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OPINIÓN

Justicia a modo

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Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //

A la venganza la condimentan en el infierno y no es, como se dice, dulce como la miel. Cuando el poder se apropia de la justicia y la vendetta personal se disfraza de moral social, se prostituyen las leyes, los códigos y las normas. Cuando las evidencias probatorias pierden sentido y las sentencias se vuelven teatro, las naciones se ponen a un paso del abismo en que la democracia se despeña.

En una resolución judicial no sostenida en los límites éticos de la ley sino en la capacidad manipuladora de un imberbe juez de control, Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso y recluida en prisión preventiva. Ante los mexicanos, lo falso se volvió cierto y lo virtuoso, engaño, y se revivió al México oscuro de las revanchas del poder y la fabricación de culpables.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control que sentenció a Rosario Robles, mostró cuán peligroso es el poder en manos de individuos carentes de un sentido pleno de justicia y de verdad que actúan, según se aprecia, por consigna y venganza familiar. José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó que la resolución de Delgadillo Padierna en contra de Rosario Robles manda una señal muy mala para el modelo de justicia que estamos tratando de construir no es un buen precedente” y advirtió que Rosario Robles podría recurrir a la apelación o el juicio de amparo, quedando en libertad para seguir su proceso penal.

Sin imaginar los alcances de su sentencia, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna nos revivió aquel video en que René Bejarano, su tío político y esposo de su tía Dolores Padierna, se embolsaba dinero producto de extorsiones a Carlos Ahumada, pareja de Rosario Robles, y se volvía famoso, René Bejarano, como el señor de las ligas. Lo más grave es que diversos actores de la 4T han pretendido manipular la verdad jurídica, justificando la sentencia, convirtiéndola en resolución del habla del nuevo gobierno; su domesticidad me preocupa y asusta pues hoy lo legal y lo arbitrario se confunden haciéndonos creer que son una misma cosa.

Hoy vemos cómo el espacio público se vuelve el lugar en donde la lesa majestad suple a la República y la pluralidad ideológica se condena a fenecer. Lo que nadie advierte es que estamos ante una era en que la verdad se estatuye desde un discurso presidencial y mañanero único que desprecia a quien tiene la capacidad de pensar, juzgar, analizar, discernir, discutir, enfrentar, disentir y crear de manera distinta. La verticalidad estatuida de la mano alzada de plazuela me recuerda las imágenes de las huestes nazis ante su líder Adolfo Hitler.

Según el psicólogo Kevin Carlsmith, el deseo de venganza suele responder a la creencia de que aquella nos traerá alivio emocional, aunque se ha observado que suele producir lo contrario. En el caso de Robles Berlanga, Delgadillo Padierna ya la hizo víctima de la 4T y expuso a su tía Dolores y a su tío René al escrutinio social en medios, quizá no imaginado y menos deseado por el matrimonio Bejarano-Padierna.

El autor sueco Stieg Larsson, escribe en su novela negra Los hombres que no amaban a las mujeres: “A lo largo de todos estos años he tenido muchos enemigos y hay una cosa que he aprendido: nunca entres en la batalla cuando tienes todas las de perder. Sin embargo, jamás dejes que una persona que te ha insultado se salga con la suya. Espera tu momento y, cuando estés en una posición fuerte, devuelve el golpe, aunque ya no sea necesario hacerlo”. ¡Vaya coincidencia!

A Rosario Robles se le acusa del ejercicio indebido del servicio público por omisiones que causaron daño a la hacienda pública por poco más de 5 mil 73 millones de pesos, conocido como la Estafa Maestra; sin embargo, pocos, muy pocos, en la calle, saben qué fue esa estafa y a quiénes más involucró, y casi nadie se pregunta el por qué aquellos no están detenidos. Lo que me encantaría dimensionar es qué se pudo cambiar en la vida de millones de mexicanos en condiciones de pobreza, exclusión, marginación y desigualdad con tal dinero. De lo que me gustaría hablar es del daño social más que del daño al erario público.

En los medios de comunicación hay una ansiedad por el escándalo que enardece y vende, y se olvidan del fondo de la traición social y humana contenida en hechos como la Estafa Maestra. La Estafa Maestra tiene más de mentira que de verdad, y no por ser falsos los millones de pesos desviados sino por quedarse en lo vano de esos pesos y negarse a profundizar en las vidas de quienes debieron mejorar sus condiciones de vida. Creo que investigaciones como la de la Estafa Maestra están muy cercanas al autoengaño periodístico que se niegan a ver la traición social que involucró a decenas de personas e instituciones; muchas de ellas supuestamente de izquierda o, cuando menos, con compromiso social y humano. La Estafa Maestra implica muchas mentiras que sostienen una gran mentira que enferma y lastima.

Si es verdad que Rosario Robles supo con tiempo del armado pluri institucional que devino en la Estafa Maestra y no actuó, no solo dañó a la hacienda pública y a los “pobres de México”, sino que se traicionó a sí misma y a quienes creyeron en ella. Quizá lo más lamentable de nuestra clase política es que muchos tienen personalidades psicopáticas pues no sienten culpas y mienten sin remordimientos. Así son y así están en el espacio de su realidad política. No creen hacer nada malo, ni sienten remordimiento al dañar a otros, no quieren cambiar ni lo harán jamás. Bien se dice, en la vida guíate por lo que la personas hacen y no por lo que dicen.

E-mail: benja_mora@yahoo.com

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JALISCO

Un impuesto que pesa más que la propiedad: El predial y la trampa de la modernización

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, dijo alguna vez el juez Oliver Wendell Holmes. Sin embargo, en Jalisco, ese precio parece haber dejado de reflejar los beneficios de la civilización para convertirse en una carga desproporcionada que amenaza la estabilidad de las familias.

El reciente aumento del impuesto predial en municipios como Guadalajara, Zapopan y Tonalá no solo ha encendido la indignación ciudadana, sino que también revela una problemática más profunda: una política fiscal que está desvinculada de la realidad económica de la población.

En Guadalajara, el incremento del predial ha alcanzado hasta un 45% en algunas colonias, tras eliminarse el tope que limitaba el aumento anual al 10%. Zapopan aplicó un alza del 5% de forma uniforme, mientras que en Tonalá los predios rústicos enfrentan incrementos de hasta el 36%. Estas cifras no son solo números en una tabla de Excel; representan decisiones que afectan directamente el bolsillo de miles de familias, muchas de las cuales ya están luchando por mantener su estabilidad financiera en un contexto de inflación y estancamiento salarial.

El argumento oficial suele girar en torno a la necesidad de actualizar los valores catastrales y mejorar la recaudación para financiar servicios públicos. Pero ¿qué pasa cuando el incremento de los ingresos municipales se da a costa de la calidad de vida de los contribuyentes? La modernización fiscal no puede convertirse en una trampa que justifique incrementos desproporcionados sin un análisis profundo de sus efectos socioeconómicos.

El aumento del impuesto predial en Jalisco ha generado un debate intenso sobre su impacto en la economía de las familias y la gestión pública. Para entender mejor este fenómeno, podemos recurrir a una analogía histórica: el impuesto al té que provocó el Motín del Té en Boston en 1773. Aquel gravamen, aunque modesto en términos económicos, fue percibido como un símbolo de abuso e imposición sin representación adecuada, lo que encendió la chispa de un movimiento más amplio por la justicia fiscal.

En Jalisco, el incremento del predial no es solo una cuestión de cifras. Representa una carga adicional para los propietarios, quienes ven cómo el costo de mantener su patrimonio crece sin una correspondencia clara en mejoras tangibles de los servicios públicos. La falta de una comunicación efectiva por parte de las autoridades sobre el destino de estos recursos alimenta el descontento y la desconfianza.

Este aumento del predial también refleja una desconexión preocupante entre las autoridades y la realidad cotidiana de la ciudadanía. No se trata de rechazar la necesidad de impuestos, sino de exigir que estos sean justos, proporcionales y coherentes con el contexto económico. El principio de progresividad fiscal, que establece que quienes tienen más deben contribuir más, parece haberse diluido en un enfoque recaudatorio que no distingue entre diferentes capacidades de pago.

Si observamos modelos internacionales, ciudades como Viena o Berlín han implementado políticas fiscales que buscan equilibrar la recaudación con la protección del derecho a la vivienda. En estos lugares, los incrementos de impuestos sobre la propiedad están vinculados a mejoras tangibles en los servicios públicos y a políticas de vivienda asequible. En contraste, en Jalisco, el aumento del predial parece desconectado de cualquier mejora visible, lo que alimenta la percepción de que se trata simplemente de un mecanismo para llenar las arcas municipales sin un verdadero compromiso con el bienestar ciudadano.

Por otro lado, el impacto del aumento del predial también tiene un componente psicológico y simbólico. La propiedad de una vivienda representa, para muchas familias, el fruto de años de esfuerzo y estabilidad. Cuando el Estado transforma ese logro en una carga cada vez más pesada, erosiona la confianza en las instituciones y en la promesa de progreso que se supone debería acompañar al desarrollo urbano.

No podemos ignorar, además, el problema de la opacidad en la gestión de los recursos recaudados. La falta de transparencia en el uso del dinero público alimenta la sospecha de que estos aumentos no están destinados a mejorar la calidad de vida de la población, sino a cubrir deficiencias administrativas o a financiar proyectos que no responden a las verdaderas necesidades de la sociedad.

En este contexto, es urgente replantear el debate sobre el impuesto predial en Jalisco. No se trata de eliminarlo ni de negar su importancia para la financiación de servicios públicos, sino de exigir una política fiscal más justa y equitativa, lo cual implica revisar los criterios para la actualización de valores catastrales, establecer topes razonables para los incrementos anuales y garantizar que cualquier aumento se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.

El descontento social que está generando este tema no es una simple reacción emocional ante el aumento de un impuesto. Es la expresión de un malestar más profundo relacionado con la percepción de injusticia fiscal y la falta de sensibilidad de las autoridades frente a las dificultades económicas de la población. Si las autoridades locales no escuchan este clamor, corren el riesgo de erosionar aún más la confianza en las instituciones y de alimentar un clima de descontento que puede tener consecuencias políticas a largo plazo.

En definitiva, el problema del predial en Jalisco es un síntoma de una enfermedad más amplia: la desconexión entre las políticas públicas y las realidades sociales. No se trata solo de cifras frías en un balance contable o de metas recaudatorias; es un reflejo de cómo las decisiones gubernamentales pueden alejarse de las necesidades cotidianas de la gente.

Para sanar esta herida, se necesita más que simples ajustes técnicos; se requiere una visión de justicia fiscal que ponga en el centro a las personas, no solo a los números. Esto implica un compromiso real con la equidad, la transparencia y la sensibilidad hacia los contextos económicos diversos de la población. De lo contrario, el precio que pagamos por vivir en sociedad podría terminar siendo demasiado alto, no solo en términos económicos, sino también en la confianza ciudadana y la cohesión social, pilares fundamentales para una convivencia democrática y justa.

 

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NACIONALES

«Transparencia para el pueblo»

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Un grave problema se avecina con la transparencia gubernamental en México, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, en este intermedio en que surte efectos la reforma que desaparece al INAI y a los 32 órganos autónomos con institutos de transparencia, los cuales deben ser liquidados en junio del presente.

El plazo de los transitorios de la reforma misma somete los avances en derecho a la información que el país conquistó durante los últimos 25 años, a un híbrido de autonomías constitucionales mal entendidas, con autoprotección de la federación y sumisión de las autoridades locales en materia de transparencia.

El nuevo modelo propuesto por el Poder Ejecutivo Federal, llamado “Transparencia para el pueblo”, fue presentado el 31 de enero por la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública. De él se desprende que, evidentemente, en México no se puede dejar de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, por lo que la propuesta genera una serie de ajustes en que las autoridades federales, locales y municipales deberán someterse entre ellas a un enredoso y poco práctico modelo que solo en teoría garantiza que las autoridades de todos los niveles, o también llamados sujetos obligados por la ley, mantengan la obligación de poner a disposición de la ciudadanía información sobre sus acciones y el uso de los recursos públicos, de manera oportuna, completa y permanente; y que, además, posea el ciudadano la forma de exigirla cuando no considere que fue completa o real.

En la práctica, difícilmente resultará que el sujeto obligado sea requerido a la revisión de su actuar y se le ordene entregar información pública al ciudadano, sin judicializar, por ser su derecho humano; lo cual sí, ya existía en el casi extinto Sistema Nacional de Transparencia.

La propuesta de leyes secundarias presentada por el Ejecutivo Federal se caracteriza por la oferta de que sean los poderes ejecutivos los que absorban las facultades y obligaciones que caracterizaban a los casi extintos órganos garantes y al Sistema Nacional de Transparencia, un pulpo de tres mil tentáculos que se supone debemos entender como lo que garantizará el derecho humano a la información y su acceso, la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados o de particulares, y la manera de exigir a sujetos obligados la entrega de lo que se solicita, cuya finalidad debería ser combatir la corrupción y la opacidad.

En este sentido, y ante la desarticulación del Sistema Nacional de Transparencia, tratan de ocultar que no están proponiendo en el fondo ser juez y parte en materia de transparencia, ni que pretenden someter a los ejecutivos estatales a la supremacía del Ejecutivo Federal y a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos estatales, en completa anticonstitucionalidad de autonomías, buscando el control jerárquico político y gubernamental de los más pequeños. Y así, como cadena alimenticia, la transparencia en México se volverá inentendible, poco accesible, burocrática y abrumadora para el ciudadano que quiera ejercer su derecho a saber.

Además, la propuesta de “Transparencia para el pueblo” plantea que la mejor forma de exigir ante la presunción de opacidad o negación es la vía judicial para forzar el acceso a la información, sea el amparo, bajo una lógica irreal y fantasiosa de lo que implica realizar un amparo y darle seguimiento.

La propuesta se fundamenta en que el ciudadano no requiere asistencia legal ni mayor complicación en realizar un escrito de amparo, presentarlo, darle seguimiento, entender la resolución, sus términos y etapas procesales, para conseguir que un sujeto obligado sea requerido por la justicia federal, vía amparo, a entregar información pública y no un tribunal administrativo.

Complicado escenario nos espera durante los próximos seis años, solo la voluntad política de cada entidad federativa, apelando a la autonomía constitucional, podrá mostrar el interés de los gobiernos de los estados en respetar y garantizar los derechos humanos al acceso a la información pública, la protección de datos personales y a un gobierno libre de corrupción.

Con lo que respecta a la rendición de cuentas, nos quedarán a deber; este pulpo de tres mil tentáculos tiene un mecanismo de defensa para evitar que los gobiernos de todos los niveles se sometan a la rendición de cuentas y consta de una tinta oscura preparada de excesiva burocracia, inconstitucionalidad, mil instancias gubernamentales y amparos. Evidentemente, no es transparencia para el pueblo; es un enredo de control de información, sometiendo a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos locales y a estos al federal.

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MUNDO

Carteles terroristas

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

A la señora presidente Claudia Sheinbaum no le agrada que el gobierno de Estados Unidos determine que los carteles criminales sean catalogados como terroristas. Al parecer a la opinión pública tampoco, pues según encuesta publicada en El Financiero el 6 de febrero, el 68% de los mexicanos ven mal y muy mal que el gobierno norteamericano los clasifique como tales.

Ambas cosas le han importado un rábano al presidente Donald Trump, que los considera una amenaza a la seguridad nacional de su país y los ha declarado formalmente como terroristas. Igual paso dio el gobierno canadiense que incluso creó la figura del Zar anti-fentanilo.

El rechazo del gobierno mexicano a tal manifestación no puede ni debe desvincularse de la grave acusación lanzada desde la Casa Blanca dentro del texto que anunció la imposición de aranceles en la que, textualmente, acusó al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales. Tal afirmación fue y ha sido soslayada por la presidente Sheinbaum que respondió, diciendo que la alianza existía con los vendedores de armas en EU a los grupos criminales, y que en el combate a los carteles debieran empezar por su propio territorio.

Esto último en correspondencia a los actos de la fiscal general, Pam Bondi, que ha emitido un memorándum titulado “Total Elimination of Cartels and Transnational Criminal Organizations” que busca eliminar las trabas burocráticas para facilitar la investigación y persecución de organizaciones criminales utilizando la legislación más potente con que cuente el sistema judicial. Es decir, no quitan ni quitarán el dedo del renglón y van en serio contra ellos y sus aliados tanto gubernamentales como empresariales.

Este memorándum se inscribe en la estrategia que ha delineado Donald Trump desde su campaña y que ha venido cumpliendo con sus órdenes ejecutivas. Dicha estrategia engloba acciones tales como: reforzar la patrulla fronteriza y restaurar políticas migratorias estrictas; bloqueo de rutas marítimas de transporte e intercepción de embarcaciones sospechosas en aguas internacionales; despliegue de fuerzas especiales en operaciones directas; bloqueo del acceso al sistema bancario internacional; exigir colaboración de países vecinos para combatir la corrupción y sancionar a funcionarios que colaboren con carteles, entre otras más que incluyen modificar su legislación para incluso imponer la pena capital a los capos y colaboradores.

El gobierno mexicano debe entender que esto dejó de ser un discurso de campaña y que se trata de una política de especial interés para el gobierno norteamericano y dejar de lado medidas cosméticas para hacer como que se coopera y como que se cumplen los compromisos.

Claudia Sheinbaum había sido cauta y prudente en sus declaraciones, sin apartarse del discurso de colaboración no subordinación, más defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional. Consiguió una prórroga de un mes para evitar la fijación de aranceles, pero a cambio ha recibido algunas advertencias que no debiera desestimar. La presencia de embarcaciones militares frente a las costas mexicanas y el sobrevuelo de aviones espías confirman que, de no ser satisfactoria la respuesta a las demandas norteñas, ellos están en posibilidades y disposición para intervenir directamente.

Algo tendrá que hacer además de incrementar la detención de peces menores de la estructura criminal, el decomiso de armas y fentanilo y el envío de tropas a la frontera. La operación Enjambre en el Estado de México y Chiapas, se antojan insuficientes para responder a tan serio cuestionamiento contenido en el anuncio arancelario. Especialmente, cuando todo un estado, Sinaloa, tiene cinco meses siendo rehén de grupos criminales, cuando en Chiapas sigue el dominio territorial de otros más y en Tabasco se hace evidente que no hay control; ni cesan tampoco las denuncias en Michoacán, Jalisco y otros estados por la extorsión a productores y comerciantes.

Existen además señalamientos puntuales sobre gobernadores en funciones y gobernantes anteriores acerca de sus acercamientos con organizaciones criminales. Los ojos de la inteligencia norteamericana tienen tiempo atentos al desenvolvimiento político de nuestro país. La extensa frontera compartida hace que la estabilidad en la misma se vuelva una prioridad para la seguridad nacional estadounidense.

Por el rumbo que está tomando el dialogo entre las dos naciones, es previsible que la revisión del Tratado de Libre Comercio, cuya fecha ya han solicitado que se adelante, tenga más ingrediente político y de seguridad que de requerimientos comerciales, que siempre serán, como se vislumbra, solo instrumentos para negociar otras condiciones.

A juicio de nuestros vecinos pesan más los muertos por fentanilo, la desestabilización que significa la presencia y el avance de las organizaciones criminales y el debilitamiento del estado de derecho que el déficit comercial. Sin olvidar que quieren cerrar el continente a la presencia china. Como se ve, son diferentes prioridades y la nuestra debiera ser sobrevivir económicamente y ganar la paz, no elecciones. El costo de las omisiones y diferencias estará por verse.

 

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