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JALISCO

Excesos de juicios supera capacidad de la infraestructura judicial

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Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //

La difícil situación que vive el Poder Judicial del Estado de Jalisco y la agravada percepción social, tienen muchas aristas. Además de la corrupción y la impunidad, su falta de transparencia, su intrincado y confuso marco normativo, la obsolescencia de sus procedimientos, la dependencia y control presupuestal a la que está sometido, la intromisión política de otros poderes en la designación de sus integrantes y la limitada utilización de las tecnologías de la información, también debe tomarse en cuenta la débil infraestructura con la que cuenta, la ausencia de un programa de mantenimiento y mejora y la falta de planeación de su crecimiento y desarrollo.

Ya se ha dicho que el cúmulo de trabajo que debe atender tanto los Juzgados de primera instancia como las salas colegiadas de apelación, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales, ha sido superada con mucho y desde hace mucho, que el periodo de casi cinco meses en que estuvieron suspendidos los términos virtud a la contingencia sanitaria por el covid 19 no fueron suficientes para ponerse al día al interior, a pesar de los valientes esfuerzos del personal judicial.

La lógica más simple para disipar el trabajo acumulado es la creación de un número mayor de Juzgados o Salas, sin embargo, contar un con nuevo centro físico de trabajo es una tarea que el Poder Judicial no tiene contemplado en sus planes.

La experiencia del rechazo a las peticiones reiteradas en sus proyectos de presupuesto anuales si bien no han mermado su interés, tampoco constituye una posibilidad real y menos en las condiciones limitadas en que se ha manejado la economía del país y las pocas esperanzas de ampliación presupuestal que se derivan del discurso de austeridad de las autoridades hacendarias del estado para el próximo año.

En pocas palabras, hay un fuerte exceso de juicios que ha superado la capacidad de la infraestructura judicial desde hace ya varios años que el gobierno en su conjunto no ha sabido resolver a tiempo, lo que agrava exponencialmente las dificultades para impartir justicia pronta y expedita, afectando la inversión productiva, la competitividad pero especialmente a los ciudadanos.

Más allá de ello, la falta de planeación del Poder Judicial para justificar su necesidad de crecimiento y la urgencia de crear oportunamente los juzgados y salas que hacen falta para atender la demanda de justicia en determinadas materias o en regiones que vienen creciendo sin detenimiento, no puede apoyarse en la ausencia de los ingresos presupuestales, esto es, la falta de recursos no debe influir para la elaboración de los proyectos de crecimiento y creación de nuevos juzgados.

Por el contrario, si bien es cierto que el Poder Judicial no crece porque no son atendidos las solicitudes que acorde a la constitución deben incorporarse al proyecto de presupuesto que se presenta a la consideración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes han destinado al Poder Judicial en los últimos años un presupuesto igual apenas actualizado con el índice inflacionario publicado anualmente por el Banco de México, se debe evidenciar con mayor ahínco y con mayores y mejores argumentos, la improrrogable necesitad de ampliar sus capacidades físicas no solo a partir del cúmulo de trabajo en las materias ya existentes, sino previendo además con toda oportunidad los requerimientos de las nuevas responsabilidades que ineludiblemente le serán asignadas.

Es decir, a la acumulación de asuntos por resolver y la obsoleta tecnología con que cuenta el Poder Judicial en general, hay que sumarle los proyectos urgentes que no han sido atendidos así como los nuevos que se derivan de las recientes reformas constitucionales.

EL INMINENTE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL

A pesar del retraso del Congreso de la Unión en la generación de las Leyes secundarias que le den viabilidad, la reforma constitucional laboral es una clara realidad que implica un gran cambio en la estructura, proceso y percepción de la justicia en materia del trabajo.

La inminente incorporación de la materia laboral a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, especialmente traerá al de Jalisco, la necesidad de una serie de compromisos económicos adicionales y extraordinarios para la capacitación y contratación del nuevo personal que atenderá la materia, la creación de Juzgados de primera instancia y Salas de apelación, su equipamiento y desde luego la adecuación el espacio físico en que se ubiquen, tomando en consideración, como ya se dijo anteriormente, que la aspiración por calidad y conveniencia es que cada Juzgado deba atender, desde su creación, un monto no superior a 500 expedientes al año, por lo que entonces al conocer la carga de trabajo rezagada y el flujo actual, podría proyectarse la enorme necesidad de recursos económicos adicionales al presupuesto vigente para el año en que se implementen y desde luego para los años subsecuentes.

No pasa desapercibido, que el Poder Judicial ha debido en anteriores ocasiones hacerse cargo, con el mismo presupuesto y recursos, de la mayoría de los costos que traen adosados las nuevas figuras y materias que por disposición constitucional le son asignadas, como sucedió más recientemente con el sistema de justicia penal adversarial que no solo trajo la necesidad de crear salas de oralidad con distribución, materiales y equipamiento especiales y detallados, sino que obligó a la conformación de una nueva estructura organizacional a partir del personal ya existente con las consecuentes repercusiones económicas por despidos y nuevas contrataciones, lo que de igual manera aconteció antes con los Juzgados de Ejecución de Penas, Extinción de Dominio, Narcomenudeo, Adolecentes infractores e incluso con la materia Mercantil que de origen debiera ser atendida integralmente por la federación.

JUSTICIA REGIONAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La justicia en apelación está concentrada en la zona metropolitana de Guadalajara, las seis salas que conocen de los recursos del alzada en materia Civil y Mercantil más las cinco colegiadas que atienden la totalidad de apelaciones del estado en juicios penales se ubican en el mismo lugar, es decir, las once Salas Colegiadas que componen el Supremo Tribunal de Justicia se ubican en la capital del estado, lo que provoca que cualquier recurso de alzada promovido en el interior del Estado implique el traslado oficial como privado de documentos y personas, encareciendo la justicia en contravención a los principios constitucionales que la conciben como completa y gratuita, de ahí que deba retomarse un viejo anhelo del Poder Judicial para contar con Salas Regionales de Segunda Instancia ubicadas en puntos estratégicos del territorio estatal que sean concentradoras de población y de demanda de justicia lo que además podría ser complementado con Salas Unitarias, esto es, que en microregiones que no cuenten con Sala Regional Colegiada podría implementarse una sala Unitaria integrada por solo un Magistrado, desarrollar este proyecto traería la necesidad de amplios recursos económicos.

Desde siempre se ha manejado la necesidad de desarrollar los polos regionales para que permitan el mayor aprovechamiento de los recursos y bondades del estado, por lo que acercarles la justicia de segunda instancia a ciudades como Ameca, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno o Autlán en el mediano plazo, además de cumplir los justificados reclamos de las barras y colegios de abogados del interior del estado, se estaría atendiendo también los principios constitucionales de justicia pronta, expedita y gratuita.

SISTEMATIZACIÓN DE COMUNICACIONES JUDICIALES, EL TRÁNSITO INAPLAZABLE A LA JUSTICIA DIGITAL

Las grandes cargas de trabajo que acumulan los tribunales judiciales, lógicamente provocan la necesidad de darle trámite a un exponencial número de notificaciones, función que está a punto de colapsar tanto por su elevado número, su obsoleta y limitada normativa, como por la falta de organización en su ejecución, puesto que cada tribunal de primera y segunda instancia cuenta con sus propios notificadores lo que lleva a efectuar las mismas rutas y recorridos en repetidas ocasiones, incrementando el tiempo esfuerzo y costo de las notificaciones.

Es necesario y prioritario entonces promover las reformas para incorporar por completo a los sistemas de justicia las notificaciones electrónicas y por otro lado concentrar la función de notificar en un órgano especializado que optimice el tiempo y los recursos al organizar y realizar sistemáticamente el trabajo de los diversos tribunales.

Ya se ha expuesto que el uso de las tecnologías no solo debe quedar en la posibilidad de notificar electrónicamente a las partes, también es necesario ampliar la digitalización a todos los procesos de todas las materias, esquivando por una parte la obstaculización y tardanza de los juicios y por otra agilizando y transparentando su substanciación, no solo por ser la tendencia generalizada en el país, sino por ser una urgente necesidad evidenciada en el periodo de la pandemia, que exhibió la obsolescencia en que aún se maneja la justicia en el estado.

El tránsito a la era de la justicia digital, traerá desde luego incontables beneficios pero también la necesidad de prever los costos y necesidades técnicas de su implementación, es decir, fortalecer la infraestructura judicial con los sistemas y equipos necesarios para implementar la justicia apoyada en el uso de las nuevas tecnologías tiene un costo y se lleva un lapso de tiempo que ya se debía tener considerado en proyectos de avanzada.

NUEVOS TRIBUNALES PARA CARGAS ACTUALES Y FUTURAS

El solo incremento porcentual sostenido de los asuntos que deben conocer los Juzgados y las Salas de segunda instancia en los últimos años, tanto en materia penal como civil, mercantil o familiar, permite y hace necesario realizar un amplio proyecto para armonizar las cargas de trabajo de cada uno de ellos y atiendan solo el número de juicios que internacionalmente se considera adecuado para garantizar la calidad y eficiencia de sus resoluciones, lo que lleva lógicamente a la creación de nuevos Juzgados y Salas Colegiadas en el número suficiente para ello, considerando además su proyección a cinco años para evitar premuras, sobresaltos y encarecimiento.

Ante ese panorama, es obligado y urgente que el Poder Judicial de Jalisco cumpla con las exigencias normativas en materia de planeación, rescatando el sentido de su origen, esto es, debe contar con un plan producto de la participación democrática, que contenga los programas y proyectos necesarios para superar sus rezagos, para equipar y acondicionar sus instalaciones.

Pero especialmente debe contar con modelos de ordenamiento de sus procesos jurisdiccionales con eficiencia e innovación, que cuente con objetivos y metas claras y realizables así como con indicadores que permitan su control y seguimiento, pero además que sea público, actualizado y transparente, para que la participación ciudadana no quede solo en aportaciones de mejora para su conformación sino en el acompañamiento de su implementación, seguimiento, control, evaluación y sanción.

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ENTREVISTAS

Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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JALISCO

Es hora del drenaje profundo

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Guadalajara, una metrópoli que merece infraestructura de vanguardia.

La Zona Metropolitana (ZMG), con más de 5 millones de habitantes, es un referente cultural y económico de México, hogar del mariachi y el tequila, y candidata a ser sede de eventos globales como el Mundial de Fútbol.

Sin embargo, cada temporal de lluvias revela una verdad incómoda: su infraestructura hidráulica está al borde del colapso. Socavones, inundaciones y pérdidas patrimoniales son síntomas de un sistema obsoleto que no resiste el crecimiento urbano ni el cambio climático.

¿Es hora de pensar en grande, con una obra magna como el drenaje profundo que transformó la Ciudad de México entre 1967 y 1975 o el proyecto Jikans de Tokio? La respuesta es un rotundo sí.

En entrevista con Conciencia Pública, Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), presenta una propuesta técnica y ambiciosa: un drenaje profundo para gestionar exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado actual.

Este proyecto, respaldado por estudios de preinversión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2017, realizados bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, requiere una inversión de 20,000 a 25,000 millones de pesos a ejecutarse en 12 a 15 años.

“No es algo nuevo; ya hay análisis completos de cuencas, drenajes semiprofundos y profundos”, afirma Avilés, destacando que el CICEJ lleva dos años desarrollando un modelo de gestión hídrica con 82 acciones específicas.

UNA CRISIS HÍDRICA QUE NO PUEDE ESPERAR

La ZMG enfrenta inundaciones recurrentes que afectan la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. La Universidad de Guadalajara identifica 570 puntos críticos de inundación, mientras que el Imeplan reporta 363, evidenciando la falta de un enfoque metropolitano unificado.

Proyectos como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, impulsados por el exgobernador Enrique Alfaro con una inversión cercana a los mil millones de pesos, han sido paliativos insuficientes.

La infraestructura hidráulica, con tuberías de hasta 70 años, está rebasada por el crecimiento urbano desordenado, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración y acelerado los escurrimientos.

Recientes incidentes ilustran la gravedad del problema. En 2024, un macrosocavón en avenida López Mateos, la vía de mayor circulación de sur a norte, paralizó la ciudad. En julio de 2025, hace unos días, otro socavón en la colonia El Bethel, en el cruce de avenida Malecón y calle Sidón, midió 20 metros de largo, 8 de ancho y 5 de profundidad. El colapso de un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, con más de 20 años de antigüedad, arrastró tres vehículos, incluyendo uno con una familia.

Aunque no hubo víctimas fatales, la imagen de un auto volcado con las llantas al cielo, junto a un camión materialista y otro de transporte, es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), responsable de estos sistemas, enfrenta una crisis financiera, administrativa y técnica que agrava la situación.

LA PROPUESTA DEL CICEJ: UNA VISIÓN TRANSFORMADORA

La solución de Avilés y el CICEJ trasciende los parches temporales. El drenaje profundo no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

El proyecto se complementa con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, y la regulación del crecimiento urbano para recuperar el equilibrio del ciclo hídrico. Avilés subraya que las discrepancias entre los puntos críticos identificados por la UdeG y el Imeplan reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que exige un plan metropolitano integral que analice flujos, captación y desahogo de agua.

El CICEJ propone un modelo colaborativo que involucre al gobierno estatal, federal, municipal, la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel global, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar esta obra.

El plan estatal hídrico 2024-2030, con visión a 25 años, busca superar la discontinuidad de políticas que reinician cada sexenio. Avilés insiste en que la falta de acción es inaceptable para una metrópoli de la importancia de la ZMG, que no merece una infraestructura obsoleta ni la inseguridad que generan las lluvias.

EL LIDERAZGO QUE GUADALAJARA NECESITA

El liderazgo debe recaer en el gobernador Pablo Lemus, quien, junto con alcaldes metropolitanos como Verónica Delgadillo de Guadalajara, debe priorizar la gestión hídrica. Delgadillo, durante su campaña, expresó interés en modernizar la infraestructura hidráulica, pero al asumir el cargo se enfrentó a la magnitud del problema y la escasez de recursos, lo que la llevó a postergar el tema.

Sin embargo, la crisis no puede esperar. Las inundaciones no solo causan pérdidas materiales, como en Zapopan recientemente, sino tragedias humanas, como las muertes en túneles vehiculares por corrientes imparables.

Avilés enfatiza que el drenaje profundo requiere voluntad política y decisiones técnicas, no políticas. “Alguien debe animarse a dar el primer paso”, afirma, señalando que la falta de mantenimiento sistemático y la urbanización descontrolada han convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ZMG no puede seguir dependiendo de soluciones parciales que no abordan la interconexión de cuencas y subcuencas. Un llamado a la acción.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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