OPINIÓN
AMLO vs Biden
Opinión, por Iván Arrazola //
Cuando a finales de los años ochenta Estados Unidos dejaba de lado su política injerencista en América Latina después de largas décadas de intervención para detener el ascenso del comunismo, México entraba en escena buscado acuerdos de paz en la región, ejemplo de ello es el Grupo Contadora, creado con el fin de lograr la paz en Centroamérica.
La crisis económica y la crisis política que vivió México durante los años 80 provocó que el país se sumergiera en sus problemas internos, la crisis por las elecciones de 1988 y las crisis económicas generaron severos problemas.
La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá le imprimió un nuevo ritmo a la economía mexicana, no exenta de crisis económicas y crisis políticas, pero a final de cuentas con una nueva perspectiva en materia de crecimiento económico y una serie de reformas electorales que por lo menos daban más certeza al proceso electoral en México.
Por su parte, buena parte de la región latinoamericana liberada del yugo estadounidense en materia política tuvo la oportunidad de generar sus propias dinámicas y experimentar la democracia en sus países, con excepción de Cuba, que no se libró del dominio de los Castro.
Tampoco México jugó un papel relevante durante los años noventa y el inicio del nuevo siglo en América Latina, la integración económica con Estados Unidos hizo evidente que los dos países compartían una amplia agenda de temas en común, incluido el respeto por los derechos humanos y la promoción de la democracia.
Eso marcó una distancia insuperable sobre todo con Cuba, si los gobiernos priistas habían solapado y callado ante la falta de garantías individuales en Cuba, con los gobiernos panistas se hará evidente y público el rechazo y distanciamiento hacia la dictadura cubana y hacia todos los gobiernos populistas que emergieron en América Latina, producto en parte del abandono de Estados Unidos hacia la región.
Una nueva coyuntura, la del ataque a las torres gemelas en 2001 será un episodio que marcará una distancia entre Estados Unidos y América Latina, preocupado por blindar sus fronteras, el gigante de Norteamérica enfocará sus esfuerzos en el tema de la seguridad, sin una agenda ni social ni política hacia América Latina, nuevamente la región fue dejada a su suerte, lo que provocó la proliferación de gobiernos populistas a lo largo y ancho de la región: Chávez, los Kirchner, Morales, Correa, Maduro y Ortega, forman parte del largo listado de políticos populistas que proliferaron durante esta etapa.
Hoy que Joe Biden busca extender una mano a América Latina, una buena parte de los gobernantes latinoamericanos lo observan con incredulidad y desconfianza después de tantos años de abandono por parte de Estados Unidos, con una grave crisis política interna, con una baja popularidad entre los estadounidenses, Biden busca contener el problema de la migración heredado por la Administración de Donald Trump convocando a la Cumbre de las Américas.
En esa coyuntura se inserta la estrategia del presidente López Obrador de querer reunir a todos los países del continente en la Cumbre de las Américas a la que ha amenazado con no acudir en caso de que no se invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Con una política hacia América Latina que en las últimas semanas se ha vuelto mucho más activa por parte de López Obrador, la amenaza parece tener dos mensajes sobre la administración de Biden.
El primero de ellos es enviar un mensaje de desacuerdo con la política estadounidense hacia la región por los compromisos no cumplidos, México ha solicitado recursos para que los programas sociales que la administración obradorista ha implementado en México lleguen sobre todo a Centroamérica, sin embargo, hasta este momento Estados Unidos no ha aportado los recursos.
En segundo lugar, la estrategia parece encaminada a descarrilar a la administración Biden, por la que López Obrador siente poca simpatía, invitar al presidente de Cuba o al cuasi dictador Maduro a territorio norteamericano implicaría una señal de debilidad del mandatario estadounidense ante el Partido Republicano a unos cuantos meses de las elecciones intermedias, por lo que es casi un hecho que la invitación a esos países no llegará.
López Obrador parece seguir una estrategia temeraria que lo colocaría como paladín de los relegados de América Latina, aunque la realidad es que los países que no fueron invitados a la cumbre violan derechos humanos y la democracia es prácticamente inexistente.
Lo que es un hecho es que la asimetría de poder entre México y Estados Unidos tarde o temprano puede pasar factura al primero, ya Donald Trump mostró cómo doblegar a López Obrador y Biden podría seguir la misma ruta, el presidente mexicano debe de actuar como jefe de Estado, más allá de sus preferencias personales y cuidar los intereses prioritarios del país.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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