OPINIÓN
Historias paralelas
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Es difícil que un loco egocéntrico llegue a gobernar el país mas importante del mundo, aunque les duela a los admiradores de China o Rusia. Pero por errores del sistema electoral americano, llegó al poder Donald Trump, un demagogo impresionante que logró llevar a la política del país vecino a un capítulo surrealista, ya que supo gobernar acudiendo a una emoción que se sobrepone a las demás, el miedo.
Miedo a perder ante el zoocialismo, miedo a perder los empleos, miedo a perder la famosa “american way of life”, miedo a China, cuando sabemos que sus empresas y familiares están haciendo grandes negocios en ese país. Supo manipular a las masas, sobre todo a las clases más pobres de Estados Unidos a quien su discurso de odio, con unas pocas posibilidades de salir adelante, les impresionó.
Individuo con arranques infantiles, resentido contra el mundo y en especial contra México, ya que el sistema judicial mexicano decía que lo perjudicó, acostumbrado siempre a salirse con la suya, trató de gobernar dividiendo a la sociedad americana, ricos y pobres, empleados de las fábricas contra opulentos inversionistas, impulsor de una reforma fiscal tendiente a apoyar a individuos como él, convirtiéndose ésta en la única reforma significativa que haya impulsado sobre su mandato.
Impulsor de un muro fronterizo del que sabía su poca efectividad, pero que por motivos políticos proponía para contar con el voto de muchos desempleados, que en automáticamente culpaban a los migrantes de todos sus males, sin entender el gran beneficio que genera a la economía americana nuestros connacionales que por falta de oportunidades deciden arriesgar su vida para obtener un mejor nivel económico.
Curioso, casi todo mundo está contento con el hecho casi incontrovertido de que ya perdió la elección, aunque se aferre y amenace con acudir a la Suprema Corte, está tan loco que no dudo que se declare, como el otro loco del sur, presidente legítimo. La votación fue contundente, prácticamente no hay forma en que se revierta ese resultado.
Hasta los propios miembros de su Partido “Republicano” reconocen el resultado electoral, incluso el influyente miembro de ese partido y ex presidente George W. Bush escribió en su página oficial: “Acabo de hablar con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Le extendí mis cálidas felicitaciones y le agradecí el mensaje patriótico que entrego anoche. También llamé a Kamala Harris para felicitarla por su histórica elección a la vicepresidencia. Aunque tenemos diferencias políticas, sé que Joe Biden es un buen hombre, que ha ganado la oportunidad de liderear y unificar nuestro país…el pueblo estadounidense puede confiar en que esta elección fue fundamentalmente justa…”
Mientras que los verdaderos líderes del mundo ya habían felicitado a Biden, en nuestro país no sabían que hacer, se la jugaron con el presidente “Trun” (MALO dixit) y ahora pierden, cuántas gentes le recomendaron a López no asistir a una reunión innecesaria en plena campaña electoral, por ello hasta el momento de escribir estas líneas, erróneamente López se negaba a felicitar a Biden, claro, perdió a su único aliado “Trun”.
Decía el canciller Ebrad, cuando se conoció el triunfo del demócrata, que MALO estaba en ese momento en un vuelo, pero que “fijará la posición de México respecto de las elecciones en EU en cuanto arribe a Villahermosa”. Llego a ese lugar y nada manifestó al respecto, pura demagogia en relación con la inundación al parecer provocada irresponsablemente por la CFE, y se limitó a señalar: “Queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección”. Además, dice tener muy buena relación con ambos candidatos, situación que pongo en duda.
Aquí no se puede “fijar postura” solo se debe felicitar al ganador. Que curioso que minutos después de que se diera el resultado electoral en Bolivia, nuestro país ya felicitaba al triunfador por conducto del Canciller, también operaron en tiempo record para salvar a su aliado Evo Morales y traerlo a México. La única duda que me queda es si la negativa de López a reconocer la victoria de Biden es en verdad el cumplimiento del principio de “No intervención”, o es el miedo de molestar a “Trun” al quien le quedarían 70 días o simplemente por su patológica aversión a reconocer derrotas. Será el sereno, pero esa actitud provocó la indignación de congresistas estadounidenses y políticos de la oposición mexicana, calificándola de un “asombroso fracaso diplomático del presidente de México….en un momento en que la entrante administración Biden busca una nueva era de amistad y cooperación”, señaló el líder de Cuacus Hispano en el Congreso de los Estados Unidos. De nuestro continente Canadá, Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, y ojo, hasta Nicolás Maduro de Venezuela.
Biden es un gran aliado de nuestro país, incluso es un declarado “Guadalupano” y no hay duda de que mejorarán mucho las relaciones entre las economías de ambos países, sin embargo, será notable el trato frío que dispensará hacia MALO. Al tiempo.
El tiro de gracia ante el electorado se lo dió el pésimo manejo de la pandemia, en todos los aspectos, igual de mal manejado que aquí, apostaron ambos presidentes por la equivocada inmunidad de rebaño y por una vacuna que nunca llegó y solo provocaron muertes al por mayor.
Lo más importante de la elección americana es un buen mensaje para nuestro país, la vía electoral es el camino adecuado y pacífico para deshacernos del loco egocéntrico y demagogo que funciona como presidente de este lado de la frontera, esperemos una oposición bien unida y articulada para obtener la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 y despedirlo con la revocación de mandato en el 2022.
Por cierto, se busca al embajador de Estados Unidos en nuestro país, desde el resultado electoral no sabemos nada de él, o será, como dice un ex senador mexicano, “¿andará comiendo garnachas?”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
