OPINIÓN
Curitas para la inseguridad
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, propone una reforma en materia de seguridad pública respecto a la responsabilidad de las instituciones bancarias y algunos comercios al contratar su propia seguridad privada; si bien es cierto los asaltos a clientes bancarios y consumidores son violentos y engruesan excesivamente las estadísticas de inseguridad en el Estado, también lo es que antes de reformar habrá que evaluar y analizar esas políticas públicas en materia de seguridad que se proponen como parte de una estrategia gubernamental de abordar la inseguridad y la violencia en el Estado.
En este sentido, el Ejecutivo del Estado propone una modificación a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, para que sean las instituciones bancarias y comercios de ciertos giros los que se responsabilicen de la seguridad de su clientela, mediante la contratación de empresas de seguridad privada, debido a la insuficiencia de las municipalidades para resguardar y prevenir en materia policial, el sentido de la propuesta no suena del todo descabellada hablando de una corresponsabilidad, sin embargo habrá entonces que considerar la forma en que operan las empresas de seguridad privada en el Estado, para concluir si es un deslinde parcial de responsabilidad, una solución o una ilusión gubernamental.
Las empresas de seguridad privada en Jalisco operan bajo estándares de calidad bajos en todos los sentidos, desde derechos laboral inexistentes y contratación de personal con requisitos mínimos (necesidad económica), estas compañías no cuentan con esquemas de responsabilidad ni a nivel empresarial, ni social y sólo aquellas que están perfectamente reguladas son de acceso difícil para que los comercios las contraten pues sus costos son elevados; es sencillo hacer una búsqueda sin mucho esfuerzo, para poder darse cuenta que los requisitos de contratación son mínimos y la capacitación en materia de seguridad es nula, por desgracia platicar con un guardia de seguridad privada nos lleva inmediatamente a conocer que tienen nulos derechos laborales, seguridad social, sobre explotación, así como cargas de horario fuera de normas laborales, para este tipo de empleados es muy complicado demandar en materia laboral sus derechos, sus contrataciones son itinerantes y bajo outsourcing dudosos para evadir responsabilidades laborales, seguridad social y fiscales, tiene exceso problemas para acreditar en materia de seguridad social los casos de riesgo de trabajo, son personas que no encuentran trabajo por su edad, falta de estudios, enfermedades etcétera, es por eso que para empresas de seguridad privada son personas de fácil explotación.
Lo cierto es que para que una política pública funcione y logre un objetivo social, su estudio debe ser a fondo y a conciencia, sobre todo si de la seguridad de los habitantes del Estado se trata, por lo que de base la reforma propuesta muestra únicamente una salida fácil y discursiva, conveniente de lo público a lo privado, pero en realidad después de la puerta de cualquier establecimiento o institución bancaria, la seguridad de todas las personas en vía pública le compete al Estado en sus distintas y coordinadas jerarquías policiales, la mayoría de los hechos violentos suceden cruzando las puestas de los establecimientos, nuestro problema son las calles.
En este contexto, la reforma propuesta por el ejecutivo podría resultar solamente una curita a la herida de inseguridad y violencia que sufre Jalisco, incitando a la proliferación de empresas de seguridad privada fuera de norma y con permiso temporal para poder sobre llevar la carga de contrataciones de comercios y bancos por el deslinde del Estado; con guardias de seguridad (civiles) sin condiciones adecuadas de preparación básica, escenarios laborales insufribles, viviendo el riesgo constante igual que cualquier ciudadano y contratado por empresas que no tiene la capacidad real de hacerle frente a contingencias de su propio personal y que al final seguirán siendo más civiles en inseguridad.
En conclusión, una reforma que no deberá ser aprobada por el Legislativo, sin el estudio propio de lo que generaría al convertirse en una política pública aplicable en materia de seguridad para la disminución de los índices de violencia en el Estado, es también solo otra medida de tipo recaudatorio al imponer multas a quienes no cuentes con su propia seguridad, además de evadir parte de la clara responsabilidad de la calle en materia de prevención e incurrir en una proliferación de este tipo de empresas de seguridad privada, contratando adultos mayores, amas de casa y ciudadanos vulnerables por un salario, horario y riesgo inhumano, para hacer la chamba del Estado.
NACIONALES
Va el cambio de régimen
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Se instaló la LXVI Legislatura con la mayoría calificada de Morena y aliados y va para adelante el cambio de régimen. Del paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero ya están dictaminadas y procede a que sean, discutidas y seguramente aprobadas.
El senador poblando Ignacio Mier Velazco lo dejó en claro ayer domingo al hacer uso de la palabra en el recinto legislativo: “El mandato popular y democrático dijo que el pueblo lo conoce como Plan C, es decir las 18 iniciativas que presentó el presidente de México, de ellas, 17 ya fueron aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y los dictámenes están depositados en la mesa directiva, por eso serán discutidos y votados conforme a lo que establece el reglamento, la práctica parlamentaria y el proceso legislativo”.
“Hoy a tres meses de las elecciones, algunos todavía se preguntan por qué Morena, PT y el PVEM lograron una victoria tan contundente, ganando la presidencia de la República para que por primera vez una mujer ocupa este cargo, así como la mayoría de los gobiernos locales, municipales y la mayoría constitucional en este Congreso, la respuesta es simple, porque escuchamos al pueblo y sin reservas nos sumamos a sus luchas anhelos y esperanzas”, precisó Mier Velazco.
Es una realidad la que vivimos. Simplemente los mexicanos le dieron el voto abrumador a la coalición “Sigamos haciendo historia” integrada por Morena, PT y PVEM, apoyaron el llamado Plan C, como lo pidió el presidente López Obrador y ahora las reformas constitucionales se irán aprobando.
De acuerdo a la óptica ideológica que se tenga, se podrán decir muchas cosas, seguir con el debate de la sobre representación, pero ya este movimiento al menos en México nadie lo frena, los partidos PAN -PRI-PRD (éste último ya desapareció), quedaron apabullados por la fuerza de López Obrador, el líder del movimiento de la llamada 4T.
EL CAMBIO DE RÉGIMEN
Y ahora vienen las reformas. La primera y la más controvertida es el cambio al Poder Judicial con la elección de ministros, magistrados y jueces que tienen paralizada al sistema de justicia en el país por la protesta de los empleados y trabajadores, y cuyos efectos le tocará enfrentar a la doctora Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre próximo.
En lo personal, estoy convencido que sí se requiere una reforma al Poder Judicial, pero no creo que sea a través de la votación directa como se pueda mejorar a la justicia. Me temo que simplemente saldremos de Guatemala para entrar a guatepior… ¿Qué modelo garantiza que se pueda mejorar la justicia? No tengo la respuesta.
Y es que mejorar la justicia, no depende únicamente de los jueces, magistrados y ministros, cuando la justicia, por ejemplo la de los estados, mucho depende del ministerio público y de las fiscalías. Los delitos que más le duelen a las familias son los del fuero común, los robos, fraudes, asaltos, homicidios, despojos, extorsiones y mucho tiene que ver la lucha contra la corrupción y la impunidad..
CONSTRUIR UN PAÍS MÁS JUSTO
Hay temores, principalmente en los sectores de las clases medias y empresarial, de que estos cambios que impulsa la 4T y que le tocará operar a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México, serán perjudiciales, se conviertan en regresivos y Morena se convertirá en un partido hegemónico, como el que por cierto ya tuvimos con el PRI durante cerca de 70 años.
¿Qué pasó para llegar a esto? ¿Qué se hizo mal? Algo muy claro y evidente: los ciudadanos repudiaron a estos partidos que se aliaron con grupos de poder para beneficiarse, impulsando modelos económicos que no convencieron a las mayorías y que se manifiestan en la desigualdad que el país ha vivido y ha crecido, derivado de esas políticas que generaban riqueza, pero sin que permeara en los sectores mayoritarios de la sociedad. Vino López Obrador con su narrativa de “primero los pobres” e impulsó la política social en la que fueron arropados más de 30 millones de mexicanos y allí están los resultados, la gente los adoptó.
Podremos estar en desacuerdo con López Obrador, pero lo cierto es un genio de la comunicación y de la práxis política, al lograr desplazar del poder a los partidos políticos tradicionales, haciendo renacer en esos sectores que lo apoyan la esperanza de un mejor mañana.
La LXVI Legislatura Federal ya se instaló con plena mayoría de Morena y aliados, y el objetivo número uno es la reforma judicial. En estos últimos días un par de magistrados federales ordenaron la suspensión indefinida de los debates en la Cámara de Diputados con la pretensión de detener su aprobación.
Sin embargo, el oficialismo rechazó estas acciones de la justicia federal y respondieron que no se van a someter. Vamos a ver cómo termina esta confrontación y pleito legal que se registra a menos de un mes de cambio de mando en la Presidencia.
La pregunta es cómo viene la doctora Claudia Sheinbaum. Si su posición es diferente a la actitud radical de López Obrador.
Vamos a ver también si la reacción de los mercados frena los ímpetus reformistas del grupo dominante en el gobierno federal, pero lo que hemos visto es que el presidente López Obrador va hasta el fondo y no tiene deseo alguno de meterle freno ni pausa a la reforma al Poder Judicial.
NACIONALES
López Obrador: México, mejor que Dinamarca
De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
LA POSVERDAD es aquella que parte de la voluntad de un régimen dominado por una sola persona, a través de la cual, la realidad es distorsionada para imponer la “verdad” surgida de los propósitos dominantes de la política en el poder.
Y Andrés Manuel López Obrador, tiene por deseo imponer esa “posverdad”, creando una realidad alterna, aquella que hace referencia a “su verdad”, integrada por supuestos éxitos a la vez que crea un aparente estado de felicidad en las personas.
Todo es una mentira. Es una manipulación.
En su sexto informe de gobierno, el Presidente que está a un mes de entregar la banda presidencial a una sucesora creada e impuesta por él mismo, mostró un país donde la violencia, el colapso en el sistema de salud y el abandono al campo (solo por poner tres botones de muestra) son inexistentes.
La realidad alterna inventada por AMLO, habla de que la violencia ha disminuido, que hereda un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y que se ha dado tanto apoyo a los hombres del campo que estos están produciendo bien y lo suficiente.
Jamás reparó en fallas. Imposible admitir realidades que se viven diariamente en las calles del país. ¿Cómo aceptar que el sexenio de la “cuarta transformación” ha sido el más violento de la historia, con más de 194 mil homicidios dolosos a la fecha? ¿Cómo aceptar que México registró, de acuerdo a su población, más muertes por COVID 19, cuando otras naciones con el mismo número de pobladores –Japón, por ejemplo- no alcanzó los cien mil decesos? ¿Cómo decir que el INSABI colapsó y que nunca se ha podido abastecer al cien por ciento los medicamentos en los hospitales oficiales? ¿Cómo recordar que los apoyos al campo, a quienes producen los alimentos, fueron abandonados a su suerte?
López Obrador ha tratado de generar una nueva historia, incluso del pasado, a quien culpa de todos los males del país por los gobernantes corruptos que solo defendieron a las oligarquías y se olvidaron del pueblo.
Ha seguido fielmente los pasos enmarcados en el libro “1984” de George Orwell, en el que establece que en una dictadura, el “Gran Hermano” o dictador, ha dispuesto cambiar la historia, porque alcanzado este propósito impone su “nueva verdad” en el presente y asegura el dominio del futuro.
López Obrador rindió un sexto informe, ayer 1 de septiembre, con un zócalo repleto de seguidores, evidentemente “acarreados” por el gobierno de la ciudad. Por eso le resultó fácil realizar un sondeo a mano alzada, para “avalar” la voluntad contemplada en una iniciativa de Ley, para que en lo sucesivo, los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal sean elegidos por voto popular.
Todo se construyó para presentar a la opinión pública un teatro en el que se adoraba a su “Neomesías” por sus miles de seguidores.
Y habrá que reconocer su éxito. Porque a pesar de los pésimos resultados en su gobierno, ha tenido la habilidad de controlar la opinión pública imponiendo la agenda política diaria y, sobre todo, hacer llegar a 30 millones de mexicanos, un apoyo económico, como no lo había tenido en los últimos cincuenta años.
En el día de la “4-T”, transcurre la parte alta de la mañana, en medio del festejo por las victorias innegables.
Sin embargo, como los resultados positivos son nulos, llegará la tarde y al final del día, el crujir de los intestinos del pueblo se impondrá en las calles.
A UN PAR DE kilómetros del zócalo y unas horas antes, miles se manifestaron en contra de la reforma judicial… Pueblo, estudiantes, trabajadores del Poder Judicial, magistradas y magistrados, tomaron Reforma alrededor del “Ángel de la Independencia”… Y, una vez más… Con la inclusión de las universidades, sus estudiantes y maestros, el objetivo del gobierno por controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tornará más complicado, aún más que la “suspensión” en un amparo otorgado por dos jueces para detener la discusión de la iniciativa presidencial en la Cámara de los Diputados… No será fácil, si Estados Unidos, Canadá (nuestros principales socios comerciales) además de otros gobiernos en el mundo, están condenando el Estado de una sola persona que se quiere imponer en México.
NACIONALES
Necro-ética y dignidad póstuma
Bioética, por Omar Becerra Partida //
No es raro encontrar en los diversos medios de comunicación el siguiente tipo de noticias: Profanación de tumbas en el estado de Sinaloa, tráilers llenos de cadáveres en Jalisco, exhibición de cadáveres en Michoacán y mutilados en el Estado de México. Desgraciadamente, ya estamos acostumbrados a este tipo de violencia que cada día, nos deshumaniza más.
Y un dato muy interesante es que siempre está inmiscuido, el uso de cadáveres, la profanación de tumbas y mausoleos.
No es extraño que en los diversos institutos de ciencias forenses nos encontremos con muchas problemáticas en identificación de cadáveres y falta de recursos económicos para insumos, del mismo instituto.
Múltiples son los problemas de nuestro país, la falta de educación, de empleo, de comida, etc., pero como sabemos tenemos un gran problema de desaparecidos, a raíz del problema de salud pública conocido como narcotráfico.
También en el rango legal de la pertinencia de cadáveres, encontramos instituciones educativas con cadáveres, que se encuentran en diversas cámaras frías de distintas universidades en el país sin identificar, y sin embargo muchos años trabajaron estudiantes de medicina, sobre ellos, sin nombre y solo eran un número, sin darles una dignidad póstuma.
Numerosos escándalos sobre cómo tratar a una persona después de fallecidas, son el pan de cada día.
Aquí tenemos una cuestión muy interesante, ¿existe en nuestro país el respeto a la dignidad póstuma? Y ¿qué es la necro-ética?
El concepto viene del conjunto de necropsia y ética, entendemos por necropsia lo siguiente: Se define Necropsia como el examen físico interno y externo de una persona muerta realizado por un médico o especialista forense, que aplica las técnicas y procedimientos de la Anatomía Patológica y requerimientos legales nacionales e internacionales, aceptados para estudio de un caso en que se investiga judicialmente una muerte.
En el caso de ética la entendemos, como la reflexión de los usos y costumbres de cada persona, zona o región que impactan sobre su conducta humana, a través de su mente y caracteres genéticos.
Entonces podemos definir a la necro-ética como:
La disciplina encargada de la reflexión sobre el examen físico interno y externo de una persona muerta realizado por un médico o especialista forense, que tenga como base los valores intrínsecos sobre la dignidad postmortem, visualizando los principios bioéticos de la corriente principialista, haciendo de sus expertos una congruencia científica que no afecte las últimas disipaciones de la o el finado.
Entendamos que la necro-tica es la atribución de dignidad humana y derechos fundamentales se ha predicado exclusivamente en relación con la persona que puede expresar intereses, desplegar decisiones autónomas y asumir responsabilidades, después de su muerte.
Por ello en diversas partes del país aparece de manera práctica en escritura pública en figuras jurídicas como las directrices anticipadas.
Podríamos aplicar la necro-ética en alguna reforma a la ley por ejemplo en el caso de personas que han sido fallecidas en temas de hechos ilícitos de la siguiente manera:
En el caso de las personas que fallezcan por la comisión de un hecho delictivo, se debe garantizar el reconocimiento de la dignidad humana póstuma del cadáver y de sus componentes, ya que implica su respeto en las diferentes instancias de todo proceso anatómico-patológico inherente a la práctica forense: este no puede ser profanado, desfigurado, mutilado innecesariamente, ridiculizado o exhibido sin claros propósitos científicos o educativos, y en contravía a los deseos previamente expresados de la persona.
La dignidad póstuma y a su vez la necro-ética, se erige como el valor reconocido al cuerpo sin vida de la persona, el cual constituye su memoria y la de su red de relaciones significativas, de lo cual se deriva una actitud de respeto a su familia, valores, creencias, preferencias religiosas, ideológicas y éticas, así como de su integridad, tanto física como ideológica.
Entendamos que la necro-ética es una parte fundamental de la bioética forense, que están entrelazadas continuamente.
Desde esta perspectiva, el uso del cuerpo de la víctima de un delito, como se acostumbra en México por el crimen organizado, por ejemplo, la exhibición de su cuerpo o partes de su cuerpo mutilado en vías públicas, con fines intimidatorios o de cualquier otra índole sería otro delito y la reproducción de dichas imágenes por medios de comunicación podría ser otro delito, ya que no se respeta la dignidad de quien haya sido esa persona en vida.
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