OPINIÓN
Impuestos corporativos
Por Héctor Romero Fierro //
Una afirmación muy chaira, como dicen los políticos, resulta ser algo que los seguidores y el mismo presidente Manuel Andres López Obrador MALO, repiten sin cesar, incluso lo acaba de volver a afirmar en días pasados ese personaje en su diario show de stand up: “las grandes empresas en México no pagan impuestos” y en esa misma “mañanera” también señaló que el “no miente”, entonces resulta que sus colaboradores le están informando mal, porque de acuerdo al análisis de los fríos datos de la recaudación en nuestro país, como regla general las grandes empresas pagan cantidades enormes de impuestos.
En México hay prácticamente tres impuestos que generan gran parte de la recaudación fiscal, el IVA, el IEPS, pero el más importante es el llamado Impuesto sobre la Renta ISR el cual considera como base del impuesto los ingresos obtenidos, permitiendo algunas deducciones, separando por títulos y capítulos los diferentes tipos de ingresos que las personas jurídicas o morales (sociedades) y personas físicas puedan obtener, resultando de todos éstos el más importante el ISR a las Personas Morales, quienes deben pagar una tasa del treinta por ciento de su utilidad fiscal, (ingresos menos deducciones autorizadas). A este impuesto se le conoce como “Impuesto Corporativo” y es precisamente del que afirma la chairiza que no se paga.
Para corroborar lo anterior acudimos a varias fuentes de consulta, destacando un importante estudio realizado por José Javier Goyeneche Polo del Instituto Panamericano de Alta Dirección IPADE, quien analizó detenidamente el comportamiento fiscal de los grandes grupos empresariales que existen en nuestro país por los últimos diez años, derrumbando ese gran mito chairo de que estos grupos no pagan impuestos. Resulta que todos esos conglomerados empresariales pagaron en los últimos 10 años de este impuesto corporativo un promedio del 28.02% (cuando la tasa máxima es el 30%) y al verificarlo dividiendo el impuesto pagado entre la utilidad neta reportada y en todos los casos dictaminado por Contador Público, reporta una tasa del 28.60%.
Además prácticamente todo ellos cotizan en bolsa por lo que tienen un gobierno corporativo y son vigilados por las autoridades fiscales, de lavado de dinero y por otras autoridades de acuerdo a lo señalado en la Ley del Mercado de Valores y por la propia Bolsa Mexicana.
Pero además recordemos que México es el único país qué adicionalmente tiene una obligación laboral cuasi fiscal que consiste en la llamada “Participación a los Trabajadores en las Utilidades de la empresa” PTU y que obliga a las empresas a repartir el 10% de sus utilidades fiscales a sus trabajadores. Luego entonces una empresa en México tiene una alta carga fiscal pues paga hasta el 30% de sus utilidades fiscales al gobierno federal y esa PTU situándola fuera de competencia con países como Estados Unidos donde el Impuesto Corporativo es de solo el 21% (sin PTU).
Ahora, si analizamos el último informe financiero del Gobierno Federal correspondiente a enero -marzo 2019 que de un universo de contribuyentes reportados por el SAT a esa fecha de 73’ 092,406 solo existen registradas poco más de dos millones de personas Morales quienes proporcionan más del setenta y tres por ciento de la recaudación global y más del cincuenta por ciento de la del ISR. Es cierto que otros grandes contribuyentes de ese impuesto somos los que percibimos un salario, pero más del 90% de la recaudación por ese concepto proviene de las personas ubicadas en los tres más altos déciles de ingresos.
El presidente MALO enfrenta dos graves problemas de corte fiscal, el primero es que resulta que las grandes empresas sí pagan impuestos, y el otro es que no localizan la gran corrupción que buscaban, y que al eliminarla les generaría ingresos fiscales. Ambos resultaron mitos geniales muy adecuados para campañas políticas pero decepcionantes al ser gobierno.
El gobierno federal se enfrenta ahora a la realidad y descubre que la “cobija fiscal” no alcanza para todo, y menos para cubrir todos los programas populistas del presidente, no hay forma de seguir regalando dinero y lo peor, la recaudación no se está dando de acuerdo a lo programado, ya que solo en el primer trimestre del año se recibieron menos de sesenta y nueve mil millones de pesos de lo programado.
Los colaboradores del presidente ya se dieron cuenta de la realidad financiera del país, pero ni a estos escucha MALO, él siempre afirma, como buen político, que vamos bien, y cuando le cuestionas con cifras reales dice simplemente tener otras, que por cierto nunca muestra.
Las otras dos fuentes de recaudación fiscal son los Impuestos al Consumo siendo los más importantes el Impuesto al Valor Agregado IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS. La única fuente posible y necesaria para incrementar la recaudación está en el IVA eliminando todas las exenciones y tratos preferenciales, dejando solo exento de este impuesto las medicinas del cuadro básico y los alimentos básicos de nuestros ciudadanos, pero un gobierno tan populista como éste dudo que tome esa medida, máxime que prometió no hacer reformas fiscales dentro de los tres primeros años de su gobierno, cosa que dudo cumpla ya que, a a pesar de haber realizado recortes presupuestales más parecidos a los de un gobierno de extrema derecha, se están quedando sin margen de maniobra.
México no está bien, los últimos meses han salido cuantiosas inversiones y no están llegando nuevas, la refinería de Dos Bocas, el cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mèxico, el insistir en Santa Lucía y tanto ataque a la empresa privada, son errores que tendrán a corto y largo plazo un gran impacto negativo en el país.
Espero que el gobierno entienda que los impuestos con los que pagan tanto populista, generoso y electorero programa social viene de los impuestos que pagamos los mexicanos, gran parte de las empresas, y que entonces hay que dejar de atacarlas, brindarles seguridad jurídica y reglas claras a largo plazo, de lo contrario seguirán saliendo inversionistas del país.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
