OPINIÓN
El derecho a aprender y la cobertura universal
Columna Educación, por Isabel Venegas Salazar //
Cada 31 de mayo se celebra el “día del matemático”, fecha que se estableció en conmemoración al fallecimiento del gran Évariste Galois. Cuando murió tenía tan solo 21 años, pero por su talento y tal vez por el hecho de coincidir en el tiempo y el espacio con otras mentes también gigantescas, hicieron que sus aportaciones fueran consideradas un parteaguas en la ciencia.
Su historia es tan triste como fantástica, no me quiero desviar mucho pero te voy a decir que fue revolucionario, liberal, matemático, y que murió en un duelo, un duelo entre amigos, ya que por cierto, el otro contendiente también era republicano; al morir dijo a su hermano «Ne pleure pas, Alfred! J’ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans!» («¡No llores, Alfredo! ¡Necesito de todo mi coraje para morir a los veinte años!»)
En fin, volvamos al tema, debido a la celebración compartí en mis redes sociales un fragmento de su biografía:
Galois decidió en cambio presentarse al examen de ingreso en la École Polytechnique con un año de anticipación y sin el curso de preparación matemática habitual. Careciendo de formación fundamental, fue rechazado. Galois consideró su fracaso como una injusticia, y ello endureció su rechazo a la autoridad. No obstante, continuó progresando rápidamente en matemáticas, matriculándose en el curso superior de esta ciencia en el Louis-de-Grand, impartido por el profesor Louis-Paul-Émile Richard, quien se percató inmediatamente de las dotes de Galois, solicitando que fuera admitido sin examen previo en la École Polytechnique. Aunque su recomendación no fue atendida, el estímulo de Richard produjo en Galois resultados espectaculares.
Casi de manera natural, los comentarios fueron en el sentido de criticar a una escuela por haber rechazado a una de las mentes más brillantes de todos los tiempos con un simple examen, a la vez que imploraban la posibilidad de que todos pudieran tener acceso a la educación profesional.
Veamos algunas cifras: En el 2017 la numeralia decía que tan solo el 17% de la población en México tenía estudios a nivel superior. La estadística también indica que 7 de cada 10 jóvenes que quieren ingresar, no logran conseguir un lugar; son aproximadamente 420,000 jóvenes los rechazados.
Ante esta necesidad, y ya desde sus propuestas de campaña, el Presidente de la República, Andrés Manuel López, había hablado de la posibilidad de operar universidades que no requirieran examen de admisión. En aquel entonces, los candidatos contrarios tachaban la propuesta como pura demagogia. Se advertía del serio riesgo que significaba perder los estándares de calidad, al no poder establecer parámetros y candados para el control de ingreso.
Hoy el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional es una realidad, y con él sus propuestas siguen yendo hacia adelante; al parecer se van a gastar más o menos 1,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de este 2019 para el proyecto que pretende operar 100 planteles en 31 estados de la República Mexicana. A este momento hay una controversia con el reconocimiento de la validez a los planes de estudio que propone el nuevo gobierno para que sean impartidos en dichos planteles, así que hoy por hoy, no están los edificios ni están los contenidos.
Entregar el “Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios” (REVOE), significa cuidar desde las instalaciones, las medidas de seguridad, los planes de estudio, los mecanismos de evaluación, la certificación de sus profesores, el seguimiento a egresados, con un largo etcétera; ese es un gasto importante en el proceso de acreditación, que debería dar certeza a la ciudadanía al momento de elegir una casa universitaria.
Coincidentemente este fin de semana se aplica el examen de admisión para la Universidad de Guadalajara. Las filas kilométricas de automóviles, evidencian la magnitud de la preocupación de los padres que han llevado a sus hijos a la evaluación, y pronostican un mal augurio cuando sabemos de los porcentajes publicados por la misma UdG. Para el calendario 2017–B hubo 46 mil 966 aspirantes a licenciatura, de los cuales ingresaron 16 mil 994; para el 2018–B fueron 53 mil 470 solicitudes, pero se admitió a 18 mil 21, un 6.04 por ciento más que el ciclo anterior.
Eso significa que a pesar de la inversión por aumentar la matrícula muchos jóvenes, junto con sus padres, van a sufrir cuando vean frustradas las ilusiones de poder acceder a un lugar. Los conflictos viales que vimos este sábado alrededor de cada centro universitario, son una manifestación de este asunto, que a medir por el avance de un 6% en el incremento, tardaría mucho tiempo y dinero para llegar a ser del 100.
Cierto es que, además de los problemas de ingreso, en el tema del seguimiento a los procesos de formación se observa un nivel de deserción que reduce la matrícula a casi el 50% en los primero 3 semestres. Las razones pueden ser desde la necesidad económica, porque descubrió que esa no era la carrera que quería estudiar, o por una carencia del andamiaje cognitivo suficiente, es decir, el alumno a veces no entiende lo que le están hablando porque carece de la estructura de conocimientos para “soportar” un aprendizaje avanzado (a pesar de lo que dijo el examen de admisión).
Para eso deberían ser los filtros, para asegurarnos que los alumnos tienen los elementos suficientes para tal o cual carrera. Ahí coincido en que debería haber un mecanismo que permitiera asegurar a la universidad el “valor” de invertir en la formación de un joven de manera efectiva. Más que una prueba, debería ser un proceso de selección, ubicación y acompañamiento, lo cual representa un gasto mayor, sí, pero al parecer estamos desperdiciando muchos más recursos con los formatos actuales.
Las universidades públicas deben justificar el gasto de operación mediante a sus niveles de egreso, pero por ahora vemos escuelas que han abordado el problema de la reprobación-deserción aplicando remediales, implementando cursos inter-semestrales, con más extraordinarios, o ya de plano invitando a los profesores a “maquillar” las calificaciones. Al final de cuentas, están teniendo generaciones de muy pocos graduados, de los cuales un porcentaje significativo no va a ejercer la profesión.
Hablemos entonces de una verdadera reingeniería administrativa, una que nos permita saber que los jóvenes están ingresando al nivel superior motivados por aprender, por crecer, por realizarse, y no simplemente por tener un mecanismo que les “asegure” un mejor futuro económico, porque si esa no es su vocación, y si no la estudian con pasión, el mercado no lo estará esperando para compensar las carencias que no lograron superar con la facultad.
Espero de todo corazón que les vaya bien a todos los chicos que hicieron el examen de admisión, pero no podemos quedarnos con los buenos deseos, mirando como muchos de ellos apuestan su vida a esos intentos, y a partir de ahí se apropian de un estigma de fracaso, cuando en realidad la infraestructura no da para recibir a muchos de ellos a pesar de demostrar talento y capacidad; como tampoco podemos pensar que con borrar el examen de admisión se logra la cobertura universal y se resuelven los temas de formación. Se nos olvida esa base Darwiniana de selección, y creemos que nos rige más el romanticismo y la buena voluntad, que la lógica.
Una propuesta para dar acceso universal a la formación profesional, es la de aprovechar las tecnologías de la información. Cada vez más veremos las acreditaciones alternativas, y contrario a lo que muchos piensan, los jóvenes tendrán que ir descubriendo que la formación a distancia no es tan fácil como parece, y los obliga a desarrollar autodisciplina, gestión y organización, volviendo esa modalidad tan valiosa como la presencial, sin descuidar la convivencia y la dimensión social.
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Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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