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OPINIÓN

El Constituyente de Alfaro

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Jalisco requiere de un Constituyente que de vida a una nueva Constitución o requiere un nuevo Pacto Social? ¿Deben ir juntos con pegado o puede haber Pacto Social sin nueva Constitución?

¿El problema de la ineficacia de un gobierno, se deriva de un marco jurídico deficiente o de la mala aplicación de las leyes? ¿Es un problema de leyes o es un problema de incapacidad? ¿Son los mejores perfiles los que forman parte del gobierno o son en su mayor parte cuadros relacionados con el grupo gobernante, donde se da cumplimiento a compromisos políticos, de negocios, de caprichos y de egos?

El gobierno que tenemos a juzgar por los resultados es completamente ineficiente. Simplemente si le damos una ligera revisada al aparato de seguridad y justicia, veremos que no funciona en base a lo que nos indican las matemáticas, conforme al entender que me dio el dador de vida. Veamos esta información que publicó El Informador en su edición de este pasado sábado 14 de septiembre y usted saque sus conclusiones:

Entre enero y agosto del presente año se han documentado 109 mil 161 carpetas de investigación en Jalisco, reporta la Fiscalía General del Estado, principalmente robos en todas sus modalidades. Las cifras son altas (entre un 9 y 20 por ciento en comparación a otros años) si comparamos que en los años completos de 2013, 2014 y 2015 se registraron 101 mil, 91 mil y 95 mil denuncias por afectaciones de la delincuencia, respectivamente”.

Luego en la misma nota se precisa:

Sin embargo, la probabilidad de que el delito se denuncie y se esclarezca en Jalisco es de apenas el .6%, revela el Índice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por la organización Cero. La entidad se ubica en la antepenúltima posición en la probabilidad de esclarecimiento de un ilícito en México”.

Baja California es el Estado con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es el de menor efectividad (0.2%), cuatro centésimas de punto más abajo que Jalisco que tiene 0.6%.

Preguntaba en mi página de Twitter, a propósito de esta situación, qué pasaría si la Fiscalía del Estado desapareciera, ¿cambiaría nuestra situación? ¿Nos convertiríamos en la jungla con la ley de la selva? ¿O la ley de la selva es la que impera cuando el Estado, como responsable de ofrecernos seguridad está totalmente rebasado, como figura inoperante o en esas condiciones somos los ciudadanos los que tenemos que organizarnos para ser venos vulnerables ante aquellas personas que imponen su ley, con las armas y las organizaciones poderosas que han creado y que tienen mayor fuerza que el gobierno?

Hugo René Ruiz Eparza Hermosillo, ex diputado local y ex alcalde de Lagos de Moreno del PRI, dio algunos datos interesantes ante mi pregunta a propósito de la violencia e inseguridad que se vive en aquella región alteña: “El día que en lugar de 5 haya 35 agencias del ministerio público por región o en lugar de 10 o 15 policías investigadores haya 150 o 200 policías investigadores bien capacitados por región y en lugar de 1 o 2 juzgados haya 10 juzgados, ese día las cosas mejorarán”.

Se tiene que invertir fuerte en procuración y administración de justicia y hacer un plan a 10 años. Es inadmisible que por cada región del estado haya solamente 5 ministerios públicos y un grupo de policía investigadora para atender miles de denuncias”, añade Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo.

Entonces, echarle la culpa a una ‘Constitución vieja y obsoleta, a leyes inoperante’, creo que aquí no cabe, cuando los responsables de procurar e impartir la justicia, no hacen lo correspondiente, porque el presupuesto que les programan es insuficiente o lo tienen mal distribuido.

Entrevistamos al diputado Héctor Pizano, entusiasta promotor de la Refundación Alfarista, del Constituyente y dice estar convencido que este escenario de impunidad y de gobierno reprobado que tenemos en materia de seguridad y justicia, vendrá a cambiar con nuevas leyes. Así lo argumenta:

Requerimos una revisión a fondo de lo que es el estado de derecho en Jalisco, soy partidario que lo pongamos en la mesa de discusión, es lo más sano que le puede pasar a Jalisco y eso no distrae a nadie (…) Yo no soy policía, no soy fiscal, no soy juez, soy legislador, hago lo que me toca, no distraemos a nadie de su función por hacer este proceso”.

Hay que empezar por esta revisión, el por qué hay tanta impunidad y se es tan ineficiente. ¿Es un tema de leyes o es un tema de personas y de capacidad, un tema de corrupción?

En el tema de la Refundación Alfarista, Pizano lo encuadra en la necesidad de construir “Un nuevo Pacto Social”, que pienso que sí es necesario, más que el buscar crear una nueva Constitución, para ello -como bien afirma Mariana Fernández- el Congreso del Estado es un Constituyente permanente.

Por otro lado, aunque el gobernador Enrique Alfaro logró sacar adelante que el Congreso le autorice la creación de un nuevo Constituyente, no pasa por el mejor momento para impulsar un nuevo Pacto Social, su imagen está muy desdibujada, cuando su estilo de gobernar no ha sido precisamente ni tolerante, ni amigable, sino todo lo contrario. Si quiere cambiar la percepción que se ha ganado de autoritario, tiene que empezar por bajarle dos rayitas a su tono de hablar, el estilo de los manotazos y de la imposición que ha mostrado con las mujeres, con el tema de las Villas Panamericanas, el transporte, entre otros, poco abona para sentar a los jaliscienses en algo que sí es necesario como construir un nuevo Pacto Social, que insisto, es necesario, pero para ello no se requiere una nueva Constitución. Es mi humilde opinión, pero habrá que escuchar a la gente, qué opina, qué quiere y en consecuencia decidir sobre estos temas que son de fondo.

JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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JALISCO

Un gobernador de redes sociales: La diplomacia según Lemus y el silencio que delata…

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Pablo Lemus quiso jugar a la diplomacia. Se colocó su traje de “estadista internacional”, abrió su cuenta de X y decidió pronunciarse —veinticuatro horas después— sobre un conflicto que ni le competía ni le concernía directamente, pero que olía a oportunidad política: una funcionaria menor de Morena, Melissa Cornejo, fue cancelada —en redes y en visa— por el exembajador Christopher Landau, actual vicecanciller estadounidense. Lemus, con más cálculo que convicción, tomó aire, y escribió: “Eso no es Jalisco”.

Pero, ¿qué es Jalisco para Lemus? ¿Es acaso ese estado ejemplar que presume ante los diplomáticos gringos mientras, al mismo tiempo, sufre una de las tasas más alarmantes de desapariciones en el país? ¿Es ese “pueblo hermano” que, según él, mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos, mientras la impunidad se pasea libremente entre sus aliados políticos, como Enrique Alfaro en Madrid, sin rendir cuentas por los más de 17 mil desaparecidos?

En su intento por desmarcarse de Melissa Cornejo —una joven militante que se inmoló en un tuit rabioso contra el imperio migratorio estadounidense— Lemus no midió que estaba exponiendo su propia desnudez política. Porque es muy cómodo condenar un mensaje soez desde la altura del poder, pero es más difícil responder cuando la diputada Itzul Barrera le devuelve el golpe con los datos que Lemus no publica en sus redes: alcaldes de su partido presos por crimen organizado, crisis hídrica en medio estado, y una Mesa de Seguridad donde el gobernador prefiere scrollear a intervenir.

Lemus no defendió a Jalisco. Se defendió a sí mismo. Se posicionó como el “buen mexicano”, el que sabe hablar inglés, el que presume relaciones internacionales y que, como todo buen político tecnócrata, se sube a los trending topics con frases bien medidas para caerle bien a los de afuera.

Pero en casa, su voz suena hueca. ¿Dónde está el mismo Lemus para condenar las ejecuciones extrajudiciales que policías municipales han protagonizado en su administración? ¿Dónde está para exigir justicia para las madres buscadoras hostigadas o desaparecidas? ¿Dónde estaba cuando Itzul Barrera le respondió con datos y él no supo replicar más que con silencio?

Este es el verdadero problema: Lemus no ve el fondo, solo la forma. Mientras Melissa Cornejo borra sus redes, él limpia su imagen con trapos ajenos. Mientras el vicecanciller Landau pontifica sobre los “glorificadores de la violencia”, el gobernador guarda silencio sobre los desaparecidos del 5 de mayo, los cuerpos embolsados en el río Santiago o los feminicidios en la zona metropolitana.

Y todo, para quedar bien con Washington.

Como decía un viejo columnista —al que esta pluma sigue rindiendo tributo—, “los políticos no son lo que dicen, sino lo que callan”. Y Lemus, al callar frente a los escándalos reales que le competen, pero alzar la voz solo cuando hay reflector extranjero de por medio, se pinta de cuerpo entero: es un gobernador de redes, no de gobierno.

En X @DEPACHECOS

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