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OPINIÓN

Comuna México: Envilecer al Senado de la mentira

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Por Benjamín Mora //

Las personas mentimos por distintas razones, sea a gran o pequeña escala, siempre como un escape de la realidad: defensa, vergüenza, interés, maldad, desesperación, aceptación social, piedad o simplemente por gusto, como lo demuestra un estudio de la Universidad Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

En política sobreabundan los manipuladores emocionales que embaucan desde la distorsión de la verdad y la explotación emocional de su gente más cercana y del pueblo, creyendo que sus mentiras prevalecerán, al menos, hasta obtener privilegios a expensas de sus víctimas. Generalmente se creen tan inteligentes que no imaginan que algo o todo de sus mentiras y manipuleos de la verdad pudiera revertírseles.

El manipulador desde el poder político es capaz de dañar, intencionalmente, el nombre de cualquiera otro, su autoestima y auto respeto si con ello logra sus propósitos más oscuros o sirven a intereses viles y perversos, aliados a él. Derek Wood del Gel Mental Help sostiene que las mentiras pueden volverse patológicas en individuos con Trastorno de Personalidad Antisocial vinculados al poder y el dinero.

El mentiroso obsesivo pierde sensibilidad en la medida en que repite sus actos de deshonestidad, como lo han demostrado expertos de la Universidad College de Londres, no importando que tan expertos parezcan ser en encubrir sus engaños.

En días pasados, el senador por Aguascalientes –panista- Juan Antonio Martín del Campo Martín de Campo, en comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, hizo diversos señalamientos por demás atrevidos con la intención de ponerlo en mal ante el Senado de la República y la opinión publicada, queriendo quedar como un crítico indomable del actual Gobierno federal. Entre sus señalamientos acusó al director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API) de estar señalado e investigado en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico. Presentó, a decir suyo, prueba documental de su acusación. Al mismo tiempo, el director de la API Manzanillo se encontraba en Miami, Florida, en un evento sobre cruceros turísticos con más funcionarios federales, estatales y municipales mexicanos. Aquí debo señalar que nadie, con una investigación como la referida por Juan Antonio Martín del Campo, podría haber entrado a Estados Unidos de Norteamérica sin ser detenido o repatriado.

Mahatma Gandhi recomendaba no pretender triunfar desde la mentira. José Antonio Martín del Campo debería hacer caso a los grandes políticos honestos que trascendieron a su tiempo.

No es menos importante recordar que, de acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 247, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión a quien “faltare a la verdad en perjuicio de otro (…) afirmando un hecho falso”; asimismo, en el artículo 248 Bis se señala que se impondrá prisión hasta por cinco años a quien “con el propósito de inculpan a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas que hagan presumir su responsabilidad”. Aquí, alguien podría ir a la cárcel.

Me pregunto: Qué habría motivado al senador panista Juan Antonio Martín del Campo a acto tan vil frente a sus compañeros senadores en la más alta tribuna de nuestra Soberanía Republicana, en comparecencia del secretario de la SCT. Desde la Psicología podríamos hablar del factor oscuro de la personalidad o factor D (dark en inglés) en el que se conjuntan el egoísmo, maquiavelismo, narcisismo, psicopatía, etc. Quienes sufren de este factor no solo buscan su propio beneficio sobre el bien de los demás, sino que también se dan razones, también mentirosas, para actuar de esta manera; se sabe que, quien a ello llega, fácilmente puede participar en otras actividades ilegales como asociarse y organizarse con delincuentes.

En este sentido, el asunto parece tener explicaciones más que preocupantes: El puerto de Manzanillo es el más importante de México y hay muchos intereses en él. En varias ocasiones han sido detenidos cargamentos de precursores de drogas sintéticas. Según la SCT, se tienen identificados a los posibles orquestadores de este ardid político y tiene color albiazul… ¿Podría el senador Martín del Campo ser una de esas cabezas? ¿Hasta dónde se vale llegar con la representación que ostenta un senador de la República?

En menos de 24 horas quedó demostrado que el documento que presentó Juan Antonio Martín del Campo no solo es falso, sino que fue intencionalmente falsificado para dañar la imagen del director de la API Manzanillo, obligar a su salida y buscar imponer a otro a modo de ciertos grupos ya identificados y cercanos a Acción Nacional o su gente. El documento original NO se refiere al director de la API Manzanillo sino a un homónimo, pero fue alterado hasta llegar a falsificar firmas y sellos. Esto podría ser un delito del interés de la autoridad norteamericana, que ya está en conocimiento. Lo hecho por el senador de Aguascalientes merecería una investigación en México y EEUU, con sanciones penales en ambos territorios; por su parte, el Senado de la República está obligado a investigar lo que podría ser un acto que lo mancha y desacredita. Creo que, Martín del Campo cerró una puerta en sus aspiraciones políticas en Aguascalientes… no merecen como gobernador a alguien padeciendo del factor oscuro de personalidad. Me preocuparía más si Martín del Campo fuera un mentiroso sincero –los hay- pues jamás habría arrepentimiento ya que NO puede diferenciar entre la verdad y la mentira. Podría ser un sociópata o un psicópata.

Mi abuela Rafaela, en alguna ocasión me dijo: Cuídate de no ser como aquellos a quienes criticas… quizá, solo quizá, Martín del Campo pronto pudiera ser investigado por estar involucrado en la falsificación de documentos, con firmas y sellos, del Gobierno norteamericano.


Jess C. Scott decía que los hipócritas se ofenden con la verdad. Quizá a esta hora hay alguien que se siente no solo ofendido sino amenazado con la verdad que derrumba su mentira ante el Poder Legislativo; pero él, y sus posibles socios, no pueden negar que, al mentir ante los senadores, Juan Antonio Martín del Campo perdió respeto a sí mismo y la confianza de miles pues violó un derecho elemental a conocer la verdad.

Hoy se sabe que tampoco hay investigación ni acusación alguna en contra del director de la API Manzanillo en ningún país del mundo. Hoy se sabe más de lo inimaginado hace unas pocas horas cuando Jiménez Espriú atendió a un llamado del Senado de la República.

Dicen que lo que no nos mata nos fortalece. ¿Pronto veremos quiénes se fortalecieron y quién perdió? Cuánto tiempo tomará limpiar un nombre dañando: El del director de la API Manzanillo ya ha quedado limpio, el del senador empieza a enlodarse.

No doy el nombre del director de la API Manzanillo pues lo que se buscó fue adueñarse del puerto más importante de México para obtener poder y dinero desde oscuros intereses. Hay una víctima que, por ser honesta y proba, demostró, en pocas horas, que todo fue un vil engaño de un senador con el uso de documentos falsificados.

La verdad tiene la virtud de unir y engrandecer. La verdad hoy engrandece a quien ayer fue víctima.

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JALISCO

El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.

Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?

Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.

¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.

El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.

En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.

Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.

Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?

Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?

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JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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