. Tiene implicaciones sanitarias, ambientales y éticas. Cada bolsa de basura olvidada en la calle es un recordatorio de nuestra interdependencia. Nadie se salva de los insectos, los malos olores o la contaminación visual. Y nadie puede declararse inocente cuando la ciudad entera se convierte en un basurero al aire libre.
Por ello, sería importante que, en lugar de repetir la vieja estrategia de encontrar culpables individuales, podamos inaugurar una nueva etapa en la que se hable de corresponsabilidad. El Ayuntamiento tiene que garantizar un servicio de recolección eficaz, transparente y continuo. Pero también tiene que convocar a la ciudadanía a asumir su parte.
El reciclaje, la separación de residuos y el respeto a los horarios de recolección son hábitos que requieren voluntad política para ser promovidos. Y esa voluntad no se demuestra con desplantes mediáticos, sino con políticas públicas sostenidas.
La memoria de Pompeya nos recuerda que las ciudades pueden ser sepultadas por lo que no quieren ver: cenizas, escombros, desechos. Guadalajara aún está a tiempo de evitar que su basura se convierta en el testimonio arqueológico de su fracaso colectivo. Pero ese futuro dependerá de nuestra capacidad de dejar atrás la búsqueda de culpables fáciles y de asumir la responsabilidad común de mantener limpia no sólo la calle, sino también la conciencia cívica.
Al final del día, la basura que generamos es el espejo de lo que somos. Si no queremos contemplar un reflejo de desidia y cinismo, más nos vale empezar a recoger, cada quien, desde su trinchera, todo lo que durante años dejamos abandonado. Porque una ciudad limpia no es la que se barre todos los días: es la que no necesita ser barrida con excusas.
JALISCO
Contratación bajo investigación

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
De los problemas que actualmente enfrenta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el escándalo por la contratación de la conductora de televisión Eli Castro, un personaje polémico que se mantiene en circunstancias similares la mayor parte del tiempo, demuestra una vez más que la política se desvía sin duda del objetivo que debería tener: el bienestar, la transparencia y la calidad de los servidores públicos.
Es muy lamentable que, ante el aumento injustificado de las tarifas de un sistema de agua potable, también saliera a la luz un tema tan desagradable que opaca el servicio público y la política. Este hecho carece de justificación y evidencia corrupción y opacidad.
En este sentido, lo que toca es analizar la intervención de los entes públicos encargados de esclarecer este bochornoso episodio, que afectará la imagen pública del partido que hoy gobierna Jalisco. Será lógicamente imposible justificar que la conductora tenga el perfil para ocupar el cargo de asesora técnica y que la manera de haber llegado a él fue bajo absoluta transparencia y control.
Por lo tanto, que esté en la nómina del SIAPA con un salario de alto rango, comisionada sin asistir, y que argumente públicamente que su caso es un asunto de resentimiento social, por ser una persona que consigue lo que se propone, es un tema delicado que evidencia prácticas de corrupción.
En este contexto, habrá que estar atentos a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco. Las declaraciones de la conductora, involucrada en escándalos mediáticos, también sugieren abiertamente que está a un par de años de jubilarse, tras más de 27 años como servidora pública. Esto resulta enormemente dudoso y podría demostrar que, desde hace más dos décadas, ha estado en las nóminas del servicio público por conocidos en la política.
Entonces, tendríamos que analizar los escándalos de Pensiones del Estado de Jalisco para determinar si esta será una «pensión dorada» para alguien que, presuntamente, nunca fungió como servidora pública. Sería imposible asistir a trabajar y tener dos o tres empleos más; en términos laborales, hablaríamos de incompatibilidad de jornadas laborales.
Por lo tanto, podríamos estar ante la figura coloquialmente llamada «aviadora» —término que se le da a quien cobra en el servicio público, pero no trabaja—. Esta situación es lo más denigrante que puede tener un gobierno en funciones.
En Jalisco, contamos con un Sistema Estatal Anticorrupción, del cual se desprende la Fiscalía Anticorrupción, que anunció que abrió una investigación de oficio por la contratación de Eli Castro. El caso de la contratación de Eli Castro en el SIAPA es un claro ejemplo de cómo la corrupción y la opacidad socavan la confianza pública y desvían los recursos que deberían destinarse al bienestar de la ciudadanía.
Más allá de la legalidad de la contratación en sí, lo verdaderamente preocupante es la aparente falta de transparencia en el proceso y la ausencia de un perfil técnico idóneo para el puesto de asesor técnico. Esto, sumado a las declaraciones de la propia conductora sobre sus años de «servicio» y una posible «pensión dorada», pinta un panorama alarmante de prácticas arraigadas en el sistema político y público.
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco es crucial en este punto. No solo debe investigar a fondo las denuncias de nepotismo y posibles desvíos de recursos, sino que también tiene la obligación de comunicar los hallazgos de manera transparente y abierta a la sociedad.
Es imperativo que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, tanto a la persona que cobró posiblemente sin trabajar, como a quienes permitieron y facilitaron esta situación.
Este episodio no solo afecta la imagen del SIAPA y del partido en el gobierno, sino que también erosiona profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Para recuperar esa seguridad, es fundamental que el Sistema Estatal Anticorrupción demuestre su efectividad y que se envíe un mensaje claro: la corrupción no será tolerada y aquellos que abusan de su poder para beneficio personal serán llevados ante la justicia. La calidad de los servidores públicos y la transparencia en la gestión son pilares de un buen gobierno, y este caso es una oportunidad para reafirmarlos.
NACIONALES
Que no son lo que son

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
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