OPINIÓN
Estado de bienestar
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
“El hombre pobre tiene siempre una visión precisa de su problema y de su remedio: no tiene suficiente y necesita más.” John Kenneth Galbraith “La sociedad opulenta”
La cuarta transformación que ha sido el eje discursivo del presente régimen ha empezado a delinear su perfil en la práctica, es decir, más allá de las prédicas y conceptos teóricos y aspiracionales contenidos en las diversas publicaciones de Andrés Manuel López Obrador. En ellos ha dicho que aspira a un modelo asistencial como el de los países escandinavos y pretende pasar de una seguridad social para algunos a una seguridad social para todos. En la práctica ha impuesto una consigna, “primero los pobres”.
Como lo advirtió, parte de su inspiración es el modelo seguido por Roosevelt tras la depresión previa a la segunda guerra mundial, y con conocimiento o sin el, de teorías económicas aplicables o experimentadas; guiado solo por su instinto y observación empírica, nos lleva a su concepto de estado benefactor, impulsado más por su vehemencia que por las condiciones existentes para su aplicación tal como lo concibe. Asume como condición, la necesidad de un estado fuerte que subordine a las fuerzas del mercado y regule incluso la ganancia, y a la vez, aspira a reconstruir el esquema económico proteccionista que provocó el periodo de crecimiento estabilizador de los años dorados del priismo. Teorías nada desdeñables, agradables para quienes ansían capturar el descontento y las contradicciones sociales, especialmente para una generación como la que está actualmente en el poder, formada en universidades públicas que en el mismo periodo de crecimiento impulsado por el más puro espíritu Keynesiano, enseñaban en una gran contradicción con el criterio oficial, las teorías marxistas y abrazaban los postulados maoístas.
Es paradójico que hoy se combata desde la esfera del poder la teoría que nace precisamente para contrarrestar la pobreza y miseria de la post guerra. El estado de bienestar concebido en ese tiempo, apostó por el modelo Keynesiano, economía mixta y las fuerzas del mercado para el pleno empleo y mayor producción como medio para sacar de la pobreza y miseria a las sociedades occidentales. Hoy se plantea un estado patrimonialista que a través de las dádivas directas, insuficientes para crear ese estado de bienestar al que se aspira, propicie la creación de clientelas electorales.
Por los hechos, el titular del poder ejecutivo asume al Estado del bienestar mediante el cual se responsabiliza del bienestar de los ciudadanos y construye una red o sistema de seguridad, con provisiones claramente delimitadas. Para el efecto, al menos 9 programas constituyen ese sistema: Becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro de educación superior, Bienestar para adultos mayores, Bienestar para personas con discapacidad, Sembrando vida, Tandas del Bienestar, Canasta Básica, Producción para el bienestar, sin contar los que ejecuta además la Secretaría del Bienestar, como el seguro de vida para madres solteras, Opciones productivas, Tres por uno para migrantes y empleo temporal. De ellos, solo tres consumen el 79% de los recursos: Adultos mayores, Becas de Educación media Superior y Jóvenes construyendo el futuro.
Está oponiendo al neoliberalismo la concepción de un estado asistencialista no enfocado a la generación de riqueza y satisfactores para una sociedad aspiracional y moderna, sino en procurar el enriquecimiento cultural y espiritual, más del tipo de la humildad cristiana que de la búsqueda permanente de superación por el esfuerzo.
Malas noticias para esta cuarta transformación son las que vienen, pues difícilmente se darán las condiciones para mejorar los indicadores de bienestar cuando se expongan las cifras de desempleo, del número de trabajadores que caerán en pobreza laboral, cuando se reduzca la recaudación fiscal y se compruebe que la apuesta por la resurrección de Pemex incluso la reactivación del TMEC, no generaran los recursos que se necesitan para consolidar el estado patrimonialista, o paternalista, que pretenden crear. Si el proyecto para sacar a México de la crisis que se avecina va por ese rumbo, creo que es tiempo de pensar en el plan B.
Desafortunadamente no existe en el imaginario del régimen ese plan alternativo. Fortalecer a PEMEX, empresa estatal que registra pérdidas crecientes, 346 mil millones en 2019 y 562 mil millones en el primer trimestre de 2020, es no solo una apuesta riesgosa sino todo un absurdo, mientras que pensar en el TMEC como alternativa, sin vigencia plena del estado de derecho y con la desconfianza que ha generado la política anti empresarial del gobierno, suena a soñar en un crecimiento utópico.
Son las propias contradicciones del gobierno las que se oponen a la configuración de ese estado de bienestar deseable por todos. Su consolidación es una aspiración compartida sin duda por todos, sin embargo, el obstáculo principal son los modos, a buena parte de la sociedad “no nos gusta el modito”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
