OPINIÓN
Bioética en la educación de Jalisco

Columna invitada: por Omar Becerra Partida //
Primero que nada, tendríamos que definir a la Bioética como la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres vivos, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma.
En pocas palabras es congruencia ante las ciencias de la vida, según su servidor.
¿Pero qué pasaría si se combina con educación?
Bien, entendemos por educación el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
La relación entre educación y bioética es importante por todo el conocimiento humano que engloba.
Por ende, la bioética en la educación es una parte fundamental para estas nuevas generaciones de alumnos y maestros.
En diferentes lugares, hoy existe una acentuada sensibilidad hacia todos los temas relacionados con la enseñanza, se preocupan por los aspectos sociales, económicos, religiosos, administrativos, entre otros, que de alguna manera puedan incidir en el tema educativo.
Es de notar que ahora con el sistema de competencias implementado en la educación básica y media superior se ha olvidado un poco la inteligencia emocional y la humana de los educandos.
Por ello la Bioética ha sido olvidada en el nivel básico tanto en lo estatal como lo federal, como asignatura para los alumnos o talleres integrales para maestros, no es implementada como asignatura ni como forma de vivir tanto para maestros y estudiantes.
A nivel básico traería consigo la creación de mejores seres humanos más amigables y consientes con su entorno social y de medio ambiente, ya que sería una integralidad entre lo humano, el conocimiento y por qué no hasta lo holístico.
Pero no existe algún interés por esta materia por parte de los líderes políticos y académicos de la educación básica a nivel estatal y federal en el país.
Actualmente, uno de los problemas más importantes de la educación está relacionada con la incorporación de la asignatura en bioética como un nuevo saber de ruptura cultural profunda en las sociedades.
Es profunda la importancia, de ser impartida a nivel básico y medio superior, pero ojo, la asignatura en bioética no tendría que ser una materia de relleno, tendría que ser dimensión fundamental de la persona y su realidad.
El interés de educar para ser y no para tener es básico hoy en día que el sistema capitalista está tronando, debemos insistir y poner una acentuación especial; si es que queremos que el educando haga frente a la sociedad hedonista, fácil y consumista que le rodea y en la que necesariamente ha de vivir.
Tenemos que educar para ser persona y no para vivir en polarización siempre como lo ha hecho este gobierno federal, tenemos que concebir a la educación en bioetica como algo unitario y global.
Es importante, y ha de estar en la base de toda educación bioética, enseñarles a los alumnos a ser creativos, a vivir su propia e irrepetible originalidad vital, a entender y realizar su vida como proyecto siempre abierto a ser mejor persona.
Nuestros gobiernos no pueden seguir prolongando la necesidad de establecer y simplificar vínculos académicos con nuestra realidad circundante, es decir, debemos de establecer estrategias claras para que la adquisición de conocimientos bioéticos y el desarrollo de un aprendizaje basado en la misma para que incidan de manera directa en la vida académica de nuestros estudiantes.
A nivel medio superior y superior observamos que, si existe la asignatura en licenciaturas de ciencias de la salud en varios centros universitarios públicos y privados, como ejemplo, lo es el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, a través del jefe de departamento de Ciencias Sociales el Dr. Osmar Matsui Santana, que desde hace un tiempo ha luchado por la consolidación de la asignatura, en todas las licenciaturas del centro universitario.
También hay muy pocos, centros de investigación públicos y privados especializados en Bioética y Bioderecho, como ejemplo el colegio que tengo el honor de presidir que lleva por nombre Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco AC, que tiene, posgrados oficiales como la maestría en Bioética y Derecho, el doctorado en Bioética y Derechos Humanos y la Maestría en Ética, fungiendo como director del mismo el Dr. Lucio Becerra MartÍn.
También investigamos en preparatorias en Jalisco y nos dimos cuenta que la preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara tiene en sus programas de estudio, a través de sus bachilleratos técnicos como lo son; el Tecnológico en Citología e Histología y el Tecnológico en Prótesis Dental, que nos consta que la administración de la escuela presidida por el director Mtro. Jaime Ernesto García de Quevedo Palacios, la secretaria de escuela la Mtra. Claudia Georgiana Luquín Rosales y la Coordinadora Académica la Mtra. Patricia Araceli Orozco Hernández, han hecho un gran trabajo, para que siga vigente la materia en dichos bachilleratos.
Es difícil encontrar gente que apoye la investigación en Bioética y Bioderecho por eso nuestro reconocimiento en estos párrafos.
Por último, llegamos a la conclusión, que este manuscrito constituye una propuesta de orientación para la aplicación de la educación bioética como un nuevo saber en la enseñanza, para el desempeño en su vida cotidiana, profesional y académica, ya que ayuda a resolver, el mejoramiento y calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje para una sociedad mejor.
La bioética puede ser aplicada en cualquier nivel de enseñanza y así se contribuirá a resolver las limitaciones intelectuales y paradigmas sociales.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
-
Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
JALISCO
El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.
Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.
Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.
TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD
Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.
Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.
El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.
PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS
A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.
Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.
En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.
LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN
No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.
Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.
Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.
MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA
Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.
El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.
La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.
En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.
Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.
Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.
En X @DEPACHECOS
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