OPINIÓN
Enemigo de la austeridad republicana: El INE rico de Lorenzo Córdova
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Se inició el año 2022 y se recrudecieron varios asuntos. Entre ellos figuran los relativos a la pandemia del Covid19, que con la versión “ómicron”, amenaza a la humanidad entera; pero además está lo relativo a los energéticos, donde se inscriben las cuestiones relativas al petróleo, el gas, la energía eléctrica y el sensacional “oro del futuro”, o sea, el litio.
Pero los temas no se agotan con los antedichos trajines, sino que las cuestiones económicas reclaman atención idónea, y sin desdoro de otros varios renglones que demandan amplia consideración, está lo relativo a las implicaciones políticas, donde no solo se avizora la anticipada sucesión presidencial, pasando por los comicios que en seis entidades se registrarán este año, sino a la llevada y traída revocación de mandato del presidente, procedimiento que se supone deberá realizarse el mes de abril venidero.
Sobre esta práctica de participación democrática, las opiniones se han dividido: por un lado, están las agrupaciones de oposición y sus simpatizadores, que coinciden con las posturas del Instituto Nacional Electoral (INE), poniendo trabas para su realización y, por la otra parte, el partido gobernante MORENA, sus aliados y adeptos, quienes concuerdan con la posición del primer mandatario federal, sobre que ineludiblemente se lleve a cabo ese ejercicio cívico.
Bajo tales circunstancias, los heraldos de cada actitud han indicado reiteradamente sus argumentos, mismos que van desde la falta del requisito de desconfianza hacia el Presidente, como la carencia de recursos para poder organizar el proceso; del otro bando, exigiendo el cumplimiento irrestricto de la Constitución y su ley reglamentaria, que lo mandatan.
Al respecto, dice Lorenzo Córdova Vianello (LCV), presidente consejero del INE, que el organismo que dirige, ha tomado decisiones a veces polémicas y controvertidas, las cuales “no deberían ser motivo ni de censura y mucho menos de persecución penal o política” (Los Periodistas, enero 3, 2022). Una de ellas fue la exigencia de más dinero (pues querían la friolera de 3 mil 830 millones de pesos y dice que solo cuentan con 1,500 millones) ya que el presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, fue insuficiente.
Desde luego que el INE no recurre a la política de austeridad que el actual gobierno ha implementado. Desde que el primer magistrado, al arrancar su período, anunció la necesidad de esa conducta republicana, ya que no es congruente haya “gobierno rico junto a pueblo pobre”, exhortó a todos los integrantes de la administración pública para que se ajustaran a tal sistema. Sin embargo, solo en el poder legislativo y las dependencias del ejecutivo, se hizo eco a la petición, pues el poder judicial, amparado en un artículo constitucional que originalmente (en 1917) no preveía los salarios, logró que Plutarco Elías Calles, en agosto de 1928, incluyera en el artículo 94 constitucional, la no disminución de las remuneraciones de jueces y ministros durante su encargo, y así ha perdurado no obstante las numerosas reformas a la Carta Magna.
El numeral 127, fracción II de la Carta Magna federal, establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración por su trabajo, mayor que la del Presidente de la República. Y en la fracción III, reafirma que ningún empleado gubernamental podrá ganar más que su superior jerárquico: nadie puede negar que el máximo servidor público, dentro del gobierno, es precisamente el jefe de las instituciones nacionales. La excepción que contiene la misma parte del artículo que nos ocupa, dice, “salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente…”. Más claro ni el agua.
Las diversas instituciones que han surgido de hace unos lustros a esta fecha, revestidas de “autonomía”, se han adherido a esta prerrogativa para defender mañosa y encarnizadamente sus pródigos ingresos, y dentro de tales entes destaca el INE. Pero se les olvida que no reúnen las condiciones antedichas, pues, ni tienen un trabajo técnico calificado ni es una especialidad profesional o científica su labor: ser consejero electoral, es un honor, pero solo exige requisitos ordinarios para un empleo de tal índole. En consecuencia, están sujetos a lo que establece dicho artículo 127 en su fracción segunda. Pero Lorenzo (Lencho para sus cuates) cree que defender rabiosamente sus privilegiadas retribuciones, (percibe anualmente $2 millones 487 mil pesos) incluidas una serie de ventajosos beneficios (como gastos médicos mayores) o gruesas partidas para consumos, y no digamos el ejército de “asesores” que tienen, algo así como doscientos sesenta y dos, todos muy bien pagados -hasta $104,875.00 pesos mensuales- y con fastuosas prestaciones. (Sin Embargo al Aire, nov.30-2021).
La gota que derramó el vaso fue cuando el Consejo General del INE dispuso, por mayoría de seis votos a favor y cinco en contra, la medida extraordinaria de posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República, por insuficiencia presupuestal.
El paladín de la democracia mexicana -según parece por sus expresiones – Don Lencho Córdova, tajante dijo: “Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”.
Y no contento con lograr esa suspensión (no prevista en la Constitución ni la Ley), con aire prepotente manifestó el señor Córdova: “Si realmente se quiere la Revocación de Mandato se los digo con mucha franqueza: salidas hay, el acuerdo…deja abiertas las probabilidades y… pone sobre la mesa posibilidades para que, si realmente hay voluntad de que la Revocación de Mandato sea una realidad, ésta se lleve a cabo”. Las salidas él mismo las enumera: que la Cámara de Diputados haga la ampliación presupuestaria, o el Presidente del país, gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que suministre los fondos que pide el INE.
El malhadado acuerdo, fue reprobado no solo por la ciudadanía, sino por la Suprema Corte y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE). El presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Gutiérrez Luna) interpuso en la Corte la controversia constitucional y el 22 de diciembre concedió la suspensión provisional, ordenando que el INE prosiguiera “con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”, en razón a que se estaría poniendo en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del presidente (Expansión Política, Guadalupe Vallejo, 22-12-2021).
Días después, el TRIFE, ante recurso interpuesto por MORENA y PT, resolvió revocar el mentado acuerdo del INE, y les dijo a sus directivos no poner “en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato” del presidente de la nación. Por lo tanto, debe realizar y gestionar “las adecuaciones necesarias a su presupuesto, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de garantizar el adecuado desarrollo” del proceso revocatorio. (Portal de Consulta, TRIFE, 29-dic.21).
Para entonces, el antedicho presidente de la Cámara de Diputados, había presentado (el miércoles 22 de diciembre) una denuncia ante la Fiscalía de la República, para deslindar si los consejeros del INE tenían responsabilidad penal. Esto hizo que Lencho y sus adláteres, así como la oposición, reaccionaran telúricamente, pues dice aquél que las diferencias entre los pares y las de la institución con otras entidades, no deben criminalizarse. Y por si hubiese culpas administrativas, la denuncia también se presentó ante el Órgano Interno de Control del INE. Como varias organizaciones y el mismo AMLO, dijeron que no debería llevarse este asunto a la materia penal, la denuncia no se ratificó. Lencho pidió que como esos ilícitos son de oficio, esperaba que se declarara por la Fiscalía su improcedencia. Y volvió a decir que él y sus pares, “a pesar de la persecución penal que se pretende hacer de algunos de sus integrantes 2 siguen cumpliendo sus obligaciones. (Twitter de LCV, 2 ene.2022).
La conclusión de todo lo anterior es que, Don Lorenzo, tiene muchas confusiones: A) la defensa a ultranza de sus altos salarios anticonstitucionales, no conllevan la autonomía del INE, como a hurtadillas sostiene; B) el INE no es la democracia de México, solo es un organismo encargado de organizar los eventos electorales conforme a la ley. El pueblo, especialmente los ciudadanos, son los que encarnan, al ejercer sus derechos, la democracia mexicana. C) la austeridad republicana es parte fundamental de nuestra realidad actual, y a ella deben ceñirse los integrantes del INE, haciendo a un lado sus opulentos sueldos y sus impúdicos derroches. D) el hecho de ser dirigentes del INE, no los exenta de incurrir en responsabilidades, tanto administrativas como punitivas: el que nada debe, nada debe temer, por lo que si su actuación es legítima, no deben sobrecogerse ni imaginar “persecución penal”, ya que nadie les ha fabricado crímenes, solo se denunciaron “hechos”.
Lencho anda tan embrollado, que en una entrevista concedida hace unos días al diario peninsular “El País”, manifestó que, “Estamos viendo un contexto inédito de hostigamiento a las autoridades electorales. Además, se ha abierto una narrativa claramente de acoso y descalificación”. Y ya haciéndose víctima, vaticinó: “Este discurso de descalificación y de desinstitucionalización ha antecedido en el pasado algunos de los peores experimentos autocráticos de la historia. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir en México, pero subrayo la similitud de este tipo de discursos, por ejemplo, con lo que ocurría en los años 20 en Europa”.
En base a esas declaraciones, consideramos que Don Lorenzo cada vez está más confuso. Lo que ocurría en aquellos tiempos en el viejo continente, eran la gestación del nazismo y el crecimiento del fascismo, lo cual, hablando de nuestra actualidad nacional, de plano resulta inadmisible. A menos que el buen Lencho, ya esté tan neurasténico, que piense como algunos alharaquientos ejemplares de la oposición, de los que invitaron al VOX ibero, o de los que anhelan con volver a los tiempos del anodino Fox, del abominable Calderón o del inmundo Peña Nieto. De suceder esto, entonces sí tendría razón el protagónico cuanto enrevesado dirigente del INE. Pero fundados en la madurez de nuestro pueblo, podemos afirmar que “Si es pasión, que se les borre”: México seguirá adelante y nuestra democracia, cada día, será más sólida y correcta, con o sin el apoyo de este confundido personaje.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
