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JALISCO

Excesos de juicios supera capacidad de la infraestructura judicial

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Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //

La difícil situación que vive el Poder Judicial del Estado de Jalisco y la agravada percepción social, tienen muchas aristas. Además de la corrupción y la impunidad, su falta de transparencia, su intrincado y confuso marco normativo, la obsolescencia de sus procedimientos, la dependencia y control presupuestal a la que está sometido, la intromisión política de otros poderes en la designación de sus integrantes y la limitada utilización de las tecnologías de la información, también debe tomarse en cuenta la débil infraestructura con la que cuenta, la ausencia de un programa de mantenimiento y mejora y la falta de planeación de su crecimiento y desarrollo.

Ya se ha dicho que el cúmulo de trabajo que debe atender tanto los Juzgados de primera instancia como las salas colegiadas de apelación, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales, ha sido superada con mucho y desde hace mucho, que el periodo de casi cinco meses en que estuvieron suspendidos los términos virtud a la contingencia sanitaria por el covid 19 no fueron suficientes para ponerse al día al interior, a pesar de los valientes esfuerzos del personal judicial.

La lógica más simple para disipar el trabajo acumulado es la creación de un número mayor de Juzgados o Salas, sin embargo, contar un con nuevo centro físico de trabajo es una tarea que el Poder Judicial no tiene contemplado en sus planes.

La experiencia del rechazo a las peticiones reiteradas en sus proyectos de presupuesto anuales si bien no han mermado su interés, tampoco constituye una posibilidad real y menos en las condiciones limitadas en que se ha manejado la economía del país y las pocas esperanzas de ampliación presupuestal que se derivan del discurso de austeridad de las autoridades hacendarias del estado para el próximo año.

En pocas palabras, hay un fuerte exceso de juicios que ha superado la capacidad de la infraestructura judicial desde hace ya varios años que el gobierno en su conjunto no ha sabido resolver a tiempo, lo que agrava exponencialmente las dificultades para impartir justicia pronta y expedita, afectando la inversión productiva, la competitividad pero especialmente a los ciudadanos.

Más allá de ello, la falta de planeación del Poder Judicial para justificar su necesidad de crecimiento y la urgencia de crear oportunamente los juzgados y salas que hacen falta para atender la demanda de justicia en determinadas materias o en regiones que vienen creciendo sin detenimiento, no puede apoyarse en la ausencia de los ingresos presupuestales, esto es, la falta de recursos no debe influir para la elaboración de los proyectos de crecimiento y creación de nuevos juzgados.

Por el contrario, si bien es cierto que el Poder Judicial no crece porque no son atendidos las solicitudes que acorde a la constitución deben incorporarse al proyecto de presupuesto que se presenta a la consideración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes han destinado al Poder Judicial en los últimos años un presupuesto igual apenas actualizado con el índice inflacionario publicado anualmente por el Banco de México, se debe evidenciar con mayor ahínco y con mayores y mejores argumentos, la improrrogable necesitad de ampliar sus capacidades físicas no solo a partir del cúmulo de trabajo en las materias ya existentes, sino previendo además con toda oportunidad los requerimientos de las nuevas responsabilidades que ineludiblemente le serán asignadas.

Es decir, a la acumulación de asuntos por resolver y la obsoleta tecnología con que cuenta el Poder Judicial en general, hay que sumarle los proyectos urgentes que no han sido atendidos así como los nuevos que se derivan de las recientes reformas constitucionales.

EL INMINENTE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL

A pesar del retraso del Congreso de la Unión en la generación de las Leyes secundarias que le den viabilidad, la reforma constitucional laboral es una clara realidad que implica un gran cambio en la estructura, proceso y percepción de la justicia en materia del trabajo.

La inminente incorporación de la materia laboral a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, especialmente traerá al de Jalisco, la necesidad de una serie de compromisos económicos adicionales y extraordinarios para la capacitación y contratación del nuevo personal que atenderá la materia, la creación de Juzgados de primera instancia y Salas de apelación, su equipamiento y desde luego la adecuación el espacio físico en que se ubiquen, tomando en consideración, como ya se dijo anteriormente, que la aspiración por calidad y conveniencia es que cada Juzgado deba atender, desde su creación, un monto no superior a 500 expedientes al año, por lo que entonces al conocer la carga de trabajo rezagada y el flujo actual, podría proyectarse la enorme necesidad de recursos económicos adicionales al presupuesto vigente para el año en que se implementen y desde luego para los años subsecuentes.

No pasa desapercibido, que el Poder Judicial ha debido en anteriores ocasiones hacerse cargo, con el mismo presupuesto y recursos, de la mayoría de los costos que traen adosados las nuevas figuras y materias que por disposición constitucional le son asignadas, como sucedió más recientemente con el sistema de justicia penal adversarial que no solo trajo la necesidad de crear salas de oralidad con distribución, materiales y equipamiento especiales y detallados, sino que obligó a la conformación de una nueva estructura organizacional a partir del personal ya existente con las consecuentes repercusiones económicas por despidos y nuevas contrataciones, lo que de igual manera aconteció antes con los Juzgados de Ejecución de Penas, Extinción de Dominio, Narcomenudeo, Adolecentes infractores e incluso con la materia Mercantil que de origen debiera ser atendida integralmente por la federación.

JUSTICIA REGIONAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La justicia en apelación está concentrada en la zona metropolitana de Guadalajara, las seis salas que conocen de los recursos del alzada en materia Civil y Mercantil más las cinco colegiadas que atienden la totalidad de apelaciones del estado en juicios penales se ubican en el mismo lugar, es decir, las once Salas Colegiadas que componen el Supremo Tribunal de Justicia se ubican en la capital del estado, lo que provoca que cualquier recurso de alzada promovido en el interior del Estado implique el traslado oficial como privado de documentos y personas, encareciendo la justicia en contravención a los principios constitucionales que la conciben como completa y gratuita, de ahí que deba retomarse un viejo anhelo del Poder Judicial para contar con Salas Regionales de Segunda Instancia ubicadas en puntos estratégicos del territorio estatal que sean concentradoras de población y de demanda de justicia lo que además podría ser complementado con Salas Unitarias, esto es, que en microregiones que no cuenten con Sala Regional Colegiada podría implementarse una sala Unitaria integrada por solo un Magistrado, desarrollar este proyecto traería la necesidad de amplios recursos económicos.

Desde siempre se ha manejado la necesidad de desarrollar los polos regionales para que permitan el mayor aprovechamiento de los recursos y bondades del estado, por lo que acercarles la justicia de segunda instancia a ciudades como Ameca, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno o Autlán en el mediano plazo, además de cumplir los justificados reclamos de las barras y colegios de abogados del interior del estado, se estaría atendiendo también los principios constitucionales de justicia pronta, expedita y gratuita.

SISTEMATIZACIÓN DE COMUNICACIONES JUDICIALES, EL TRÁNSITO INAPLAZABLE A LA JUSTICIA DIGITAL

Las grandes cargas de trabajo que acumulan los tribunales judiciales, lógicamente provocan la necesidad de darle trámite a un exponencial número de notificaciones, función que está a punto de colapsar tanto por su elevado número, su obsoleta y limitada normativa, como por la falta de organización en su ejecución, puesto que cada tribunal de primera y segunda instancia cuenta con sus propios notificadores lo que lleva a efectuar las mismas rutas y recorridos en repetidas ocasiones, incrementando el tiempo esfuerzo y costo de las notificaciones.

Es necesario y prioritario entonces promover las reformas para incorporar por completo a los sistemas de justicia las notificaciones electrónicas y por otro lado concentrar la función de notificar en un órgano especializado que optimice el tiempo y los recursos al organizar y realizar sistemáticamente el trabajo de los diversos tribunales.

Ya se ha expuesto que el uso de las tecnologías no solo debe quedar en la posibilidad de notificar electrónicamente a las partes, también es necesario ampliar la digitalización a todos los procesos de todas las materias, esquivando por una parte la obstaculización y tardanza de los juicios y por otra agilizando y transparentando su substanciación, no solo por ser la tendencia generalizada en el país, sino por ser una urgente necesidad evidenciada en el periodo de la pandemia, que exhibió la obsolescencia en que aún se maneja la justicia en el estado.

El tránsito a la era de la justicia digital, traerá desde luego incontables beneficios pero también la necesidad de prever los costos y necesidades técnicas de su implementación, es decir, fortalecer la infraestructura judicial con los sistemas y equipos necesarios para implementar la justicia apoyada en el uso de las nuevas tecnologías tiene un costo y se lleva un lapso de tiempo que ya se debía tener considerado en proyectos de avanzada.

NUEVOS TRIBUNALES PARA CARGAS ACTUALES Y FUTURAS

El solo incremento porcentual sostenido de los asuntos que deben conocer los Juzgados y las Salas de segunda instancia en los últimos años, tanto en materia penal como civil, mercantil o familiar, permite y hace necesario realizar un amplio proyecto para armonizar las cargas de trabajo de cada uno de ellos y atiendan solo el número de juicios que internacionalmente se considera adecuado para garantizar la calidad y eficiencia de sus resoluciones, lo que lleva lógicamente a la creación de nuevos Juzgados y Salas Colegiadas en el número suficiente para ello, considerando además su proyección a cinco años para evitar premuras, sobresaltos y encarecimiento.

Ante ese panorama, es obligado y urgente que el Poder Judicial de Jalisco cumpla con las exigencias normativas en materia de planeación, rescatando el sentido de su origen, esto es, debe contar con un plan producto de la participación democrática, que contenga los programas y proyectos necesarios para superar sus rezagos, para equipar y acondicionar sus instalaciones.

Pero especialmente debe contar con modelos de ordenamiento de sus procesos jurisdiccionales con eficiencia e innovación, que cuente con objetivos y metas claras y realizables así como con indicadores que permitan su control y seguimiento, pero además que sea público, actualizado y transparente, para que la participación ciudadana no quede solo en aportaciones de mejora para su conformación sino en el acompañamiento de su implementación, seguimiento, control, evaluación y sanción.

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JALISCO

Los excesos, ¿son garantía?

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Opinión, por Gerardo Rico //

Con una agenda 2030 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) informó el pasado 30 de junio sobre los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, en la postulación en la de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027”

Consejeras electorales de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación precisaron que: La paridad de género no fue una concesión del poder, sino el resultado de una lucha histórica impulsada por mujeres, activistas y feministas que denunciaron la exclusión estructural de las mujeres en la vida pública. Aunque se han logrado avances significativos, persisten barreras institucionales y socioculturales que impiden una participación plena, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos históricamente excluidos, por lo que estos nuevos lineamientos buscan corregir esas desigualdades.

Se informó, además, que los lineamientos aprobados resultaron de un diagnóstico cuantitativo con información y datos del proceso electoral 2024 y luego de un amplio procedimiento incluyente y técnicamente sustentado, atendiendo principios de progresividad, paridad sustantiva y acceso igualitario a los derechos político-electorales.

En lo personal, estoy de acuerdo en el avance significativo que se ha tenido en los últimos años en los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables en la sociedad que históricamente han sido discriminados en diferentes ámbitos, sobre todo en la actividad política. Aparte de la discriminación, han sido atacados de diferentes formas, impidiendo su desarrollo pleno en lo profesional y social, y esto sin duda se ha modificado en los últimos años a su favor.

Pero las acciones aprobadas por el IEPC Jalisco son un exceso de facultades que se atribuye el organismo y que pueden afectar la paridad y organización de los comicios intermedios del 2027. Mientras por un lado “resuelven” la participación femenina y de grupos discriminados, por el otro vulneran y limitan la participación política y las aspiraciones de quienes legítimamente aspirarán a algún cargo de elección popular y que por aras del destino son hombres.

Se trata de buscar un equilibrio en la representación y participación de ambos géneros en diversos ámbitos, incluyendo el político y el laboral.

La discusión puede enfocarse en cómo la paridad beneficia a toda la sociedad, incluyendo a los hombres, y cómo se pueden crear condiciones más equitativas para todos, sin perder de vista los retos específicos que enfrentan las mujeres y los grupos vulnerables.

De acuerdo a las disposiciones del organismo electoral en Jalisco, el total de candidaturas a diputados locales por mayoría relativa se integrará de manera paritaria entre ambos géneros, pero la postulación de personas no binarias y todas las identidades de género distintas al binario, se contabilizarán al género masculino.

Para los candidatos a diputados de representación proporcional, cada partido deberá presentar una lista de 18 personas alternadas por género (mujer-hombre-mujer), incluyendo al menos 9 candidaturas femeninas, y se permite que la lista pueda ser encabezada indistintamente por una mujer o un hombre, desde mi punto de vista, una situación más equilibrada.

Aunque establece en otra parte de su comunicado que en los primeros ocho lugares de la lista de representación proporcional se incluirá a algún miembro de los siguientes grupos: personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual (LGBTTIQ+) jóvenes y personas residentes en el extranjero. En caso de no incluir a alguien de dichos grupos en las listas de representación propocinal, el partido político deberá postular a las personas de estos grupos para diputaciones por mayoría relativa, en cualquiera de sus cinco distritos electorales más competitivos.

Pero luego viene el asunto de los municipios, aquí las candidaturas a la presidencia municipal en ocho demarcaciones deberán ser exclusivamente femeninas. Estos son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.

Lo anterior se definió luego de identificar municipios en donde nunca ha sido electa una mujer para presidir el cabildo. De esos 49 se revisó donde no hay posibilidad de reelección al cargo; esto es en 16 demarcaciones y se ordenaron del más al menos poblado y eligieron la mitad: los ocho municipios con mayor población dentro del listado y de acuerdo al censo 2020 del INEGI.

Ante todas estas maromas cuantitativas y cualitativas y en las que reitero, desde mi punto de vista, quienes dirigen el IEPC Jalisco se han excedido en sus atribuciones, todas estas propuestas: ¿nos garantizarán mejores gobernantes?, ¿una clase política más preparada que realmente responda a las expectativas de quienes la eligen?

El 50% de mujeres y el 50% de hombres, así como la inclusión de grupos vulnerables en puestos de elección popular, ¿son garantía de mejores gobiernos?

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A los que vimos: Homenaje a don Heliodoro Hernández Loza

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MAGNO RECONOCIMIENTO A DON HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA

Juan Huerta, secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ) encabezó el festejo del natalicio 127 de don Heliodoro Hernández Loza al pie del monumento erigido a la memoria del gran líder de Jalisco en la Rotonda de Los y las Jaliscienses Ilustres que trascendió su tiempo, como lo expresaron los diversos oradores que hicieron uso de la palabra en el magno homenaje. Familiares de Don Heliodoro estuvieron presente en el evento.

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LA FERIA DE LAS FLORES, LA CANCIÓN DE DON HELIODORO

“La Feria de las Flores”, la canción predilecta de don Heliodoro, se escuchó cuando se hizo la Guardia de Honor al interior de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La conmemoración contó con la presencia del Presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López; la Magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda; la diputada federal Merylin Gómez Pozos; diputada local Monserrat Pérez Cisneros, entre otras personalidades.

PERSONALIDADES

De izquierda a derecha: Antonio Álvarez Esparza, Juan Huerta, Rafael Yerena, Diego Monraz y el diputado Sergio Martín Castellanos en primera fila.

EL RECONOCIMIENTO A DON HELIODORO

Autoridades estatales, municipales y funcionarios públicos convivieron con la familia cetemista de Jalisco para recordar y hacer su reconocimiento a un gran líder obrero como fue don Heliodoro Hernández Loza, una figura que dio forma al sindicalismo para defender los derechos de los trabajadores a una jornada justa y remunerada.

SUS TEMAS

La lideresa Martha Elia Naranjo y el diputado Miguel de la Rosa se apartaron para tratar temas de la agenda sindical.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Juan Huerta y Rafael Yerena, honran la figura de don Heliodoro Hernández Loza.

SALVADOR ALCÁZAR

Salvador Alcázar, fue el orador central en la conmemoración del natalicio de don Heliodoro Hernández Loza en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

FRANCISCO RAMÍREZ

Francisco Ramírez Salcido, subsecretario de Gobierno del Estado, quien saluda al líder de la FTJ, Juan Huerta, destacó que don Heliodoro Hernández Loza, por su calidad humana, dejó un legado significativo en México, contribuyendo al bienestar de miles de familias.

RICARDO BARBOSA

Don Heliodoro fortaleció el sindicalismo en Jalisco, pionero en contratos colectivos gracias a la negociación tripartita entre gobierno, iniciativa privada y sindicatos, destacó Ricardo Barbosa, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado. En la gráfica saluda a Juan Huerta, anfitrión del evento.

MARTA ARIZMENDI

La presidenta del Congreso del Estado, Marta Arizmendi destacó que don Heliodoro Hernández Loza vive en cada trabajador, con una historia que no se apaga, tejida en su legado para Jalisco. Aquí captada al momento de saludar a Juan Huerta y Rafael Yerena.

MANUEL ROMO

Manuel Romo, en representación de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aplaudió la vigencia de los ideales de don Heliodoro, que fortalecen a los trabajadores de Jalisco.

TOÑO ÁLVAREZ ESPARZA

Don Antonio Álvarez Esparza, dirigente de la FROC-CONLABOR, presente en el evento, creció en otra organización obrera, pero siempre reconoció el valor del liderazgo de don Heliodoro Hernández Loza.

EL GRAN MAESTRO DEL SINDICALISMO

Don Rafael Yerena, líder vitalicio de la Federación de Trabajadores de Jalisco, se formó como líder con don Heliodoro Hernández Loza, como el gran maestro del sindicalismo.

MARTHA ELIA NARANJO

Martha Elia Naranjo, lideresa del Sindicato SIDEDIF, con Juan Huerta y MaryPaz López, en el festejo del natalicio 127 de don Heliodoro Hernández Loza.

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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