– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

La corrupción es un mal que aqueja a nuestro país. Se posiciona en un estatus de privilegio y poder, y se crea y crece mediante la simulación política. Los escándalos alrededor de personajes con privilegios no merecidos, que viven de lo heredado y que lideran grupos políticos para agrupar a su gente en lugares clave, nunca han traído ni traerán ningún beneficio a la sociedad. Por el contrario, son grupos poderosos que por años mantienen su dominio sin buscar el beneficio de la comunidad.

En México, la corrupción de la clase política es un tema grave. Aunque la solución existe bajo el concepto de la ética e integridad en el servicio público, que dan como resultado buenas prácticas y transparencia, erradicar las malas prácticas y simulaciones de los gobiernos y de la clase política es una labor conjunta de la sociedad y una cuestión de conciencia individual.

Actualmente, Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y enfrenta dos situaciones de pago de nómina y contratación opaca, temas de corrupción que deben ser tratados por su nombre y con sus consecuencias. El combate a los actos de corrupción es un deber y una obligación de la sociedad y de los gobiernos en turno.

Ahora, se expone en redes sociales y medios de comunicación el caso de la exalcaldesa del municipio de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, quien cobra en la nómina del Gobierno del Estado la cantidad de setenta y ocho mil pesos mensuales. Además de ser un acto de corrupción, estos son salarios que en este país superan por mucho el promedio, que es de doce a quince mil pesos para la clase trabajadora.

Mientras un gran sector marginado de la clase trabajadora gana un salario mínimo de 278 pesos diarios e intenta vivir con él en un Jalisco caro en impuestos y servicios, la exalcaldesa gana 2 mil 600 pesos diarios. Este personaje político, con liderazgo en el municipio, goza del privilegio de ganar casi diez salarios mínimos al día, quizás porque en etapa electoral puede aportar votos y por su posición política dentro del partido Movimiento Ciudadano.

Habría que sumarle a este caso el de la exconductora de televisión Elizabeth Castro, quien también en esta administración cobraba en el SIAPA sin perfil técnico ni asistencia. En este caso reciente, falta observar su proceso de jubilación en Pensiones del Estado para transparentar y constatar que, si bien ya no puede figurar en nómina gubernamental, su ventaja política no se mantenga con una pensión dorada.

Sin duda, estos son dos casos de corrupción e impunidad que deben salir a la luz pública. Erradicar políticas como estas y ser gobiernos congruentes con la realidad y con el combate a la corrupción es la única manera de mantener una percepción social sana.

La sociedad ha cambiado en las últimas tres décadas; ya no idolatra a los políticos, ahora exige gobiernos abiertos y transparentes. Por lo tanto, debe ser decisivo que los gobiernos y partidos actuales erradiquen viejas y nefastas prácticas. Intentar perpetuar liderazgos con favores políticos, nombramientos por amistad o estrategia, y permitir que personajes cobren salarios absurdos sin trabajar, son actos de corrupción y sin defensa. Esta política gubernamental opaca y contradictoria demuestra que los privilegios son producto de la corrupción, no del mérito.

Pero esto no para aquí, estimado lector. Mientras existan escándalos y señalamientos de estas prácticas que desvirtúan la política jalisciense y a los gobiernos en turno, deberemos poner especial atención en la lista de personas que cobran nóminas jugosas del erario público a cambio de situaciones opacas o estatutos incomprensibles para la sociedad. Estos son, además, actos de abuso y corrupción.

Demandar que los gobiernos se comprometan con la transparencia y la rendición de cuentas es un derecho. Evaluar si un acto que genera opacidad es un aviso de una administración corrupta debe darnos la capacidad de analizar las próximas campañas electorales. Es nuestro deber premiar o castigar a los partidos y grupos políticos, ya que ellos no tienen el verdadero poder del cambio, sino el votante.

Es importante que todo lo que tenga tinte de corrupción salga a la luz y que quienes se benefician de ella no tengan regreso a los gobiernos de nuestro Jalisco. La exigencia social es lo que debe encarrilar a los gobiernos que pretenden simular y gastar el presupuesto público para mantener favores.

Jalisco tiene un cúmulo de necesidades, entre ellas la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental que los gobiernos y la clase política comprendan que están en esos puestos por el favor del voto, no para atender favores de terceros.

– Opinión, por Iván Arrazola

El poder, ese viejo escenario donde se forjan héroes y se consumen rebeldes, suele desnudar la verdadera esencia de quienes lo alcanzan. A lo largo de la historia, ha sido capaz de transformar ideales en privilegios y convicciones, en concesiones.

En México, pocos casos ilustran mejor esta metamorfosis que el de Gerardo Fernández Noroña: el opositor combativo que enarbolaba la rebeldía como bandera y que, con el tiempo, terminó convertido en el mismo tipo de político al que solía denunciar.

En este sentido, desde sus tiempos como opositor, lo que dio a conocer al senador Fernández Noroña fue su actitud combativa y su rebeldía. Era el tipo de político capaz de hacer una huelga de hambre ante una decisión injusta del gobierno, el personaje que abiertamente criticaba los excesos de la vieja clase política: sus privilegios, sus viajes y el lujo en el que vivían.

Esa faceta crítica y contestataria la expresó también en episodios como su negativa a pagar el IVA en los supermercados, acciones que ponían en aprietos a trabajadores que, en realidad, poco podían hacer para cambiar los precios.

Sin embargo, todo cambió cuando López Obrador lo incluyó entre las llamadas corcholatas presidenciales. A partir de ese momento, el activismo callejero que había caracterizado a Fernández Noroña se transformó. De la noche a la mañana, subió varios peldaños y se convirtió en parte de la nueva élite política.

Así, cuando fue nombrado presidente de la Mesa Directiva del Senado, su estilo ya no fue el de un perfil austero. Los viajes en primera clase, las salas premier en aeropuertos y los vehículos de lujo pasaron a ser parte de su nueva realidad. Paradójicamente, el mismo político que antes presumía su cercanía con el pueblo y despreciaba a los elitistas, pronto cayó en excesos inconcebibles para alguien que se asumía contestatario. Incluso utilizó al Senado como espacio para exigir que un ciudadano se disculpara públicamente por haberlo insultado en un aeropuerto.

El contraste es aún más evidente si se recuerda que durante años criticó la corrupción de panistas y priistas, y denunció las injusticias contra el pueblo. Ahora, en cambio, mostró una sorprendente falta de sensibilidad.

Respecto al rancho de Teuchitlán, Jalisco, por ejemplo, minimizó la gravedad de lo ocurrido al afirmar que solo se trataba de cientos de pares de zapatos, negando que hubiera indicios de reclutamiento o atrocidades. En otros tiempos, probablemente habría exigido justicia y acompañado a las víctimas.

De igual modo, cuando surgieron señalamientos contra el coordinador de su bancada por vínculos de su secretario de seguridad con el crimen organizado, Noroña llegó incluso a cuestionar la existencia del grupo criminal involucrado. En otra época habría pedido el desafuero del implicado; hoy, en su nueva faceta, resulta difícil imaginarlo asumiendo una postura crítica.

No obstante, sus últimos días como presidente del Senado estuvieron marcados por un cúmulo de escándalos. Investigaciones periodísticas revelaron que era dueño de una casa de 12 millones de pesos.

Aunque intentó justificar la compra con un crédito, sus ingresos como senador y las supuestas ganancias de su canal de YouTube, rápidamente especialistas desmintieron que pudiera generar los 188 mil pesos que asegura el senador. Con soberbia, declaró: “Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”. Incluso se ventiló que recibe donaciones ilegales a través de sus transmisiones en redes sociales.

En ese torbellino de acusaciones ocurrió un episodio que pudo haberle devuelto algo de legitimidad, pero que terminó mostrando que se trata de un político que vive el privilegio: el enfrentamiento con el líder nacional del PRI. Aunque al principio la conversación mediática giró hacia la agresión que sufrió junto a uno de sus colaboradores, el caso pronto escaló.

El Ministerio Público acudió de inmediato al Senado a tomarle declaración, mientras miles de personas comunes siguen sin obtener justicia pronta y expedita. Esa diferencia de trato encendió aún más las críticas.

La polémica creció cuando la jefa del Estado intervino, acusando a Alejandro Moreno y a la oposición de actuar como porros. En lugar de llamar a la prudencia y a la concordia, reforzó la confrontación y desvió la atención al señalar que la prensa se fijaba más en la casa de Noroña que en las acusaciones de la DEA contra García Luna.

El caso de Fernández Noroña ilustra crudamente lo que sucede cuando los principios se subordinan al poder, ya sea porque este transforma a las personas o porque desde el inicio solo fue una estrategia para alcanzarlo. Hoy, las condenas a la violencia en el Senado son unánimes.

Lo que no parece merecer la misma indignación es la incongruencia. El régimen insiste en convencerse a sí mismo de que “no son iguales”, pero en los hechos muestran que sí lo son o, lo más inquietante, que pueden incluso superar a aquello que juraron combatir.

– Opinión, por Gerardo Rico

Con bombo y platillo fue anunciada el 22 de mayo del 2022 el inicio de las obras de la Línea 4 (L4) del Tren Ligero, inauguradas por el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez: “La Línea 4 será la primera ruta de transporte de pasajeros en México que se incorporará al derecho de vía del tren de carga; contará con 8 estaciones en 21 km y moverá inicialmente a 106 mil usuarios diarios.

Tendrá una inversión de 9 mil 137 millones de pesos, recurso que será otorgado por el Estado, la Federación e Iniciativa Privada. Los vagones del tren serán modernos y actualizados tecnológicamente”, anunció el comunicado oficial del gobierno del Estado.

Sin embargo, a tres años y tres meses del suceso, la L4 se ha convertido en un dolor de cabeza; inició sin proyecto ejecutivo, sin planeación financiera y sin las adecuaciones ferroviarias necesarias. Al momento se calcula que costará lo doble, es decir, 20 mil millones de pesos, y lo peor: aún no hay fecha para su inauguración, sin contar que el tema se politizó.

Una papa caliente más que el gobernador Pablo Lemus recibió como herencia política y no encuentra hasta el momento la cuadratura para resolverla. Hace unos días el mandatario estatal declaró que primero será inaugurada la Línea 5), el proyecto no se contempla como un tren ligero, sino como un sistema BRT (Bus Rapid Transit) de electromovilidad que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio Akron, atravesando los municipios de El Salto, Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan, usando parte de la infraestructura del Peribús, con miras al Mundial de fútbol del próximo año con la celebración de cuatro partidos en el estadio de las Chivas.

El retraso de la Línea 4 no es por falta de recursos, sino por cuestiones legales y técnicas con Ferromex. Según Lemus, la línea podría operar manualmente con bandereros desde noviembre de 2025, a 50 km/h, o esperar a julio de 2026, tras concluir pasos a desnivel. La decisión será técnica, a cargo del Instituto Nacional de Movilidad.

En contrapartida, representantes de la 4T en voz de la diputada federal y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, la jalisciense Merilyn Gómez Pozos, y la delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), María Padilla, advirtieron que primero deben concluirse los trabajos de la L4 para iniciar con la L5.

La legisladora indicó que fue la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien envió un mensaje al Gobierno de Jalisco para detallar que, antes de entregar recursos para la Línea 5 del transporte público, la entidad debe echar a andar la Línea 4; además, se deberán entregar los resultados de un estudio técnico sobre el impacto de beneficio a la ciudadanía, que lleva a cabo la SICT.

En primer lugar, comentó, uno de los motivos por que no se ha podido echar a andar la L4 es que la obra no tiene todavía el aval de Ferromex pues recordemos que corre a la par de la línea de tren de carga respecto a los pasos seguros que debe seguir la obra, mismos que se han estado elaborando de manera apresurada.

La legisladora afirmó: “la prisa aquí es porque viene el Mundial de fútbol del 2026, vamos a tener cuatro partidos, pero esos cuatro partidos transcurren en unos días, los demás días nos quedamos los jaliscienses lo que puede ser un buen o mal proyecto, un buen o mal trabajo; tenemos que pensar más en los jaliscienses que en los que nos van a visitar”. Y fue más allá: “El tema es que ya están haciendo trabajos para la L5, sin este dictamen -de la SICT-, y si arroja otra cosa, esto se está haciendo de manera técnica, no es para cumplir un capricho”.

Como candidato de MC a gobernador, Pablo Lemus prometió el 13 de abril de 2024 una ruta de electromovilidad (Línea 5) para el Mundial 2026. Pese a impugnaciones electorales, los trabajos iniciaron. La obra, de 11,500 millones de pesos, debe estar lista en marzo de 2026, conectando el Aeropuerto con el Estadio Akron.

La Federación advirtió que los 4 mil 500 millones de pesos que podría destinar a la Líena 5 estarían a disposición de las autoridades locales hasta enero del 2026. Aunque una vez más el mandatario estatal resalta la posibilidad de pedir créditos para la fase uno y hacer la obra con el aporte del gobierno local y con el apoyo de la iniciativa privada (traducido a concesiones), es un asunto que amenaza con convertirse en una polémica ruta como fue en su momento el Macrobús.

“Para mí el día de hoy venir aquí al corazón de Tlajomulco, a cumplir el último compromiso que me quedaba con este municipio cuando fui presidente, era el tren eléctrico, y hoy vengo a decirles que vienen meses de trabajo, que el compromiso que hicimos con el Presidente de la República es que lo vamos a terminar antes de que acabe nuestro gobierno, vamos a trabajar día y noche, sin descanso, en la obra”, señaló el ex gobernador Alfaro Ramírez el día del inicio de las obras de la L4.