OPINIÓN
Desesperado el presidente

Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Pésimo manejo de la crisis sanitaria, donde queda claramente demostrada, una indebida manipulación de cifras, solo justificable para tratar de ocultar la tardía reacción de medidas efectivas ante la llegada del virus a nuestro país, sector al que se le deberían estar destinando todos los recursos para la atención y cuidado de la población.
Pero hay un virus peor, se llama Manuel Andrés López Obrador, MALO, que acaba con la economía del país, implementando equivocadas recetas ante la grave problemática económica que ya existía en el país, pero que indudablemente fue agravada por el cierre derivado de la cuarentena, y que tiene al borde de la quiebra a empresas de todos los tamaños, conduciendo a la peor crisis de la historia moderna.
El Presidente solo ve para él y su proyecto político, olvidando que México tiene todos los elementos para la tempestad perfecta, insisto, una crisis de salud mal manejada y crisis económica, que agrava la crisis de seguridad pública, donde las cifras de homicidios son ya espeluznantes, y una igual de complicada, la social, agravada para muchos por la pérdida de su empleo, o seres queridos y aderezada con los conflictos conyugales o soledad que provoca el encierro prolongado.
Cuando en todo el mundo los países han tomado medidas para apoyar a su población, en México vimos a un Presidente tratando de disponer de recursos excedentes del Banco de México, situación que aplaudiríamos si fuera a destinarlos a la compra de equipos médicos y medicamentos, pero resulta que no era así, era para asegurar la continuación de sus proyectos, que, en este momento, solo son prioritarios para él. Al no lograrlo, emite un llamado Decreto, así motivado: “…ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas:”, entonces ya no existe crisis de salud, ni económica, es una “crisis” externa, innominada, causada por “los neoliberales”.
Dicho Decreto, obviamente de la autoría de MALO, donde se nota que fue excluida de su confección tanto la Consejería Jurídica de la Presidencia, como la Secretaría de Gobernación, quienes le hubieran indicado a López que no se exhibiera en una forma tan lastimosa.
Dicho “decreto”, desconoce los derechos laborales de los funcionarios públicos de los ahí llamados “altos funcionarios” al proponer que “de forma voluntaria, se: ..reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva¨…” Es decir, El que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores”… “De la misma forma, los altos funcionarios no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año”, además crea una nueva definición del derecho laboral, la de “altos funcionarios” debiéndose entender por estos, aquellos comprendidos entre los cargos de subdirector hasta el propio Presidente, por lo que el resto, son sin duda alguna “bajos funcionarios”.
Usted cree amigo lector que esa reducción de salario será voluntaria, claro que no. Esta disposición es, insisto, completamente ilegal e inconstitucional, al ser el salario y el aguinaldo un derecho irrenunciable definido claramente tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, ley que por cierto goza de jerarquía constitucional, y en el caso de los servidores públicos la propia carta magna establece que el salario y prestaciones de este nuevo género de funcionarios se consideran como “una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función” (…) Los salarios ”serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos…” Así de claro, un peje-decreto no puede estar por encima de disposiciones de jerarquía constitucional. Al amparo sin duda.
Señala también que no será despedido ningún trabajador, y otro punto preocupante “No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales”, luego entonces, sí habrá recortes de todo el personal contratado vía pago de honorarios o como “asimilables”.
Dice que se cancelan 10 subsecretarías, sin señalar cuáles serán éstas, pero que se les garantizará el empleo y salario con el mismo rango, estableciendo también el decreto, que permanecerán cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquellas que sean esenciales para el bienestar del pueblo”. Alguien que me explique, cuáles son éstas. También pretende incumplir con contratos celebrados con el gobierno al señalar: “Esto también incluye a lo supuestamente comprometido” ¿Qué significa, esto en un Decreto? Me acorde de la señora gordita de mi rancho que decían que estaba “supuestamente embarazada”
Pospone acciones y el gasto del gobierno, con excepción de 38 programas que para él son prioritarios y a los que se destinará todo el recurso publico. Adivinó amigo lector, entre estos están: Los programas para Nini´s; Becas para ancianos mayores; Sembrando vida; Tren Maya; Central Avionera General Felipe Ángeles; Refinería de Dos Bocas; Cien “Centro Universitario López Obrador”; Rehabilitación de refinerías, entre otros. Señala que se crearán (supongo que por decreto) dos millones de empleos. Presupone que por “eficiencia, la honestidad y la austeridad” podrán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de sus programas sociales y de sus proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos”.
Solo que olvida el Presidente que quien tiene la facultad de decidir en que se gasta, o reorientar el presupuesto es la Cámara de Diputados. Por lo que su NO-Decreto se va como iniciativa de “estudio prioritario” (sic) al Congreso.
Apenas nos recuperábamos de este bodrio, cuando envía una iniciativa para adicionar la “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” con un artículo 21 , tendiente a que se le faculte directamente al Presidente a que en caso de “emergencias económicas” (sic), Hacienda reoriente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios para él, sin definir mañosamente que es “emergencia económica”. Esto es ya, una Dictadura sin equilibrio de Poderes.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
JALISCO
Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?
Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.
Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.
La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.
Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.
Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.
La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.
La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.
Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES
La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.
Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»
La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?
El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.
La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.
JALISCO
Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.
Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.
¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum
La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.
En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.
Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.
Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.
El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.
Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.
La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.
El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.
En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.
JALISCO
Un gobernador de redes sociales: La diplomacia según Lemus y el silencio que delata…

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Pablo Lemus quiso jugar a la diplomacia. Se colocó su traje de “estadista internacional”, abrió su cuenta de X y decidió pronunciarse —veinticuatro horas después— sobre un conflicto que ni le competía ni le concernía directamente, pero que olía a oportunidad política: una funcionaria menor de Morena, Melissa Cornejo, fue cancelada —en redes y en visa— por el exembajador Christopher Landau, actual vicecanciller estadounidense. Lemus, con más cálculo que convicción, tomó aire, y escribió: “Eso no es Jalisco”.
Pero, ¿qué es Jalisco para Lemus? ¿Es acaso ese estado ejemplar que presume ante los diplomáticos gringos mientras, al mismo tiempo, sufre una de las tasas más alarmantes de desapariciones en el país? ¿Es ese “pueblo hermano” que, según él, mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos, mientras la impunidad se pasea libremente entre sus aliados políticos, como Enrique Alfaro en Madrid, sin rendir cuentas por los más de 17 mil desaparecidos?
En su intento por desmarcarse de Melissa Cornejo —una joven militante que se inmoló en un tuit rabioso contra el imperio migratorio estadounidense— Lemus no midió que estaba exponiendo su propia desnudez política. Porque es muy cómodo condenar un mensaje soez desde la altura del poder, pero es más difícil responder cuando la diputada Itzul Barrera le devuelve el golpe con los datos que Lemus no publica en sus redes: alcaldes de su partido presos por crimen organizado, crisis hídrica en medio estado, y una Mesa de Seguridad donde el gobernador prefiere scrollear a intervenir.
Lemus no defendió a Jalisco. Se defendió a sí mismo. Se posicionó como el “buen mexicano”, el que sabe hablar inglés, el que presume relaciones internacionales y que, como todo buen político tecnócrata, se sube a los trending topics con frases bien medidas para caerle bien a los de afuera.
Pero en casa, su voz suena hueca. ¿Dónde está el mismo Lemus para condenar las ejecuciones extrajudiciales que policías municipales han protagonizado en su administración? ¿Dónde está para exigir justicia para las madres buscadoras hostigadas o desaparecidas? ¿Dónde estaba cuando Itzul Barrera le respondió con datos y él no supo replicar más que con silencio?
Este es el verdadero problema: Lemus no ve el fondo, solo la forma. Mientras Melissa Cornejo borra sus redes, él limpia su imagen con trapos ajenos. Mientras el vicecanciller Landau pontifica sobre los “glorificadores de la violencia”, el gobernador guarda silencio sobre los desaparecidos del 5 de mayo, los cuerpos embolsados en el río Santiago o los feminicidios en la zona metropolitana.
Y todo, para quedar bien con Washington.
Como decía un viejo columnista —al que esta pluma sigue rindiendo tributo—, “los políticos no son lo que dicen, sino lo que callan”. Y Lemus, al callar frente a los escándalos reales que le competen, pero alzar la voz solo cuando hay reflector extranjero de por medio, se pinta de cuerpo entero: es un gobernador de redes, no de gobierno.
En X @DEPACHECOS
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