OPINIÓN
Bioética en un caso práctico de violación a derechos humanos: Inmigrante víctima de burocracia de la SRE

Bioética, por Omar Becerra Partida (*)
¿Quién es un inmigrante?
Las distintas fuentes que tratan el tema no suelen ser lo suficientemente precisas ni mucho menos concretas en las definiciones y afirman que inmigrante es quien cambia de Estado con el fin de mejorar su situación, por los más diversos motivos caemos en cierta confusión.
En este sentido, llamaremos inmigrante a aquel que, procedente de un país con bajo nivel económico, político e intelectual, se traslada a otro que le ofrece la oportunidad de mejorar su situación vida.
Como sabemos los gobiernos tanto de USA y Mexico han hecho una labor violatoria a derechos humanos en este sentido y lo observamos día con día en las noticias.
La Declaración de las Naciones Unidas de 1948 en su artículo 2 sostiene que los Derechos Humanos se tienen “sin restricción de cualquier tipo, como raza, color, sexo, lenguaje, religión, opinión política, origen nacional o social”.
Es por ello que decidimos presentar este caso, que está pasando actualmente y que nuestro único fin de publicarlo es que se le ayude a la persona con este problema.
En los siguientes renglones usted podrá observar, una situación muy probablemente común en los ámbitos de violación a derechos humanos por parte de la burocracia existente en la frontera de nuestro país.
A quien corresponda:
Mi nombre es Héctor Moraila, si usted está leyendo esta carta es porque de alguna manera tengo la esperanza que pueda apoyar a mi familia, enseguida escribo una breve reseña de lo que hemos vivido a lo largo de los últimos catorce años.
Soy Ciudadano Americano, nacido y criado en los Estados Unidos de Norteamérica a mis 18 años presté mi servicio a las Fuerzas Armadas de mi país, estuve en Afganistán algún tiempo, no son los mejores recuerdos de mi vida y no es lo que me trae a escribir esta carta. Al regresar de ese mal momento, conocí a una chica de origen mexicano, mi ahora esposa y madre de mis hermosos hijos, desde ese momento ella me ayudó a salir del tormento psicológico y emocional con el que regrese a mi país, nos casamos en 2008 e inmediatamente acudimos a un pseudo abogado a iniciar su trámite migratorio, sí como lo están leyendo Carolina mi esposa es migrante, llego a este país como miles de niños a sus 9 años en compañía de sus padres buscando un mejor futuro, en 2008 solo perdimos dinero el trámite estuvo mal asesorado y no prosperó, volvimos a ahorrar ya que estos trámites son muy costosos, y en 2011 lo volvimos a intentar asesorados de una abogada con licencia, la cual nunca nos informó el estatus de nuestro caso y por confiar en ella perdimos la cita, así que volvimos a ahorrar y en 2017 iniciamos el trámite por nuestra cuenta con la esperanza de que en esta ocasión todo salga bien, ya que Carolina estudió desde primaria, secundaria, preparatoria y a nivel profesional diseño gráfico, que por leyes de migración no pudo graduarse, pero desde sus 18 años tiene su número en el registro federal de contribuyentes, Carolina tiene 20 años declarando y pagando impuestos, su récord es impecable, nunca ha tenido problemas legales, sus trabajos siempre el mejor desempeño, es una persona productiva y activa en nuestra sociedad, en el año 2020 ingresó de nuevo a una carrera de nivel profesional Ingeniería Óptica, recibiendo excelentes calificaciones. Carolina me apoyó pagando mis estudios los primeros 12 años de matrimonio y siendo el sostén económico de nuestro hogar, gracias a eso pude graduarme y ahora irónicamente yo tengo un trabajo que me encanta en el gobierno de mi país, justo cuando puedo empezar a apoyar económicamente a mi esposa nos sucede esto.
El pasado 10 de noviembre 2021 acudimos a ciudad Juárez a la cita de migración, después de cuatro años de llenar formas y enviar documentos íbamos listos para escuchar buenas noticias, pero el destino fue otro, llegamos a la cita de migración, la cual la agenda el departamento migratorio después de completar todos los documentos que ellos consideran necesarios en tú tramite, no antes no después, y al llegar a la cita nos comenta el agente migratorio que nos falta llevar un formato el I601 (este formato es solicitud de exención donde se solicita que se exima de la responsabilidad de entrar ilegalmente por ser menor de edad a su ingreso), el departamento de migración omitió solicitarla, fue su error no el nuestro, de inmediato impiden a Carolina regresar a casa conmigo y con nuestros hijos. Carolina se queda en un país en el que nació, donde no tiene familia, donde desconoce el idioma y la cultura, ya que a la corta edad que tenía al iniciar su vida en los Estados Unidos de Norte américa, adquirió todo de este nuevo país.
Así es tenemos todos estos meses con una familia fracturada, con una afectación psicológica, económica y emocional terrible, hicimos llegar la forma I601, hasta hoy sin respuesta, lo que para un trabajador es un documento, es un expediente o un trámite más, para nosotros es nuestra vida entera.
Hoy me presento a usted no como veterano de guerra, no como trabajador del Gobierno de mi País, sino como Héctor un esposo y padre de familia destrozado de ver llorar a mis hijos y saber que mi mujer sufre también.
Si usted considera que mi historia es de su interés y puede apoyarme en algún aspecto, estoy a sus órdenes.
HÉCTOR M. MORAILA
Como pudo observar, es un caso que tiene en mal estado a quien lo está viviendo, si usted puede ayudarnos para mejorar la situación de esta familia no dude en mandar un mail, al que nos proporciona el señor Héctor en párrafos anteriores.
Recordemos que la Bioética tambien se vive y se practica y hace mucha falta en las instituciones de gobierno que tenemos a nivel nacional e internacional.
Gracias por su lectura y apoyo esperemos pronto se resuelva la problemática de esta familia.
Por Omar Becerra Partida (*) Es presidente del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco A.C.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
-
Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
-
Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
-
Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
JALISCO
El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.
Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.
Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.
TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD
Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.
Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.
El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.
PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS
A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.
Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.
En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.
LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN
No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.
Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.
Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.
MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA
Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.
El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.
La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.
En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.
Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.
Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.
En X @DEPACHECOS
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