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OPINIÓN

El contexto mexicano respecto a la vacuna del COVID-19: Las enfermedades que han sido desatendidas por epidemia

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Bioética, por Omar Becerra Partida //

Según los expertos, la estrategia del Gobierno de México para enfrentar la pandemia de Covid-19 es un fracaso como lo reflejan los más de 200 mil muertes, y observamos que la política del gobierno federal es muy deficiente, ya que es prioridad vacunar a los operadores de un partido político.

También vemos que en las brigadas de vacunación, existen no solo médicos y enfermeras, sino que también existen promotores electores de una partida política.

Observamos que la vacunación no busca como prioridad la salud, sino la política.

Contradicciones, de altos funcionarios de la nación, en sus declaraciones hacia la población.

Mientras Europa se pelea por la generación de vacunas, el gobierno federal mexicano, esta donando vacunas a otros países, con el concepto de que son más pobres.

Tráfico de influencias en nuestro país, en la vacunación contra el COVID 19, como ejemplo lo vemos en políticos y artistas mexicanos.

Tampoco existe, certeza de las personas que recibieron la primera dosis, recibirán la segunda contra el COVID 19.

El plan de vacunación es una burla y un desastre, al renunciar sus principales funcionarios, e inventarse un nuevo plan de vacunación.

La Comisión Nacional de Bioética ha sido disminuida por el gobierno federal, en esta pandemia, y así seguirá lo que dure el actual gobierno federal. Existen una serie de contradicciones a nivel mundial sobre este problema.

No vemos ningún candidato político en año electoral que hable sobre la suspensión de patentes en farmacéutica frente a la vacuna del COVID 19, en esta pandemia.

UN SISTEMA DE SALUD DEFICIENTE

Según el segundo boletín de la CONAMED de noviembre a diciembre del 2017:

El Sistema Nacional de Salud en México, ha sido producto de las luchas sociales protagonizadas principalmente por los obreros ferrocarrileros, electricistas, petroleros, los maestros y los médicos en las primeras décadas del siglo XX. Los principales logros son, sin duda, el de mantenerse como un sistema predominantemente público, basado mayoritariamente en la prestación de servicios de seguridad social.

Lo anterior se ve reflejado en los datos presentados en el quinto informe de gobierno 2016-2017 en el que la población total en el 2016 ascendía a 122.3 millones de mexicanos y de ellos, 97.2 millones (79.5%), fueron usuarios al menos una vez al año de algún servicio de salud del sector público. De éstos, 50.3 millones (41.1% de la población) fueron personas aseguradas y 46.9 millones (38.4%) personas no aseguradas. Otro logro indiscutible es el obtenido con la reforma sanitaria de 1983 cuando se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la protección de la salud y se precisó jurídicamente a través de la Ley General de Salud, los reglamentos y normas oficiales que de ella se derivan. Estos logros, sin embargo, han sido relativos y han estado condicionados a la disponibilidad de recursos que el Estado Mexicano ha destinado para su complimiento y a la capacidad organizativa del propio sistema de salud”.

Dando este antecedente hemos observado, que la mayoría de los hospitales públicos y privados están atendiendo enfermos por COVID 19, ¿pero ¿qué pasa con las otras enfermedades que según el triage son de urgencia?

(El triage es un sistema de ​selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. De hecho, de ver mostrado en la sala de urgencias de todos los hospitales públicos y privados del país.)

Según, el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se observó que los servicios de salud que están a cargo de gobiernos estatales suelen tardar 56.7 minutos en atender a un paciente; el IMSS, 51 minutos; las fuerzas armadas, 13.8 minutos; las universidades, 13.2 minutos, y las instituciones privadas, 12.7 minutos.

Pero ahora con la pandemia estos tiempos han aumentado o de plano no son atendidos en el área de urgencias.

En el IMSS, si una persona tiene otra urgencia médica, por ejemplo en el caso de una cirugía Maxilofacial, en donde el paciente presenta, angina de Ludwig que es una infección mortal a raíz de una glándula salival infectada por una obstrucción de un cálculo, no es atendida, para cirugía, o en el caso de una persona con hipertiroidismo que se ocupa extirpar la tiroides previo tratamiento no lo está realizando el instituto, en estos casos vemos una clara violación a derechos humanos y también negligencia médica.

Sabemos que existe mucha población que está esperando una cirugía en el sistema de salud público y no se ha podido consolidar por la falta de organización en el sistema.

En este orden de ideas y con datos del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2017 – 2018 publicado por el IMSS, los 10 principales motivos de consultas de urgencias a los Hospitales de esta institución, en 2017, son:

Infecciones respiratorias agudas, traumatismos y envenenamientos, enfermedades infecciosas intestinales, embarazo, parto y puerperio, enfermedades del corazón, dermopatías, infección en las vías urinarias, enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, diabetes mellitus y trastornos de los tejidos blandos.

De los cuales solo algunos padecimientos son los que se están atendiendo, en sus hospitales.

Como sabemos el sector salud está colapsado y no es de ahora, sino ya tiene años, desde malos manejos, mafias sindicales y el robo hormiga es una constante en el sector.

En este periodo de pandemia la serie de delitos y omisiones por parte de las autoridades del sector salud, está aumentando considerablemente, y esto no ha sido un detonante de estudio por parte del sector salud y el sector judicial, la saturación de hospitales y de personal de la salud es común y esto conlleva grandes violaciones a derechos humanos en los pacientes.

La Comisión Nacional de Bioética está disminuida en el presente, ya que el presidente en turno no le interesa su colaboración en esta época de pandemia.

Nos dimos a la tarea de investigar y según una trabajadora social que nos pidió su anonimato por miedo, comenta que en el hospital mental público donde ella labora, no existen los suficientes recursos médicos para la solvatación satisfactoria del mismo, dejando a muchos de sus pacientes sin medicamento y atención médica correspondiente.

Nos damos cuenta que nuestro sistema de salud, está quebrantado, no funciona de manera normal con enfermedades comunes, y ahora en época de pandemia, menos.

Es necesario ya atender otros padecimientos de la población, así como los enfermos del COVID 19 en este momento sabemos que las comisiones de bioética tanto estatales como nacional está disminuido y es momento de encontrar un equilibrio para que sean atendidos por igual todos los padecimientos.

La población necesita una protección a la salud como lo menciona el artículo 4 constitucional, no se nos olvide que en realidad pagamos por el servicio como tal.

Sabemos que en estos momentos lo que se espera de este año es un año político electoral en donde el pastel espera su repartición olvidando por el resto de la gestión de los políticos a la población.

Que por cierto está llena las candidaturas, de artistas y de trasgresores de la ley en su gran mayoría, por parte de los distintos partidos políticos.

Hacemos un llamado a la mejora del sector salud y atender de nuevo todos los padecimientos ya que de por si es muy problemático conseguir una cita con el especialista en los hospitales públicos ahora en época de pandemia es imposible.

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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