Metástasis, por Flavio Mendoza //

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 es preocupante, pero lo es aún más si consideramos que el presupuesto educativo es uno de los más afectados, en términos reales sólo incrementó el 0.2% al pasar de 337 mil millones a un poco más de 338 mil millones de pesos, pero además ese raquítico incremento se va prácticamente a los programas asistenciales del gobierno.

En el proyecto de presupuesto 2021 que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contrario al proyecto alternativo de nación que presentó como plataforma política y base de su gobierno, pues en el mismo criticó la reducción que sufrió la educación en los últimos años, además prometió en campaña “bajar el sueldo de los de arriba, para incrementar el sueldo a policías, soldados, maestros, médicos y enfermeros”, lo firmó incluso en Zacatecas en un acto de campaña ante miles de maestros presentes de todo el país. Hoy, no sólo sigue igual el mediocre el sueldo de maestros, sino que las condiciones laborales se han vuelto más complejas para ellos, por ejemplo, en la Reforma Educativa del Presidente AMLO, se canceló toda posibilidad de aspirar a una segunda plaza en el mismo nivel educativo, pero el sueldo de maestro simplemente sigue siendo de los más bajos del mundo.

Hoy este proyecto, además, hace recortes por ejemplo al Programa de Desarrollo Profesional Docente, es decir, a la capacitación de los maestros, para el caso de educación básica sólo se destinarán 110 millones de pesos para 1.4 millones de docentes, directivos y supervisores, lo que significa que a cada docente le corresponde, independientemente de su función, aproximadamente $78.66 pesos al año, para capacitación por mes son $6.50 pesos.

Como nunca antes en la historia de la Educación, el porcentaje a capacitación había sido tan mediocre, menos hoy en medio de una pandemia y sin claridad de posible regreso presencial a clases, donde los docentes están permanentemente capacitándose en el uso de nuevas herramientas de comunicación.

Este vergonzoso presupuesto a la capacitación docente es producto de dos años consecutivos de reducción del presupuesto, para este proyecto se estaría reduciendo el 50% del mismo con respecto al ejercicio fiscal de este año. Mientras en otros países, es precisamente la educación uno de los rubros a los que más le están invirtiendo, tanto en la capacitación profesional a sus docentes, como a la entrega de materiales y herramientas tecnológicas que les permitan estar en comunicación con sus alumnos de una manera más eficaz.

Otro rubro fuertemente afectado, es el de los programas de incentivos, que no tienen claridad, dentro del presupuesto, de la cantidad de recursos asignados, de éste dependerá el sistema de promoción horizontal, aquello que alguna vez se conoció como carrera magisterial y que la vanidad de los gobiernos han transformado de nombre y su perversidad de objetivo, pues cada vez son menos los docentes que pueden acceder a ello, pero para este preciso momento, a más de un año de aprobarse la Reforma Educativa, no hay ni siquiera claridad de cómo será la participación de los docentes a un programa sujeto a suficiencia presupuestal, lo más delicado, es que sabemos que el gobierno arrastra una crisis económica desde el año pasado, mismas que lo han obligado hacer recortes de presupuesto e incluso eliminación de programas, como es el caso de las Escuelas de Tiempo Completo.

El presupuesto educativo, tiene un oscuro horizonte, hoy que es imperante la inversión en educación para cumplir con las metas del plan sectorial de educación y otros acuerdos internacionales pactados, el Gobierno de México decide limitar y poner freno a la educación en el país, con la eliminación de 13 programas educativos se estaría afectando considerablemente varios sectores sociales, principalmente los más desprotegidos, por ejemplo con el de las Escuelas de Tiempo Completo se afecta a las comunidades indígenas y rurales de alta marginación, así como a padres y madres que trabajan, lo que ocasionaría la deserción laboral de muchos de ellos.

El Programa de atención a la diversidad de educación indígena, un sector de los mas vulnerables. El programa para la expansión en educación media superior. Se elimina la Educación para el Migrante, mientras se sigue promoviendo hasta empleos para migrantes que ingresen al país. No hay incrementos considerables a educación básica, ni al gasto irreductible por ejemplo para el FONE, del que depende la nómina educativa, todo indica a que seguirá incumpliendo su promesa de campaña y proyecto alternativo de nación pues seguramente será el mismo raquítico y mediocre incremento salarial que en el pasado.

Por el contrario, los únicos incremento de presupuesto en educación son los programas asistenciales, las Becas del bienestar, quienes crecieron considerablemente, sin embargo, dicho programa no ha dado una sola muestra de efectividad, por ejemplo en educación media superior, la beca es universal, el propósito es abatir la deserción en ese nivel, sin embargo no hay un solo indicador de disminución, así como el de jóvenes escribiendo el futuro que es una continuación de las becas del bienestar para seguir los estudios en educación superior, contradictorio a la propuesta de cero rechazados y la justificación de las Universidades del Bienestar, que se supone fueron creadas para ello, otro programa que recibe incremento a su presupuesto y que en algunos casos, estas universidades trabajan con 5 docentes para 25 alumnos, un rotundo fracaso económico y educativo. Mientras para el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, sólo le importan sus Orquestas de la Nueva Escuela Mexicana, antes Orquestas Azteca, a quienes ya hasta les creó una Dirección dentro del organigrama de la propia dependencia federal.

Para la 4T es claro que la educación no es la prioridad, seguirán apostando a los proyectos asistenciales, los que el propio Presidente alguna vez llamó la nueva forma de hacer fraude electoral, comprando conciencias con dádivas. Quizá la única diferencia es que en lugar de frijol con gorgojo hay dinero en efectivo por todos lados.

La ruta de la 4T está definida, pero dejo el pensamiento de Simón Bolívar: “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia”.

Twitter: @FlavioMendozaMx

Por Luis Enrique Villanueva Gómez

Rendir cuentas en términos muy prácticos y rudimentarios se entiede como la acción de informar, dar a conocer a alguien el cumplimiento de una encomienda, de ahí que la acción de rendir cuentas sea consecuencia de una responsabilidad asumida y cuando hablamos de un ente público está claro que al asumir el cargo se adquiere en automático la responsabilidad propia del nombramiento pero también la correspondiente a la rendición de cuentas. No hay cargo ni ente público que no tenga la obligación de informar y justificar su desempeño.

Dar información de cualquier encomienda pública lleva entonces ímplicitamente la intención y conciencia de ser evaludado, de calificar el cumplimiento de las metas, procedimientos o alcances fijados, lo que obliga a que rendir cuentas no sea solo presentar información, sino además explicar o justificar esa información para alcanzar la aprobación del ente evaluador, sea para sancionar con castigo o con un reconocimiento, porque rendir cuentas tiene que que ver con acciones, decisiones u omisiones de los servidores públicos.

Es por ello que la falta de rendición de cuentas en forma transparente, accesible y oportuna, propicia la falta de castigo a una acción indebida, a una decisión ilegal o una omisión perjudicial, dando origen a la impunidad, uno de los peores males de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Esto es, para recuperar la confianza de la ciudadanía en el servicio público es necesario combatir la impunidad con eficientes mecanismos de rendición de cuentas.

La división de poderes, un principio de las democracias modernas que en nuestro país alcanza rango constitucional, se constituye como el primero de los ejercicios de rendición de cuentas, al establecerse en la máxima norma funciones de contrapeso que además de limitar y garantizar las facultades de cada uno de los poderes, evita el abuso de un poder sobre el otro al prohibir la acumulación dos poderes en una sola persona, en lo que los doctrinistas ubican como la rendición de cuentas horizontal, clasificación en la que se suman los informes mensuales, semestrales y anuales sobre la cuenta pública y de desempeño que todas las instituciones deben presentar ante los organos autónomos creados al efecto.

En el terreno de los hechos, el Poder Judicial de Jalisco no ha tenido un trato de igualdad con el resto de sus pares, los procesos de asignación presupuestal son aprovechados para coartar su autonomía financiera.

Existen, claro está, otros mecanismos de rendición de cuentas que permiten a la sociedad calificar el correcto cumplimiento del objeto de ser de las instituciones, como lo es el acceso público a lás páginas electrónicas y las publicaciones que en cumplimiento a la norma realizan los entes de gobierno, así como el derecho de petición directo a la dependencia, permitiendo el uso de esa información, existiendo a nivel nacional y estatal incluso un organismo que garantiza esos derechos a los ciudadanos.

Sin embargo, en lo que toca a los órganos jurisdiccionales, las páginas web implementadas, lejos de pretender facilitar el acceso a la información propia de las tareas de justicia, dedican la mayor parte de su estructura a fomentar la imagen de los funcionarios al proyectar en grandes y mejores espacios sus fotografías y videos en actos políticos y protocolarios que en nada abonan a la satisfacción de la demanda social por conocer cómo y porqué se imparte justicia en los términos que lo hace el Poder Judicial.

Más aún, la falta de compromiso con la institución y el desconocimiento de la trascendencia de la justicia para el Estado, permite omisiones muy graves en el diseño de las plataformas digitales puesto que no se ha dedicado el tiempo para incorporar en su estructura la información de los asuntos que estan a cargo de las salas, su desarrollo y definición, dedicando más espacios a la información administrativa que ni siquiera se actualiza, como se aprecia al verificar la relativa a los estados financieros del Supremo Tribunal que el último que se pública corresponde al mes de octubre de 2019, esto es, se va a cumplir un año que no se actualiza la información financiera cuando la norma impone que se publique mes a mes para que la sociedad pueda evaluar por ejemplo la pertinencia de una compra realizada, pero si no se tiene noción del monto disponible ¿cómo es que se han decidido las compras en todo un año, como saben si procede o si se podía pagar?

En otro mecanismo útil, es la presentación de informes anuales, en lo que se constituye como el proceso formal y más abierto de rendición de cuentas, es la oportunidad política de informar aunque en la practica, se ha convertido en una ocasión que permite a los titulares presentar cifras y dar una versión sesgada de la realidad, sin contrapeso alguno.

En ese sentido, el Poder Judicial de Jalisco acusa una clara falta de justificación y contexto, dado que como se dijo antes, el proceso de rendición de cuentas consiste en informar de lo realizado; explicar y justificar ese resultado para que pueda ser evaluado por los organos especializados y por la sociedad en general, antes de tomar decisiones.

Sin embargo, de nada sirve, como lo hace el Poder Judicial en su informe, presentar números y cifras al por mayor sin una razón que los justifique, sin un punto de comparación o parámetro que explique si esos números son muchos o pocos, sin precisar si son buenos o malos según su vinculación con el cumplimiento de las metas e indicadores de un programa operativo anual, de tal manera que en esos términos no es factible su evaluación o calificación y menos aún con base en ellos tomar decisiones.

Es así que puede afirmarse entonces que la rendicion de cuentas tradicional presta espacio a la simulación que facilita actos de corrupción y en consecuencia de impunidad; que la falta de ejercicios continuos de mejora en la publicación de información especifica jurisdiccional y de revisión preventiva del ejercicio del gasto público así como la falta de concientización de los ciudadanos a la rendicion de cuentas.

Luego, partiendo del supuesto de que el ejercicio de la rendicion de cuentas se alimenta directamente de la confianza ciudadana y al encontrarse en la práctica falta de interés por parte del servidor o servidora para rendir cuentas y también falta de interés del gobernado para recibirlas, se configura el círculo vicioso que propicia la toma arbitraria de decisiones por parte del gobernante.

Esta incorrecta interpretación de las normas de transparencia y rendicion de cuentas, la falta de actualización de las plataformas digitales con información oportuna y la falta de buenas prácticas de rendición de cuentas genera una gran desconfianza social que debe ser revertida de inmediato, porque para el Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) que se propone, la rendición de cuentas implica un cambio cultural en el funcionariado judicial, que por su trascendencia debe ser gradual pero contundente con un rumbo y ritmo perfectamente diseñados, lo que nos lleva a consensar a la brevedad las políticas públicas necesarias para facilitar el acceso a las sentencias judiciales y todo lo que a su alrededor implica, tanto contenidos como procesos bajo los principios de máxima publicidad, accesibilidad, oportunidad e integralidad.

La cultura de la rendición de cuentas con trasparencia, oportunidad e integralidad, debe ser considerada como un eje transversal que por tanto requiere su abordaje desde varios ángulos.

Es importante en primer lugar dotar al Estado de Jalisco de un adecuado marco normativo que no solo armonice las leyes estatales con las más recientes reformas constitucionales y a las leyes federales, que se vincule adecuadamente con los convencionalismos y los innumerables criterios jurisprudenciales, sino que también permita al Poder Judicial una clara y contundente independencia y respeto a sus decisiones como es obligación del Estado, para que entonces pueda ser un auténtico contrapeso en la revisión del desempeño propio y de los otros poderes.

Se requiere una profunda revisión y una adecuada modificación de las estructuras administrativas del Poder Judicial para darles orden y eficiencia a fin que identifiquen la trascendencia de la función jurisdiccional y adquieran el compromiso con las instituciones judiciales para facilitarles las herramientas, registro, control y manejo de la información propia de su desempeño para su publicación y actualización, permanente y oportuna.

Es necesario contar con una autentica plataforma informática que, aún mejor que en los tribunales federales, permita no solo consultar en tiempo real el proceso de resolución de cada uno de los asuntos de su conocimiento, sino también evaluar el cumplimiento a tiempo de las responsabilidades que le corresponden a cada una de las diversas aéreas que participan en el tránsito de un expediente o toca, lo que limitaría en automático las posibilidades de tardanza, omisiones o conductas irregulares.

LA FIGURA DEL CONTRALOR CIUDADANO

Hace falta crear la figura de la Contraloría Ciudadana del Poder Judicial, para que los gobernados participen no solo en la denuncia de posibles casos de corrupción, sino que también formen parte de la substanciación del procedimiento administrativo, además dotarla de una diversa plataforma digital que igual lleve el seguimiento de las quejas presentadas en contra de los servidores públicos judiciales etapa por etapa hasta su correspondiente sanción exculpatoria, en su caso o hasta la completa ejecución cuando se impongan condenas sean administrativas, penales o políticas.

Es urgente que la ciudadanía sea convocada a la conformación de un legítimo plan general del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial a corto, mediano y largo plazo, que incorpore los programas de acción con sus tiempos, objetivos, indicadores y metas, para que sus formatos y estructuras al ser de acceso público sean también evaluados a cada momento con la posibilidad de interactuar con el ciudadano para sus sugerencias, comentarios y en su momento acciones de corrección y mejora, pero además para que la sociedad organizada pueda tener una referencia precisa a la hora de confrontar lo publicado con el contenido de los informes de labores y así facilitarle la toma de decisiones.

En resumen, resulta necesario poner al ciudadano en el centro de las acciones y de las decisiones judiciales, especialmente cuando de rendir cuentas se trata, esa es una las columnas centrales del Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx ) que ha venido siendo enriquecido y fortalecido por prácticamente todos los sectores productivos, académicos y sociales del Estado y sus municipios y que dada su conformación autosustentable continúa abierto a la participación responsable de todos los jaliscienses.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Jalisco vive inmerso en la indiferencia sobre la violencia de género, la desaparición de personas y la inseguridad general, sin que las autoridades o los gobiernos apliquen políticas públicas reales y efectivas en proporción a nuestra situación evidente, por el contrario, es la politiquería, la polarización gubernamental y la obra pública usada como bandera atribuida a un buen gobierno que cumple en realidad son los temas que surgen de los poderes gubernamentales para desgastar y minimizar una gravísima situación que vive el Estado en asuntos de seguridad pública, justicia y delincuencia, lo cual nos produce innegablemente vivir en un lugar que aparenta un buen gobierno; para sumarle actualmente la situación extrema de pandemia por covid-19 que en el fondo también tiene el mismo resultado perverso en la forma en la que ha sido abordado de manera general, produciendo en la sociedad jalisciense un estado intermitente colmado de escenarios de incertidumbre e inseguridad.

Así es el escenario de nuestro Jalisco, aunque no podemos decir ser los únicos ya que nuestra clase política está cortada con la misma tijera en todo el país, infectada de corrupción e impunidad, simulación y un sin fin de demostrativos de los cuales podría deducir que lo que elegimos como gobiernos al final resultan ser los mismos de siempre que no trabajan a favor de la sociedad y en contra de los grandes males de la sociedad mexicana, así podemos llegar a conclusiones en las que veremos que nuestros gobiernos no son efectivos, resultan caros y habitualmente pierden con el paso del tiempo la empatía social con la que nos solicitaron confiar, afirmando resultados que en realidad no hemos comprobado; Jalisco es un territorio sumamente inseguro, los cárteles delincuenciales gobiernan las calles, la violencia de género es extrema y angustiante, las desapariciones son un caso increíble para documental de miedo.

En Jalisco la violencia de género y el tema de feminicidio tiene cifras deprimentes, el gobierno prefiere invertir en imagen pública y reflectores que, en enérgicas políticas públicas y campañas positivas para atacar y abordar desde la administración pública, la legislatura actual y el ejercicio de la justicia, uno de los peores cánceres que adolecen a la sociedad la violencia a la mujer y a la diversidad, así como al ejercicio de los derechos humanos de las personas, del mismo modo en que las víctimas de violencia familiar y de género se enfrentan a la burocracia gubernamental y al desinterés de las instituciones públicas, es porque la sociedad sigue creciendo en medio de la impunidad social colmada de machismo, trastornos mentales y política gubernamental simulada, sin embargo el tiempo y las circunstancias nos han mostrado que poseemos una sociedad enferma que requiere políticas públicas de atención sobre salud mental y prevención, así como gobiernos congruentes con sus obligaciones públicas de garantizar los derechos humanos.

En materia de desaparición de personas, el tema es a gran escala cubierta de la delincuencia organizada y sus diversas formas de operación desde sus mismos miembros hasta el ejercicio de sus actividades delictivas en la que la sociedad habita en constante peligro, secuestros, trata de blancas, ajuste de cuentas, venganzas personales, cobro de piso, lucha de territorio, encargos directos, son algunas de las situaciones que crea la delincuencia organizada y que terminan con la desaparición de un ciudadano que tiempo después puede aparecer en una las múltiples fosas humanas en clandestinidad dentro de Jalisco, esté es sin duda otro de los temas dolorosos para los ciudadanos ya qué las cifras son tan alarmantes y desconcertantes como los fallecidos por pandemia en el Estado, pareciera un estado de derecho y gobernabilidad fallido, repleto de falta de aplicación pero enérgico y orgulloso de no solucionar.

Ante todas estas condiciones y referente a la manera en la que nuestros gobiernos, autoridades y políticos trabajan para generarnos una percepción básica de condiciones poco efectivas, los ciudadanos tendremos que tomar conciencia de nuestros propios actos desde que elegimos partidos o perfiles individuales, para hacer cumplimientos justos e inteligentes sobre las situaciones que vivimos en nuestro Jalisco, respecto de lo que objetivamente puede y debe realizar el gobierno en turno; resulta abrumador y tristemente absurdo que debamos vivir en ambientes sociales como los actuales y tener que tolerar el inicio de precampañas 2021, sí la pandemia mundial no nos dejó claro el deficiente sistema gubernamental y la simulación de la teoría política en la que nos encontramos, de seguir así en la ignorancia y pasividad nuestra historia nunca cambiará.