OPINIÓN
El dilema para Ricardo Suro: No controversia o reelección
Por Mario Ávila //
Un argumento importante pone en duda la posibilidad de que el Poder Judicial interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las reformas legales que lo agravian y esa duda tiene que ver exclusivamente con la posibilidad de que se dé, o no, la reelección del presidente del STJJ, Ricardo Suro Esteves cuyo periodo concluye en diciembre del 2020.
Eso explica por qué el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, se ha mostrado sumiso ante los embates del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que para justificar la ineficiencia de la Fiscalía y para lucir en el panorama nacional, en donde ya le dieron la encomienda de encabezar la lucha contra la corrupción entre jueces y magistrados, ha bajado la cabeza en casos de evidentes errores del Ejecutivo, como fueron los casos de la liberación del líder del CJNG en Lagos de Moreno y el homicidio de una pareja de recién casados, por parte del futbolista Joao Maleck que manejaba en evidente estado de ebriedad y a exceso de velocidad.
El gobernador se ha llenado de insultos y acusaciones para el Poder Judicial en Jalisco, sin que se escuche una réplica frontal por parte del representante de los impartidores de justicia y ello obedece, según lo admiten un par de magistrados consultados por Conciencia Pública, a que en junio de 2021 se le vence el nombramiento de
Ricardo Suro y en ese momento buscaría reelegirse por diez años como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
Sin embargo, para ese entonces el Partido Movimiento Ciudadano aún tendría el control como fracción parlamentara mayoritaria, del Congreso del Estado y muy seguramente pendería de un hilo su reelección, de ahí que Suro Esteves le da rodeos a la posibilidad de interponer una controversia constitucional.
Revelan las fuentes consultadas que Suro Esteves aprovecha para mantener su posición tibia, la división de opiniones que hay al interior del STJJ en donde prácticamente la mitad de sus integrantes quieren anticipar los tiempos para la defensa en bloque y de manera institucional del Poder Judicial, mientras que la otra mitad llama a la prudencia y propone que sea hasta después del 9 de julio cuando se publiquen las reformas en e Periódico Oficial del Estado de jJalisco, cuando se empiecen a tomar las determinaciones que sean necesarias.
Al interior del pleno del STJJ bien se pueden identificar varios grupos, de acuerdo a su origen, al sexenio en el que ingresaron, a sus filiaciones político-partidista o bien a la fidelidad hacia algún personaje o agrupación a la que le deben su nombramiento.
Entre los que destacan los magistrados impuestos por exgobernadores, los del PRI, los del PAN, los disciplinados a Raúl Padilla López y los que le deben el cargo al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y/o a su papá el exmagistrado Leonel Sandoval.
Y es justamente eso lo que los tiene divididos en dos grandes bloques, los que quieren defender la dignidad del Poder Judicial y evitar la intromisión directa del gobernador en turno y los que anteponen la posibilidad de continuar en su carrera garantizando su reelección disciplinándose a la intención de control del Poder Judicial, por parte de Enrique Alfaro.
Lamentan los magistrados consultados por el semanario Conciencia Pública, que unos quieran mantener sus privilegios económicos y otros busquen dócilmente garantizar trabajo por muchos años más; hay unos a los que no les importa el peso político del gobernador Enrique Alfaro y otros que creen que con su decisión estarían poniendo en riesgo su carrera y por ello están dispuestos a disciplinarse a las exigencias del Ejecutivo en turno, sin que ninguno de los dos grupos anteponga el tema de la correcta impartición de justicia.
Con relación a esta división de intereses y compromisos al interior del Poder Judicial, el columnista Pedro Mellado ha hecho recientemente esta importante aportación: “Son 32 magistrados que actualmente integran el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco -deben ser 34, hay actualmente dos vacantes-, de los cuales 11 estarían en el ámbito de influencia y control de exgobernadores o exfuncionarios priistas; 8 más estarían bajo la influencia del cacique de la UdeG, Raúl Padilla López, y sus aliados; la influencia del PAN sería clara sobre 7 magistrados más; el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y su padre el exmagistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa pesan en la voluntad de otros 5 magistrados, en tanto que Movimiento Ciudadano -del actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez- tendría que conformarse con considerar como propia de su partido una sola posición en la máxima instancia de justicia de la entidad”.
Vale la pena mencionar que en el cas de que se vayan los magistrados a la controversia constitucional, su suerte estaría echada ya que la reacción del Ejecutivo sería evitar las reelecciones y esa postura seguramente no le desagradaría a las fracciones parlamentarias del PAN y hasta de Morena, que tendrían la posibilidad de beneficiarse y sacar algún provecho en el nuevo reparto de las vacantes, entre ellas la de la posición del presidente del STJJ y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro Esteves.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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