Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Un problema de gran calado que le toca enfrentar al gobierno que encabeza en Jalisco Pablo Lemus es evitar la crisis que se podría venir con las pensiones de Jalisco y el organismo que las opera, como es Ipejal, que le quedarían 11 años de viabilidad (hasta 2036), conforme al estudio actuarial que se realizó a finales del diciembre de 2023 elaborado por “Valuaciones Actuariales del Norte”.

Y la misión para evitar el colapso de Ipejal se la encomendó el gobernador Lemus a Juan Partida Morales, al designarlo como su director general en el nuevo gobierno y que conoce muy bien las entrañas del monstruo, ya que junto con Hugo Luna, mandaban en este organismo que opera con las cuotas que aportan decenas de miles de empleados y trabajadores del Estado.

¿Por qué mandar a dirigir a Ipejal a Juan Partida? Y la pregunta es pertinente porque Partida fue el presidente de este instituto durante los últimos seis años y seguramente existen intereses creados desde el mismo gobierno.

¿Qué confianza inspira quien llegó con la mentalidad de servirse antes de servir a los afiliados a Ipejal?, como fue evidenciado con el incremento que pretendió Partida Morales al sueldo del director general que devengaba el anterior (Héctor Pizano) de 70 mil pesos a 120 mil y que el propio personaje hoy tan cuestionado operó para su beneficio con el argumento de que su formación y perfil está sobre calificado.

¿Por qué Partida Morales se opuso en su momento como presidente del Consejo de Administración de Ipejal a que el sueldo del director general, Héctor Pizano y de funcionarios de primer nivel se homologaran a los que recibían funcionarios del gobierno estatal? ¿Mezquindad, animadversión?

LOS INTERESES CREADOS

Creo que por decoro, Partida Morales no debió ser designado director general de este organismo, por los intereses creados que seguramente se generaron en los seis años del gobierno de Alfaro.

Público y notorio fue que las grandes contrataciones de compra de medicinas de miles de millones de pesos durante esos seis años, la decisión la tomaban en conjunto Juan Partida y Hugo Luna, hoy diputado federal, quien sólo se metía en los contratos gordos.

¿Qué tan sano es que un personaje que estuvo de presidente del Consejo de Administración de Ipejal durante los últimos seis años y cuya palabra fue la ley, siga al frente del mismo? ¿Qué garantía hay que su manejo vaya a ser limpio? Y lo pregunto en voz alta, porque los pensionados y jubilados se quejan de que no tienen información sobre el manejo financiero de Ipejal.

EL JUEGO PERVERSO

Juan Partida es un hombre de poder, desde que estuvo de titular de finanzas del Gobierno de Jalisco tenía como su operador a Rodrigo Moreno Trujillo, quien fungía de director jurídico de Ipejal, quien fue denunciado por Julieta y Vanessa Angulo Mejía, de hostigamiento y acoso laboral, con la finalidad presionar a Vanesa para que firmara su renuncia, argumentando que el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, estaba muy molesto porque, para que pudiera ser reinstalada, tuvieron que dejar de renovarle su contrato a la anterior gerente, y quería que le desocupara la plaza, bajo el argumento de que políticamente le correspondía al Secretario.

Rodrigo Moreno fue denunciado ante la Agencia del Ministerio Público de Primera Guardia de la Unidad para la Investigación de Delitos Contra Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía del Estado, y ante la Quinta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la misma forma a Rodrigo Moreno se le inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa calificado en el informe de presunta responsabilidad administrativa como falta administrativa grave por violencia de género en perjuicio de Julieta y Vanessa Angulo Mejía, el cual, fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa.

Rodrigo Moreno al ser cesado de Ipejal con ese poderoso padrino que tiene no se quedó sin chamba y fue nombrado Director del Centro de Conciliación Laboral, quien al momento de tomar el cargo llevó con él a Patricia Elizabeth Navarro Camacho, como Directora Administrativa, quien había sido colaboradora de mucha confianza en la Dirección Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Y ahora con la llegada de Juan Partida a la Dirección de Ipejal, Patricia Elizabeth Navarro Camacho, sale del Centro de Conciliación Laboral y es designada Directora de Responsabilidades del del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Dirección encargada de re calificar la falta en caso de que la Magistrada decida regresar el expediente a re calificación en contra de su padrino Rodrigo Moreno.

Pues resulta que Rodrigo Moreno es una de las seis nuevas plazas ejecutivas que pretende crear Partida Morales, ¿por qué lo hace si se trata de un personaje tan cuestionado? Lo hace porque se siente poderoso. Mientras esto sucede, hay empleados de base que han sido afectados en sus derechos, golpeados por Juan Partida Morales, al ser ser cesados ¿y quién es el operador de este trabajo sucio?

El gobernador Pablo Lemus debería ordenar una investigación sobre esto que está pasando en Ipejal y debería revisar la conveniencia y el costo que representaría para su gobierno dejar a un personaje con el que hay tantas dudas y que se rodea de acosadores y abusadores de mujeres.

Para rescatar a Ipejal debe de enviar a un perfil que sea de su confianza, si no quiere enfrentar sorpresas desagradables en el futuro.

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Cuando gobernaba a Jalisco el ilustre Agustín Yáñez Delgadillo, cuyo período fue del uno de marzo de 1953 al último de febrero de 1959, preocupado por la inexistencia de normas que protegieran a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, dando opción de agregarse a los trabajadores de las municipalidades, envió con fecha 10 de diciembre de 1953 al Congreso local, una iniciativa para crear la Ley de Pensiones Civiles del Estado; fungía como Secretario General de Gobierno, el distinguido abogado Alberto Fernández, quien como competente jurista sin duda dio fino retoque al humanista proyecto, apuntalado por el jefe de Economía y Hacienda, Lic. Francisco Medina Ascencio. 

El lunes 14 de aquel mes navideño, se dispuso en la Cámara de Diputados, que la iniciativa antedicha fuese analizada por las comisiones de pensiones y la de gobernación, en las cuales destacaban los legisladores Dr. Francisco Sánchez Flores, (el polifacético y célebre Pancho Panelas) muy cercano al mandamás jalisciense, y el Lic. Carlos G. Guzmán, quien había fungido como segundo de abordo en el período del gobernador Jesús González Gallo (1947-1953), antecesor del literato Agustín Yáñez. 

El Poder Legislativo de ese entonces, la XL legislatura, lucía diputados de enorme calidad en lo humano y lo político, siendo en total 18 y entre ellos mencionamos como botones de muestra, a: Alfonso de Alba Martín (académico, escritor y enseguida secretario de gobierno, por el fallecimiento del Lic. Fernández), Juan Gil Preciado (futuro gobernador), José Parres Arias (notable Rector de la Universidad tapatía), Manuel García Guzmán (alias el General Zaragoza, padre del futuro gran político Sergio García Ramírez); el medico Enrique García Ruiz (alias Buda, adalid de los estudios forenses en Guadalajara); D. José Ma. Díaz de León, (quien sería Procurador de Justicia, hermano del primer Rector de la Universidad oficial)  y el culto ensayista y poeta Emmanuel Palacios. 

El documento fue debatido el 17 de ese decembrino mes, y para el siguiente día firmaron el dictamen favorable, basados en que tenía un “amplio espíritu de beneficio humano que entraña y tiende no solo a la protección de los empleados públicos, sino al mejoramiento integral de Jalisco”. El parecer se aprobó el 28 de diciembre de ese año, según decreto 5904 rubricado por el Lic. José Parres Arias, presidente de la Cámara y los diputados Francisco Espinoza Sánchez y Dr. Enrique García Ruiz, sancionándolo el inmediato día 30 el gobernador Agustín Yáñez y publicándose en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el postrer día -jueves 31 de diciembre- del año 1953, para entrar en vigor el uno de enero del año inmediato.

Con ello se cumplía el espléndido fin del sobresaliente mandatario jalisciense de “proteger el equipo humano de que dispone (el Estado) en la realización de las actividades públicas”, dado que la actividad diaria que despliegan “trae consigo un desgaste físico que es menester garantizar y prevenir en beneficio de quienes dedican su vida al servicio de la colectividad”.

La primera oficina se instaló en el mismo Palacio de Gobierno, lateralmente al pie de la escalera principal, fungiendo como director, el aludido jefe del Departamento de Economía y Hacienda, Lic. Francisco Medina Ascencio, arandense de gratos recuerdos por su bonhomía y sentido humanístico. 

Es muy significativo, que la idea sustantiva fue salvaguardar los derechos de los trabajadores de la administración pública, no incluyendo a los cargos de elección sino a los “funcionarios por designación y los empleados al servicio del Estado” con nombramiento expedido por este. Optativo de ser parte de esa protección, la tendrían -previo acuerdo con la Dirección de Pensiones- los trabajadores de los municipios y órganos descentralizados de la Entidad.

No se habló de los diputados o regidores, e incluso de los magistrados del Supremo Tribunal que sin embargo si podrían invocar ser servidores públicos con nombramiento legal. Al presente son, indebida e injustamente, los preferentes usufructuarios de las pensiones jaliscienses. 

Los apartados de esa primigenia ley, aparte de organizarla ubicando a la Dirección dentro del área de Economía y Hacienda estatal, estipulan lo referente al patrimonio de Pensiones Civiles (sobre todo las aportaciones de trabajadores y el Estado o municipios en su caso, previendo entidades descentralizadas que se afiliaran) que incluían donaciones y diversos renglones derivados de sus gestiones. Luego seguían los préstamos a corto plazo, los créditos hipotecarios, las casas-habitación (compradas o arrendadas) y desde luego la sustancia de la norma: las pensiones. 

Es resaltante mencionar que esas pensiones, se otorgarían a quienes hubiesen laborado al menos 30 años y cotizado como mínimo 3 anualidades; además el máximo de la suma a recibir sería del 60 por ciento del sueldo último que hubiese devengado el beneficiado. Los servidores de 55 años cumplidos podían pensionarse siempre que hubieran cotizado cuando menos 15 años. Como propósito quedó algún día poder cubrir pensiones con igualdad de sueldo. Finalmente se determinó que, si un empleado afiliado dejaba de cotizar, podía pedir la devolución de lo aportado. 

De esa manera arrancó la visionaria y noble tarea del ahora ardiente Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), cuya ley -ha tenido varias- fue actualizada insuficientemente el año de 2023, más que nada porque son políticos quienes hacen tales remiendos, dejando rendijas para luego aprovecharse de ellas, cuando creen llegado el momento de pensionarse.

Claro que además de lo anterior, el instituto ciertamente ha resentido bastantes actos reprobables por parte de gobernantes poco escrupulosos y directivos desastrosos. A eso le debemos sumar que los pensionados y jubilados, materia central de la institución, no están lamentablemente bien organizados y por ello, son mal atendidas sus propuestas. Por su parte, el sindicato de los trabajadores del Instituto, mejor estructurado que aquellos, empero tampoco suele tener el trato que les corresponde.  

El organismo ha sido utilizado varias ocasiones como “caja chica” de los gobernantes estatales, y desdichadamente considerado, con la complicidad de esos personajes autoritarios, a veces como botín y por lo general contemplado como paracaídas de altos funcionarios o notorios políticos maliciosos. De unos y otros, se puede señalar a diputados, magistrados y funcionarios influyentes, todos aprovechados de la nobleza de Pensiones del Estado.

Tales sujetos a la fecha constituyen la “élite dorada” de pensionados, grupo que sangra exageradamente los fondos de IPEJAL en perjuicio de la institución y sobre todo de la mayoría inmensa de sus genuinos derechohabientes. Al respecto, escribió en 2022 el universitario Gabriel Torres Espinoza: “El IPEJAL parece todo, menos un instituto que salvaguarde el interés superior de los derechos y las prestaciones de sus afiliados, beneficiarios y pensionados. Opera como un saqueador vil, despiadado y sin escrúpulos”. (ene 19, 2022 | Columnas, El Respetable). 

Ese panorama no varió con la alternancia partidista que experimentó el gobierno de Jalisco (del PRI al PAN; luego del PAN al PRI y de este a MC) puesto que las irregularidades y malos manejos persisten en el Instituto que, dice el autor antedicho, está “gangrenado de corrupción, y atestado de pillos”. Y para ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del actual director, quien en enero pasado se autorizó (con la complicidad del ineficaz Consejo de la institución) un incremento salarial del 67%, mientras que los empleados del IPEJAL y no digamos sus pensionados y jubilados, reciben aumentos de miseria.

El sindicato independiente del organismo publicó sobre el tema: además del incremento de sueldo del 67% al director Juan Partida, se aprobó en esa sesión el “incremento salarial de hasta un 55% en 16 nombramientos directivos, lo que implicará un gasto anual adicional de 7 millones de pesos… A la vez, se aprobó en ese procedimiento de reestructuración, la creación de seis nuevas plazas con sueldos que van de los 42 mil a los 84 mil pesos mensuales, que significan un gasto adicional de 600 mil pesos mensuales, en plazas de nueva creación.” (Semanario Conciencia Pública, 2-II-2025).

Por fortuna el nuevo ejecutivo estatal, ya se dio cuenta de la trastada y echó para atrás ese agravio; los jaliscienses confiamos que con esa muestra tenga oportuno aviso de lo que son los dirigentes del Instituto y permanezca al tanto de su actuación, para enmendar o mejor, evitar desvíos. 

Numerosos y variados son los rubros en que las directivas de IPEJAL han fraguado “negocios” reprobables: estacionamientos, salones de fiestas, capilla de velación, el Club Deportivo Hacienda del Real, la hacienda de La Mora, la oficina de viajes, la óptica, etc. Sin embargo, los más descollantes desaciertos económicos fueron en inversiones, desde turísticas o inmobiliarias, hasta las de bolsa, mismas que han significado copiosas pérdidas patrimoniales para el organismo. Ante tales acciones desvergonzadas, la impunidad fue la actitud ordinaria del gobierno, salvo algún caso excepcional. 

Por lo anterior es que urge, una ley eficaz y una actitud gubernamental atinada para que ya no se vea como botín o paracaídas al IPEJAL.  Este requiere de reingeniería para sanear sus recursos financieros, ser repensado en lo que ve al nombramiento de sus directivos, así como fortalecer los beneficios que debe otorgar.

Lo primero para que robustezca su economía, equilibre las pensiones y jubilaciones; lo segundo, para establecer beneficios posibles e indispensables que vigoricen el nivel de bienestar de sus protegidos genuinos. En cuanto a sus dirigentes, no puede ser que siga en manos de protegidos o políticos decadentes y paracaidistas, cuyos resultados llevan al abismo al instituto, sino que deben ser personas honradas, conocedoras y conscientes de lo que es administrar y comprender la elevada misión del IPEJAL, lo cual se reflejaría en sustentabilidad institucional y en valiosos apoyos a los afiliados y pensionados.  

Por lo pronto, ese es el reto que tiene el flamante gobernador de Jalisco, y a tal fin debe atender toda actividad de los sindicalizados del IPEJAL conjuntamente a los pensionados y jubilados de tan bienhechora institución.  

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

I. El Congreso y la chulada de ministra

En el Patio Constituyentes Jaliscienses del Congreso del Estado de Jalisco, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, desplegó un espectáculo de retórica y autoelogio en su ponencia «Desafíos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación». Frente a una audiencia conformada en su mayoría por legisladores de Morena y partidos afines, Ortiz Ahlf defendió la reforma judicial con una mezcla de condescendencia y certeza dogmática.

«Ustedes van a ser los más beneficiados», dice. Y en ese «ustedes», hay un eco de pueblo, de una comunidad olvidada que, por fin, según su discurso, tendrá acceso directo a la justicia. Ya no harán falta abogados carísimos ni contactos en los oscuros pasillos del poder. Serán los ciudadanos los que elijan a sus jueces. La ministra, en un arranque de campechanía, se describe a sí misma como «una chulada de ministra». La frase resuena y se vuelve titular antes de que termine la jornada.

Mientras la ministra hablaba de justicia expedita y procesos que deberían resolverse en un máximo de seis meses, lanzaba críticas a los trabajadores del Poder Judicial por sus protestas, responsabilizándolos del atraso en miles de procedimientos. No parecía percatarse de la ironía de pedir celeridad en un país donde los tribunales suelen ahogarse en expedientes y burocracia.

Respecto a la elección de jueces y magistrados en Jalisco, Ortiz Ahlf evadió definiciones claras. Cuando se le preguntó si el proceso debía realizarse en 2025 o postergarse hasta 2027, respondió de forma ambigua: «Es una decisión del Congreso. Si logran concluir los trabajos y se puede dar cabida al proceso electoral en 2025, será en 2025, y si no, hasta el 27. No trasciende», ocasionando que más de una diputada local de la bancada de MORENA se retorciera de molestia, pues se pretendía que su reforma se aprobara el mes pasado y se llamara a elecciones este mismo año. Como si una reforma estructural en el Poder Judicial fuera una cuestión menor, un simple trámite administrativo sin consecuencias.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, Ortiz Ahlf respaldó con fervor a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las amenazas de Donald Trump. Con un tono nacionalista encendido, sentenció: «México es un estado soberano y no se vale intromisión alguna». La frase resonó en el patio del Congreso, pero quedó flotando en la nada, carente de cualquier propuesta concreta sobre cómo enfrentar las embestidas del vecino del norte.

Loreta Ortiz Ahlf prácticamente salió del recinto encapsulada, rodeada de un séquito de colaboradores, simpatizantes y un equipo de seguridad improvisado que la escoltó hasta su salida.

II. El diálogo con los jueces: Entre lo técnico y lo político

En la penumbra de un salón del Hotel Fiesta Americana, en la emblemática zona de la Minerva, se congregaron figuras del ámbito judicial y sindical para escuchar a la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La convocatoria, realizada por la Federación de Trabajadores de Jalisco, liderada por Juan Huerta Péres, prometía ser un espacio de reflexión sobre la reciente reforma al Poder Judicial.

La ministra Ortiz Ahlf, con su característico tono sereno pero firme, abordó la polémica propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros. «Si tenemos capacidad de elegir a nuestros presidentes, gobernadores, legisladores y presidentes municipales, ¿qué no la tendríamos para elegir jueces?», cuestionó, desafiando a una audiencia que, aunque atenta, mostraba signos de escepticismo.

Entre los presentes se encontraban miembros destacados del Poder Judicial estatal y federal, así como líderes sindicales y políticos locales, incluso Arturo Zamora Jiménez, Coordinador de los Foros Ciudadanos para la Armonización del Poder Judicial en Jalisco, asistió en plan de oyente y se dedicó a saludar pacientemente.

La ministra, en este escenario más cómodo y cercano, compartió anécdotas que evidenciaban las fallas internas del sistema judicial, como el caso de un juez que, durante once años, acosó impunemente al personal femenino a su cargo. «Son usos y costumbres», fue la respuesta que recibió cuando cuestionó la inacción ante tales conductas.

La propuesta de otorgar 220 mil pesos a los aspirantes a ministros para hacer campaña ante la ciudadanía generó murmullos en la sala. Un aspirante presente preguntó: «¿Cómo se promoverán los candidatos ante los votantes?». La ministra, con una sonrisa que denotaba tanto comprensión como incertidumbre, respondió: «Ni yo lo sé, apenas se aprobaron las leyes secundarias». La sinceridad de la respuesta generó simpatía de los asistentes con Loreta Ortiz.

Al finalizar su intervención, Ortiz Ahlf enfatizó que la reforma busca garantizar que los ciudadanos tengan acceso pleno a la justicia. Sin embargo, la ambigüedad en los detalles y la falta de claridad en la implementación nos tienen a muchos con más preguntas que respuestas. La salida de la ministra Ortiz fue sin prisas entre selfis, abrazos, y comentarios de simpatía. La noche avanzaba, y mientras algunos asistentes se retiraban en silencio, otros se agrupaban en pequeños círculos, debatiendo las implicaciones de una reforma que promete cambiar el rostro de la justicia en México, pero que aún deja entrever sombras de incertidumbre.

III. Puerto Vallarta y la retórica de la soberanía

En el conocido Hotel Velas Puerto Vallarta, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, ofreció una ponencia titulada «El rostro del Poder Judicial en el México actual». Acompañada por la diputada del Partido Verde, Yussara Canales, Ortiz Ahlf se dirigió a un público selecto compuesto por miembros de la comunidad vallartense y figuras políticas de la Cuarta Transformación.

Desde el inicio, la ministra dejó en claro su diagnóstico: el sistema judicial mexicano es un laberinto de burocracia y tiempos indefinidos. «Hoy por hoy en México nadie sabe cuándo inicia un proceso judicial y mucho menos cuándo va a terminar», sentenció. Con esa afirmación, Ortiz Ahlf puso sobre la mesa uno de los problemas más arraigados de la justicia mexicana: la lentitud. «Hay procesos que duran más de quince o dieciséis años», añadió con tono de indignación, aunque sin ofrecer soluciones concretas más allá de la insistencia en la necesidad de un cambio estructural.

La ministra también hizo hincapié en la desconexión entre el Poder Judicial y la ciudadanía. «La mayoría de las personas no saben para qué sirve un ministro de la Corte, ni siquiera un juez o un magistrado. Somos ajenos a los ciudadanos, y eso no puede ser», reconoció.

Por su parte, Yussara Canales, con el tono de quien ha encontrado en la retórica de la Cuarta Transformación una guía infalible, elogió la participación de la ministra, calificándola como «un avance significativo» en la transformación del sistema judicial. «Con claridad y compromiso, la ministra expuso la necesidad de un Poder Judicial que deje atrás las viejas prácticas de privilegio y corrupción», declaró la diputada, como si las palabras por sí solas bastaran para borrar décadas de estructuras enquistadas.

El acto culminó con una ovación moderada. La ministra y su séquito se retiraron entre saludos y fotografías. Afuera, Puerto Vallarta continuaba su ritmo, ajeno al evento en el hotel de cinco estrellas, donde una vez más, la justicia se discutió sin que nadie supiera realmente cómo alcanzarla.

En X @DEPACHECOS