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OPINIÓN

El autoritarismo no quiere una prensa libre: Libertad de prensa, un triunfo de la democracia

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Sin lugar a duda, uno de los triunfos más importantes de nuestra democracia es la instauración de la libertad de prensa, a través de ella, se extiende y fortalece el ejercicio de nuestro invaluable derecho a la libre expresión, que al mismo tiempo, es uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad.

En el caso de la libertad de prensa, ésta ha alcanzado gran relevancia en todos los sistemas democráticos, toda vez que este derecho, con el paso de los años, se ha convertido en un criterio legítimo para evaluar la transparencia y los valores democráticos de un país. 

Aunque hay algunos casos, como el de Carlos Denegri, en que ciertos personajes del medio pueden ser utilizados por las autoridades como un mecanismo para ejercer presión e influencia sobre ciertos grupos, o bien, para promover algunos logros gubernamentales para así contrarrestar noticias negativas, la realidad es que oficios como el periodismo son y serán de vital importancia para el país, no por nada este gremio ha sido catalogado en muchas etapas históricas de México como el cuarto poder. 

En ese sentido, partiendo de la idea de que la división de poderes, que dicho de manera muy simple, es el mecanismo de pesos y contrapesos que busca evitar que todo el poder recaiga en una sola persona, entonces, cuando afirmamos que la prensa y medios de comunicación constituyen un  cuarto poder en nuestro sistema político, no es cosa menor. 

Seamos claros: la democracia no se puede entender sin el periodismo libre, por lo tanto, nuestro gobierno, tiene una obligación de salvaguardar la integridad de aquellos que forman parte de este gremio y al mismo tiempo, tiene la obligación de dotarlos de las herramientas públicas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. 

Es decir, si el gobierno y la clase política tienen en realidad un compromiso con la democracia y las libertades, entonces, en congruencia a sus valores y principios democráticos deben tener apertura al diálogo con todos los ciudadanos, pero especialmente con aquellos cuyo trabajo es informar a la sociedad sobre temas que pueden tener un impacto positivo o negativo en su vida cotidiana. 

En un país repleto de preguntas sobre nuestro futuro, la voz de la prensa nunca había sido tan importante. 

Además, al igual que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el famoso Cuarto Poder, tiene la tarea de consolidarse como un contrapeso de carácter informativo de todas y cada una de las decisiones que se toman no solo desde estos dos poderes, sino también, desde el poder político.

Ahora, lo interesante y noble de la prensa, y que es justamente aquello en que muchos representantes han fallado en entender, es que esta no responde a un partido en cuestión (o al menos no debería), ni mucho menos responde a los intereses de algún político, todo lo contrario, el único compromiso al que responden los medios comunicación, es a la verdad que se busca expresar través de páginas en periódicos, espacios de opinión en medios digitales o bien, a través de espacios televisivos. 

La prensa es por naturaleza una voz crítica, y esto, no debe sorprendernos, ya que la única manera que tenemos para llegar a la verdad, es a través de cuestionamientos constantes, tal y como lo establece la mayéutica socrática, misma corriente de pensamiento filosófico que establece muy puntualmente que invariablemente, el proceso que nos permite adquirir nuevos conocimientos y desentrañar la verdad, será siempre doloroso. 

No obstante, pese a la importancia que tiene este gremio en la vida pública y en el proceso de fortalecimiento de nuestra democracia, todos hemos sido testigos de cómo algunas personalidades de la vida pública han hecho de su hobby favorito el ataque y la desacreditación de la prensa cuando esta cuestiona más de lo que aplaude. 

En ese orden de ideas, y atendiendo al contexto político  y social tan complejo por el que atraviesa nuestro país, valdría la pena tener muy presente que hasta cierto punto, demeritar el trabajo informativo que realiza la prensa, implica demeritar también los valores democráticos que sostienen nuestra sociedad. 

Y sí, probablemente mientras leen esto se puede venir a su mente una lista de comunicadores o periodistas que estuvieron o que están al servicio del poder y que ciertamente han desvirtuado a la profesión, y han provocado que la prensa sea un blanco para el discurso político, pero ¿qué acaso no son también los políticos los que aprovechan cada espacio para decirle a la sociedad que no pueden permitir que el actuar de unos irresponsable defina el actuar de los honorables? 

Bajo esa premisa, entonces tampoco se puede permitir que el actuar de unos irresponsables defina la imagen de aquellos que desarrollan la profesión con nobleza y profesionalismo. 

‘’El periodismo político no hace políticos, hace política’’. Esa frase definió enormemente la carrera de una persona a quien recuerdo con cariño y a quien le guardo un enorme respeto, mi tío Héctor Morquecho Ibarra, quien dedicó su vida a tan noble profesión.

Ahora, después de mucho  leer esta frase y de escuchar como amigos tanto de mi padre como de mi tío la discuten, hoy puedo entender que no solamente representa una máxima con la que el periodista o el comunicador se deben de regir todos los días, sino que también, es una máxima que la clase política y gobernante debe tener muy presente si busca refrendar su compromiso con los valores democráticos. 

La política la hacemos todos y aunque no lo crean, la hacemos todos los días, de una forma u otra, ya sea compartiendo u opinando sobre ciertos eventos, todos contribuimos a hacer política, algunos desde espacios de representación popular, otros desde la administración pública, otros la hacen desde los partidos, algunos la hacen desde las organizaciones de la sociedad civil, y otros, la hacen desde los medios de comunicación. 

Y no importa desde dónde se hace, no podemos cometer el error de creer que algunos están más legitimados que otros para hacerla, al final, la política es para todos, y tal y como dijo alguna vez Eisenhower, la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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JALISCO

El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.

Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.

Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.

TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD

Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.

Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.

El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.

PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS

A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.

Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.

En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.

LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN

No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.

Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.

Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.

MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA

Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.

La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.

En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.

Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.

Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.

En X @DEPACHECOS

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Tendencias

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