OPINIÓN
Enemigo de la austeridad republicana: El INE rico de Lorenzo Córdova
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Se inició el año 2022 y se recrudecieron varios asuntos. Entre ellos figuran los relativos a la pandemia del Covid19, que con la versión “ómicron”, amenaza a la humanidad entera; pero además está lo relativo a los energéticos, donde se inscriben las cuestiones relativas al petróleo, el gas, la energía eléctrica y el sensacional “oro del futuro”, o sea, el litio.
Pero los temas no se agotan con los antedichos trajines, sino que las cuestiones económicas reclaman atención idónea, y sin desdoro de otros varios renglones que demandan amplia consideración, está lo relativo a las implicaciones políticas, donde no solo se avizora la anticipada sucesión presidencial, pasando por los comicios que en seis entidades se registrarán este año, sino a la llevada y traída revocación de mandato del presidente, procedimiento que se supone deberá realizarse el mes de abril venidero.
Sobre esta práctica de participación democrática, las opiniones se han dividido: por un lado, están las agrupaciones de oposición y sus simpatizadores, que coinciden con las posturas del Instituto Nacional Electoral (INE), poniendo trabas para su realización y, por la otra parte, el partido gobernante MORENA, sus aliados y adeptos, quienes concuerdan con la posición del primer mandatario federal, sobre que ineludiblemente se lleve a cabo ese ejercicio cívico.
Bajo tales circunstancias, los heraldos de cada actitud han indicado reiteradamente sus argumentos, mismos que van desde la falta del requisito de desconfianza hacia el Presidente, como la carencia de recursos para poder organizar el proceso; del otro bando, exigiendo el cumplimiento irrestricto de la Constitución y su ley reglamentaria, que lo mandatan.
Al respecto, dice Lorenzo Córdova Vianello (LCV), presidente consejero del INE, que el organismo que dirige, ha tomado decisiones a veces polémicas y controvertidas, las cuales “no deberían ser motivo ni de censura y mucho menos de persecución penal o política” (Los Periodistas, enero 3, 2022). Una de ellas fue la exigencia de más dinero (pues querían la friolera de 3 mil 830 millones de pesos y dice que solo cuentan con 1,500 millones) ya que el presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, fue insuficiente.
Desde luego que el INE no recurre a la política de austeridad que el actual gobierno ha implementado. Desde que el primer magistrado, al arrancar su período, anunció la necesidad de esa conducta republicana, ya que no es congruente haya “gobierno rico junto a pueblo pobre”, exhortó a todos los integrantes de la administración pública para que se ajustaran a tal sistema. Sin embargo, solo en el poder legislativo y las dependencias del ejecutivo, se hizo eco a la petición, pues el poder judicial, amparado en un artículo constitucional que originalmente (en 1917) no preveía los salarios, logró que Plutarco Elías Calles, en agosto de 1928, incluyera en el artículo 94 constitucional, la no disminución de las remuneraciones de jueces y ministros durante su encargo, y así ha perdurado no obstante las numerosas reformas a la Carta Magna.
El numeral 127, fracción II de la Carta Magna federal, establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración por su trabajo, mayor que la del Presidente de la República. Y en la fracción III, reafirma que ningún empleado gubernamental podrá ganar más que su superior jerárquico: nadie puede negar que el máximo servidor público, dentro del gobierno, es precisamente el jefe de las instituciones nacionales. La excepción que contiene la misma parte del artículo que nos ocupa, dice, “salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente…”. Más claro ni el agua.
Las diversas instituciones que han surgido de hace unos lustros a esta fecha, revestidas de “autonomía”, se han adherido a esta prerrogativa para defender mañosa y encarnizadamente sus pródigos ingresos, y dentro de tales entes destaca el INE. Pero se les olvida que no reúnen las condiciones antedichas, pues, ni tienen un trabajo técnico calificado ni es una especialidad profesional o científica su labor: ser consejero electoral, es un honor, pero solo exige requisitos ordinarios para un empleo de tal índole. En consecuencia, están sujetos a lo que establece dicho artículo 127 en su fracción segunda. Pero Lorenzo (Lencho para sus cuates) cree que defender rabiosamente sus privilegiadas retribuciones, (percibe anualmente $2 millones 487 mil pesos) incluidas una serie de ventajosos beneficios (como gastos médicos mayores) o gruesas partidas para consumos, y no digamos el ejército de “asesores” que tienen, algo así como doscientos sesenta y dos, todos muy bien pagados -hasta $104,875.00 pesos mensuales- y con fastuosas prestaciones. (Sin Embargo al Aire, nov.30-2021).
La gota que derramó el vaso fue cuando el Consejo General del INE dispuso, por mayoría de seis votos a favor y cinco en contra, la medida extraordinaria de posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República, por insuficiencia presupuestal.
El paladín de la democracia mexicana -según parece por sus expresiones – Don Lencho Córdova, tajante dijo: “Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”.
Y no contento con lograr esa suspensión (no prevista en la Constitución ni la Ley), con aire prepotente manifestó el señor Córdova: “Si realmente se quiere la Revocación de Mandato se los digo con mucha franqueza: salidas hay, el acuerdo…deja abiertas las probabilidades y… pone sobre la mesa posibilidades para que, si realmente hay voluntad de que la Revocación de Mandato sea una realidad, ésta se lleve a cabo”. Las salidas él mismo las enumera: que la Cámara de Diputados haga la ampliación presupuestaria, o el Presidente del país, gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que suministre los fondos que pide el INE.
El malhadado acuerdo, fue reprobado no solo por la ciudadanía, sino por la Suprema Corte y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE). El presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Gutiérrez Luna) interpuso en la Corte la controversia constitucional y el 22 de diciembre concedió la suspensión provisional, ordenando que el INE prosiguiera “con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”, en razón a que se estaría poniendo en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del presidente (Expansión Política, Guadalupe Vallejo, 22-12-2021).
Días después, el TRIFE, ante recurso interpuesto por MORENA y PT, resolvió revocar el mentado acuerdo del INE, y les dijo a sus directivos no poner “en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato” del presidente de la nación. Por lo tanto, debe realizar y gestionar “las adecuaciones necesarias a su presupuesto, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de garantizar el adecuado desarrollo” del proceso revocatorio. (Portal de Consulta, TRIFE, 29-dic.21).
Para entonces, el antedicho presidente de la Cámara de Diputados, había presentado (el miércoles 22 de diciembre) una denuncia ante la Fiscalía de la República, para deslindar si los consejeros del INE tenían responsabilidad penal. Esto hizo que Lencho y sus adláteres, así como la oposición, reaccionaran telúricamente, pues dice aquél que las diferencias entre los pares y las de la institución con otras entidades, no deben criminalizarse. Y por si hubiese culpas administrativas, la denuncia también se presentó ante el Órgano Interno de Control del INE. Como varias organizaciones y el mismo AMLO, dijeron que no debería llevarse este asunto a la materia penal, la denuncia no se ratificó. Lencho pidió que como esos ilícitos son de oficio, esperaba que se declarara por la Fiscalía su improcedencia. Y volvió a decir que él y sus pares, “a pesar de la persecución penal que se pretende hacer de algunos de sus integrantes 2 siguen cumpliendo sus obligaciones. (Twitter de LCV, 2 ene.2022).
La conclusión de todo lo anterior es que, Don Lorenzo, tiene muchas confusiones: A) la defensa a ultranza de sus altos salarios anticonstitucionales, no conllevan la autonomía del INE, como a hurtadillas sostiene; B) el INE no es la democracia de México, solo es un organismo encargado de organizar los eventos electorales conforme a la ley. El pueblo, especialmente los ciudadanos, son los que encarnan, al ejercer sus derechos, la democracia mexicana. C) la austeridad republicana es parte fundamental de nuestra realidad actual, y a ella deben ceñirse los integrantes del INE, haciendo a un lado sus opulentos sueldos y sus impúdicos derroches. D) el hecho de ser dirigentes del INE, no los exenta de incurrir en responsabilidades, tanto administrativas como punitivas: el que nada debe, nada debe temer, por lo que si su actuación es legítima, no deben sobrecogerse ni imaginar “persecución penal”, ya que nadie les ha fabricado crímenes, solo se denunciaron “hechos”.
Lencho anda tan embrollado, que en una entrevista concedida hace unos días al diario peninsular “El País”, manifestó que, “Estamos viendo un contexto inédito de hostigamiento a las autoridades electorales. Además, se ha abierto una narrativa claramente de acoso y descalificación”. Y ya haciéndose víctima, vaticinó: “Este discurso de descalificación y de desinstitucionalización ha antecedido en el pasado algunos de los peores experimentos autocráticos de la historia. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir en México, pero subrayo la similitud de este tipo de discursos, por ejemplo, con lo que ocurría en los años 20 en Europa”.
En base a esas declaraciones, consideramos que Don Lorenzo cada vez está más confuso. Lo que ocurría en aquellos tiempos en el viejo continente, eran la gestación del nazismo y el crecimiento del fascismo, lo cual, hablando de nuestra actualidad nacional, de plano resulta inadmisible. A menos que el buen Lencho, ya esté tan neurasténico, que piense como algunos alharaquientos ejemplares de la oposición, de los que invitaron al VOX ibero, o de los que anhelan con volver a los tiempos del anodino Fox, del abominable Calderón o del inmundo Peña Nieto. De suceder esto, entonces sí tendría razón el protagónico cuanto enrevesado dirigente del INE. Pero fundados en la madurez de nuestro pueblo, podemos afirmar que “Si es pasión, que se les borre”: México seguirá adelante y nuestra democracia, cada día, será más sólida y correcta, con o sin el apoyo de este confundido personaje.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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