JALISCO
La corresponsabilidad de sus operadores con la justicia: Desconfianza histórica de la sociedad en jueces y abogados

Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //
Este tema, es abordado de manera detallada y profesional en la obra colectiva “Gobernanza Judicial: concepto, retos y perspectivas» que coordiné junto con el Mtro. Juan Carlos Guerrero Fausto y de la cual me permito compartirles los siguientes planteamientos en razón de los autores.
El acceso a la justicia, como derecho humano, es uno de los objetivos principales de todo sistema democrático. En México, el artículo 17 constitucional plasma explícitamente el derecho a la administración de justicia al establecer que debe ser pronta, completa, imparcial y expedita.
En teoría, los postulados enunciados deben ser cabalmente cumplidos por las autoridades encargadas de la administración de justicia, sin embargo, más allá de las estadísticas, reportes, índices y análisis de cumplimiento de esa función, el ciudadano como inicio y fin de ese servicio público, tiene una percepción negativa sobre el sistema de justicia y sus juzgadores, aún cuando reconoce su importancia para la existencia del Estado de derecho.
En efecto, la lectura de la obra denominada Los mexicanos vistos por sí mismos (2015), refleja que en la última Encuesta Nacional de Justicia, publicada por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), concretamente en el apartado de “confianza y respeto por los operadores del sistema de justicia”, el Poder Judicial del Estado de Jalisco fue posicionado en el los últimos lugares, de cinco operadores jurídicos públicos evaluados.
Lo anterior concuerda con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, donde se advierte que el nivel de percepción de confianza de la sociedad en los jueces sólo es de 55 por ciento de la población, posicionándose como una de las cuatro instituciones peores evaluadas.
La percepción de la sociedad entonces es de desconfianza, de tardanza, de corrupción e impunidad en las estructuras de impartición de justicia.
Mucho se ha estudiado respecto de la congruencia entre la percepción social y la realidad comprobada, lo que en el Poder Judicial adquiere mayor trascendencia cuando se le tilda de ser uno de los más corruptos y sin embargo no existen denuncias o quejas ante las instancias correspondientes que corroboren suficientemente esa percepción.
Por otra parte, la impunidad, entendida como una acción anómala sin castigo, también adquiere otra dimensión en lo que toca a las instituciones judiciales en razón que son precisamente éstas a las que corresponde aplicar los castigos a las acciones irregulares.
Así, cuando se habla de actos de corrupción que no existen en la estadística y que los pocos que se denuncian no alcanzan a ser sancionados, es lógico que la percepción generalizada sea que no es confiable el tribunal sancionador.
En ese sentido, no obstante que el derecho de acceso a la justicia no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos a solicitar su impartición, sino que conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los tribunales para que, en los plazos y términos que marcan las leyes y con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su potestad, la realidad en la percepción ciudadana dista mucho del anhelo constitucional.
Ahora bien, en cuanto a la lentitud en los procesos, es necesario destacar que existen otros operadores del derecho, distintos a los funcionarios judiciales que también participan en la celeridad o tardanza de un juicio.
Ciertamente, la desconfianza a los abogados en el litigio se perpetúa generaciones tras generaciones, alimentada de constantes abusos legales, deslealtad procesal, falta de honestidad, abuso de confianza, evidente falta de pericia o conflicto de intereses.
Las consecuencias del abuso o mal uso del derecho por parte del abogado postulante tienen grandes efectos negativos para la sociedad en general, impactando perjudicialmente en el orden público y en la percepción de la justicia, confianza y celeridad procesal.
Para Calamandrei, el origen del descrédito en que ha caído la profesión del abogado estriba en que la falta de valores y el exceso de abogados ha implantado como base de la práctica, la negligencia y la mentira, hasta normalizar la deslealtad entre el mayor sector de abogados litigantes.
Alcanzar una verdadera mejora en el acceso a la justicia sin abordar la participación del abogado postulante resulta insuficiente, puesto que por más extensos que sean los mecanismos de supervisión a los operadores judiciales integrantes de órganos jurisdiccionales, debe atenderse el otro factor del binomio operativo del litigio, esto es, la labor del litigante, pues si impera el despliegue de conductas que redundan en artificios procesales u argumentativos, difícilmente se verán cristalizadas la celeridad procesal y la confianza en la sociedad al sistema de justicia.
Bajo esta línea de pensamiento, en México ha proliferado una cantidad excesiva de egresados que obtienen títulos de abogado y no ha sido atendida la calidad o eficacia en el ejercicio de la profesión que pudiera redundar en un beneficio para la sociedad.
Lo anterior implica que, en muchos casos, desde su egreso, el abogado carece de regulación eficaz que garantice el ejercicio de la profesión de manera responsable, sus requisitos formales son mínimos y poco controlados, hecho que incrementa la posibilidad de estar frente a operadores jurídicos indispensables que no respondan a las demandas sociales, a las exigencias de justicia y mucho menos a los excesos por parte del Estado mexicano.
Dichos factores provocan en muchas de las ocasiones que en el ejercicio profesional, se inmiscuyan intereses netamente económicos que fomentan una judicialización excesiva y colisiona en forma directa con la cultura de la mediación, al introducirse en forma reiterada y como estrategia la presentación de demandas, promociones, incidentes y recursos, buscando cansar a la parte contraria para vencer u obtener un arreglo desproporcional a sabiendas que en sentencia no obtendrían resultados favorables, extendiendo así el juicio por temporalidades excesivas, hecho que desde luego, afecta a los tribunales, virtud de la saturación de trabajo a la que se enfrentan, principalmente los juzgados de primera instancia que se convierten en primeros respondientes, para los que el trabajo acumulado resulta excesivo para la capacidad tanto material como humana con la que cuentan, en este sentido, lidiar con más trabajo verdaderamente innecesario sólo entorpece y dilata el procedimiento, aun cuando para ello se alegue el irrestricto respeto de los derechos fundamentales de audiencia, defensa y debido proceso, que a la postre redundan en la formación de criterios rigoristas que, para evitar una catarsis en el sistema judicial, superpone aspectos de procedencia e interpretaciones que remiten a autorizar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa en momentos determinados, por ejemplo la denominada “técnica del juicio de amparo”.
Esa percepción, no parece haber mejorado al paso de los años, virtud a que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Justicia publicada en 2015, en la que se evalúa entre diversos factores, los índices de confianza de la población a los operadores de justicia, se arrojó como resultado que para los encuestados es preferible evitar los servicios de un abogado, al señalar que solo 20.1 por ciento de estos, equivalente a una de cada cinco personas, ha solicitado sus servicios, además, la encuesta arrojó datos alarmantes, como que, ante la pregunta explícita “si usted tuviera un problema legal, ¿qué preferiría: gastar dinero con un abogado o arreglar las cosas por su cuenta?”, la mayoría de los entrevistados, con 48.6 por ciento, contestó que preferiría arreglarlo por su cuenta, 11.9 confesó no saber, 4.9 preferiría otra opción, sin especificarla, y sólo 34.6 contestó que optaría por gastar en servicios de un abogado.
El ex ministro Gudiño aseguró que el principal problema se desprende de la nula existencia de disposiciones positivas que regulen el ejercicio del litigante, y conscientes de la carencia de responsabilidad prevista por la ley, los abogados postulantes aprovechan dichas lagunas para el abuso del derecho, al burlar en muchas ocasiones el sistema de justicia, lo que resulta en un incremento de desconfianza de la población, al dejar a sus clientes en muchas ocasiones, en un lamentable estado práctico de indefensión.
Con tales datos, es viable ponderar si para la franca mejora en la administración de justicia, basta con reformar a las instituciones encargadas de impartirla y exigir responsabilidad a las y los jueces por su desempeño o en su caso, si es indispensable reformar la manera y las condiciones en que se ejerce la abogacía en la actualidad, que se caracterizan, entre otras circunstancias negativas, por el casi nulo sistema de responsabilidades frente al cliente a que están sujetos los abogados.
Una medida idónea y razonable que estimamos para ello es la colegiación, que en nuestro país desafortunadamente no resulta obligatoria, sin importar los buenos resultados que en otros orbes ha presentado, por ejemplo el de la Barra de Abogados de New York, donde se reconoce la complejidad y depuración de perfiles para el libre ejercicio de la profesión, en el que, incluso, egresados de prestigiados institutos educativos como Harvard y Columbia, lo reprueban, provocando una capacitación constante del abogado para obtener la autorización profesional con altos estándares de calidad.
Resulta claro entonces, que todos y cada uno de los integrantes del sistema de administración de justicia, al encontrarse inmersos en el aparato estatal, deben ser regulados de forma exhaustiva, que su capacitación debe ser constante y su proceder ético, lo que se verá reflejado en resoluciones jurisdiccionales de alta calidad, con un gran nivel de entendimiento del derecho y su argumentación, dentro del plazo que fijan las leyes.
Por lo anterior, todo proyecto de mejora al Poder Judicial debe ser analizado, debatido y enriquecido por el aparato de impartición de justicia en su totalidad, es decir, sin perder de vista la incidencia directa que tienen los operadores del derecho como los servidores públicos judiciales, pero especialmente el abogado litigante que debe participar aportando sus conocimientos y experiencia en la discusión de los proyectos, puesto que su función también corresponde a una labor de interés público y su correcta formación es obligada para el correcto planteamiento de los asuntos, lo cual tiene vinculación directa en la operatividad del mandato constitucional de justicia pronta, completa, imparcial y expedita, al ser integrantes corresponsables en la función de impartir justicia.
En próximas fechas me permitiré compartirles más detalles sobre la obra colectiva “Gobernanza Judicial: concepto, retos y perspectivas”.
Deportes
Se pospone el primer partido de Chivas en el Torneo Apertura de la Liga MX

-Por Redacción Conciencia Pública con datos de ADN40
El torneo Apertura 2025 de la Liga MX comenzó el viernes 11 de julio con varios partidos, pero uno de los encuentros más esperados, Chivas vs Tigres, no se disputó como estaba programado para la Jornada 1.
La ausencia del partido llamó la atención, ya que ambos equipos son protagonistas habituales del futbol mexicano. Desde el calendario oficial ya se había informado que este encuentro quedaría pendiente.
El motivo principal por el cual no se jugó el duelo entre Chivas y Tigres fue debido a remodelaciones en el Estadio Akron, casa del Club Guadalajara. Estas obras forman parte de los preparativos para el Mundial 2026, en el que dicho recinto será una de las sedes.
Las autoridades del estadio informaron que mantendrán sus puertas cerradas durante algunos días para garantizar que el inmueble cumpla con los estándares exigidos por la FIFA.
Ante esta situación, la Liga MX reprogramó el partido para el 17 de septiembre de 2025 a las 19:05 horas. Mientras tanto, tanto Chivas como Tigres pospondrán su debut oficial en el torneo hasta la segunda jornada, cuando se enfrenten a León y Juárez respectivamente, bajo la dirección de sus nuevos entrenadores, Gabriel Milito y Guido Pizarro.
JALISCO
Una policía de proximidad con los ciudadanos permite cifras alentadoras en seguridad: Verónica Delgadillo

– Por Francisco Junco
La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó un balance de seguridad que, aunque reconoce la ausencia de números positivos en un tema tan sensible, destacó avances alentadores.
Durante la conferencia, la edil enfatizó que, mientras haya víctimas de violencia o pérdida de vidas, no se pueden celebrar las cifras, pero sí valorar el progreso logrado en los últimos nueve meses como un paso hacia una ciudad más segura.
Delgadillo detalló una estrategia integral que combina coordinación con el estado y la federación, con la policía de proximidad como eje central. Esta iniciativa ha fortalecido la comunicación mediante chats vecinales y corredores comerciales, además de incorporar y capacitar a nuevos policías.
Los resultados incluyen el desmantelamiento de 21 bandas delictivas, la detención de 7,831 presuntos delincuentes (6,072 por faltas administrativas y 1,759 por delitos), y el aseguramiento de 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, según informó.
La alcaldesa citó datos de la Fiscalía en temas de delitos registrados:
La incidencia delictiva ha disminuido: homicidios (-16%), robo a cuentahabientes (-70%), robo a negocios (-46%), robo a personas (-36%), robo a autos (-20%), robo a casa habitación (-17%) y robo de autopartes (-30%).
La edil subrayó que estos resultados trascienden Guadalajara, impactando toda el área metropolitana, y no se limitan a más patrullas, sino a mejorar servicios y espacios públicos.
Con 1.4 millones de habitantes y una población flotante de tres millones diaria, además del 94% de las manifestaciones y la concentración de poderes gubernamentales, Guadalajara enfrenta dinámicas únicas que exigen un enfoque especial.
La estrategia se sustenta en cuatro pilares: seguridad ciudadana con proximidad, servicios y espacios públicos, política social con enfoque de cuidados, y generación de condiciones de seguridad.
Delgadillo destacó el cambio a un modelo de “comunidades” (antes polígonos), que fomenta la convivencia y descentraliza servicios, optimizando recursos. “Hemos consolidado un modelo que dialoga entre comisarios, comandantes y servicios públicos por comunidad”, explicó.
Ante los retos pendientes, Delgadillo llamó a la corresponsabilidad ciudadana. “No basta con el gobierno; necesitamos que todos cuidemos Guadalajara. Este cambio de paradigma, frente a un enfoque asistencialista federal, pone a las personas al centro”, concluyó, invitando a líderes y ciudadanos a sumarse para enfrentar los desafíos compartidos.
Estas cifras no son positivas, son alentadoras: Verónica Delgadillo
Este jueves 10 junio, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó los avances que se han realizado en materia de seguridad, donde aseguró que no es solamente presentar datos en esta materia, sino de varios rubros que contribuyen a una estrategia global que realiza el ayuntamiento y contribuyen a tener una comunidad mas segura, y resaltó que las cifras presentadas no son positivas, sino alentadoras.
“Sé que nunca hay números positivos cuando hablamos de seguridad. Mientras hay una persona que pierda la vida, que es afectada por un producto, que sea lastimada por un acto de violencia, nunca hay números positivos. Pero estos son números alentadores, no positivos. Sabemos que no para aquí y que tenemos que seguir trabajando para que avance y demos todavía mejores resultados”, aseguró.
Para cuidar de los tapatíos, el Gobierno de Guadalajara, dijo, ha impulsado una estrategia integral de seguridad basada en una coordinación efectiva con el Estado y la Federación. Uno de los pilares principales del Gobierno es la Policía de Proximidad, donde los vecinos conozcan a quienes los están cuidando, por ello se han fortalecido los chats vecinales y en los corredores comerciales para mantener una comunicación cercana con los habitantes.
También, se ha fortalecido a la policía con la contratación de nuevos policías, a quienes se les capacita en el tema de la proximidad. La primera edil destacó que, en estos primeros nueve meses de gestión, han logrado desmantelar a 21 bandas delictivas que operaban en la ciudad, y de acuerdo con los datos proporcionados, se han detenido a 7 mil 831 presuntos delincuentes, 6 mil 72 por faltas administrativas y 1 mil 759 por diversos delitos.
Además, informó se aseguraron 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, esto dijo, “ha permitido que la incidencia delictiva vaya a la baja, según datos de la Fiscalía. El periodo es de 1 de octubre al 30 de junio.
“El trabajo de inteligencia para el control delictivo nos ha permitido desarticular 21 células detenidas. Quiero que veamos lo que esto significa. Son 21 bandas, no hay ningún municipio en el área metropolitana que haya desarticulado tantas bandas delictivas. Pero ellos no sólo robaban en Guadalajara, no sólo cometían delitos en Guadalajara, lo hacían en toda el área metropolitana, lo que quiere decir que el trabajo que hemos emprendido en Guadalajara también impacta en el resto de los municipios”, puntualizó.
En sus datos, que compartió en la presentación aseguró que los homicidios han disminuido un 16 por ciento, el robo a cuentahabientes, se ha logrado disminuir hasta en un 70 por ciento, el robo a negocios es menor en 46 por ciento, robo a personas ha bajado en 36 por ciento, mientras el robo a autos señala que ha disminuido e 20 por ciento, el robo a casa habitación y el robo de auto partes, también han disminuido en un 17 y 30 por ciento respectivamente.
“El Gobierno de Guadalajara trabaja para fortalecer a su policía, pero también en mejorar los servicios y espacios públicos, ya que la inseguridad no se combate sólo con más patrullas o policías, sino con una estrategia integral de cuidados que fomenta la construcción de comunidad y el apoderamiento de los espacios”, insistió Verónica Delgadillo.
La primera edil señaló que se debe tener claridad el contexto en que se encuentra la capital de Jalisco, y apuntó que Guadalajara no es igual que el resto de los municipios de la zona metropolitana, ya que tiene una dinámica particular, “lo que vivía hace un año en nuestra ciudad,
cuando nosotros recibimos el gobierno Guadalajara, estaba atravesando por una crisis de basura, que la experimentábamos en todas las calles”.
Agregó que la ciudad cuenta con un millón 396 mil habitantes, pero todos los días hay una población flotante que alcanza los tres millones de personas, lo que quiere decir que se duplica la población que llega y requiere los servicios de la ciudad, además refirió que el 94 por ciento de las manifestaciones se realizan en Guadalajara, y concentra los tres poderes de los tres órdenes de gobierno, “estas dinámicas son particulares de la ciudad para, poder evaluar a Guadalajara, hay que mirarlo desde este punto”.
Destacó que la disminución de los delitos y el desmantelamiento de los grupos delictivos, no es más que el reflejo de la coordinación interinstitucional y operativos que tienen para crear entornos más seguros la capital de Jalisco y agregó que también tiene que ver la armonización de un enfoque que está basado en la nueva ley general del sistema nacional de seguridad pública, que se basa en los qué y en los quiénes.
“Estamos reforzando la seguridad ciudadana, o como algunos expertos llaman, la seguridad humana. Y esta seguridad se enfoca en los cómos, en los objetivos que se sustentan en cuatro pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la seguridad ciudadana con proximidad, “lo que buscamos con esto, es reducir la incidencia delictiva, por ejemplo, reducir los conflictos comunitarios”.
“El segundo pilar, son los servicios y espacios públicos. Porque esto nos permite mejorar la presencia de seguridad, y también trabajar con un plano, para poder construir dinámicas mucho más sanas por la ciudadanía. El tercer pilar, es la política social, en nuestro caso, con enfoque de cuidados. La política social sin las brechas de desigualdad, que son las causas, en gran medida, de la violencia, de las conductas delictivas, de las faltas administrativas, y también de muchos conflictos comunitarios”.
“En el cuarto pilar, ese es un plus de nuestra visión y nuestra estrategia, se basa en la generación de condiciones de seguridad. Es decir, todos y todas tenemos que participar en la generación de condiciones de seguridad”, precisó.
También, explicó que un fator que ayuda a la disminución e incidencia delictiva , fue el haber coordinado el “lenguaje territorial”, ya que antes se hablaba de zonas o distritos para los servicios o polígonos en temas de seguridad, pero ahora se habla de 11 comunidades, que eran los polígonos.
“Decidimos llamar comunidades, porque le ajustamos a la fortaleza de lo que significa tejer, como la base social para la mejor convivencia y para la prevención de las violencias. Y es así también que, este modelo nos permite concentrar capacidades, descentralizar los servicios donde más se necesita, y trabajar comunidad por comunidad. De esta manera, a lo largo de estos nueve meses, hemos sido consolidando un modelo que nos permite mejorar los recursos y los procesos, para que dialoguen en principio, para que el comisario, el comandante, los de servicios públicos, puedan totalizar por comunidad esos esfuerzos”, explicó.
Verónica Delgadillo aseguró que ante la exigencia de la ciudadanía no le permite rendirse y que los retos siguen “y que son muchísimos”, por lo que este día más que presentar números y estrategia de seguridad, es una evaluación para observar que cada acción que prende el gobierno, “no es una ocurrencia, no es que sale bonito, no es que fuimos a ver lo que estamos viviendo, es que estamos atendiendo el tema más importante para las mexicanas y mexicanos que es la seguridad”.
“Aprovecho que están aquí líderes, lideresas, hombres y mujeres que valen muchísimo para la dinámica diaria de Guadalajara. Hoy les quiero pedir a nombre de nuestro gobierno que hagan equipo con nosotras y con ustedes. Ningún esfuerzo va a ser suficiente si no entendemos que esta ciudad se sostiene también por ustedes, que esta ciudad necesita que todas y todos lo cuidemos, que esta ciudad necesita de corresponsabilidad”, solicitó la presidenta de Guadalajara.
Y concluyó que el cambio de paradigma, frente a un gobierno federal que es meramente asistencialista porque no atiende las causas, la propuesta de Guadalajara es que poner a las personas al centro, “que ustedes nos ayuden a gobernar, que ustedes también nos ayuden a que las cosas cambien asumiendo su responsabilidad. El gobierno de Guadalajara tiene como pilar transversal la corresponsabilidad”.
“Este gobierno cree que cuando todas y todos cuidamos lo que es de todos, y lo que es de todas y todos, es Guadalajara. Esta ciudad puede seguir floreciendo con mejores oportunidades, los retos que están por venir tenemos que asumirlos como retos compartidos”, finalizó.
JALISCO
Tortuguismo del INDAABIN frena justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán

– Por Redacción Conciencia Pública
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) muestra una vez más su desprecio por la justicia al ignorar la orden del Tribunal Agrario, que le dio un plazo de 10 días para entregar el avalúo necesario para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cumpla con un adeudo pendiente desde 2004 con la Comunidad Indígena de Mezquitán.
Este acto de tortuguismo burocrático perpetúa una espera de 21 años para los comuneros, quienes exigen justicia por la ocupación de sus tierras.
El plazo de 10 días ya venció, y el silencio de INDAABIN no solo desafía la autoridad del Tribunal Agrario, sino que retrasa aún más el pago que la SICT debe realizar a la comunidad por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales, destinadas a la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río.
Este avalúo, que debe actualizar los valores catastrales a precio comercial, es la última barrera para que los indígenas de Mezquitán reciban la compensación ordenada por los tribunales.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán, expresó su indignación: “Es desesperante. Llevamos más de dos décadas luchando por nuestros derechos. Los tribunales nos han dado la razón una y otra vez, pero la SICT se ha negado a cumplir, y ahora INDAABIN nos pone otro obstáculo con su lentitud. Exigimos que cumplan con su deber para que se nos haga justicia”.
La sentencia del Tribunal Agrario es clara: INDAABIN debe actualizar los valores de los terrenos ocupados, ya que los montos de hace 21 años están completamente desfasados.
Sin este avalúo, la SICT no puede proceder al pago, prolongando una deuda que ya lleva más de dos décadas sin resolverse.
Los comuneros denuncian que esta demora no es más que una táctica dilatoria que perpetúa la injusticia y vulnera sus derechos.
El caso de Mezquitán es un ejemplo alarmante de cómo la burocracia puede convertirse en una herramienta para retrasar la justicia. La comunidad no solo ha ganado en los tribunales, sino que ha demostrado su paciencia y tenacidad frente a un sistema que parece decidido a ignorarlos.
¿Cuánto más tendrán que esperar los indígenas de Mezquitán para que INDAABIN deje de lado su tortuguismo y cumpla con su obligación?
La justicia no puede seguir siendo rehén de la ineficiencia.
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