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OPINIÓN

Deuda opaca

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En mayo del 2021 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó un estudio titulado “Hablemos de la deuda”, elaborado fundamentalmente con datos de la Secretaría de Hacienda y el INEGI, el cual documenta los niveles de endeudamiento que presentan los estados y municipios del país, arrojando datos que a cualquier mortal, habitante de las entidades federativas más endeudadas, nos impresionan.

Resalta el alto nivel de endeudamiento que algunos ayuntamientos tienen, lo que no debe asustar en el caso de municipios con suficiente actividad económica, no así con los que tienen menor población y actividades económicas menos redituables.

Lo que sí nos debe asustar y exigir que se componga, es la falta de transparencia en el manejo de la deuda pública y la discrecionalidad con la que aparentemente se maneja. La deuda se convierte en problema cuando gran parte de los ingresos que se obtienen por esa vía son con vencimientos de corto plazo y se destinan generalmente al gasto corriente, contraviniendo lo dispuesto en la legislación correspondiente.

Si bien existen controles sobre la deuda de Estados y municipios, como el Registro Único y el Sistema de alertas que maneja la Secretaría de Hacienda, así como la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios, estos instrumentos resultan inútiles ante la falta de un seguimiento al uso de la deuda contraída y la opacidad con que las entidades y municipios ejercen estos recursos. Los Congresos estatales, son usualmente complacientes con el poder ejecutivo estatal, cuando somete a su consideración la posibilidad de endeudarse, pero además de la complacencia, también son omisos, o remisos, en la supervisión de que los recursos que autoriza sean bien utilizados.

Según el estudio citado, las entidades con mayor nivel de endeudamiento son: Ciudad de México con 87,736 millones de pesos, Nuevo León con 85,229, Chihuahua 50,790, Estado de México 52,448, Veracruz 45,707, Jalisco 35,615, Sonora 29,271, Quintana Roo 23.669, Michoacán 21,020, y Chiapas con 20,694. En estas cifras van incluidas las deudas de sus ayuntamientos.

Los 10 municipios más endeudados del país al cierre de 2020: Tijuana Baja California 2,605.9 millones, Monterrey Nuevo León 1,968.5, Hermosillo Sonora 1,815.3, Guadalajara Jalisco 1,652.4, León Guanajuato 1,076.1, Nogales Sonora 990.5, Benito Juárez Quintana Roo 971.0, Zapopan Jalisco 964.7, San Nicolás de los Garza Nuevo León 961.0, Mexicali Baja California 934.9.

Como se puede apreciar, son los municipios con mayor urbanización y población los que registran los más altos niveles, en total, 50 municipios con más de 800 mil habitantes contrataron el 58% de la deuda mientras que 570 con poblaciones promedio de 65 mil habitantes contrataron el resto y 1,821 municipios no contrataron ninguna deuda o no la reportaron.

En esta danza de cifras, cabe preguntarse qué fue lo que se hizo con ese dinero, ¿por qué la población sigue manifestando carencias en los servicios públicos y falta de infraestructura?, ¿por qué persiste la sospecha de que ese dinero fue desviado?

Es precisamente por la falta de transparencia. Porque no hay información puntual de hacia donde fue cada peso y si el objetivo para el cual fue solicitado se logró o su grado de avance.

Alguien tiene que explicar y transparentar porqué en Jalisco la deuda creció, en un año 33.8% contratando deuda por 8,995 millones de pesos. El paraguas de la emergencia sanitaria no basta si no se detalla el gasto. Igualmente alguien debe responder en San Luis Potosí por haber crecido en un año su deuda en 1,102 millones, o en Colima por elevar la deuda en un 20.8% con 705 millones. Será el nuevo gobierno de Nuevo León el que investigue o pida explicación del porqué se llegó a que el saldo de la deuda signifique el 81% de los ingresos estimados, y en Sonora porqué la deuda creció en tan solo 18 años de 4,200 millones en 2003 a 29.2 mil millones en 2021, así también los presidentes municipales que arrastran deudas importantes como Guadalajara, Zapopan, Hermosillo, Nogales o Tijuana.

Los mecanismos e instituciones existentes para garantizar el buen uso y la racionalidad de la deuda, han resultado meros registradores, sin utilizar o generar medios de control y seguimiento.

De nada sirve que la autoridad hacendaria registre los créditos y lance alertas sobre el nivel de endeudamiento, si la verdadera función debiera ser que se vigile que los créditos contratados se utilicen en el fin para el que fueron solicitados y que no se estén destinando al gasto corriente o desviando a actividades partidistas.

Dejar esa función en manos de los congresos estatales resulta ocioso pues no cuentan con la capacidad para hacerlo y en muchas ocasiones, ni con la voluntad política, sea por conveniencia o por mediatización, de dar un seguimiento aunque fuera superficial, al ejercicio de los recursos. Tanto autoridades hacendarias como los congresos estatales son virtuales cómplices de los desvíos, supuestos o reales, que pudiera haber, pues no solamente solapan el endeudamiento creciente sino que también al no generar los mecanismos de transparencia e información al público y a las instituciones sobre el fin de los recursos obtenidos, pecan de omisión e irresponsabilidad. El nivel de endeudamiento de la mayoría de las entidades resulta hasta ahora manejable y no es un peligro para las finanzas, pero sí lo son, para la sociedad, la opacidad, la discrecionalidad, y la irresponsabilidad de quienes debiendo vigilar son omisos y complacientes.

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JALISCO

El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.

La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.

Un gobernador con prisa y una universidad vigilante

Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.

Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.

La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.

El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?

La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.

Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.

Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.

Poder, autonomía y la sombra de Alfaro

Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.

Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.

Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.

Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.

¿Y ahora qué?

El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.

La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.

En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.

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Beisbol

Edwin Díaz se despide como un grande: Charros arrasa a los Dorados y enciende la pasión en el Panamericano

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Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Los Charros de Jalisco han encontrado su ritmo en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y lo demostraron con una contundente barrida ante los Dorados de Chihuahua en el Estadio Panamericano. Bajo la batuta de Benjamín Gil, “El Matador”, el equipo ha transformado su estilo de juego, convirtiéndose en una máquina de espectáculo que combina velocidad, estrategia y garra. Esta serie no solo marcó un punto de inflexión en la temporada, sino que también hizo vibrar a la afición jalisciense, que se rindió ante la entrega de sus caporales.

El fin de semana fue un despliegue de emociones. Charros, que venía de menos a más, consolidó su ascenso con una actuación histórica. Hace apenas unas semanas, el equipo rompió récords al robar 12 bases en un solo juego, superando la marca centenaria de 9 hurtos y demostrando que la velocidad es su nueva carta fuerte. Este ímpetu se trasladó al enfrentamiento contra Chihuahua, donde los albiazules no solo ganaron, sino que humillaron a sus rivales con un juego vibrante y una remontada épica que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

El segundo juego de la serie, el sábado por la noche en Zapopan, fue el clímax de la hazaña. Con un marcador adverso de 0-6, los Charros se negaron a rendirse. La afición, al borde de sus asientos, fue testigo de una remontada electrizante que culminó en la novena entrada. Fue entonces cuando el puertorriqueño Edwin Díaz, en su despedida de la temporada con Jalisco tras ser convocado por los Astros de Houston, conectó un batazo decisivo para dejar en el terreno a los Dorados con un apretado 11-10. El hit no solo aseguró la serie, sino que selló una noche mágica para Díaz, quien se fue de 3-3, con dos remolcadas, dos anotadas y un par de bases por bolas, despidiéndose como héroe.

La barrida a Chihuahua no fue solo un triunfo deportivo, sino una declaración de intenciones. Bajo el liderazgo de Gil, los Charros están redefiniendo su identidad: un equipo que combina talento joven, como el de Díaz, con una estrategia agresiva que pone en jaque a cualquier rival. La afición, entregada, respondió con un rugido que retumbó en el Panamericano, recordándonos por qué el beisbol es el deporte rey en Jalisco. Este equipo, que apenas comienza a escribir su historia en la temporada, ya nos hace soñar con la gloria en la LMB.

Mientras Edwin Díaz se prepara para brillar en las Grandes Ligas, los Charros de Jalisco se consolidan como un contendiente serio. La barrida a Dorados es un aviso: este equipo no solo juega, sino que enamora, pelea y, sobre todo, gana. Que siga el espectáculo, porque en Zapopan la pelota está más viva que nunca.

CHARROS LLEGA A MEDIA TABLA

Los Charros están encendiendo la pasión en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), consolidándose como un equipo que, de menos a más, ha encontrado su ritmo bajo la dirección de Benjamín Gil, “El Matador”. Este lunes, los albiazules amanecen en el quinto lugar de la Zona Norte con un récord de 14 victorias y 13 derrotas, a solo 4.5 juegos del líder Sultanes de Monterrey (18-8). Con Acereros (15-11), Tecos (14-11) y Toros (15-12) por encima, los jaliscienses han superado a Algodoneros, posicionándose en la pelea por un codiciado boleto a los playoffs.

El ascenso de Charros no ha sido casual. Los ajustes estratégicos de Gil y la directiva, especialmente en el cuerpo de pitcheo, han dado frutos, transformando a un equipo que ahora combina garra ofensiva con una defensa más sólida. Sin embargo, el pitcheo sigue siendo el talón de Aquiles de los caporales. Tanto los lanzadores inicialistas como el relevo han mostrado altibajos, y la afición espera que las recientes modificaciones permitan al equipo mantener el impulso en esta etapa crucial de la temporada.

La próxima semana será una prueba de fuego en el Estadio Panamericano, cuando Charros reciba a los Sultanes de Monterrey, líderes indiscutibles de la Zona Norte. Este enfrentamiento pondrá a prueba la capacidad de los lanzadores jaliscienses para contener a una ofensiva poderosa que ha dominado la liga. La serie no solo es una oportunidad para medir el progreso de los Charros, sino también para enviar un mensaje claro: los albiazules están listos para competir con los gigantes de la LMB.

La afición, siempre fiel, espera que el Panamericano se convierta en un fortín donde los Charros demuestren que su ascenso no es pasajero. Con el liderazgo de Gil y el apoyo de Zapopan, el equipo tiene todo para dar la sorpresa y acercarse aún más a la postemporada. Que retumbe el estadio, porque los Charros están decididos a seguir escalando en el “deporte rey”.

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JALISCO

Revictimización en tiempo real: El asesinato de Valeria Márquez y la simulación de la justicia digital

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Un disparo, dos palabras y una pantalla en negro. “¿Tú eres Valeria?”, preguntó el asesino. “Sí”, respondió ella. Luego vino el silencio digital, pero también el estruendo mediático. Así murió Valeria Márquez, influencer de 23 años, frente a miles de espectadores en TikTok. No fue una muerte íntima, ni siquiera clandestina. Fue una ejecución pública, transmitida en tiempo real desde su salón de belleza, con la fría lógica de un espectáculo contemporáneo: la violencia como contenido, el crimen como clip, el morbo como algoritmo.

Lo que siguió fue el guion ya conocido de la tragedia mexicana: un fiscal que promete “indagar”, sospechosas públicas sin pruebas, “amigas” que se convierten en tendencia y un video que se replica sin cesar, sin ética, sin ley. Las redes sociales convirtieron el asesinato en un trending topic. Mientras la Fiscalía de Jalisco, en voz de Salvador González, declaraba que “se están haciendo entrevistas”, la opinión pública ya tenía culpables, móviles y teorías. La justicia, como siempre, llegó tarde. Y sin dientes.

Este no es un caso aislado. Es el reflejo de una constante nacional: la combinación letal entre violencia de género, impunidad institucional y exposición digital. Valeria no solo fue asesinada. Fue revictimizada. Su muerte fue reproducida, analizada, editada y compartida como si se tratara de un episodio más en la serie criminal que es la realidad cotidiana de este país.

UNA LEY DE NOMBRE BONITO Y APLICACIÓN NULA

¿Dónde está la Ley Ingrid? Esa que, tras el brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, prometía castigar con cárcel a quien difundiera imágenes o videos violentos de mujeres asesinadas. Esa que fue aplaudida en tribuna y aplaudida por funcionarios que hoy guardan silencio. Esa que, en los hechos, no existe en la mayoría de los estados. Jalisco, por ejemplo, no la ha implementado en su Código Penal. ¿Qué clase de Estado crea leyes simbólicas que no puede o no quiere aplicar?

En teoría, la Ley Ingrid sanciona la difusión de imágenes o videos violentos. Pero hay dos condiciones que la vuelven inútil en casos como el de Valeria: uno, que el material provenga de servidores públicos, y dos, que el estado en cuestión haya armonizado su legislación local. Nada de eso ocurrió aquí. El video se generó desde su propia cuenta de TikTok. Y Jalisco, aunque presentó una iniciativa en 2021, no ha aprobado nada.

La abogada feminista Leslie Jiménez lo resume con claridad en una entrevista al portal lacaderadeeva.com: “No hay un delito que se tenga que investigar porque no está en el Código Penal de Jalisco”. Así de simple. La justicia depende del código postal.

DE LA INDIGNACIÓN AL ESPECTÁCULO

No deja de ser cínico que mientras el crimen organizado ejecuta a mujeres jóvenes con la misma facilidad con que comparte “narcocorridos” en plataformas digitales, la sociedad mexicana —esa masa morbosamente conectada— consuma los asesinatos como parte de su dieta diaria de entretenimiento. Lo vimos con Ingrid Escamilla. Lo vivimos hoy con Valeria Márquez.

En redes sociales, el dolor se convierte en carne de cañón para influencers, páginas de “noticias” y tuiteros de ocasión. El asesinato es apenas el pretexto para subir seguidores, comentarios, monetización. No se busca justicia, sino visibilidad. No se exige un Estado funcional, sino una teoría que entretenga.

Y mientras tanto, las autoridades fingen que trabajan. Se limitan a pedir “respeto”, a prometer “líneas de investigación abiertas” y a deslindarse de la viralización del contenido. Pero ¿dónde están las órdenes para eliminar esos videos? ¿Dónde están las sanciones a medios que revictimizaron a Valeria? ¿Dónde está la famosa Comisión Calificadora de Publicaciones de la Secretaría de Gobernación?

Según información oficial, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 no se ha iniciado ni una sola carpeta de investigación bajo la Ley Ingrid. Ni una. El mensaje es claro: el feminicidio sí se puede viralizar, no pasa nada. La ley existe solo en el boletín de prensa.

Por supuesto, las redes sociales tienen responsabilidad. TikTok, Facebook, X (antes Twitter), Instagram: todas han permitido la reproducción del video del asesinato de Valeria. Algoritmos que no detectan violencia explícita, sistemas de denuncia ineficaces y políticas ambiguas permiten que estos contenidos circulen impunemente.

Estas plataformas son empresas privadas con poder global, pero en México operan como si no tuvieran obligación alguna con los derechos humanos. No hay transparencia, no hay auditorías, no hay sanciones. Tampoco hay voluntad política para regularlas con eficacia. Ni el IFT ni la Segob ni el Congreso se atreven a tocarlas. La censura preocupa más que la impunidad.

El asesinato de Valeria Márquez nos recuerda que en México el cuerpo de las mujeres es territorio de conquista: física, simbólica, económica. Se les asesina y luego se les monetiza. La violencia no termina con el disparo: continúa en el clic, en la réplica, en el consumo.

Mientras los fiscales y legisladores siguen discutiendo competencias, las mujeres siguen cayendo. Y cuando una de ellas tiene cámara, seguidores y estética propia, el crimen adquiere rating. La línea entre la denuncia y el espectáculo se vuelve tan delgada como la ética de quienes lucran con el dolor ajeno.

En la historia de este país, pocas veces se ha hecho justicia a las víctimas de feminicidio. Y en el entorno digital, la impunidad se duplica. No basta con sancionar al asesino: hay que frenar el sistema que reproduce la violencia con cada reproducción, con cada compartido.

Lo que sigue, si todo permanece como hasta ahora, es la repetición. Otra mujer será asesinada. Otro video se hará viral. Otra ley será redactada, aprobada y engavetada. Y la opinión pública, adicta al horror, pedirá justicia con un tuit mientras comparte el video que alimenta al mismo monstruo que dice combatir.

Valeria Márquez no fue sólo víctima de un feminicidio. Fue víctima de una cultura que ha normalizado la muerte de mujeres como si fuera parte del espectáculo. Su caso es espejo y síntoma: de un Estado ineficaz, de una sociedad desensibilizada, de una justicia que no actúa y de una tecnología que reproduce violencia sin freno.

Y mientras no cambiemos ese ecosistema, no habrá ley —ni Ingrid ni ninguna— que nos salve. Porque las leyes sin voluntad, sin sistema judicial funcional y sin ética pública son sólo tinta muerta. Como tantas otras promesas rotas en este país donde morir mujer, y en vivo, sigue siendo una noticia que nadie quiere atender… salvo para verla repetida una y otra vez.

En X @DEPACHECOS

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