Connect with us

OPINIÓN

Crónica de un enfrentamiento de pesos pesados: Un pleito de callejón, Alfaro vs Padilla

Publicado

el

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Desde hace varios años, a partir de que el ahora gobernador de Jalisco se salió de las filas priístas (2005), se resintió una especie de frialdad del entonces regidor del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, con la dirigencia de la Universidad de Guadalajara.

Luego, como perredista, fue diputado local (2007) y esa diferencia frente al indiscutido líder de la Universidad de Guadalajara desde hace 33 años, el célebre “Licenciado” como suele identificarse al exrector Raúl Padilla López, se incrementó.

Tras pasar por la presidencia municipal (2009-2012) del cercano Tlajomulco de Zúñiga, donde por cierto se reconoce hizo buen gobierno, aunque recibió muchas críticas como cuando viajó (2011) a Cuba en un avión, cuyo presunto dueño (Francisco Jaime Madrid Sánchez) tenía antecedentes de narcotráfico, Alfaro saltó a la candidatura para gobernar el Estado, (2012) no sin antes ensancharse los rumores de su contienda contra el grupo padillista: En la opinión de la revista Proceso esas diferencias se dieron “en medio de una encarnizada lucha por el control del PRD entre el Grupo Universidad” (Raúl Vargas, visible impugnador de Alfaro, y diputado alineado a Padilla), y el Colectivo Sol Naciente, que apoyaba a Alfaro. Este renunció al perredismo y en marzo de 2012, fue postulado a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano (MC), partido del que propiamente se adueñó, aunque decía que no estaba afiliado a ningún instituto partidista.

En los comicios de julio de 2012, perdió la gubernatura ante el aspirante tricolor Aristóteles Sandoval (QEPD). Sin embargo, en 2015 se repuso de aquella derrota, y como abanderado de MC, arribó al cargo de primer regidor del Ayuntamiento tapatío, iniciando su mandato como presidente municipal el 1 de octubre de ese año. Uno de sus principios, que era concluir su periodo, no se cumplió porque en diciembre de 2017 dejó su cargo de alcalde para procurar la gubernatura jalisciense por segunda vez. En esta ocasión, con un alfarismo bien organizado y se dice, que habiendo logrado un pacto con el grupo del “Licenciado”, se alzó con la victoria en las elecciones de 2018. Y desde entonces, poco a poco, se fortaleció como carta fuerte emecista, a la par que otra vez se fue distanciando del exrector Padilla. Y de nueva cuenta afloró el forcejeo entre ambos.

Esa situación, penosa para Jalisco, tuvo una especie de primer round hace meses, y aunque durante la pandemia pareció que se atenuó, lo cierto es que con motivo del retiro de una cantidad destinada a un museo del centro cultural universitario (140 millones de pesos) y que el Ejecutivo reencausó hacia un hospital -también universitario- en Tonalá, se enfrascaron ambos contendientes en un litigio, mismo que hace poco la Suprema Corte falló a favor del gobernador. Claro que el hábil “licenciado” generalmente, nunca figura en primera persona, sino que por él y el grupo que domina la Máxima Casa de Estudios, hablan desde el Rector hasta diversos funcionarios o líderes ligados a la universidad.

En días pasados (martes 17 de mayo), prosiguiendo esa especie de contienda, el Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó una marcha (dicen que es la número 93 y que la anterior megamarcha fue en 2010 contra Emilio González Márquez) para exigir respeto a la autonomía universitaria, presupuesto justo y la restitución de los 140 millones de pesos que el gobernador Enrique Alfaro, asegura, quitó de manera ilícita.

Y estando afuera de Casa Jalisco, convocó a la comunidad universitaria y a todos los habitantes, a efecto de que el 26 de mayo, realizaran la marcha más grande en la historia de la Entidad, para alcanzar aquellos objetivos y no “permitir que el primer mandatario haga lo que le plazca con el recurso de los jaliscienses”.

El martes 24 apareció en diarios locales, un desplegado firmado por el presidente de la mesa directiva del Congreso estatal (José Ma. Martínez, expanista, político controvertido y ahora ¡coordinador de la fracción de MORENA!), el gobernador Alfaro y el magistrado Daniel Espinosa Licón, alfarista que preside al Poder Judicial. El título del manifiesto es ilustrativo: ¡Ya Basta! Y dice entre otras cosas, que “desde hace mas de tres décadas el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara ha distorsionado el concepto de autonomía para justificar todo tipo de abusos.”

En ese escrito, aclaran los firmantes, que la autonomía se refiere a la cátedra y el conocimiento, y como la Suprema Corte lo establece, no está por encima de los Poderes Públicos y el marco constitucional. También les recuerda a los universitarios, que la Casa de Estudios es un ente del Gobierno del Estado, su presupuesto lo aprueba el Congreso y es regulado en su área de competencia por el poder judicial. Y enseguida le echa en cara al actual Rector, que cuando fue secretario de finanzas en el sexenio anterior, nunca autorizó los respaldos económicos que ahora se han otorgado a la universidad: más del 56% de lo destinado en ese período para infraestructura.

Lo que ambicionan los marchistas, declaran los firmantes, es recuperar las cuotas de poder que tenían, así como desestabilizar y someter a las instituciones del Estado. En consecuencia, no es admisible que engañen a la comunidad, diciendo defienden el presupuesto universitario, pues lo que quieren es preservar los intereses de su grupo político. Y tras reiterar que “ningún individuo, autoridad o grupo de personas pueden adueñarse de una institución pública, de sus integrantes o de los recursos públicos que recibe” , porque la Casa de Estudios no es partido político, ni agencia de colocaciones, le advierten, evidentemente al “licenciado” y adláteres: “Los tres poderes Públicos de Jalisco no vamos a permitir que quienes han secuestrado a la Universidad de Guadalajara pongan en riesgo el legado de Fray Antonio Alcalde, el futuro de las nuevas generaciones y la estabilidad de nuestro Estado. YA BASTA”. (Mural, 24-V-22).

Integrantes del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) acordaron dar respaldo y solidarizarse con el gobernador de Jalisco ante esa disputa con la Universidad de Guadalajara (UdeG). Los emecistas se pronunciaron en contra de lo que calificaron como chantajes del grupo que controla la casa de estudios. (El lnformador, 22-V-2022). Al respecto, Villanueva Lomelí, afirmó: “Iniciaron una guerra contra la UdeG por levantar la voz por la violencia desmedida que hay en todo Jalisco, por indignarnos ante los desaparecidos y solidarizarnos con sus familias, por ser una voz crítica ante temas como el agua, la desigualdad o cualquier injusticia. Y por esta razón, nos quitaron 140 millones de pesos de la manera más burda e ilegal (para el Museo de Ciencias Ambientales), como nunca se había hecho”. (El Informador, 25 V 022).

La anunciada megamarcha se llevaría a cabo, previamente el Rector ofreció disculpas por las molestias que causarían, puntualizando que el gobierno los obstruía; el 24 de mayo, hizo responsable al gobernador de lo que le pasara a él y su familia. En el ínterin, se registraron incidentes que no pasan del anecdotario, como protestas contra los funcionarios de ambos bandos y hasta (aprovechando la pandemia) en el jaleo, lucir máscaras y pasamontañas. El 26, hubo mantas de todos los colores, y según los organizadores asistieron mas de cien mil personas (estudiantes, empleados y profesores), aunque la autoridad admitió solo la mitad de la cifra. El móvil lo subrayaron los marchistas: ante la cerrazón sin límites por parte de Enrique Alfaro, la institución no puede quedarse callada, ni los habitantes del estado tienen que pagar las consecuencias de los malos gobernantes. (Radio UdeG, Noticias, 17 y 26-V-022).

Comenta Jaime Barrera, que, debido a los antecedentes entre Alfaro y Padilla, que incluyen el mal trato que recibió el padre de aquél (Enrique Javier Alfaro A.) lo cual ocasionó que el gobernador terminara sus estudios en otra institución, “Queda claro, pues, que la de Alfaro y Padilla ha sido una relación pendular, de encuentros y desencuentros según la coyuntura política que beneficie a sus intereses y proyectos personales y de grupo”.(El Inf. 25-V-022)

Por su parte, la diputada por “Hagamos” (padillista), Mara Robles, hija de un médico, notable luchador social (Joel Robles, de grata memoria), sostiene: el pleito terminaría, si el mandatario deja de condicionar “el presupuesto universitario a que se deje de criticar al gobierno”.

Conforme la visión del distinguido periodista Pedro Mellado, (Video Columna y Los Periodistas, 21 y 26- V- 022) al margen de los antecedentes de desavenencias y pactos entre Alfaro y Padilla, a éste le cortó aquél los veneros para el faraónico Centro Cultural Universitario -que ya se acerca a los cinco mil millones de pesos de inversión, donde está el Museo de Ciencias Ambientales, aparente manzana de la discordia-, lo que resquebrajó sus relaciones. Por ello, dice el aludido comentarista sobre este pleito de callejón: “dos políticos tan ambiciosos, inevitablemente tenían que chocar. La gran duda en esta disputa del poder en Jalisco, es quien entregará a quien, y finalmente, cual de los dos liderazgos logrará el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien será el fiel de la balanza”.

JALISCO

Los retos de Verónica Delgadillo y el futuro de Guadalajara

Publicado

el

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El pasado viernes, en un encuentro sin precedentes con directivos de medios y líderes de opinión, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ofreció un vistazo crudo a los desafíos que enfrenta su administración, particularmente la crisis hídrica y la precariedad financiera municipal.

Este tercer diálogo abierto en ocho meses de gestión—un ejercicio de transparencia ausente en otros alcaldes tapatíos—permitió abordar temas clave con franqueza. En mi intervención le recordé su compromiso de campaña, destacado en el primer debate de Quiero TV en mayo del 2024, de renovar el 20% de los 2,500 kilómetros de tuberías de Guadalajara de manera gradual, minimizando afectaciones, ante la grave escasez de agua en la Zona Metropolitana. Su respuesta, aunque esperanzadora, revela las limitaciones estructurales que obstaculizan su cumplimiento.

Delgadillo reconoció la urgencia de reemplazar redes de agua de 80 a 100 años, algunas con asbesto y otras reducidas a canaletas obsoletas, un desafío que exige 76,000 millones de pesos para una renovación integral o 13,000 millones para un mantenimiento básico.

Con un presupuesto de 12,500 millones, la alcaldesa recurrió a la metáfora de Oye Bartola de Chava Flores—“ahí te dejo esos dos pesos para la renta, el teléfono y la luz”—para ilustrar cómo los recursos apenas cubren servicios básicos, salarios de 12,000 empleados y emergencias, dejando poco para infraestructura crítica. “No hay lana para todo”, admitió, apostando por una colaboración multidecenal con el Gobierno del Estado, que prometió 8,000 millones, y citando los 12,500 millones invertidos por la administración anterior, cuya efectividad se cuestiona al no percibir resultados visibles.

Esta dependencia externa pone en duda la viabilidad de su plan. La promesa de renovación hídrica, aunque ambiciosa, choca con la realidad fiscal heredada y la falta de autonomía municipal. Delgadillo denunció una injusticia redistributiva: Guadalajara atiende a tres millones de personas—1.385 millones registrados y una población flotante—con solo 48,000 hogares pagando impuestos, logrando un 95% de recaudación, superior a Zapopan (78%) y Tlaquepaque (45%).

Sin embargo, la eliminación del Ramo 33 y Fortaseg por el gobierno federal de López Obrador ha agravado la situación, forzándola a buscar apoyo vía la Asociación de Ciudades Capitales. Su llamado a “lana extra” para recibir visitantes nacionales e internacionales (Como los que generará el Mundial de Futbol) resalta la necesidad de un cambio sistémico, pero su estrategia depende excesivamente de voluntades externas.

El símil de Bartola no es solo humor; es una crítica implícita a un modelo donde Guadalajara, motor económico de occidente, queda desprotegida. La alcaldesa puede impulsar alianzas público-privadas con incentivos fiscales y cabildeo con el Estado y la Federación, pero sin una reforma fiscal local que amplíe la base tributaria o modernice el catastro, estas medidas podrían quedar en promesas. La inversión previa en redes hidráulicas de 12,500 millones de pesos, parece haber “pasado de noche”, sugiriendo ineficiencias o mala planeación que Delgadillo debe aclarar.

Su enfoque en transparencia ofrece esperanza. Anunció un plan anticorrupción para meses próximos, con digitalización de licencias, controles y la destitución de un funcionario por irregularidades, además de multas de 2,200 pesos desde agosto para la basura, con opción a servicio comunitario. “No es recaudatorio, queremos una ciudad limpia”, enfatizó, alineando sanciones con educación cívica.

Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, palidecen ante la magnitud del reto financiero. Sin recursos frescos, el riesgo es que proyectos como la red hídrica sigan “durmiendo el sueño de los justos”.

Comparativamente, la gestión de Delgadillo enfrenta un dilema clásico: gobernar requiere más que promesas de campaña. Mientras candidatos como ella pintan escenarios optimistas, la realidad administrativa revela un rompecabezas de prioridades y limitaciones. La canción de Bartola refleja esta tensión: con “dos pesos” simbólicos, ¿cómo equilibrar nómina, servicios y obra pública?

Su apuesta por el Estado y la Federación es lógica, pero insuficiente sin presión sostenida. La Asociación de Ciudades Capitales podría ser un aliado clave, exigiendo un esquema redistributivo justo, mientras la atracción de inversión privada—por ejemplo, para redes hidráulicas—podría aliviar la carga, aunque requiere incentivos claros.

El diagnóstico de Delgadillo es acertado: Guadalajara merece más recursos por su rol nodal. Sin embargo, su justificación depende demasiado de apoyos externos, dejando en segundo plano la necesidad de autonomía fiscal. Una modernización tributaria, combinada con auditorías rigurosas y proyectos autofinanciables como el “webping Guadalajara” para recargos, podría empoderar al municipio. De lo contrario, la ciudad quedará atrapada en un ciclo de insuficiencia, donde la visión de Delgadillo—honesta pero limitada—se diluirá ante la falta de “lana”. Este análisis invita a reflexionar: ¿es suficiente culpar al sistema, o debe la alcaldesa liderar una transformación interna para desbloquear el potencial de Guadalajara?

En conclusión, la alcaldesa enfrenta un desafío monumental que trasciende su gestión. Su compromiso con la transparencia y la colaboración estatal es un paso adelante, pero la solución exige un replanteamiento nacional. Sin autonomía financiera y recursos adecuados, los rezagos hídricos y urbanos persistirán, y la metáfora de Bartola seguirá resonando como un eco de promesas incumplidas. La pelota está en su cancha y en la de los gobiernos superiores: o se actúa con estrategia, o Guadalajara seguirá siendo un gigante económico con pies de barro.

 

 

 

 

Continuar Leyendo

JALISCO

Pereza cívica y hartazgo político: Jalisco, el silencio como voto

Publicado

el

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Por más que se adornen los discursos, la Reforma Judicial en Jalisco no fue derrotada por la oposición, ni por la lucidez crítica del electorado. Fue derrotada por el silencio, por la pereza cívica y el hartazgo político. Lo que hubo este 2 de junio fue un mensaje con letras grandes y mayúsculas: el pueblo no se molestó ni en votar.

Siete de cada cien jaliscienses acudieron a las urnas. El resto decidió que valía más la pena el pozole del domingo -el de “Las Titas” en Santa Anita es espectacular- que participar en una elección que desde el inicio olía a simulacro. Así, Jalisco no solo quedó debajo de la media nacional, sino que se coronó como campeón del abstencionismo, un récord que ningún partido quiere presumir. En otros tiempos, al menos se fingía entusiasmo. Hoy ni eso.

Y que nadie se engañe: esto no es una victoria para nadie. Ni para los promotores de la Reforma, ni para sus opositores. Pero, si hay un perdedor claro, ese es Morena. La Cuarta Transformación ha sido, desde el inicio, recibida en Jalisco con frialdad glacial. Y ahora ni con toda la artillería institucional lograron calentar el ánimo. De poco sirvió la promoción desde Palacio o las arengas de los diputados. La gente, simplemente, no les creyó.

Hubo distritos —el 9 y el 11 en Guadalajara— donde la votación fue “menos vergonzosa”. Se movieron operadores, sí. La diputada Merilyn Gómez Pozos, el ex emecista Salvador Caro y el omnipresente grupo de La Luz del Mundo intentaron mostrar el poderío de sus huestes. Pero la realidad fue otra: los líderes jalaban cada uno por su lado y los votos no jalaban con nadie. Los resultados fueron tan escasos que ni siquiera alcanzaron para presumir estructura.

¿Y los que debieron jalar y no lo hicieron? Ahí están los nombres: Claudia Delgadillo, Eduardo Almaguer y dicen que, en este combo también entró el cada vez más desdibujado Alberto Lamas. Todos ausentes, ineficaces o ambas cosas. Políticos con credenciales de operadores del sexenio de Aristóteles Sandoval, autoproclamados liderazgos morenistas que a la hora buena ni operan ni aparecen. A algunos ya no los buscan ni los suyos.

Baste como ejemplo un claro intento fallido: Fernando Delgadillo González, hermano de la excandidata morenista Claudia Delgadillo. Con todo y que su nombre fue agregado en los acordeones de operadores, quedó fuera de las magistraturas laborales. Ni el apellido ni la hermana le alcanzaron. Y con ello, se confirma: en Jalisco, Morena ni gana en los tribunales ni en las urnas. Pierde con apellido, con estructura o sin ella. La derrota ya no es noticia, es costumbre.

Paradójicamente, uno que no vive en Jalisco sí logró su cometido: Ricardo Monreal, quien ya va perfilando a su incondicional Sergio Arturo Guerrero Olvera como próximo magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral federal. La maniobra es discreta, pero contundente. No es poca cosa: en esa sala se deciden elecciones de medio país, incluyendo esta tierra brava.

Si alguna figura quedó retratada en esta elección judicial, fue Verónica Ucaranza. La jalisciense terminó en el último lugar de 32 candidatas para ministra de la Corte. La anécdota sería chusca si no hablara tan claro del tipo de política judicial que se intenta construir.

Dicen que dejó su campaña en manos de su esposo, que la UdeG le dio la espalda por decir lo menos, pues por parte de los Leones Negros no hubo músculo, ni red, ni estrategia, ni responsable que diera la cara por el fracaso universitario… Solo el nombre puesto en la lista, esperando que el milagro llegara solo. Y los milagros, en estos tiempos, no los hacen ni los obispos caídos.

Entre los que celebraron discretamente están los miembros de La Luz del Mundo, cuyo respaldo a ciertos candidatos rindió frutos: Madián Sinaí Menchaca Sierra será jueza administrativa y Eluzai Rafael Aguilar, juez penal. Pero la celebración vino acompañada del escándalo. Madián es hija del obispo Nicolás Menchaca, heredero del trono tras la caída de Naasón Joaquín. Tiene en su expediente un accidente vial en 2024 y sobre su familia pesan denuncias por corrupción y encubrimiento… Que hoy ocupe un asiento en el Poder Judicial es una señal inequívoca del país que se está construyendo.

Y mientras sus detractores impugnan su nombramiento en redes y ante el INE, el resto del país parece resignado. O peor: ni siquiera se entera. En la política judicial mexicana, lo que no se ve, no indigna. Y así, el aparato avanza.

La elección judicial en Jalisco no mostró músculo político, ni estrategia institucional, ni siquiera simulación efectiva. Mostró lo que ya sabíamos: el voto no siempre decide el poder. A veces lo decide la inercia, otras la abstención.

Y en ocasiones, como esta, lo deciden los cabildeos de alcoba, las órdenes desde el centro y los pactos inconfesables. Jalisco votó en silencio, pero los jueces ya tienen nombre. Los grupos ya cobraron su cuota. Y el sistema se sigue reformando, pero para los mismos de siempre.

En X @DEPACHECOS

Continuar Leyendo

NACIONALES

La integración del nuevo Poder Juidcial

Publicado

el

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Desde siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en México es el único país con esa denominación; en el resto del mundo es la Corte Suprema) ha sido un blanco político, aunado a su innegable vocación jurídica. Los ires y venires jurídico-políticos del Poder Judicial en México van desde antes de declarar la independencia del país hasta nuestros días.

Antaño, debates entre «conservadores» y «liberales» definieron poderes y alcances de legislativos, ejecutivos y jurídicos, marcando responsabilidades y límites.

Actualmente, se ha revelado al abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz como presunto presidente del Supremo Tribunal de Justicia al obtener la mayor cantidad de votos para su designación como magistrado en la elección del 1º de junio de este año.

Antaño, cuando el entonces presidente de la república, Juan Álvarez nombró a Benito Pablo Juárez García como ministro de justicia (1855) se llevó al cabo dicha designación como lo ordenaba la Constitución: el presidente de la república tenía esa facultad.

Es hasta el 15 de junio de 1861 que don Benito asume la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia que, entonces, significaba ser vicepresidente de la república.

Comonfort, presidente que fue destituido y que había encarcelado a Juárez por no “comulgar” con sus ideas conservadoras, dio paso a la primera presidencia de Benito Pablo Juárez García, pues ocupaba la presidencia del STJN. Surgen entonces las Leyes de Reforma y la guerra intestina que trajo a Maximiliano de Habsburgo como emperador.

A los 12, Juárez dejó Guelatao por Oaxaca, sin hablar español, pero su inteligencia brilló en el seminario de Santa Cruz, aprendiendo filosofía y latín. Estudió abogacía, se casó con Margarita Maza, tuvieron 12 hijos, la mayoría fallecidos.

Juárez fue regidor, diputado local, diputado federal y gobernador de Oaxaca. Santa Anna lo desterró a New Orleans; al caer Santa Anna, regresó para ocupar una magistratura en la SCJN.

La biografía de Juárez da para escribir una enciclopedia, pero esta parte sirve para entender que don Benito no era un ingenuo juez o magistrado. Aprendió a nadar entre tiburones de la política decimonónica que era feroz e implacable hacia los cambios, sobre todo los relativos a los fueros, posesiones e injerencias sociales de la Iglesia.

Como jurista fue parte de la creación de las Leyes de Reforma (independencia del Estado respecto a la Iglesia, ley sobre matrimonio civil, del Registro Civil, de Panteones y Cementerios y el paso de los bienes eclesiásticos a la nación); también promulgó la llamada Ley Juárez, que atendía a situaciones administrativas.

Las presidencias de Juárez son otros capítulos de su historia personal y de México.

¿Cómo entonces comparar la trayectoria de Benito Pablo Juárez García con la del flamante electo presidente del nuevo Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el mixteco Hugo Aguilar Ortiz?

Por cierto, “polvos de aquellos lodos”, Juárez no “masticaba” a Porfirio Díaz no sólo por ser enemigos políticos, sino por pertenecer a etnias oaxaqueñas diferentes: la zapoteca y la mixteca, respectivamente. Igual correspondía Porfirio Díaz Mori a su rival, al que intentó destituir mediante un golpe militar.

Según se ha dicho, la mayoría de los votos (cuatro millones 883 mil 3897) se dieron para Aguilar Ortiz por lo que será presidente de la SCJN dos años y será ministro 12 años. La presidencia será rotativa y, según los votos obtenidos la irán ocupando. los nuevos magistrados durarán en el cargo entre ocho y 12 años.

Los otros ministros serán: Lenia Batres; Yasmin Esquivel; Loretta Ortiz; Sara Irene Herrerías; María Estela Ríos González; Giovanni Figueroa Mejía; Arístides Guerrero e Irving Espinoza Betanza.

Como es lógico, los dimes y diretes en torno a la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, han circulado profusamente. Se ha acusado a Aguilar Ortiz de ser un incondicional del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, por consecuencia de la 4T.

Sobre la mayoría de los magistrados y magistradas pesa también la sombra de estar bajo la batuta del partido Morena, o lo que es lo mismo, del gobierno que encabeza la presidente Sheinbaum y que se extiende a las cámaras legislativas.

Los mexicanos (que votaron o no lo hicieron) estaremos a la expectativa para observar si en verdad se cumplen las expectativas en las que basaron la integración del nuevo Poder Judicial. Por lo pronto, será determinante la posición personal de cada uno de los ministros, en especial de quien habrá de presidir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la muy importante tarea que tendrán a su cargo desde sus magistraturas.

Continuar Leyendo

Tendencias

Copyright © 2020 Conciencia Pública // Este sitio web utiliza cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.