OPINIÓN
La crisis que viene

Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Mucho se exagera en relación al “coronavirus covid-19” y la sociedad civil organizada afortunadamente ha rebasado al gobierno federal en el que, de la noche a la mañana, los mexicanos dejaron de confiar, ya que los mercados financieros y la opinión pública, no han visto adecuadas acciones colectivas ante la crisis, esto claramente se evidencia en la desinformación, las compras de pánico y la tremenda volatilidad de los mercados financieros.
La crisis económica es global, pero en nuestro país ahora se multiplicará porque México descuidó su sistema de salud, y en realidad no tiene forma de atender oportuna y adecuadamente el brote de virus, recordemos que por una completa negligencia ni el Seguro Social ni el ISSSTE tienen en existencia suficientes medicamentos para su operación normal y aunado a eso, el gobierno federal decidió desaparecer por decreto el “Seguro Popular” a cambio de nada, ya que el organismo que debería sustituirlo INSABI, no tiene a la fecha ni reglas de operación. Entonces la única salida, parecer ser, evitar el contagio masivo, a falta de presupuesto para atender a los afectados, pero en forma por demás negligente, hasta el propio presidente insistió el 4 de marzo, en forma irresponsable “Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada o sea, nada de confrontación, de pleito”; El 11 de marzo señalo que los conservadores querían que la gente se infectara para echarle la culpa a su gobierno, agregando que “como la medicina, en la política es importante lo preventivo más que lo curativo, esto va a seguir, esta otra epidemia, va a propagarse más, porque ya vienen las elecciones del 21”, y el pasado fin de semana remató, dándole un beso, que mas bien parecía “chupetón”, a una pobre e indefensa niña (que se negaba a ser besada), sin respetar la distancia que debemos mantener entre personas para evitar un contagio. Nuestro presidente aplicó una formula que ya no le funcionó, “minimizar y politizar”
Curiosamente fueron las organizaciones civiles, que tomaron oportunamente decisiones que serán trascendentales para combatir el contagio, ya que el gobierno federal con una terquedad y una soberbia espeluznante se negaba y aun se niega, a tomar decisiones vitales para evitar que, lo que ocurrió en China durante enero y febrero se repita en nuestro país en marzo y abril, por lo que, varias instituciones educativas de naturaleza privada decidieron, en forma sumamente responsable, suspender sus clases adelantando las vacaciones del periodo de Semana Santa y Pascua. La excusa del Peje, es que “sus científicos” aun no recomiendan entrar en la fase 2 de la atención a la pandemia, por lo que, contrario a las universidades y escuelas Privadas y la Universidad de Guadalajara ya cambiaron a modelo de educación a distancia, la SEP obligara irresponsablemente la asistencia a clases hasta el día 19, y la Ciudad de México se niega a suspender eventos masivos, incluso permitió el “Festival Vive Latino”, bajo el argumento de que no hay suficiente evidencia científica que obligue a tomar aun medidas extremas. El presidente quiere evitar a toda costa seguir el modelo que utilizo Calderón para controlar la influenza AH1N1, solo para diferenciarse políticamente del gobierno de ese presidente.
A falta de vacunas, la única forma de evitar y controlar los brotes de infección es simplemente el aislamiento, pero no vemos una autoridad coordinada, cada dependencia hace lo que quiere, es claro que la presidencia y la autoridad sanitaria federal están rebasadas y esta no actúa, nos interesa la opinión del subsecretario de Salud, pero ¿dónde esta el Secretario de Salud, alguien lo ha visto desde el inicio de esta crisis? Nuestra legislación ya lo prevé, para eso existe un “Consejo de Salubridad” que en su artículo 9 de su reglamento establece dentro de sus facultades: “XVII. Aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria.”
La “CuatroTé” no respeta el marco jurídico y ante tal ausencia de coordinación federal, el gobernador de Jalisco actuó responsable y oportunamente, ya que se requieren, de inmediato, controles en aeropuertos, centrales camioneras, puertos, espectáculos públicos, aislamiento en la escuelas etc. Pero, ¿dónde esta el citado Consejo? ¿Porqué el presidente y su subsecretario toman decisiones tan importantes?
Al señor López le cae de perlas la pandemia de coronavirus y en lugar de concentrarse en coordinar la sobrecarga de pacientes, hospitales especializados, camas disponibles, medicamentos, asignación de recursos para la emergencia y lo mas importante, ¿qué programas del gobierno federal se suprimirán para reubicar los recursos necesarios en la atención de la pandemia?, ahora el presidente se dedica a culpar al virus de la terrible crisis económica a la que sus políticas económicas han sumido al país.
Esperemos que López rectifique, que deje en manos de las autoridades sanitarias, en especial del Consejo de Salud, el manejo de la enfermedad, que deje de dividir y politizar, el virus no distingue y atacará igual a los chairos que a los fifís, recordemos que las próximas dos o tres semanas nuestro comportamiento será vital para controlar o desatar el Covid-19, evitemos asistir a reuniones, espectáculos públicos, cines y teatros, quedemos en casa, aprovechemos para retomar la integración y convivencia familiar, retomemos los juegos de mesa en familia, y lo mas importante, atendamos al pie de la letra las recomendaciones del Consejo de Salubridad, no las del presidente y sus secuaces, que mas pareciera que su interés es el tema económico y no el del bienestar de la población. Pero también evitemos discriminar a vecinos de procedencia o rasgos orientales, ellos, no por su origen étnico son portadores del virus, y están exactamente en las mismas condiciones que nosotros.
JALISCO
El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.
Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?
Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.
¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.
El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.
En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.
Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.
Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?
Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?
JALISCO
Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?
Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.
Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.
La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.
Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.
Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.
La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.
La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.
Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES
La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.
Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»
La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?
El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.
La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.
JALISCO
Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.
Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.
¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum
La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.
En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.
Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.
Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.
El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.
Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.
La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.
El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.
En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.
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