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JALISCO

Espacio del debate y los acuerdos: Del discurso a la acción, de cara a la transformación del Congreso de Jalisco

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A título persona, por Armando Morquecho Camacho //

Los congresos y asambleas legislativas han sido pilares fundamentales en la conformación y evolución de las sociedades a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, estos órganos han representado el corazón palpitante de la democracia y la toma de decisiones colectivas.

Un ejemplo paradigmático se encuentra en la Antigua Grecia, cuna de la democracia, donde la Ekklesía, o asamblea popular, desempeñó un papel crucial en la vida política de la polis.

En la Atenas clásica, la Ekklesía era el epicentro de la democracia directa. Los ciudadanos se reunían en este foro para debatir y votar sobre los asuntos de la ciudad. En esta asamblea, cada individuo, sin importar su estatus social, tenía la oportunidad de expresar su opinión y participar en la toma de decisiones que moldearían el destino de la polis.

Pero la importancia histórica de estos congresos no radica únicamente en su capacidad para legislar y tomar decisiones, sino en su papel como instrumentos que encarnaban la voluntad colectiva de la ciudadanía. Estos espacios simbolizaban la esencia misma de la democracia, donde la diversidad de opiniones se encontraba, se debatía y se forjaba un consenso en pos del bien común.

Sin embargo, la realidad actual a menudo evidencia deficiencias en esta representación, desafiando la esencia misma de estos cuerpos legislativos y planteando la necesidad de reflexionar sobre su rol en la sociedad contemporánea.

En contraste con la Ekklesía de la Antigua Grecia, la representación y la esencia misma de la democracia directa, el Congreso del Estado de Jalisco ha experimentado desafíos significativos en la realización de su función primordial: representar de manera efectiva y genuina a la diversidad de la sociedad que sirve.

A pesar de estar concebidos como órganos para canalizar la voluntad popular, los congresos contemporáneos muchas veces se han distanciado de esa esencia democrática. En ocasiones, se han convertido en espacios donde predominan intereses partidistas, agendas limitadas y toma de decisiones que no reflejan plenamente las necesidades y aspiraciones de la población a la que están destinados a servir.

En el caso específico del Congreso del Estado, a diferencia de la Ekklesía, donde cada ciudadano tenía la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones, los ciudadanos de Jalisco a menudo se sienten marginados o desvinculados del proceso legislativo. La falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana y la escasa rendición de cuentas han contribuido a esta percepción de distancia entre el Congreso y la comunidad a la que debería servir.

En lugar de ser un espacio inclusivo donde convergen y se debaten ideas diversas en beneficio del conjunto social, el Congreso de Jalisco ha enfrentado críticas por su incapacidad para reflejar y atender de manera integral las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos.

Un claro ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en el manejo de la deuda en nuestro estado, específicamente en la aprobación de una deuda por 6,200 millones de pesos en 2020. Este acto no solo refleja una falta de consideración hacia las finanzas estatales, sino que también revela una desconexión con las prácticas financieras responsables que muchos otros estados del país estaban adoptando.

En tan solo cinco años se aumentó la deuda pública en un 38.2%, superando incluso la tasa de inflación. Este aumento significativo de los pasivos de Jalisco fue contrario a la tendencia observada en la mayoría de las tesorerías estatales a nivel nacional.

Mientras la mayoría de los estados buscaban implementar políticas de gasto basadas en la generación de recursos propios y una gestión financiera más sostenible, en nuestro estado se optó por un enfoque que parecía pasar por alto estas consideraciones.

Esta acción en materia de endeudamiento refleja una falta de análisis exhaustivo y discusión crítica en el Congreso del Estado de Jalisco al momento de aprobar esta medida. La falta de transparencia en el proceso decisional, la ausencia de un debate amplio que involucre perspectivas diversas y la aparente premura por tomar decisiones sin considerar las implicaciones a largo plazo para la economía estatal son indicativos de una deficiencia en el ejercicio del poder legislativo.

Es evidente que, a lo largo del tiempo, la distancia entre los congresos modernos y su propósito original de ser vehículos auténticos para representar la diversidad y la voluntad del pueblo ha generado un distanciamiento preocupante. En el caso específico del Congreso del Estado de Jalisco, se han identificado carencias que van desde la falta de representatividad hasta la opacidad en los procesos de toma de decisiones.

La falta de conexión entre los legisladores y la realidad de la población a la que sirven ha creado una brecha significativa, obstaculizando la capacidad del Congreso para abordar y resolver los problemas reales de la sociedad jalisciense. La falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana y la escasa rendición de cuentas han contribuido a esta percepción de distancia.

El manejo irresponsable de la deuda estatal es solo un ejemplo de cómo las decisiones tomadas en estos espacios han carecido de un análisis exhaustivo y una discusión crítica en el Congreso del Estado de Jalisco. Esta situación cuestiona seriamente la capacidad del Congreso para actuar como un contrapeso responsable al ejecutivo y para salvaguardar los intereses económicos a largo plazo de la entidad y sus ciudadanos.

En esta encrucijada, es crucial recuperar el verdadero propósito de estos espacios legislativos como el corazón palpitante de la democracia y la toma de decisiones colectivas. Es fundamental que los congresos modernos, incluyendo el Congreso del Estado de Jalisco, redescubran su esencia histórica y se comprometan a ser auténticos representantes de la diversidad y los intereses de la sociedad que sirven.

Recuperar la conexión con los ciudadanos, promover una participación ciudadana activa, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, así como asegurar que las decisiones se tomen con un análisis crítico y exhaustivo son pasos fundamentales para reconstruir la confianza en estos espacios legislativos. Solo así podrán desempeñar eficazmente su papel crucial como instrumentos de la democracia, donde convergen y debaten ideas diversas en beneficio del conjunto social, guiados por el bien común y no por intereses partidistas o individuales.

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¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?

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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

La Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 360 mil estudiantes, ha sido un pilar de estabilidad en el panorama educativo mexicano durante las últimas décadas, especialmente bajo la influencia de Raúl Padilla López, exrector y figura clave hasta su fallecimiento en 2023.

Sin embargo, las recientes protestas estudiantiles, marcadas por la confrontación y actos de violencia en centros universitarios como el CUCSH, donde encapuchados irrumpieron y dañaron instalaciones de la rectoría, han encendido las alarmas.

¿Estamos ante el fin de esa era de calma que caracterizó a la UdeG? ¿O es este un capítulo pasajero que la rectora Karla Planter, la primera mujer en el cargo, podrá resolver con liderazgo y diálogo?

Las movilizaciones estudiantiles, iniciadas el 10 de septiembre de 2025, recuerdan los turbulentos años 60 y 70, cuando movimientos de izquierda generaron inestabilidad en las universidades mexicanas, marcadas por huelgas, violencia, alta politización y enfrentamientos con autoridades y gobiernos estatales.

Aquella época de confrontación contrastó con el periodo de estabilidad que Raúl Padilla consolidó con su liderazgo, transformando a la UdeG en un referente académico y cultural. Su ausencia ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de transición y nuevas demandas sociales.

Las protestas recientes, que incluyeron la exigencia de suspender las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y la creación de espacios para el consumo de cannabis, han puesto a prueba la capacidad de la rectora Planter para mantener la gobernabilidad.

En un mensaje claro, emitido este miércoles 17 de septiembre de 2025, la rectora general universitaria respondió con un enfoque conciliador pero firme. Aceptó revisar las demandas legítimas, como mejoras en infraestructura, seguridad y acceso a materias, muchas de las cuales ya están en proceso.

Sin embargo, fue contundente al rechazar propuestas que considera inviables o perjudiciales, como la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), que calificó de ilegal por violar los derechos de la comunidad universitaria, y la tolerancia al consumo de cannabis en los campus, argumentando que la universidad debe priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes.

Además, Planter advirtió contra la intervención de actores externos que podrían estar manipulando las protestas para fines políticos, un riesgo que ella se comprometió a evitar. “No permitiremos que actores ajenos se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes”, afirmó, subrayando su compromiso con un diálogo abierto, pero dentro del marco normativo de la UdeG.

Esta postura refleja una intención de equilibrar la apertura a las demandas estudiantiles con la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional. El manejo de esta crisis será determinante para el futuro de la UdeG.

La rectora, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2025, se ha destacado por su trayectoria académica y su enfoque en la igualdad y la inclusión. Su elección marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la institución en sus 232 años de historia, y ahora enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un momento de tensión.

Las protestas, aunque legítimas en algunos puntos, han incluido episodios de violencia, como los ocurridos en el CUCSH, que podrían escalar si no se gestionan con cuidado. La pregunta central es si estas movilizaciones son un síntoma pasajero o el preludio de una inestabilidad prolongada, similar a la de décadas pasadas registradas en otras universidades del país, donde los paros y las huelgas generaron mucho daño a la educación superior de México.

La respuesta dependerá de varios factores: la capacidad de Planter para canalizar las demandas viables, la voluntad de los estudiantes para dialogar dentro de los cauces institucionales y la habilidad de la universidad para evitar que intereses externos desestabilicen su comunidad.

La UdeG no es ajena a los retos, pero su historia reciente demuestra que puede superarlos con liderazgo firme y un compromiso con su misión educativa.

UN FUTURO EN JUEGO

La UdeG está en una encrucijada. Las declaraciones de Karla Planter muestran una disposición al diálogo, pero también una línea clara contra propuestas que comprometan la integridad de la institución. Si las demandas estudiantiles encuentran eco en soluciones concretas y la comunidad universitaria opta por la vía pacífica, la estabilidad que ha caracterizado a la UdeG podría mantenerse.

De lo contrario, el riesgo de una escalada de tensiones amenaza con revivir los fantasmas de las épocas de confrontación. La rectora, con su visión de una universidad más igualitaria e incluyente, tiene la oportunidad de forjar un nuevo capítulo de unidad.

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Entregan la presea “La Paz hecha a mano”

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Por Francisco Junco

En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.

El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.

Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.

También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.

La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.

La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.

Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.

Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.

También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.

Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.

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Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco

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Por Francisco Junco

El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.

El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.

Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.

Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.

Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.

Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.

Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.

“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.

Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.

“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.

En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.

“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.

“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.

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Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter

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– Por Redacción Conciencia Pública 

En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.

Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.

Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.

Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.

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