OPINIÓN
AMLO y Trump: La relación especial
Opinión, por Iván Arrazola //
Los mandatarios mantienen relaciones estrechas durante sus gestiones, algunas trascienden más allá de lo estrictamente institucional y se convierten en amistades que duran toda la vida. El presidente de los Estados y el primer ministro inglés son uno de eso casos en donde se dice que hay una relación especial, no solo comparten una historia en común, han sido aliados en grandes conflictos bélicos en materia económica y política.
Existen otras relaciones que más que ser especiales resultan complejas y delicadas, como lo ha sido la relación entre México y Estados Unidos históricamente, sin embargo, la relación entre López obrador y Trump es especial por varias razones.
En primer lugar, lo que se pensaba que sería una relación bastante tensa, en realidad, estuvo basada en la empatía entre los dos personajes. Trump le puso el sobrenombre de Juan Trump a López Obrador, señaló que tenían similitudes, que los dos son políticos renegados. Mientras tanto López Obrador cuando era candidato escribió un libro que tituló “Oye, Trump”, en el que se refiere a Trump como “una vulgar amenaza a los derechos humanos”.
Todo eso cambió cuando llegó a la presidencia, esas expresiones cambiaron, ahora López Obrador catalogaba a Trump como comprensivo y respetuoso, lo que más le agradecía al mandatario norteamericano es que nunca trató de imponer nada a México ni vulnerar su soberanía. Difícil entender el comportamiento del presidente mexicano cuando en días pasados Donald Trump presumía sobre como “dobló” a López Obrador para blindar la frontera con Estados Unidos.
En segundo lugar, destaca el nacionalismo selectivo del mandatario mexicano. Es bien sabido los problemas que se tienen con España, país al que el presidente exigió una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista. Esto llevó a una fuerte crisis cuando el presidente sugirió hacer una pausa en las relaciones. De la misma forma López Obrador calificó de prepotente y arrogante al presidente de Austria que se negó a prestar el penacho de Moctezuma a México.
Un último episodio que se recordará es la respuesta que da el presidente al Parlamento Europeo, en la misiva el presidente señala que México ha dejado de ser tierra de conquista, tampoco es una colonia y catalogó como injerencistas a los miembros del Parlamento Europeo por la resolución en la que condenaba la actuación del presidente que desde la mañaneras promueve la violencia contra los periodistas.
En esta revisión que López Obrador ha hecho sobre la historia de México, al parecer ha olvidado referirse a Estados Unidos, país con el que México ha tenido diferencias y si se habla de daños provocados, el más doloroso ha sido la pérdida de la mitad del territorio a causa de la política expansionista del vecino del norte, los golpes de Estado promovidos por Estados Unidos también han estado ausentes de esta revisión que el presidente ha hecho de la historia.
Esto se combina con un discurso despectivo de Trump hacia México, aquí algunas frases: «No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable”, «México no es nuestro amigo. Nos está ahogando económicamente», “Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores”. Cuando al presidente López Obrador se le pregunta sobre las declaraciones de Trump se ha limitado a decir “Él es así”, “A mí me cae bien Trump, aunque es capitalista”. Resulta difícil entender la posición del presidente mexicano cuando ha señalado que él no se deja y ante cualquier crítica a su gobierno inmediatamente responde, como se ha visto con los ambientalistas o los grupos feministas.
En tercer lugar, López Obrador defiende los intereses del Donald Trump. Se recodará como después de perder Trump la elección presidencial en el año 2020, López Obrador se negó a reconocer la victoria de Joe Biden hasta que no se dieran los resultados oficiales. Una tradición en Estados Unidos es que las proyecciones que hacen los medios de comunicación generalmente coinciden con los resultados oficiales.
La única visita fuera del país que hasta ese momento hizo López Obrador la realizó a Estados Unidos en la víspera de la elección presidencial y fue tomada como una muestra de apoyo por parte de López Obrador a la reelección de Trump, como pocas veces se rompió de manera abierta con el principio de no intervenir en el proceso estadounidense.
Lo que deja como lección esta relación aparentemente especial es la conveniencia y la opacidad en la forma en la que se manejaron los dos gobernantes. López Obrador le hizo un muro Donald Trump con cargo a México, a cambio Donald Trump se abstuvo de hacer críticas a la gestión de López Obrador, quedará para la historia la imagen del presidente mexicano humillado que a cambio de complacer a un abusador ha representado de manera poco digna un país que ha sido insultado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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