OPINIÓN
El aborto y su legalidad en Jalisco: Forma parte del marco jurídico
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Hablando de este tema nos llega a la mente un caso muy sonado en la Ciudad de México, de la llamada ogresa de la colonia Roma de los años cuarenta del siglo pasado, como uno de los antecedentes de históricos delictivos del asunto que plantearemos.
Ahora con los movimientos sociales que hemos estado experimentando en tiempos de pandemia como lo son los pro aborto y pro vida, la población, los políticos y modas mediáticas han olvidado hacer cuestionamientos a los expertos, por eso hoy nuestros párrafos.
Entendamos que la palabra legalidad es distinta a lo que es justicia, legalidad es entonces, todo lo que se realice, este escrito y este aprobado, dentro del marco de la ley positiva aprobada por los ministerios de ley correspondientes y que tenga como consecuencia el respeto, de una sociedad, por medio de las autoridades legales correspondientes y justicia, entendemos el término como, obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
Aquí lo interesante de esto es que el aborto ya existe, dentro de la ley a nivel federal y a nivel estatal en distintas legislaciones, por ende, es legal por que ya está dentro del marco jurídico.
Pero, hacemos un énfasis en ello, ya que está mal utilizado el término, para decir que no es legal ya que, si lo es, está legislado el tema.
En cuestión de sí es justo o no, eso lo resuelve la boética a través del bioderecho en sus distintos marcos jurídicos nacionales e internacionales
Aquí en el estado de Jalisco, en el artículo 227 del Código Penal del Estado de Jalisco, define al aborto como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
También el artículo 229 del Código Penal del Estado de Jalisco dice que «no es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada» ni cuando el embarazo sea resultado de una violación. Tampoco lo será cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.
Entendamos que el delito de violación puede ser puro o equiparado, como lo menciona Artículo 175, del Código Penal Estatal, tenga cópula con persona mayor de edad, cualquiera que sea su sexo, se entiende por cópula, la introducción, total o parcial con o sin eyaculación del miembro viril en el cuerpo de la víctima de cualquier sexo, sea por vía vaginal, oral o anal. Se equipará a la violación, la introducción por vía vaginal o anal con fines eróticos sexuales de cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.
El proceso en caso de violación, y según los protocolos, DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL HACIA LAS MUJERES, DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, el ministerio público tiene la obligación de informar expresamente a la víctima del derecho que tiene a recibir los tratamientos correspondientes para aminorar los riesgos de exposición a infecciones de transmisión sexual, así como a la anticoncepción de emergencia, tratándose de mujeres en edad reproductiva. El ministerio público levantará constancia de esta actuación, así como de la aceptación o negativa de la víctima a recibir estos tratamientos.
En caso de que la víctima manifieste su aceptación, el ministerio público deberá referir a la víctima, y en su caso coordinar su traslado, a las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, quienes deben ofrecer de inmediato los medicamentos de profilaxis, las pruebas correspondientes de VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y la anticoncepción de emergencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 6.4.2.3 de la Norma Oficial “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
En caso de violación, el ministerio público tiene la obligación de informar expresamente a la víctima el derecho que tiene a que la autoridad judicial autorice la interrupción legal del embarazo, así como los requisitos que la ley exige para ello.
Asimismo, la víctima tiene derecho a que el ministerio público y las instituciones de salud pública le proporcionen la información especializada, imparcial, objetiva, veraz y 30 suficiente sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como los apoyos y alternativas existentes tanto para ella como para el producto, a fin de que pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Esta información deberá ser proporcionada de manera inmediata y no tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión de la víctima.
El ministerio público debe recibir la denuncia de la víctima, sea por escrito, de manera verbal o por cualquier otro medio idóneo que, aunque no es obligatoria si recomendamos que la víctima denuncie a su victimario.
En este orden de ideas, hace años, existía el debate sobre, cuando iniciaba la vida, dejando al embrión sin una personalidad jurídica, pero la SCJN, invitó a los expertos y científicos en el tema y decidido que existía vida humana desde la fecundación.
Según los expertos, el embarazo es el primer milagro médico, porque ningún médico con exactitud puede determinar cuándo será el embarazo.
Luego bien, se creía que el feto era parte del cuerpo de la madre, argumento, que quedó sin validez con el procedimiento jurídico del arrendamiento de vientre donde la mujer es solo una incubadora, así marcada por los científicos, en donde la bioética feminista, da puntos de vista interesantes.
También otro tema interesante el concepto de protección a la vida en el artículo 4 constitucional, desaparece hace unos años, y actualmente según los juristas cabe la duda ¿si se pudieran promover amparos para sacar asesinos de la cárcel? gracias a la falta de protección de la misma, pero, no se nos olvide que México tiene diez principales tratados internacionales sobre derechos humanos, y según la jerarquía de Kelsen tienen la misma validez que la Carta Magna.
No olvidemos bajo este contexto que el aborto en la CDMX, está legalizado, también, pero a nivel federal se constituye como delito según el Código Penal Federal, por ello los autos expedidos en contra del personal de la salud que realiza estos procedimientos.
Es por ello, que algunas corrientes de pensamiento aprueban el acto y otras no, pero llegamos a la conclusión que, en este tema, como expertos, damos una mirada jurídica bioética al tema, y damos libertad plena a la autonomía de la persona respetando la ley en vigencia.
NACIONALES
¿Un México sin transparencia?
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
El dictamen de reforma al que se dio publicidad el pasado miércoles 06 de noviembre en la Cámara de Diputados, para ser discutido esta semana, cuyo objeto es la desaparición de 39 organismos constitucionales autónomos, entre ellos a los 33 institutos de transparencia del país, tendrá un impacto brutal para la transparencia, el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la protección de datos personales, la privacidad y la rendición de cuentas en el país.
Específicamente la desaparición de los institutos de transparencia traería consecuencias inmediatas y tangibles en el corto plazo que implicarían un grave retroceso de muchas décadas en materia de derechos a la información y a la protección de datos personales, entre las cuales trataré de sintetizar las más importantes a continuación.
En primer lugar, implicaría la desaparición de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o, cuando menos, la desaparición de alrededor del 95% de la información pública a la cual se puede tener acceso a través de dicha plataforma, en la cual están obligadas las más de 7,500 autoridades de todo país (incluyendo estatales y municipales) a difundir información pública de manera permanente y también a atender solicitudes específicas de acceso a información y protección de datos personales que les realice cualquier persona, lo cual la vuelve única en el Mundo.
Ello es así dado que la propuesta de transferir las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) al Poder Ejecutivo Federal implicaría que dicha PNT únicamente servirá para difundir información pública del gobierno federal, y quedarían excluidos de dicha plataforma el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial Federal, todas las autoridades estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) y todas las autoridades municipales, con lo cual se excluirán a casi 7,000 autoridades del país.
En segundo lugar, la forma en que está planteada la propuesta, imposibilitaría que la referida plataforma siga siendo obligatoria para todo ese enorme universo de autoridades, dado que la razón por la cual su uso es obligatorio actualmente, es justo por la existencia de un “Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales” (que también desaparecería), en el cual se reúnen los 33 institutos de transparencia del país, cada uno con las atribuciones necesarias para sancionar a todas las autoridades del país que incumplan con sus obligaciones de transparencia o sean omisas en garantizar el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales desde dicho portal.
En tercer lugar, el ejercicio de estos derechos será mucho más lento y costoso, dado que la reforma implica que se judicializaría el acceso a la información pública y la protección de datos personales, pues ante la negativa de las autoridades del país para entregarnos la información que nos pertenece a todos, de acuerdo con la reforma, serían las propias autoridades las que revisarían alguna queja o inconformidad.
Ello generará invariablemente un enorme conflicto de interés, siendo previsible que las autoridades confirmarán sus propias negativas de acceso a información, por lo que la única vía posible para acceder a información pública será la judicial, con todo lo que ello implica para una persona: Asesoría jurídica especializada, mayores gastos y costos, y un mucho mayor tiempo para obtener una sentencia favorable.
En cuarto lugar, se limitaría la profesionalización y capacitación de personas servidoras públicas en estas materias, dado que actualmente, son los 33 institutos de transparencia precisamente los encargados de capacitar a las millones de personas servidoras públicas del país, así como supervisar y auditar permanentemente el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de protección de datos personales, por lo que se perderán las instancias especializadas en realizar dichas funciones tan importantes para que las autoridades garanticen dichos derechos humanos.
En quinto lugar, el derecho a la protección de datos personales, una materia sumamente compleja y especializada, quedará en manos también de las propias autoridades, a pesar de que actualmente en la gran mayoría de ellas no existen especialistas en dicha materia. Por si ello fuera poco, tampoco se establece en la propuesta de reforma una instancia nacional especializada en proteger los datos personales de las y los mexicanos que están en posesión de millones de particulares, como hospitales, bancos, inmobiliarias, plataformas digitales como las redes sociales o los buscadores como Google, por lo que prácticamente desaparecería dicho derecho humano del país.
Finalmente, la propuesta es un durísimo golpe al Federalismo Mexicano, pues se les prohibiría a las entidades federativas la posibilidad de mantener en funciones a sus institutos de transparencia locales, lo cual es un evidente atentado a su soberanía.
MUNDO
El fenómeno trumpista
Opinión, por Miguel Anaya //
A unos días del apabullante triunfo de Donald Trump y pasando la efervescencia del momento podemos analizar con mayor calma el porqué de una nueva victoria del controvertido empresario.
Primero, desmenucemos los números electorales: Trump necesitaba 270 votos del Colegio Electoral y consiguió más de 300, si hablamos de votos efectivos el presidente electo logró 5 millones más de sufragios que su competidora, además, logró triunfos en Estados qué aparentemente se inclinaban por los demócratas como lo fueron Wisconsin y Minnesota.
Lo arrollador del triunfo Trumpista se entiende por varios factores entrelazados entre sí y como cada historia de éxito, convergen errores de un lado y aciertos del otro, algunos de los que podemos mencionar son los siguientes:
La percepción económica. Debido a múltiples factores la inflación en Estados Unidos se disparó durante los primeros años del gobierno de Joe Biden y aunque el fenómeno se ha controlado durante los últimos meses el poder adquisitivo de los ciudadanos norteamericanos se fue mermando, haciendo extrañar la administración de Trump.
La mala elección demócrata. Desde la etapa final del periodo presidencial de Joe Biden, este dio muestras de tener una salud mermada, enviarlo a contender por la reelección fue un error que costó caro al partido con tintes de izquierda, al entrar Kamala Harris en sustitución el tiempo fue insuficiente para levantar una campaña que empezó con muchos negativos.
El discurso republicano. Los republicanos entendieron que existe un sector muy amplio entre los estadounidenses que se sienten lastimados por las políticas de subvención y de permisión alentadas por los demócratas, al pronunciarse duramente contra las ayudas sociales, la inmigración ilegal y la economía globalizada, lograron aglutinar a los votantes conservadores y/o que consideran que Estados Unidos se ha mermado en su economía, seguridad o valores por alguno de los temas señalados.
La campaña Trumpista. Donald Trump sacó rédito de cualquier tipo de ataque recibido. Cuando se le señaló por misógino o machista, presentó sin temor sus valores conservadores; al ser acusado de xenófobo, realzó su plan migratorio en defensa de América; cuando fue víctima de un atentado logró promocionar la fotografía más icónica del presente siglo; fue criticado por hacer campaña en un McDonald’s, entonces se vistió de recolector de basura, se subió a un camión y mencionó que sacaría la suciedad del gobierno, acciones qué gustaron a sus seguidores y que lo posicionaron en la agenda mediática.
La participación de las minorías. Cuando se piensa en minorías se suele referir a aquellos grupos de la agenda woke qué representan a ciertos grupos que generalmente enrolan ideas de izquierda, sin embargo, la campaña republicana logró llegar a estratos conservadores como comunidades Amish que fueron vitales en la elección de Pensilvania, iglesias cristianas y trabajadores manufactureros principalmente blancos. Resultó que el 5 de noviembre esos grupos salieron a votar en masa por el candidato republicano.
Estos cinco factores y algunos otros más explican la avasalladora victoria del empresario y político, muchas lecciones dejan al mundo pues la ola derechista empieza a crecer en occidente, ejemplos como el de Argentina, El Salvador, España, Francia, Italia, Reino Unido, entre otros, dan muestras de que el momento político y social se inclina por valores más conservadores.
En México, algunos celebran a victoria de Trump y otros más lo ven con reservas pues el discurso del presidente electo ha sido duro contra los inmigrantes y contra los grupos de la delincuencia organizada a quienes ha dicho que clasificará como grupos terroristas.
Hay mucho trabajo por hacer de parte del gobierno mexicano para poder llevar una buena relación con el vecino del norte que recibe a millones de paisanos y que representa más del 70% de las ventas de productos mexicanos en el extranjero.
Para los promotores del discurso de izquierda hay que decir que por su configuración económica China no puede ocupar el lugar de comprador ni las posibilidades migratorias que representa EE. UU. para nuestro país. Con sus buenas y malas hay que adaptarnos a la nueva realidad del mundo.
JALISCO
Recta final por el cargo: Una mujer será rectora en la UdeG
Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Todo apunta a que la Universidad de Guadalajara tendrá Rectora General. Sería la primera mujer con esta responsabilidad desde su fundación en el siglo XVIII. En la “carrera” quedan como finalistas tres féminas de las que saldrá quien rija los destinos de la UDG. Es cierto que hay también varones registrados como aspirantes, pero es el maquillaje democrático de moda. La rectoría será para una mujer.
Las tres finalistas tienen méritos suficientes para encabezar a la segunda universidad más importante del país. Pero… se necesita algo más que méritos académicos para regir una institución de la categoría de la UdG.
¿Cómo se habrá de resolver cuál de las tres ocupará la rectoría? Es una de las recurrentes preguntas, sobre todo por la ausencia de Raúl Padilla López, quien cerca de tres décadas decidió los qué, quién y cómo y cuándo de la institución.
Quizá sea esa la verdadera prueba de fuego que definirá el rumbo de la universidad, dado que personas y personajes con capacidades académicas, administrativas, políticas, siempre los habrá. ¿Seguirá el modelo Raúl Padilla López la Universidad de Guadalajara para elegir Rector General, Rectores de los Centros, directores de preparatorias y de los puestos administrativos de alto nivel?
Entre los universitarios se decía que el modelo padillista para resolver los asuntos de mandos, el principal y los otros, era poner al Consejo General a votar, porque es el que legitima la decisión, pero que el voto que en realidad decidía era el de Raúl. Sin el guía indiscutible de la UdeG, surgieron -como es natural- los liderazgos de los diferentes grupos que conviven en la institución.
Y es ahí donde se resolverá cuál de las tres candidatas será la Rectora General.
Desde afuera, por la manera en que transcurren los acontecimientos, se advierte que “hay línea” para encumbrar a una mujer. Tan es así que el candidato varón más fuerte, César Antonio Barba, mejor conocido como Chicho, declinó públicamente su precandidatura, lo que confirmó el despeje para las féminas.
¿Cuál, entonces, es la mujer más idónea para el puesto más importante en la Universidad de Guadalajara? Si hay honestidad y análisis frío se reduce a dos candidatas: Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Karla Alejandrina Planter Pérez. La doctora Leticia Leal Moya es una prestigiada abogada, pero no es actualmente la candidata más respaldada políticamente para el puesto.
Como dato curioso, las tres mujeres candidatas a la Rectoría General, han sido rectoras de CUALTOS, con sede en Tepatitlán. Karla aún lo es.
¿Por qué Mara Robles podría ser la carta fuerte para la Rectoría General? Porque porta las credenciales académicas suficientes para sustentar su brillo en este ámbito. Tiene doctorado en Cooperación e Intervención Social; tiene Maestría en Políticas Públicas Comparadas, además de la licenciatura en Economía. Porque ha tenido varias experiencias administrativas no sólo en la UDG; fue también Secretaria de Educación del entonces Distrito Federal y se ha desempeñado como legisladora federal y local.
El vínculo que podría definir el rumbo de la rectoría de la UDG es el que Mara sostiene con la cúpula del gobierno federal. Su filiación de izquierda, concordante con la del régimen que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum.
Los que deciden en la Universidad de Guadalajara, siguiendo el modelo Raúl Padilla, saben que el puesto de Rector General es más que administrativo o académico, político. Obviamente las cualidades administrativas y el respaldo de los estudios realizados son importantes, pero es la habilidad, la destreza y el currículum político, la que necesita toda institución de la magnitud de la UdeG.
Por su parte, Karla Planter tiene también sus credenciales suficientes para convertirse en la primer Rectora de la UdeG. Licenciada en Ciencias Políticas por la UdeG; tiene Maestría en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y candidata al doctorado, también por la UNAM en la misma materia. La trayectoria periodística es también uno de sus fuertes. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural “Fernando Benítez” y su paso por Radio UdeG y Canal 44 memorable.
Tiene el apoyo de varios miembros del sanedrín y se puede decir que es la candidata “local” o de la entraña udegeísta más fuerte.
José Trinidad Padilla López, José Alfredo Peña Ramos, Ricardo Villanueva Lomelí, Tonatiuh Bravo Padilla, César Antonio Barba y otros pocos más, encabezan al gran elector que definirá quién será la primer Rectora General de la Universidad de Guadalajara. El 22 de noviembre se dará a conocer la decisión última.
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