OPINIÓN
COVID-19: La oportunidad de aprender y mejorar
Educación, por Isabel Venegas //
México es ese país rebelde e incendiario, que reclama su momento de cada 100 años para convocar a la revolución, a levantarse y movilizar todas sus energías.
Su momento llegó, pero llegó no solo para él sino para todo el mundo; la emergencia sanitaria por el COVID19 pegó a otros países que reaccionaron con otra personalidad porque suelen ser más obedientes y recatados, México no, él dijo: a mí no me pasa nada, todo es una treta de las grandes potencias y con un espíritu conspiranóico encontró pistas que se ajustaban a todo: Estados Unidos quiso quebrar a China, China puso un virus letal a su propia población para luego adueñarse de empresas en bancarrota, o las farmacéuticas ya tienen el remedio solo están presionando a los gobiernos para poderlo vender lo más caro posible. Por cualquier argumento él se reveló y rechazó las medidas de contención que se recomendaban.
Al mismo tiempo la naturaleza nos regalaba una oportunidad dejando pasar la enfermedad más de un mes en otros países que tenían mejores condiciones económicas y de organización, antes que llegara al continente americano y específicamente a México. Nos daba dos ventajas: pudimos aprender de las lecciones en cabeza ajena, las estrategias y acciones que tomaron otros gobiernos y evaluar cuáles eran las que causaban menor daño colateral; otra era en función de dar tiempo a los científicos que hoy por hoy trabajan a marchas forzadas tratando de encontrar una cura a esta enfermedad.
Pero había un factor sorpresa: el presidente Andrés Manuel López Obrador compartía la idea de que todo es una estafa de los medios, que no valía la pena tanta alarma y que era mejor seguir la vida con muchos abrazos y besos; personalidad que lo hace conectar con miles de ciudadanos y que le ayuda a mantener elevados niveles de popularidad.
Debo confesar que en su momento yo veía a varios familiares míos demasiado preocupados, percibía una angustia desmedida desde que las primeras noticias de China empezaron a hablar de una crisis abrumadora; contrario a eso me parecía que ciertos medios internacionales estaban tomando posturas muy sanas al tratar de calmar a la población mandando mensajes sobre el bajo índice de muertes que este virus podía producir, sobre las pautas que lo agravaban y la diferencia en las condiciones ambientales que hay en nuestro país. Reporteros como Lorenzo Milá eran aplaudidos cuando (sin saberlo) a punto de entrar a la crisis italiana, llamaba a la ciudadanía a que considerara que básicamente era un tipo de gripe y que como tal, solo podría causar afectaciones menores mientras que criticaba a sus colegas que sin necesidad, ni sentido alguno portaban cubre bocas como para poder hacer más dantesca la escena.
Del cómo se le da lectura a unas palabras que llaman a la calma y que la ciudadanía entiende como: entonces no pasa nada y podemos seguir sin atender todos los focos rojos, es como surgen problemas a los que no les hemos puesto atención en años. Por ejemplo, la vigilancia de reglamentos sigue permitiendo que en los tianguis haya puestos de comida que obviamente no pueden tener las medidas básicas para mantener el área limpia, un baño o un lavabo que sea funcional. Recuerdo que en la pandemia pasada, esa que nos pegó en el 2009, una de las ideas para mejorar la dinámica alimenticia fue la de requerir a los comerciantes de puestos de comida ambulante que instalaran lavabos portátiles, pero tal parece que esas pequeñas acciones fueron suficientes para simular que se había hecho algo y poder olvidar el tema más de diez años.
La clave de esta situación es no crear pánico, ni demasiada confianza, sino llamar a limpiar todos los espacios y vigilar todos los focos de infección. No se compara el gasto que en su momento pudo representar el haber hecho eso, al terrible impacto que tendrá ahora haberlo omitido por tanto tiempo. La actuación de los ayuntamientos y de su personal de vigilancia y reglamentos, será crucial en lo sucesivo en aras de aprender la lección y estar alerta para la siguiente situación.
Gobiernos como el de China, -con un control que no queremos experimentar- han sabido salir adelante, sacando provecho de sus tragedias.
El COVID19 no fue creado en un laboratorio, sino por la espontánea combinación que se da en un ambiente húmedo, con mucha falta de higiene, con animales vivos listos para cocinarse y con una cantidad de personas en tránsito, portadores de otras bacterias, virus e infecciones ¿Te suena familiar a algún mercado de tu localidad? La comunidad entera se duele porque al preservar la salud de los ciudadanos hoy se nos ha requerido un resguardo total en nuestras casas, sabiendo que el impacto en la derrama económica será atroz, y que quienes están sufriendo más y lo harán por mucho tiempo, serán los que están en el sector de la informalidad.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, de los 3 millones 757 mil ocupados que hay en Jalisco, 1 millón 826 mil -el 49 por ciento- laboran en la informalidad, es decir, su vínculo no es reconocido legalmente por su fuente de trabajo, de acuerdo con datos al primer trimestre del año pasado. Según el periódico del Reforma, dicha condición no sólo afecta las finanzas públicas al no aportar lo que debieran en impuestos, sino que los tiene sin seguridad social y en algunos casos sin acceso a servicios médicos.
Es justamente esa población la que hoy se encuentra más vulnerable: porque ante la contingencia han tenido que dejar de trabajar, porque gran parte del mercado informal se relaciona con la alimentación y la higiene tanto en ventas como en consumo, porque si se llegan a enfermar no tienen seguridad social y porque si se deja de aportar impuestos ¿con qué recursos se siguen construyendo hospitales, se distribuyen vacunas o se apoya con créditos para reactivar la economía?
Por ahora tenemos tres compromisos ineludibles:
1.- Enfrentar la situación con la honestidad que se debe, el virus llegó, el principal foco de contagio está en nuestro Estado y debemos acatar las medidas de resguardo aunque no nos guste, aunque escuchemos a un doctor cubano que dice que él sabe que todo es un complot, o que nos digan que con bicarbonato y limón se fortalece el sistema inmunológico. Confiemos en la ciencia, en las autoridades internacionales, en los estudios formales.
2.- Aprovechar el tiempo de confinamiento para pensar y luego proponer estrategias que nos ayuden a reactivar la economía de toda la zona metropolitana, la cual siempre ha sabido salir de las adversidades.
3.- Impulsar proyectos para que la sociedad jalisciense afiance su comercio en esquemas formales, con visión responsable y de largo plazo.
Un Jalisco solidario es el que asume esa rebeldía con figura de adolescente, para evolucionar a un joven mucho más fuerte, inteligente, igual de alegre y divertido, pero más maduro y por supuesto, sano.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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