OPINIÓN
Incendios, huracanes, inundaciones: Últimas llamadas de atención
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Basta con ver las noticias para imaginarnos cómo será nuestro futuro si no tomamos con seriedad el problema que representa para la humanidad el cambio climático: inundaciones, incendios forestales y temperaturas de hasta 45° grados.
En los últimos meses muchas partes del mundo han sufrido los efectos de la alteración del clima debido a catástrofes naturales que han costado la vida de ciudadanos, y de elementos de protección civil que lucharon para contener desde incendios, y para localizar personas entre los escombros causados por las afectaciones de un importante número de inundaciones.
Uno de los primeros eventos impactantes que pudimos contemplar, sucedió en el pequeño pueblo Schuld ubicado en el distrito de Ahrweiler en Alemania, el cual, fue totalmente devastado por las inundaciones que causaron una de las mayores catástrofes en la región desde la Segunda Guerra Mundial.
Esta tragedia refuerza un mensaje para todo el mundo: el calentamiento global y sus efectos no nos va a esperar, y al mismo tiempo, hace que nos preguntemos seriamente: ¿Qué tan tarde vamos en la lucha contra el cambio climático? Esta pregunta es importante porque justamente en el mes de mayo, una sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, obligó al Gobierno Federal a reforzar los objetivos de la Ley de Protección del Clima, toda vez que el Constitucional alemán consideró la ley insuficiente en cuanto a la protección del clima.
Pero desgraciadamente, las tristes escenas de Alemania no son la única premonición de nuestro futuro climático, a esto, se suman también los incendios en Grecia e Italia.
En el caso de Grecia, después de dos semanas de asfixia por la ola de incendios y por las temperaturas que llegaron a superar los 46 grados, hoy pueden respirar gracias a las tormentas locales que han sido un apoyo para las fuerzas de protección civil en la lucha con los incendios.
Sobre esto, los expertos indican que los incendios fueron el resultado de un largo periodo sin lluvias sumado a una de las peores olas de calor vividas en las últimas cuatro décadas, así como a los vientos que facilitaron la propagación de las llamas, además, los expertos también han hecho un llamado a las autoridades, no solo de Grecia, si no de la comunidad europea en general, ya que el sur de Europa, donde las sequías son cada vez más frecuentes y severas, está en mayor riesgo por los impactos del cambio climático.
Por su parte, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, ha reiterado que una vez que todos los incendios fueran detenidos, iniciarían tanto con las tareas para evitar la erosión del suelo, como los trabajos para la reforestación de las zonas calcinadas.
Grecia enfrentó un desastre natural de proporciones sin precedentes con 586 incendios forestales que hicieron arder todos los rincones del país y esto ha dejado claro que no somos, no seremos y nunca hemos sido rival contra la fuerza de la naturaleza.
Pero desgraciadamente este panorama apocalíptico no termina en las luchas contra la naturaleza de Alemania y Grecia, ya que el sur de Italia libra su batalla contra ‘’Lucifer’’, el anticiclón proveniente de África que está causando temperaturas de hasta 50° grados y ha provocado 160 incendios forestales, razón por la cual el primer ministro italiano, Mario Draghi, ha declarado el estado de movilización nacional del sistema de protección civil para enviar a personal y voluntarios a Sicilia.
Pero, si el cambio climático es tan serio ¿qué está haciendo, en este caso, la Unión Europea para combatir este problema tan grave? Bueno, hace unos meses, la comunidad europea desde Bruselas anunció el famoso ‘’Pacto Verde’’ cuyo pilar será la Ley Europea del Clima.
A través de esto, Europa convertirá los compromisos ambientales que se pactaron anteriormente, en obligaciones jurídicas estableciendo un marco con las medidas que todos los países deberán adoptar para así alcanzar, de manera progresiva, una transformación hacia una sociedad climáticamente neutra, equitativa y prospera.
Entre los objetivos de este ambicioso plan se encuentra la creación de un Consejo Científico Europeo sobre el cambio climático, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la prohibición de autos de gasolina para el 2035, entre otros.
De esta manera, la Unión Europea está trabajando para que todos los sectores de la economía y de la sociedad, contribuyan a reducir a cero las emisiones netas de aquí al 2050.
Ciertamente esto representa un gran avance, y probablemente, los acuerdos pactados en Europa pueden ser un ejemplo para el resto del mundo, o bien, puede que no, ya que también es posible que alguno que otro terco, como lo fue en su momento Trump, se nieguen a ver esta preocupante realidad y continúen en la senda de la destrucción.
En ese sentido, tristemente no basta con el Pacto Verde o el Green New Deal de Biden, esos esfuerzos pueden ser en vano, si esta lucha no es emprendida colectivamente por el resto del mundo, al final, habitamos el mismo planeta y la madre naturaleza no distingue entre los que sí cumplen y los que no cumplen.
Por ello, para cerrar esta columna, creo que vale la pena hablar de nuestro país, ya estamos a tan solo 1 grado del clima extremo y del colapso ambiental, esto debido a que la temperatura aumento 1.1° y de llegar a los 2°, se prevén más episodios violentos de ciclones, inundaciones y sequías.
Cabe mencionar, que este año, México vivió una de las peores sequías, de hecho, el IPCC (grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático) advierte que la precipitación anual disminuyó en el noroeste de México, situación que ha contribuido a mayores índices de sequía, y al mismo, los expertos también prevén que habrá un número mayor de ciclones tropicales más intensos y con un mayor potencial de lluvias para la Costa del Pacifico.
Pero a diferencia de Europa o Estados Unidos, en México carecemos de una agenda verde realmente seria y capaz de proporcionar rutas eficientes para combinar el crecimiento económico con la protección ambiental, para que de esta manera se pueda generar una economía sustentable, de manera tal que través de la expansión de las energías renovables, se generen nuevas áreas de trabajo y más puestos de empleo.
Los cambios en todo el planeta están transformando el mundo. En las ultimas dos décadas, hemos sido testigos de los 18 años más cálidos registrados y también de los fenómenos meteorológicos más extremos.
Si no se actúa urgentemente, el aumento en la temperatura tendrá un efecto devastador sobre la naturaleza y provocará cambios irreversibles en muchos ecosistemas, a tal grado, que se mermará la capacidad de los países de producir alimentos y otro tipo de bienes imprescindibles para el ser humano.
Hoy más que nunca debemos entender que la crisis climática es un problema global que requiere de soluciones globales, de cooperación y voluntad internacional, para que de esta manera, los compromisos de un continente o bien, de un país, puedan replicarse en otras partes del mundo, pero para conseguir esto, se requiere de una fuerte cooperación económica global que pueda brindar a países en vías de desarrollo los medios económicos, técnicos y científicos para poder consolidar estos cambios sin ampliar aún más la brecha social.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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