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OPINIÓN

Corcholatas

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El éxito electoral que ha acompañado al partido Morena, se ha explicado por la notoria popularidad del presidente López Obrador y la operación político – electoral a través de los programas sociales. Aunado a esto, se encuentra también, la evidente falta de proyecto de una oposición sin brújula, con dirigencias nacionales débiles, ausentes de sus bases.

Esto arroja la percepción de una fuerza electoral tan potente que puede garantizar al presidente el triunfo electoral en 2024 y con ello dejar a un sucesor o sucesora, que continúe lo que ha llamado transformación. Sin embargo, es posible que dicha fortaleza sea más frágil de lo que se supone, y aún falta un tramo de administración en el que, dada la naturaleza y el carácter del presidente, pueden suceder muchas cosas que graviten en su perjuicio, como la casa gris de su hijo y el conflicto de interés en Pemex.

De tomar en cuenta también, que en el partido político en el que se apoya participan corrientes de diverso origen e intereses, que se han aglutinado a su alrededor por la posibilidad de triunfo, pero que ya estarán calculando sus posibilidades con los posibles sucesores.

Por ignotas razones, el presidente López Obrador decidió adelantar la sucesión y mencionó nombres, al igual que no se ha guardado sus preferencias. Esto ha motivado que esas corrientes estén, tomando posición con alguno de los que ahora se conocen como corcholatas, pues el presidente dijo que él tenía el destapador, y esto abre la puerta para que la aparente unidad del movimiento se empiece a fracturar.

A los elementos de riesgo para el triunfo electoral que esta administración da por hecho, tendría que sumarse la actitud que tomen los mencionados con posibilidades, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y los no mencionados por el presidente, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Tanto Sheinbaum como Adán Augusto, se da por descontado que seguirán siendo fieles replicadores y acatadores de las decisiones presidenciales, pero la duda cabe respecto a los dos restantes, Monreal y Ebrard.

Ambos son políticos experimentados, conocedores de la liturgia que se ha seguido en el sistema político mexicano para elegir al candidato sucesor, sin embargo, esta liturgia fue vigente durante la época del partido hegemónico y alguno de ellos debiera estar pensando en leerla diferentemente y empezar a ver el humor y la madurez del electorado.

Ambos conocen al presidente y saben, por lo mismo, que difícilmente renunciará a su poder de elegir al candidato a sucederlo y deben saber también que su futuro político será nulo si no les favorece el humor presidencial. En política no caben las ingenuidades y ambos saben que no son la primera opción para el gran destapador, y si piensan que habrá racionalidad y que juiciosamente decidirá en razón del perfil de gobernante que requiere la nación y su situación política y económica, tendríamos que dudar de su capacidad para sucederlo.

Monreal ha manifestado su interés por participar en la sucesión, desafiando la autoridad presidencial y pidiendo piso parejo en su partido, lo que es un indicio del entendimiento de su situación. Lo inexplicable es la actitud de Marcelo Ebrard, que recibe frecuentes descalificaciones, que no es tomado en cuenta en decisiones de política exterior y sigue soportando con estoicidad los atentados a su dignidad y a su investidura, fiel a la liturgia y pretendiendo que la sucesión se resuelva a su favor por su capacidad de abyección.

Los dos no mencionados saben que es tal vez su última oportunidad de llegar a la silla presidencial y han querido hacerlo siguiendo la receta que dicta el presidencialismo, volviéndose omisos y complacientes ante las decisiones presidenciales, por más que pongan en riesgo la estabilidad democrática, el régimen de instituciones y derechos que se había venido construyendo, el futuro del país.

No es solo la dignidad personal lo que están sacrificando, ya sea por timoratos o taimados; están permitiendo que las atribuciones civiles sean absorbidas por las fuerzas armadas en un reconocimiento tácito de la incapacidad de la administración para cumplir sus funciones, ya sea por el estrangulamiento económico o por la falta de carácter de los titulares del despacho, siempre genuflexos y complacientes.

Es tiempo de reconsiderar su papel en este sainete, en que se ha convertido el gobierno mexicano y en la farsa de una sucesión dinástica, consentida y legitimada por su participación sumisa y temerosa del poder presidencial. Poder que disminuye conforme se acerca el fin de su mandato y se acelera por las viscerales reacciones con las que conduce el país. La población lo resiente ya y habrá de sentirlo aún más pues las cifras así lo indican.

No deberían, deberíamos, guiarnos por el espejismo de la superficie de las encuestas, debajo de ella hay otros indicadores y las percepciones se mueven, como la sombra de una casa gris, como el voluble temperamento del gobernante. Reducidos a corcholatas aduladoras del destapador, no muestran ni dignidad ni capacidad para conducir a un país como el nuestro necesitado hoy, más que nunca de estadistas no de seguidores de quimeras, falaces y engañabobos.

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1 Comment

1 Comments

  1. Javier Abud Osuna

    18 de febrero de 2022 at 18:26

    Luis Manuel, un excelente análisis del comportamiento político de las corcholatas, quienes podrían sufrir las consecuencias, al igual que el gran destapador, de una estruendosoa derrota en el ejercicio antidemocrático de la mal llamada revocación.

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JALISCO

Los retos de Verónica Delgadillo y el futuro de Guadalajara

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El pasado viernes, en un encuentro sin precedentes con directivos de medios y líderes de opinión, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ofreció un vistazo crudo a los desafíos que enfrenta su administración, particularmente la crisis hídrica y la precariedad financiera municipal.

Este tercer diálogo abierto en ocho meses de gestión—un ejercicio de transparencia ausente en otros alcaldes tapatíos—permitió abordar temas clave con franqueza. En mi intervención le recordé su compromiso de campaña, destacado en el primer debate de Quiero TV en mayo del 2024, de renovar el 20% de los 2,500 kilómetros de tuberías de Guadalajara de manera gradual, minimizando afectaciones, ante la grave escasez de agua en la Zona Metropolitana. Su respuesta, aunque esperanzadora, revela las limitaciones estructurales que obstaculizan su cumplimiento.

Delgadillo reconoció la urgencia de reemplazar redes de agua de 80 a 100 años, algunas con asbesto y otras reducidas a canaletas obsoletas, un desafío que exige 76,000 millones de pesos para una renovación integral o 13,000 millones para un mantenimiento básico.

Con un presupuesto de 12,500 millones, la alcaldesa recurrió a la metáfora de Oye Bartola de Chava Flores—“ahí te dejo esos dos pesos para la renta, el teléfono y la luz”—para ilustrar cómo los recursos apenas cubren servicios básicos, salarios de 12,000 empleados y emergencias, dejando poco para infraestructura crítica. “No hay lana para todo”, admitió, apostando por una colaboración multidecenal con el Gobierno del Estado, que prometió 8,000 millones, y citando los 12,500 millones invertidos por la administración anterior, cuya efectividad se cuestiona al no percibir resultados visibles.

Esta dependencia externa pone en duda la viabilidad de su plan. La promesa de renovación hídrica, aunque ambiciosa, choca con la realidad fiscal heredada y la falta de autonomía municipal. Delgadillo denunció una injusticia redistributiva: Guadalajara atiende a tres millones de personas—1.385 millones registrados y una población flotante—con solo 48,000 hogares pagando impuestos, logrando un 95% de recaudación, superior a Zapopan (78%) y Tlaquepaque (45%).

Sin embargo, la eliminación del Ramo 33 y Fortaseg por el gobierno federal de López Obrador ha agravado la situación, forzándola a buscar apoyo vía la Asociación de Ciudades Capitales. Su llamado a “lana extra” para recibir visitantes nacionales e internacionales (Como los que generará el Mundial de Futbol) resalta la necesidad de un cambio sistémico, pero su estrategia depende excesivamente de voluntades externas.

El símil de Bartola no es solo humor; es una crítica implícita a un modelo donde Guadalajara, motor económico de occidente, queda desprotegida. La alcaldesa puede impulsar alianzas público-privadas con incentivos fiscales y cabildeo con el Estado y la Federación, pero sin una reforma fiscal local que amplíe la base tributaria o modernice el catastro, estas medidas podrían quedar en promesas. La inversión previa en redes hidráulicas de 12,500 millones de pesos, parece haber “pasado de noche”, sugiriendo ineficiencias o mala planeación que Delgadillo debe aclarar.

Su enfoque en transparencia ofrece esperanza. Anunció un plan anticorrupción para meses próximos, con digitalización de licencias, controles y la destitución de un funcionario por irregularidades, además de multas de 2,200 pesos desde agosto para la basura, con opción a servicio comunitario. “No es recaudatorio, queremos una ciudad limpia”, enfatizó, alineando sanciones con educación cívica.

Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, palidecen ante la magnitud del reto financiero. Sin recursos frescos, el riesgo es que proyectos como la red hídrica sigan “durmiendo el sueño de los justos”.

Comparativamente, la gestión de Delgadillo enfrenta un dilema clásico: gobernar requiere más que promesas de campaña. Mientras candidatos como ella pintan escenarios optimistas, la realidad administrativa revela un rompecabezas de prioridades y limitaciones. La canción de Bartola refleja esta tensión: con “dos pesos” simbólicos, ¿cómo equilibrar nómina, servicios y obra pública?

Su apuesta por el Estado y la Federación es lógica, pero insuficiente sin presión sostenida. La Asociación de Ciudades Capitales podría ser un aliado clave, exigiendo un esquema redistributivo justo, mientras la atracción de inversión privada—por ejemplo, para redes hidráulicas—podría aliviar la carga, aunque requiere incentivos claros.

El diagnóstico de Delgadillo es acertado: Guadalajara merece más recursos por su rol nodal. Sin embargo, su justificación depende demasiado de apoyos externos, dejando en segundo plano la necesidad de autonomía fiscal. Una modernización tributaria, combinada con auditorías rigurosas y proyectos autofinanciables como el “webping Guadalajara” para recargos, podría empoderar al municipio. De lo contrario, la ciudad quedará atrapada en un ciclo de insuficiencia, donde la visión de Delgadillo—honesta pero limitada—se diluirá ante la falta de “lana”. Este análisis invita a reflexionar: ¿es suficiente culpar al sistema, o debe la alcaldesa liderar una transformación interna para desbloquear el potencial de Guadalajara?

En conclusión, la alcaldesa enfrenta un desafío monumental que trasciende su gestión. Su compromiso con la transparencia y la colaboración estatal es un paso adelante, pero la solución exige un replanteamiento nacional. Sin autonomía financiera y recursos adecuados, los rezagos hídricos y urbanos persistirán, y la metáfora de Bartola seguirá resonando como un eco de promesas incumplidas. La pelota está en su cancha y en la de los gobiernos superiores: o se actúa con estrategia, o Guadalajara seguirá siendo un gigante económico con pies de barro.

 

 

 

 

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JALISCO

Pereza cívica y hartazgo político: Jalisco, el silencio como voto

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Por más que se adornen los discursos, la Reforma Judicial en Jalisco no fue derrotada por la oposición, ni por la lucidez crítica del electorado. Fue derrotada por el silencio, por la pereza cívica y el hartazgo político. Lo que hubo este 2 de junio fue un mensaje con letras grandes y mayúsculas: el pueblo no se molestó ni en votar.

Siete de cada cien jaliscienses acudieron a las urnas. El resto decidió que valía más la pena el pozole del domingo -el de “Las Titas” en Santa Anita es espectacular- que participar en una elección que desde el inicio olía a simulacro. Así, Jalisco no solo quedó debajo de la media nacional, sino que se coronó como campeón del abstencionismo, un récord que ningún partido quiere presumir. En otros tiempos, al menos se fingía entusiasmo. Hoy ni eso.

Y que nadie se engañe: esto no es una victoria para nadie. Ni para los promotores de la Reforma, ni para sus opositores. Pero, si hay un perdedor claro, ese es Morena. La Cuarta Transformación ha sido, desde el inicio, recibida en Jalisco con frialdad glacial. Y ahora ni con toda la artillería institucional lograron calentar el ánimo. De poco sirvió la promoción desde Palacio o las arengas de los diputados. La gente, simplemente, no les creyó.

Hubo distritos —el 9 y el 11 en Guadalajara— donde la votación fue “menos vergonzosa”. Se movieron operadores, sí. La diputada Merilyn Gómez Pozos, el ex emecista Salvador Caro y el omnipresente grupo de La Luz del Mundo intentaron mostrar el poderío de sus huestes. Pero la realidad fue otra: los líderes jalaban cada uno por su lado y los votos no jalaban con nadie. Los resultados fueron tan escasos que ni siquiera alcanzaron para presumir estructura.

¿Y los que debieron jalar y no lo hicieron? Ahí están los nombres: Claudia Delgadillo, Eduardo Almaguer y dicen que, en este combo también entró el cada vez más desdibujado Alberto Lamas. Todos ausentes, ineficaces o ambas cosas. Políticos con credenciales de operadores del sexenio de Aristóteles Sandoval, autoproclamados liderazgos morenistas que a la hora buena ni operan ni aparecen. A algunos ya no los buscan ni los suyos.

Baste como ejemplo un claro intento fallido: Fernando Delgadillo González, hermano de la excandidata morenista Claudia Delgadillo. Con todo y que su nombre fue agregado en los acordeones de operadores, quedó fuera de las magistraturas laborales. Ni el apellido ni la hermana le alcanzaron. Y con ello, se confirma: en Jalisco, Morena ni gana en los tribunales ni en las urnas. Pierde con apellido, con estructura o sin ella. La derrota ya no es noticia, es costumbre.

Paradójicamente, uno que no vive en Jalisco sí logró su cometido: Ricardo Monreal, quien ya va perfilando a su incondicional Sergio Arturo Guerrero Olvera como próximo magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral federal. La maniobra es discreta, pero contundente. No es poca cosa: en esa sala se deciden elecciones de medio país, incluyendo esta tierra brava.

Si alguna figura quedó retratada en esta elección judicial, fue Verónica Ucaranza. La jalisciense terminó en el último lugar de 32 candidatas para ministra de la Corte. La anécdota sería chusca si no hablara tan claro del tipo de política judicial que se intenta construir.

Dicen que dejó su campaña en manos de su esposo, que la UdeG le dio la espalda por decir lo menos, pues por parte de los Leones Negros no hubo músculo, ni red, ni estrategia, ni responsable que diera la cara por el fracaso universitario… Solo el nombre puesto en la lista, esperando que el milagro llegara solo. Y los milagros, en estos tiempos, no los hacen ni los obispos caídos.

Entre los que celebraron discretamente están los miembros de La Luz del Mundo, cuyo respaldo a ciertos candidatos rindió frutos: Madián Sinaí Menchaca Sierra será jueza administrativa y Eluzai Rafael Aguilar, juez penal. Pero la celebración vino acompañada del escándalo. Madián es hija del obispo Nicolás Menchaca, heredero del trono tras la caída de Naasón Joaquín. Tiene en su expediente un accidente vial en 2024 y sobre su familia pesan denuncias por corrupción y encubrimiento… Que hoy ocupe un asiento en el Poder Judicial es una señal inequívoca del país que se está construyendo.

Y mientras sus detractores impugnan su nombramiento en redes y ante el INE, el resto del país parece resignado. O peor: ni siquiera se entera. En la política judicial mexicana, lo que no se ve, no indigna. Y así, el aparato avanza.

La elección judicial en Jalisco no mostró músculo político, ni estrategia institucional, ni siquiera simulación efectiva. Mostró lo que ya sabíamos: el voto no siempre decide el poder. A veces lo decide la inercia, otras la abstención.

Y en ocasiones, como esta, lo deciden los cabildeos de alcoba, las órdenes desde el centro y los pactos inconfesables. Jalisco votó en silencio, pero los jueces ya tienen nombre. Los grupos ya cobraron su cuota. Y el sistema se sigue reformando, pero para los mismos de siempre.

En X @DEPACHECOS

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NACIONALES

La integración del nuevo Poder Juidcial

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Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Desde siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en México es el único país con esa denominación; en el resto del mundo es la Corte Suprema) ha sido un blanco político, aunado a su innegable vocación jurídica. Los ires y venires jurídico-políticos del Poder Judicial en México van desde antes de declarar la independencia del país hasta nuestros días.

Antaño, debates entre «conservadores» y «liberales» definieron poderes y alcances de legislativos, ejecutivos y jurídicos, marcando responsabilidades y límites.

Actualmente, se ha revelado al abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz como presunto presidente del Supremo Tribunal de Justicia al obtener la mayor cantidad de votos para su designación como magistrado en la elección del 1º de junio de este año.

Antaño, cuando el entonces presidente de la república, Juan Álvarez nombró a Benito Pablo Juárez García como ministro de justicia (1855) se llevó al cabo dicha designación como lo ordenaba la Constitución: el presidente de la república tenía esa facultad.

Es hasta el 15 de junio de 1861 que don Benito asume la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia que, entonces, significaba ser vicepresidente de la república.

Comonfort, presidente que fue destituido y que había encarcelado a Juárez por no “comulgar” con sus ideas conservadoras, dio paso a la primera presidencia de Benito Pablo Juárez García, pues ocupaba la presidencia del STJN. Surgen entonces las Leyes de Reforma y la guerra intestina que trajo a Maximiliano de Habsburgo como emperador.

A los 12, Juárez dejó Guelatao por Oaxaca, sin hablar español, pero su inteligencia brilló en el seminario de Santa Cruz, aprendiendo filosofía y latín. Estudió abogacía, se casó con Margarita Maza, tuvieron 12 hijos, la mayoría fallecidos.

Juárez fue regidor, diputado local, diputado federal y gobernador de Oaxaca. Santa Anna lo desterró a New Orleans; al caer Santa Anna, regresó para ocupar una magistratura en la SCJN.

La biografía de Juárez da para escribir una enciclopedia, pero esta parte sirve para entender que don Benito no era un ingenuo juez o magistrado. Aprendió a nadar entre tiburones de la política decimonónica que era feroz e implacable hacia los cambios, sobre todo los relativos a los fueros, posesiones e injerencias sociales de la Iglesia.

Como jurista fue parte de la creación de las Leyes de Reforma (independencia del Estado respecto a la Iglesia, ley sobre matrimonio civil, del Registro Civil, de Panteones y Cementerios y el paso de los bienes eclesiásticos a la nación); también promulgó la llamada Ley Juárez, que atendía a situaciones administrativas.

Las presidencias de Juárez son otros capítulos de su historia personal y de México.

¿Cómo entonces comparar la trayectoria de Benito Pablo Juárez García con la del flamante electo presidente del nuevo Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el mixteco Hugo Aguilar Ortiz?

Por cierto, “polvos de aquellos lodos”, Juárez no “masticaba” a Porfirio Díaz no sólo por ser enemigos políticos, sino por pertenecer a etnias oaxaqueñas diferentes: la zapoteca y la mixteca, respectivamente. Igual correspondía Porfirio Díaz Mori a su rival, al que intentó destituir mediante un golpe militar.

Según se ha dicho, la mayoría de los votos (cuatro millones 883 mil 3897) se dieron para Aguilar Ortiz por lo que será presidente de la SCJN dos años y será ministro 12 años. La presidencia será rotativa y, según los votos obtenidos la irán ocupando. los nuevos magistrados durarán en el cargo entre ocho y 12 años.

Los otros ministros serán: Lenia Batres; Yasmin Esquivel; Loretta Ortiz; Sara Irene Herrerías; María Estela Ríos González; Giovanni Figueroa Mejía; Arístides Guerrero e Irving Espinoza Betanza.

Como es lógico, los dimes y diretes en torno a la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, han circulado profusamente. Se ha acusado a Aguilar Ortiz de ser un incondicional del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, por consecuencia de la 4T.

Sobre la mayoría de los magistrados y magistradas pesa también la sombra de estar bajo la batuta del partido Morena, o lo que es lo mismo, del gobierno que encabeza la presidente Sheinbaum y que se extiende a las cámaras legislativas.

Los mexicanos (que votaron o no lo hicieron) estaremos a la expectativa para observar si en verdad se cumplen las expectativas en las que basaron la integración del nuevo Poder Judicial. Por lo pronto, será determinante la posición personal de cada uno de los ministros, en especial de quien habrá de presidir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la muy importante tarea que tendrán a su cargo desde sus magistraturas.

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