OPINIÓN
Doctor Muerte
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Muchos se refieren al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell como el Doctor Muerte, ya que lo culpan, no de los muertos, más sí del innecesario número de defunciones que ha provocado la pandemia derivada del Virus Covid-19 en nuestro país, derivado, a juicio de muchos expertos, de un irresponsable manejo de la crisis por parte del Gobierno Federal.
El Doctor Muerte señaló que llegar a 60 mil muertos por Covid sería “catastrófico” y de acuerdo a la contabilidad “oficial” esa cifra ya fue rebasada al reportar la Secretaría de Salud, 60,254 defunciones al inicio del fin de semana, aunque todos sabemos, como mucho antes lo reconoció Gatell, que esa cifra es un simple referente ya que la realidad es muy superior, máxime que es de todos conocido que las autoridades federales, han manipulado las cifras al reportar, utilizando cualquier excusa, diversas causas de muerte, hasta, “insuficiencia respiratoria”, por lo que al menos, siendo muy conservadores, debemos multiplicar esa cifra por tres, lo que nos daría al menos 180 mil muertes.
Es cierto, el virus ataca en todos los países por igual, la diferencia en sus resultados estriba en las políticas de contención utilizadas por cada uno de los gobiernos en sus países, políticas que van desde extremos como “toque de queda” o graves sanciones por salir de casa durante la cuarentena, hasta los irresponsables manejos del “no pasa nada”, “hay que abrazarnos”, o poner el pésimo ejemplo, como el uso del “detente”, o no usar cubrebocas, y además seguir negando su utilidad cuando en la mayoría de países recomiendan su uso, sin olvidar que a nuestro presidente la pandemia le cayó “como anillo al dedo”.
Las cifras y sus proyecciones no son nada alentadoras, el gobierno maximiza las que, con poco maquillaje, le son menos malas, pero la verdad no tiene partido y acaba descubriendo nuestra realidad, que es muy diferente a la de López- Gatell cuando pretende, ya sin éxito, de justificar sus acciones señalando que han establecido “una estrategia de contención y mitigación que nos ha permitido tener la disponibilidad de atención hospitalaria en todo momento”, lo que nos ocultan es la disponibilidad de “ventiladores” por lo que muchos pacientes mueren por la falta de acceso a esos equipos.
Un índice que no nos muestra la Secretaría de Salud lo encontramos en un estudio de Mariano Sánchez para la “Revista Nexos” relativa a la letalidad hospitalaria, y que nos revela la primer cifra alarmante, el 57% de los pacientes hospitalizados han muerto en el IMSS, entonces el Covid es tres veces más letal para estos que para los atendidos en hospitales privados, incluso “la tasa de letalidad hospitalaria ha disminuido de manera considerable en los principales sectores de atención, con la excepción del IMSS”.
Pero no todo es malo en el sector público, habrá que reconocer que los mejores hospitales a nivel nacional siguen siendo los de la SEDENA, ya que estos presentan un índice inferior incluso que los hospitales privados. Una de las causas señaladas por el citado estudio es que “la pandemia llegó a México después de varios años de recortes presupuestales en salud, en medio de la política de austeridad del actual gobierno, con un subejercicio considerable del gasto en salud en 2019 y en medio de una reorganización (léase centralización) atropellada del sistema.”
La letalidad promedio en el mundo es del 3.50% y la de México es de 10.83%, después de ver esta cifra, ¿aun defienden a López-Gatell?, el Doctor Muerte ya culpó a las refresqueras, a los vendedores de pan, al neoliberalismo, a los gobernadores, a los gobiernos anteriores, pero, y la autocrítica ¿cuándo? Como cereza del pastel afirmo: “La narrativa de algunos medios de comunicación parecieran obstinados se centra en hacer una falsa controversia o contraste entre los aspectos de una epidemia con los elementos positivos de la capacidad de respuesta que ha tenido México como país”.
No hay falsa controversia Doctor Muerte, nosotros ponemos a nuestros familiares y amigos muertos mientras ustedes se obstinan en blindar un proyecto político fallido, usted es subsecretario de Salud, deje la política a los políticos y preocúpese por la población.
Mejor busquemos soluciones. ¿Por qué las empresas en Jalisco se preocupan por la economía, pero no son capaces de implementar horarios de entrada y salida escalonados en sus fuentes de trabajo? El transporte público saturado es una gran fuente de contagio. Ante un gobierno tanto federal como estatal que les preocupa más los efectos económicos del Covid que la salud de la población, debemos nosotros seguirnos cuidando en demasía, las reglas siguen siendo muy claras, sana distancia, uso intensivo de cubrebocas en lugares públicos, lavado muy frecuente de manos, pero lo mas importante, estar expuesto al contagio solo por asuntos importantes.
En otro tema, qué descaro de Manuel Andrés López Obrador MALO, ante la exposición de su hermano por el video donde es captado Pío López recibiendo dinero entregado por el Gobierno de Chiapas, cuando en días pasados encabezaba un intento de linchamiento mediático contra todos los políticos, menos los de su partido, con base en un video y la historia de terror firmada por Lozoya pero de autor desconocido, literatura dentro del género de novela ficción, con la que se pretendía descarrilar la elección de diputados federales y la dos Estados de la Republica, ahora pretende justificar el Pío-video , “…es menos de lo que robaban antes” lo que nos recordó el “sí robe pero poquito”. Ridículo pedirle a su hermano que enfrente las consecuencias, o justificar porque “era para una revolución”.
Hay una diferencia abismal, el dinero que supuestamente Lozoya repartió, no salió de las arcas públicas, el dinero que recibió Pío López sí era dinero del pueblo sustraído ilegalmente por su amigo el verde gobernador, conducta que ni Leona Vicario justificaría, todos los políticos son iguales, por eso López, ya ni Pío dijo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
