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OPINIÓN

La decencia

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Por Luis Manuel Robles Naya //

El diccionario de Google la define como: observación de las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual.

Honradez y rectitud que impide cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables.

Por su parte el diccionario de uso del español de María Moliner define a “decente” como un adjetivo aplicado a las personas, sus acciones y sus cosas, honrado o digno, incapaz de acciones delictivas o inmorales.

Conceptualmente, la decencia es un valor, uno de muchos que son necesarios para la convivencia armónica en sociedad y que desafortunadamente han venido cayendo en desuso, en parte porque dejaron de ser enseñados en las escuelas y en otra más grave porque cada vez menos se observan en el seno familiar.

Los psicólogos dicen que la decencia se debe enseñar en todo momento a partir del propio ejemplo, tanto en conversaciones como en gestos, actitudes y vestimenta. Comportarse decentemente implica un comportamiento que refleje la calidad de la persona y el respeto por los demás.

En política, la decencia tiene que ver con la conducta que se asume ante los ciudadanos. En el contexto de la política, lo central no es solo si la persona es decente, sino si la orientación política seguida es decente y eso termina por calificar a la persona.

En 1954, el senador republicano por el Estado de Wisconsin en USA, Joseph McCarty, instauró una época de persecución y difamación sobre personalidades de la cultura, el cine y la política cobijada en la bandera del anticomunismo. Dicha campaña vino a menos cuando la notoriedad de ésta provocó que las audiencias fueran televisadas, dando lugar a un evento definitorio cuando el abogado Joseph Welch, después de una encendida acusación de McCarty se limitó a preguntar “¿no tiene usted decencia señor mío? ¿No le queda ya ni un rasgo de decencia?” Dicho cuestionamiento llevó a una reflexión colectiva que a la postre devino en la defenestración política del senador y su funesta campaña difamatoria. Años después, la misma argumentación fue usada por el ex presidente Carlos Salinas al hacerle la misma pregunta al entonces candidato Donald Trump por su campaña xenofóbica, sin que hubiera obtenido los mismos resultados, obviamente porque la sociedad americana ya no es la misma de 1954 y su moral colectiva es diferente o al menos se encuentra muy dividida.

En México es claro que la moral política de los últimos años está muy alejada de la decencia que debiera caracterizarla. Se privilegian los intereses y los acuerdos de beneficio y hasta de complicidad por sobre el interés colectivo entre políticos y entre partidos y se antepone el interés particular del gobernante en un presidencialismo autárquico. La corrupción permea en todos los ámbitos de la vida social y su persecución e intentos de erradicación son tan superfluos e inmediatistas que sus alcances son vagos y de dudosa permanencia. Hasta el momento, parece que el combate a la corrupción es solo un instrumento de propaganda selectiva con objetivos a modo para satisfacer el morbo colectivo.

Es justo y necesario que se persiga y sancione a quienes cometieron actos de corrupción, esto nos dará una satisfacción momentánea, pero resulta inexplicable que a la vez que se persigue se desmantele el aparato institucional que se había creado para detectar, prevenir y castigar la corrupción y la impunidad, sin crear algo que lo sustituya y lo perfeccione.

El afán de posicionar ese combate superfluo a la corrupción tiene al actual gobierno al borde del McCartismo con la Unidad de Inteligencia Financiera hurgando en cuentas y movimientos de empresas y ciudadanos, congelando cuentas sin orden o mandamiento judicial o solo por la presunción desprendida de una carpeta de investigación, filtrando acusaciones y elementos que provocan un juicio sumario mediático y social. Alarma esto por el precedente que se impone, por la indefensión en que coloca al ciudadano y por el poco respeto a la legalidad.

Sin embargo, es loable que se persiga a fondo y que se impriman miles de cartillas morales (aunque sean distribuidas por iglesias al margen de la secularidad del Estado), lo necesitamos porque se debe recuperar el sentido de la decencia y los valores en una sociedad cada vez más empobrecida ética y culturalmente. Pero, difícilmente se puede creer que van contra la corrupción y por la renovación moral, si por otro lado permiten que las organizaciones magisteriales sigan lucrando con las plazas, corrompiendo el sistema escalafonario y algunos de los más nefastos líderes sindicales gocen de la protección oficial, mientras se persigue selectivamente a otros.

Vale la intención del presidente López Obrador de recuperar los valores del “pueblo bueno” apelando a una constitución y a una cartilla moral, pero los hechos borran con la cola lo que se hace con el pico. Recuperar la decencia en la política es necesario pero se necesita más que una intención y un discurso.

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OPINIÓN

La cultura de la rendición de cuentas: Crear figura de la Contraloría Ciudadana del Poder Judicial —

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Por Luis Enrique Villanueva Gómez

Rendir cuentas en términos muy prácticos y rudimentarios se entiede como la acción de informar, dar a conocer a alguien el cumplimiento de una encomienda, de ahí que la acción de rendir cuentas sea consecuencia de una responsabilidad asumida y cuando hablamos de un ente público está claro que al asumir el cargo se adquiere en automático la responsabilidad propia del nombramiento pero también la correspondiente a la rendición de cuentas. No hay cargo ni ente público que no tenga la obligación de informar y justificar su desempeño.

Dar información de cualquier encomienda pública lleva entonces ímplicitamente la intención y conciencia de ser evaludado, de calificar el cumplimiento de las metas, procedimientos o alcances fijados, lo que obliga a que rendir cuentas no sea solo presentar información, sino además explicar o justificar esa información para alcanzar la aprobación del ente evaluador, sea para sancionar con castigo o con un reconocimiento, porque rendir cuentas tiene que que ver con acciones, decisiones u omisiones de los servidores públicos.

Es por ello que la falta de rendición de cuentas en forma transparente, accesible y oportuna, propicia la falta de castigo a una acción indebida, a una decisión ilegal o una omisión perjudicial, dando origen a la impunidad, uno de los peores males de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Esto es, para recuperar la confianza de la ciudadanía en el servicio público es necesario combatir la impunidad con eficientes mecanismos de rendición de cuentas.

La división de poderes, un principio de las democracias modernas que en nuestro país alcanza rango constitucional, se constituye como el primero de los ejercicios de rendición de cuentas, al establecerse en la máxima norma funciones de contrapeso que además de limitar y garantizar las facultades de cada uno de los poderes, evita el abuso de un poder sobre el otro al prohibir la acumulación dos poderes en una sola persona, en lo que los doctrinistas ubican como la rendición de cuentas horizontal, clasificación en la que se suman los informes mensuales, semestrales y anuales sobre la cuenta pública y de desempeño que todas las instituciones deben presentar ante los organos autónomos creados al efecto.

En el terreno de los hechos, el Poder Judicial de Jalisco no ha tenido un trato de igualdad con el resto de sus pares, los procesos de asignación presupuestal son aprovechados para coartar su autonomía financiera.

Existen, claro está, otros mecanismos de rendición de cuentas que permiten a la sociedad calificar el correcto cumplimiento del objeto de ser de las instituciones, como lo es el acceso público a lás páginas electrónicas y las publicaciones que en cumplimiento a la norma realizan los entes de gobierno, así como el derecho de petición directo a la dependencia, permitiendo el uso de esa información, existiendo a nivel nacional y estatal incluso un organismo que garantiza esos derechos a los ciudadanos.

Sin embargo, en lo que toca a los órganos jurisdiccionales, las páginas web implementadas, lejos de pretender facilitar el acceso a la información propia de las tareas de justicia, dedican la mayor parte de su estructura a fomentar la imagen de los funcionarios al proyectar en grandes y mejores espacios sus fotografías y videos en actos políticos y protocolarios que en nada abonan a la satisfacción de la demanda social por conocer cómo y porqué se imparte justicia en los términos que lo hace el Poder Judicial.

Más aún, la falta de compromiso con la institución y el desconocimiento de la trascendencia de la justicia para el Estado, permite omisiones muy graves en el diseño de las plataformas digitales puesto que no se ha dedicado el tiempo para incorporar en su estructura la información de los asuntos que estan a cargo de las salas, su desarrollo y definición, dedicando más espacios a la información administrativa que ni siquiera se actualiza, como se aprecia al verificar la relativa a los estados financieros del Supremo Tribunal que el último que se pública corresponde al mes de octubre de 2019, esto es, se va a cumplir un año que no se actualiza la información financiera cuando la norma impone que se publique mes a mes para que la sociedad pueda evaluar por ejemplo la pertinencia de una compra realizada, pero si no se tiene noción del monto disponible ¿cómo es que se han decidido las compras en todo un año, como saben si procede o si se podía pagar?

En otro mecanismo útil, es la presentación de informes anuales, en lo que se constituye como el proceso formal y más abierto de rendición de cuentas, es la oportunidad política de informar aunque en la practica, se ha convertido en una ocasión que permite a los titulares presentar cifras y dar una versión sesgada de la realidad, sin contrapeso alguno.

En ese sentido, el Poder Judicial de Jalisco acusa una clara falta de justificación y contexto, dado que como se dijo antes, el proceso de rendición de cuentas consiste en informar de lo realizado; explicar y justificar ese resultado para que pueda ser evaluado por los organos especializados y por la sociedad en general, antes de tomar decisiones.

Sin embargo, de nada sirve, como lo hace el Poder Judicial en su informe, presentar números y cifras al por mayor sin una razón que los justifique, sin un punto de comparación o parámetro que explique si esos números son muchos o pocos, sin precisar si son buenos o malos según su vinculación con el cumplimiento de las metas e indicadores de un programa operativo anual, de tal manera que en esos términos no es factible su evaluación o calificación y menos aún con base en ellos tomar decisiones.

Es así que puede afirmarse entonces que la rendicion de cuentas tradicional presta espacio a la simulación que facilita actos de corrupción y en consecuencia de impunidad; que la falta de ejercicios continuos de mejora en la publicación de información especifica jurisdiccional y de revisión preventiva del ejercicio del gasto público así como la falta de concientización de los ciudadanos a la rendicion de cuentas.

Luego, partiendo del supuesto de que el ejercicio de la rendicion de cuentas se alimenta directamente de la confianza ciudadana y al encontrarse en la práctica falta de interés por parte del servidor o servidora para rendir cuentas y también falta de interés del gobernado para recibirlas, se configura el círculo vicioso que propicia la toma arbitraria de decisiones por parte del gobernante.

Esta incorrecta interpretación de las normas de transparencia y rendicion de cuentas, la falta de actualización de las plataformas digitales con información oportuna y la falta de buenas prácticas de rendición de cuentas genera una gran desconfianza social que debe ser revertida de inmediato, porque para el Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) que se propone, la rendición de cuentas implica un cambio cultural en el funcionariado judicial, que por su trascendencia debe ser gradual pero contundente con un rumbo y ritmo perfectamente diseñados, lo que nos lleva a consensar a la brevedad las políticas públicas necesarias para facilitar el acceso a las sentencias judiciales y todo lo que a su alrededor implica, tanto contenidos como procesos bajo los principios de máxima publicidad, accesibilidad, oportunidad e integralidad.

La cultura de la rendición de cuentas con trasparencia, oportunidad e integralidad, debe ser considerada como un eje transversal que por tanto requiere su abordaje desde varios ángulos.

Es importante en primer lugar dotar al Estado de Jalisco de un adecuado marco normativo que no solo armonice las leyes estatales con las más recientes reformas constitucionales y a las leyes federales, que se vincule adecuadamente con los convencionalismos y los innumerables criterios jurisprudenciales, sino que también permita al Poder Judicial una clara y contundente independencia y respeto a sus decisiones como es obligación del Estado, para que entonces pueda ser un auténtico contrapeso en la revisión del desempeño propio y de los otros poderes.

Se requiere una profunda revisión y una adecuada modificación de las estructuras administrativas del Poder Judicial para darles orden y eficiencia a fin que identifiquen la trascendencia de la función jurisdiccional y adquieran el compromiso con las instituciones judiciales para facilitarles las herramientas, registro, control y manejo de la información propia de su desempeño para su publicación y actualización, permanente y oportuna.

Es necesario contar con una autentica plataforma informática que, aún mejor que en los tribunales federales, permita no solo consultar en tiempo real el proceso de resolución de cada uno de los asuntos de su conocimiento, sino también evaluar el cumplimiento a tiempo de las responsabilidades que le corresponden a cada una de las diversas aéreas que participan en el tránsito de un expediente o toca, lo que limitaría en automático las posibilidades de tardanza, omisiones o conductas irregulares.

LA FIGURA DEL CONTRALOR CIUDADANO

Hace falta crear la figura de la Contraloría Ciudadana del Poder Judicial, para que los gobernados participen no solo en la denuncia de posibles casos de corrupción, sino que también formen parte de la substanciación del procedimiento administrativo, además dotarla de una diversa plataforma digital que igual lleve el seguimiento de las quejas presentadas en contra de los servidores públicos judiciales etapa por etapa hasta su correspondiente sanción exculpatoria, en su caso o hasta la completa ejecución cuando se impongan condenas sean administrativas, penales o políticas.

Es urgente que la ciudadanía sea convocada a la conformación de un legítimo plan general del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial a corto, mediano y largo plazo, que incorpore los programas de acción con sus tiempos, objetivos, indicadores y metas, para que sus formatos y estructuras al ser de acceso público sean también evaluados a cada momento con la posibilidad de interactuar con el ciudadano para sus sugerencias, comentarios y en su momento acciones de corrección y mejora, pero además para que la sociedad organizada pueda tener una referencia precisa a la hora de confrontar lo publicado con el contenido de los informes de labores y así facilitarle la toma de decisiones.

En resumen, resulta necesario poner al ciudadano en el centro de las acciones y de las decisiones judiciales, especialmente cuando de rendir cuentas se trata, esa es una las columnas centrales del Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx ) que ha venido siendo enriquecido y fortalecido por prácticamente todos los sectores productivos, académicos y sociales del Estado y sus municipios y que dada su conformación autosustentable continúa abierto a la participación responsable de todos los jaliscienses.

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OPINIÓN

Gobierno que no funciona

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Jalisco vive inmerso en la indiferencia sobre la violencia de género, la desaparición de personas y la inseguridad general, sin que las autoridades o los gobiernos apliquen políticas públicas reales y efectivas en proporción a nuestra situación evidente, por el contrario, es la politiquería, la polarización gubernamental y la obra pública usada como bandera atribuida a un buen gobierno que cumple en realidad son los temas que surgen de los poderes gubernamentales para desgastar y minimizar una gravísima situación que vive el Estado en asuntos de seguridad pública, justicia y delincuencia, lo cual nos produce innegablemente vivir en un lugar que aparenta un buen gobierno; para sumarle actualmente la situación extrema de pandemia por covid-19 que en el fondo también tiene el mismo resultado perverso en la forma en la que ha sido abordado de manera general, produciendo en la sociedad jalisciense un estado intermitente colmado de escenarios de incertidumbre e inseguridad.

Así es el escenario de nuestro Jalisco, aunque no podemos decir ser los únicos ya que nuestra clase política está cortada con la misma tijera en todo el país, infectada de corrupción e impunidad, simulación y un sin fin de demostrativos de los cuales podría deducir que lo que elegimos como gobiernos al final resultan ser los mismos de siempre que no trabajan a favor de la sociedad y en contra de los grandes males de la sociedad mexicana, así podemos llegar a conclusiones en las que veremos que nuestros gobiernos no son efectivos, resultan caros y habitualmente pierden con el paso del tiempo la empatía social con la que nos solicitaron confiar, afirmando resultados que en realidad no hemos comprobado; Jalisco es un territorio sumamente inseguro, los cárteles delincuenciales gobiernan las calles, la violencia de género es extrema y angustiante, las desapariciones son un caso increíble para documental de miedo.

En Jalisco la violencia de género y el tema de feminicidio tiene cifras deprimentes, el gobierno prefiere invertir en imagen pública y reflectores que, en enérgicas políticas públicas y campañas positivas para atacar y abordar desde la administración pública, la legislatura actual y el ejercicio de la justicia, uno de los peores cánceres que adolecen a la sociedad la violencia a la mujer y a la diversidad, así como al ejercicio de los derechos humanos de las personas, del mismo modo en que las víctimas de violencia familiar y de género se enfrentan a la burocracia gubernamental y al desinterés de las instituciones públicas, es porque la sociedad sigue creciendo en medio de la impunidad social colmada de machismo, trastornos mentales y política gubernamental simulada, sin embargo el tiempo y las circunstancias nos han mostrado que poseemos una sociedad enferma que requiere políticas públicas de atención sobre salud mental y prevención, así como gobiernos congruentes con sus obligaciones públicas de garantizar los derechos humanos.

En materia de desaparición de personas, el tema es a gran escala cubierta de la delincuencia organizada y sus diversas formas de operación desde sus mismos miembros hasta el ejercicio de sus actividades delictivas en la que la sociedad habita en constante peligro, secuestros, trata de blancas, ajuste de cuentas, venganzas personales, cobro de piso, lucha de territorio, encargos directos, son algunas de las situaciones que crea la delincuencia organizada y que terminan con la desaparición de un ciudadano que tiempo después puede aparecer en una las múltiples fosas humanas en clandestinidad dentro de Jalisco, esté es sin duda otro de los temas dolorosos para los ciudadanos ya qué las cifras son tan alarmantes y desconcertantes como los fallecidos por pandemia en el Estado, pareciera un estado de derecho y gobernabilidad fallido, repleto de falta de aplicación pero enérgico y orgulloso de no solucionar.

Ante todas estas condiciones y referente a la manera en la que nuestros gobiernos, autoridades y políticos trabajan para generarnos una percepción básica de condiciones poco efectivas, los ciudadanos tendremos que tomar conciencia de nuestros propios actos desde que elegimos partidos o perfiles individuales, para hacer cumplimientos justos e inteligentes sobre las situaciones que vivimos en nuestro Jalisco, respecto de lo que objetivamente puede y debe realizar el gobierno en turno; resulta abrumador y tristemente absurdo que debamos vivir en ambientes sociales como los actuales y tener que tolerar el inicio de precampañas 2021, sí la pandemia mundial no nos dejó claro el deficiente sistema gubernamental y la simulación de la teoría política en la que nos encontramos, de seguir así en la ignorancia y pasividad nuestra historia nunca cambiará.

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OPINIÓN

Hagamos y Futuro, la nueva ecuación partidista

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

La incursión de las agrupaciones Hagamos y Futuro a la ecuación partidista de Jalisco, luego de recibir el viernes el aval del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para su conformación como institutos políticos de manera oficial, obliga a replantear los escenarios posibles de frente a las elecciones del próximo año.

En lo personal creo que el reto principal de ambos consistirá en trascender el 2021, asunto del que también estoy seguro que lo lograrán. Si por un lado se encuentra el poder financiero y de movilización de la Universidad de Guadalajara, por el otro está la marca Pedro Kumamoto; así pues, todo apunta a que pasarán la prueba sin ningún problema.

De cualquier forma, es inevitable preguntarnos sobre otras repercusiones que tiene la llegada de dichos grupos. Una cuestión obligada es la que tiene que ver con los partidos tradicionales; ¿lograrán sortear con éxito la jornada del 6 de junio ante la llegada de Hagamos y Futuro?

La incógnita mayor se centra en el Partido Revolucionario Institucional. Como es sabido, las desbandadas se convirtieron en la nota común del otrora partidazo. En todas las encuestas, incluso en las realizadas por empresas de dudosa reputación, aparece como la expresión más rechazada. Sin liderazgos emergentes ni condiciones reales de competencia, el PRI enfrentará uno de sus más grandes desafíos, que es conservar su registro en la entidad.

En cuanto al Partido Acción Nacional las cosas no pintan mejor. Y aunque a nivel nacional hay evidencia de que comienza a repuntar en las simpatías de la población, la realidad es que todavía está muy lejos de su glorioso esplendor. Si bien la alianza incondicional que sostiene con Movimiento Ciudadano le ha generado buenos negocios e interesantes espacios en el quehacer público, también es innegable que está pagando las consecuencias de haber pactado con la pedante aristocracia naranja. Al respecto, habrá que estar atentos sobre el modo en que actuarán los puristas del PAN en el marco de lo que será una de las elecciones más cerradas de la historia.

En la otra esquina se ubican el PRD y el PT, dos partidos sin prerrogativas en lo local y cuya aspiración se basa justo en la conquista de ello. Sobre el primero hay que decir que terminó siendo un instrumento (ya desechable en virtud de la llegada de Hagamos) para satisfacer las necesidades del grupo que controla los destinos de la Benemérita. Y del segundo, su situación es en extremo interesante, debido a que en el plano nacional se impulsa una coalición con Morena, tema que aquí disgusta a quienes consideran que es preferible enfrentar la tormenta en una balsa que subirse a un trasatlántico.

Faltan poco más de ocho meses para nuestro encuentro con las urnas. El tiempo corre veloz y las estructuras comienzan a moverse. La aparición en escena de Hagamos y Futuro amplían el número de actores que serán protagonistas en el siempre impredecible e implacable mundo de la política.

RECONOCIMIENTO

Si alguien ha sido crítico del senador en funciones Alejandro Peña soy yo; sin embargo, mi lado periodístico impone la aspiración de encontrarme con la objetividad. Por eso hoy, desde este espacio, debo reconocer su labor como enviado especial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, para velar por el funcionamiento eficiente del sistema federal de salud en nuestro Estado. El que se brinden los servicios y no falten los recursos económicos para atender la pandemia del Covid-19 en Nayarit y Jalisco, se debe a su gestión eficaz y oportuna. Enhorabuena.

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