OPINIÓN
El primer tercio de la Cuatro T

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El 29 de noviembre, en una zona marginada de Tijuana, el primer mandatario recordó el inminente segundo aniversario de su gobierno: «no ha sido fácil, porque enfrentamos la pandemia, la crisis económica y enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios», advirtiendo a éstos: no van a poder.
Con la salida de Alfonso Romo, del importante cargo de Jefe de la Oficina de la Presidencia, el México polarizado que vivimos, quedaron escasos puentes para que las partes que están enfrentadas (partidarios de la 4T y adversarios conservadores) se entiendan entre sí. En mucho se debe a que AMLO, al calificar a quienes lo embisten, los descarta porque “no somos iguales” y a cada rato esa “minoría rapaz” arremete irracionalmente contra su gobierno.
No cabe duda de que al terminar el primer tercio del sexenio de la 4T, lastimosamente los mexicanos no hemos podido caminar unidos. Por cualesquier motivo terminamos raspándonos unos a otros, y fanáticamente le echamos porras a nuestros “gallos” ideológicos, lo cual es algo lamentable.
Durante las campañas presidenciales, la mayoría estábamos de acuerdo con el diagnóstico: la corrupción había alcanzado niveles insoportables: la desigualdad social y la economía informal eran muestra palpable de que el sistema se había agotado en lo esencial y las muestras de rabia y desesperación de los de abajo barruntaban riesgos reales de inestabilidad. De cara a la indignación y a la tensión creciente, latente desde hacía años, en 2018 se consideró que era “el tiempo de los pobres por el bien de todos”.
Esa fue premisa en la que podían coincidir la mayoría de los mexicanos en lo general, por lo que se decidió que “juntos haremos historia”. Y el Presidente ha privilegiado la atención a las clases populares, “destacando que los apoyos sociales se han elevado a nivel constitucional para que, sea quien sea el que esté en el gobierno, los programas para adultos mayores, becas y apoyos a niños con discapacidad se preserven”. (La Jornada, 29-XI-20).
Es de considerar que el estilo de López Obrador, provocador y confrontador, alza ampollas y genera polarizaciones sociales. Y como para pelearse cuando menos se necesitan dos, de los sectores medios y altos emergieron los contendientes, no incluyendo entre estos a los periodistas que son necesarios en el engranaje social.
Pero de los pudientes y aliados podemos decir que una cosa es aceptar, aparentando gentileza y altruismo, que había de hacerse algo por los pobres, y combatir a la corrupción, y otra cosa muy distinta es sonreír cuando resulta que poner en práctica esas ideas, implicaba perder ciertos privilegios: a los acaudalados les gusta aplicar el viejo dicho de “hágase la justicia…en los bueyes de mi compadre”.
AMLO fue elegido por más de 30 millones de ciudadanos, mismos que exigían un cambio, y justamente lo ha intentado hacer, desde luego que a su buen saber y entender. Se decidió de prisa y corriendo, levantar el poder adquisitivo de los más desprotegidos, lo que se prueba con dos botones de muestra: a) en programas sociales les hizo transferencias económicas de casi 700 mil millones de pesos, algo nunca visto en nuestra historia; b) determinó aumentar radicalmente el salario mínimo, llevándolo de 80 pesos a 185.56 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte y 123.22 pesos diarios para el resto del país. Toda una proeza.
También combate la evasión fiscal de los sectores privilegiados, que se sintieron lastimados por ello, después de tanto apapacho que habían recibido en sexenios anteriores. Otro renglón fue cambiar la legislación sindical para debilitar a los líderes charros que tanto han dañado a la clase obrera, a la cual impúdicamente dicen defender, y que habían llevado a la penuria.
No se puede negar sus acciones para abatir el gasto suntuario del Gobierno, que siempre había sido una afrenta al pueblo mexicano , funcionando bajo la divisa de “gobierno rico con pueblo pobre”; a la par busca separar el poder económico del político, lo que implica quitar las capas empresariales engordadas por tratos desvergonzados en agravio de la nación, de allí que sea indispensable quitarle a ese poder el control político, “para que el gobierno represente a todos, que no sea una oligarquía al servicio de una minoría rapaz”.
Otra premisa ha sido combatir la corrupción en la administración pública, lo cual no se ha logrado totalmente porque es un mal crónico no solo del gobierno federal, sino de los estatales y de los municipios, incluyendo instituciones descentralizadas y figuras como los fideicomisos. Preocupado por regiones atrasadas, como la del sureste de donde él proviene, les destinó el flujo de recursos. En fin, multiplicó planes para apoyar a las clases sociales más desprotegidas, lo que le vale acervas críticas de sus impugnadores, que sin embargo no pueden negar que todo se ha hecho sin violencia o represión, y lo más admirable, sin recurrir al endeudamiento externo, el incremento de impuestos o el déficit público, recursos usuales no solo de los gobiernos populistas, sino de los regímenes de la llamada etapa neoliberal.
Como afirma Jorge Zepeda Paterson, “El Gobierno hizo bien en hacer cirugía mayor en materia de fideicomisos o del llamado outsourcing, por ejemplo, porque los abusos y la corrupción resultaban evidentes. Pero también es obvio que se utilizó cuchillo de carnicero donde tenía que haberse empleado un bisturí.”(El Informador, 29-XI-20). Sin embargo, ya sabemos que cuando se trata el cáncer, se sacrifican células sanas so pena de que la curación no sea efectiva al eliminar las partes enfermas. Y en nuestro país, la corrupción no cabe duda de que tiene rango de cáncer.
Breve fue el mensaje del uno de diciembre desde Palacio Nacional, apenas 43 minutos. Pero en ellos se mencionaron logros, que aquí hemos anotado y se reconocieron esfuerzos, por ejemplo al personal médico que combate la pandemia o a las fuerzas armadas que con lealtad y entrega trabajan por la nación. Y AMLO admitió limitaciones: “Todavía queda mucho para pacificar el país”, así como desterrar la corrupción y abatir ilícitos graves. “No todo es perfecto”, afirmó, pero “ya logramos sentar las bases para la transformación de México”.
En el análisis de los dos primeros años de la Cuatro T, afirma el escritor antes citado, que “en lo sustancial concluiríamos que el Gobierno se inclinó en la dirección correcta” aunque claro, hubiera sido preferible que no se hubiesen provocado enfrentamientos y se hayan evitado desplantes. Al respecto, debe atenderse la propuesta de los gobernadores “aliancistas” que han ofrecido mediante el diálogo, sumarse a la tarea de trabajar coordinadamente los poderes y los órdenes de gobierno, con lo cual se ensancha el horizonte de la nación.
En conclusión me adhiero al juicio del multicitado Zepeda: “Pese a sus rusticidades e improvisaciones me parece que los errores de la 4T son preferibles que los errores de sexenios anteriores, porque al menos está intentando hacer algo sobre la deuda moral que tenemos con los de abajo».
«Estoy de acuerdo que tampoco puede ignorarse indefinidamente a la otra mitad de México, la más próspera, y que tras el repentino giro en el timón habrá que recomponer, restañar heridas y restablecer el tejido sano que sí ha sido afectado. Dos años polémicos y complicados, con el agravante de una pandemia histórica en el camino. Y, sin embargo, algo por fin se mueve para los que durante tanto tiempo habían sido desdeñados”.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
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Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
JALISCO
El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.
Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.
Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.
TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD
Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.
Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.
El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.
PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS
A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.
Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.
En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.
LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN
No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.
Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.
Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.
MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA
Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.
El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.
La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.
En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.
Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.
Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.
En X @DEPACHECOS
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