Gobernar sin ser gobierno: Los pequeños reyes de las casetas

A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Hay una constante en la historia de la humanidad: algunas personas desarrollan una fascinación desproporcionada por el poder. No necesariamente por el poder verdadero, ese que implica gobernar países, administrar ciudades o conducir instituciones complejas. A veces basta algo mucho más modesto: una llave, una pluma, una oficina o una caseta de vigilancia.

Durante la Edad Media abundaron los pequeños señores feudales que ejercían control absoluto sobre diminutos territorios protegidos por murallas. Su influencia rara vez trascendía más allá de unos cuantos kilómetros, pero dentro de sus dominios actuaban como auténticos monarcas. Siglos después, Jalisco ha encontrado una versión muchísimo menos épica, aunque igualmente problemática: algunos consejos de administración y administradores de condominios.

Traigo esto a colación porque hace unos días circuló en redes sociales un video grabado por residentes del fraccionamiento La Cima, en Zapopan. Lo que ahí se observaba era tan absurdo como preocupante. Derivado de un conflicto entre vecinos y desacuerdos relacionados con la administración del desarrollo, un grupo de residentes decidió tomar el control de la caseta e impedir el libre acceso al fraccionamiento, como si se tratara de la CNTE en tiempos de la reforma educativa. Personas que simplemente intentaban entrar o salir de sus propias viviendas encontraron restringido su paso por decisiones tomadas en el contexto de una disputa vecinal.

Más allá de quién tenga razón en ese conflicto específico, el episodio revela un problema mucho más profundo que durante años ha crecido silenciosamente en Jalisco: la consolidación de auténticos cotos de poder alrededor de administradores, presidentes de mesa directiva y consejos de administración que, en algunos casos, han confundido la facultad de administrar con la de gobernar.

Pero, ojo, el problema no es la existencia de estas figuras. Toda comunidad requiere mecanismos de organización. Las áreas comunes deben mantenerse, los servicios deben pagarse y las cuotas tienen una razón de ser. El problema aparece cuando algunos administradores, presidentes y consejos comienzan a asumir atribuciones que jamás les fueron otorgadas por la ley.

Por eso, en este punto conviene recordar algo elemental: los consejos de administración no son gobiernos. No son congresos. No son tribunales. No son policías. No son jueces. Son, precisamente, órganos de administración.

Sin embargo, la realidad demuestra que en numerosos condominios estas distinciones se han vuelto borrosas. Existen casos en los que se pretende restringir el acceso de residentes a sus propios hogares por adeudos. En otros, se imponen sanciones arbitrarias sin procedimiento alguno, se toman decisiones opacas sobre el destino de recursos económicos o se utilizan reglamentos internos como si fueran códigos penales de aplicación inmediata.

Ninguna deuda de mantenimiento convierte a una persona en extranjera dentro de su propia vivienda. Ningún administrador o presidente puede colocarse por encima de los derechos fundamentales de los residentes y, ciertamente, aunque el incumplimiento de obligaciones puede generar consecuencias legales, no autoriza a particulares a sustituir a las autoridades ni a crear mecanismos de coerción al margen de la ley.

Lo más preocupante es que esta situación no es exclusiva de fraccionamientos de lujo ni de determinadas zonas de la ciudad. Un coto es un coto, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico. El fenómeno se reproduce en distintos puntos del estado porque el origen del problema es el mismo: existe un vacío institucional que ha permitido la aparición de pequeños espacios de poder prácticamente sin supervisión.

El Código Civil de Jalisco, particularmente en las disposiciones que regulan el régimen de propiedad en condominio, contempla la existencia de asambleas, administradores y consejos de administración. Pero la realidad social de 2026 ya rebasó ampliamente el diseño normativo que les dio origen.

Hoy existen desarrollos habitacionales que concentran cientos o incluso miles de habitantes, manejan presupuestos considerables, administran infraestructura compleja y toman decisiones que impactan directamente la vida cotidiana de un gran número de personas. Sin embargo, los mecanismos de vigilancia, rendición de cuentas y control siguen siendo sorprendentemente limitados.

Cuando surgen abusos, los residentes suelen encontrarse en tierra de nadie y sus conflictos terminan escalando a los juzgados o permanecen sin solución durante años. Mientras tanto, quienes controlan las estructuras administrativas del condominio continúan ejerciendo un poder que, en ocasiones, carece de contrapesos efectivos.

En ese tenor, lo preocupante es que muchos de estos abusos ocurren porque los residentes no tienen a quién acudir. Si un administrador toma decisiones arbitrarias, si una mesa directiva maneja recursos de manera opaca o si un grupo de vecinos decide restringir accesos, la respuesta institucional es nula. Esa ausencia de autoridad ha convertido numerosos conflictos condominales en pequeñas crisis de gobernabilidad, donde quienes deberían administrar terminan actuando como si gobernaran.

Jalisco necesita una actualización profunda de su marco jurídico en esta materia. Es necesario establecer procedimientos claros para atender quejas, fortalecer la transparencia en el manejo de recursos, crear mecanismos ágiles de supervisión y definir expresamente las conductas que resultan inadmisibles dentro de la administración condominal. También es indispensable que exista una autoridad real y competente para intervenir cuando los conflictos excedan la capacidad de autogestión de los vecinos.

La vida en comunidad exige reglas. Nadie discute eso. Las cuotas deben pagarse, los acuerdos deben respetarse y los espacios comunes deben conservarse. Pero una cosa es administrar un patrimonio común y otra muy distinta asumir facultades que corresponden exclusivamente a las instituciones del Estado.

Porque, al final, conviene recordar una verdad sencilla: los únicos presidentes, legisladores y gobernantes son aquellos que obtienen su legitimidad mediante los mecanismos democráticos previstos por la ley. Los integrantes de una mesa directiva administran. Nada más y nada menos.

Quizá ahí radique la lección que Jalisco necesita aprender. Cuando el Estado abandona un espacio, otros terminan ocupándolo. Lo preocupante no es que existan administradores de condominios.

Lo preocupante es que algunos hayan comenzado a creer que son gobernantes. Y pocas cosas resultan más peligrosas que un pequeño poder convencido de que es un gran poder.