OPINIÓN
COVID-19: La oportunidad de aprender y mejorar
Educación, por Isabel Venegas //
México es ese país rebelde e incendiario, que reclama su momento de cada 100 años para convocar a la revolución, a levantarse y movilizar todas sus energías.
Su momento llegó, pero llegó no solo para él sino para todo el mundo; la emergencia sanitaria por el COVID19 pegó a otros países que reaccionaron con otra personalidad porque suelen ser más obedientes y recatados, México no, él dijo: a mí no me pasa nada, todo es una treta de las grandes potencias y con un espíritu conspiranóico encontró pistas que se ajustaban a todo: Estados Unidos quiso quebrar a China, China puso un virus letal a su propia población para luego adueñarse de empresas en bancarrota, o las farmacéuticas ya tienen el remedio solo están presionando a los gobiernos para poderlo vender lo más caro posible. Por cualquier argumento él se reveló y rechazó las medidas de contención que se recomendaban.
Al mismo tiempo la naturaleza nos regalaba una oportunidad dejando pasar la enfermedad más de un mes en otros países que tenían mejores condiciones económicas y de organización, antes que llegara al continente americano y específicamente a México. Nos daba dos ventajas: pudimos aprender de las lecciones en cabeza ajena, las estrategias y acciones que tomaron otros gobiernos y evaluar cuáles eran las que causaban menor daño colateral; otra era en función de dar tiempo a los científicos que hoy por hoy trabajan a marchas forzadas tratando de encontrar una cura a esta enfermedad.
Pero había un factor sorpresa: el presidente Andrés Manuel López Obrador compartía la idea de que todo es una estafa de los medios, que no valía la pena tanta alarma y que era mejor seguir la vida con muchos abrazos y besos; personalidad que lo hace conectar con miles de ciudadanos y que le ayuda a mantener elevados niveles de popularidad.
Debo confesar que en su momento yo veía a varios familiares míos demasiado preocupados, percibía una angustia desmedida desde que las primeras noticias de China empezaron a hablar de una crisis abrumadora; contrario a eso me parecía que ciertos medios internacionales estaban tomando posturas muy sanas al tratar de calmar a la población mandando mensajes sobre el bajo índice de muertes que este virus podía producir, sobre las pautas que lo agravaban y la diferencia en las condiciones ambientales que hay en nuestro país. Reporteros como Lorenzo Milá eran aplaudidos cuando (sin saberlo) a punto de entrar a la crisis italiana, llamaba a la ciudadanía a que considerara que básicamente era un tipo de gripe y que como tal, solo podría causar afectaciones menores mientras que criticaba a sus colegas que sin necesidad, ni sentido alguno portaban cubre bocas como para poder hacer más dantesca la escena.
Del cómo se le da lectura a unas palabras que llaman a la calma y que la ciudadanía entiende como: entonces no pasa nada y podemos seguir sin atender todos los focos rojos, es como surgen problemas a los que no les hemos puesto atención en años. Por ejemplo, la vigilancia de reglamentos sigue permitiendo que en los tianguis haya puestos de comida que obviamente no pueden tener las medidas básicas para mantener el área limpia, un baño o un lavabo que sea funcional. Recuerdo que en la pandemia pasada, esa que nos pegó en el 2009, una de las ideas para mejorar la dinámica alimenticia fue la de requerir a los comerciantes de puestos de comida ambulante que instalaran lavabos portátiles, pero tal parece que esas pequeñas acciones fueron suficientes para simular que se había hecho algo y poder olvidar el tema más de diez años.
La clave de esta situación es no crear pánico, ni demasiada confianza, sino llamar a limpiar todos los espacios y vigilar todos los focos de infección. No se compara el gasto que en su momento pudo representar el haber hecho eso, al terrible impacto que tendrá ahora haberlo omitido por tanto tiempo. La actuación de los ayuntamientos y de su personal de vigilancia y reglamentos, será crucial en lo sucesivo en aras de aprender la lección y estar alerta para la siguiente situación.
Gobiernos como el de China, -con un control que no queremos experimentar- han sabido salir adelante, sacando provecho de sus tragedias.
El COVID19 no fue creado en un laboratorio, sino por la espontánea combinación que se da en un ambiente húmedo, con mucha falta de higiene, con animales vivos listos para cocinarse y con una cantidad de personas en tránsito, portadores de otras bacterias, virus e infecciones ¿Te suena familiar a algún mercado de tu localidad? La comunidad entera se duele porque al preservar la salud de los ciudadanos hoy se nos ha requerido un resguardo total en nuestras casas, sabiendo que el impacto en la derrama económica será atroz, y que quienes están sufriendo más y lo harán por mucho tiempo, serán los que están en el sector de la informalidad.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, de los 3 millones 757 mil ocupados que hay en Jalisco, 1 millón 826 mil -el 49 por ciento- laboran en la informalidad, es decir, su vínculo no es reconocido legalmente por su fuente de trabajo, de acuerdo con datos al primer trimestre del año pasado. Según el periódico del Reforma, dicha condición no sólo afecta las finanzas públicas al no aportar lo que debieran en impuestos, sino que los tiene sin seguridad social y en algunos casos sin acceso a servicios médicos.
Es justamente esa población la que hoy se encuentra más vulnerable: porque ante la contingencia han tenido que dejar de trabajar, porque gran parte del mercado informal se relaciona con la alimentación y la higiene tanto en ventas como en consumo, porque si se llegan a enfermar no tienen seguridad social y porque si se deja de aportar impuestos ¿con qué recursos se siguen construyendo hospitales, se distribuyen vacunas o se apoya con créditos para reactivar la economía?
Por ahora tenemos tres compromisos ineludibles:
1.- Enfrentar la situación con la honestidad que se debe, el virus llegó, el principal foco de contagio está en nuestro Estado y debemos acatar las medidas de resguardo aunque no nos guste, aunque escuchemos a un doctor cubano que dice que él sabe que todo es un complot, o que nos digan que con bicarbonato y limón se fortalece el sistema inmunológico. Confiemos en la ciencia, en las autoridades internacionales, en los estudios formales.
2.- Aprovechar el tiempo de confinamiento para pensar y luego proponer estrategias que nos ayuden a reactivar la economía de toda la zona metropolitana, la cual siempre ha sabido salir de las adversidades.
3.- Impulsar proyectos para que la sociedad jalisciense afiance su comercio en esquemas formales, con visión responsable y de largo plazo.
Un Jalisco solidario es el que asume esa rebeldía con figura de adolescente, para evolucionar a un joven mucho más fuerte, inteligente, igual de alegre y divertido, pero más maduro y por supuesto, sano.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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