JALISCO
La difícil elección de Jalisco

Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //
Ya que tenemos humo blanco en las definiciones de las candidatas presidenciales de Morena y la Alianza Va por México y que, Movimiento Ciudadano ha reafirmado que irá solo en la búsqueda de la silla presidencial, es momento de prestar especial atención al escenario local, donde durante las próximas semanas, los partidos definirán a quienes encabezarán sus proyectos a la gubernatura y a las principales alcaldías del estado.
Para la elección por la gubernatura, MC cuenta con diversas opciones para aparecer en la boleta; los tres personajes que más han destacado son el del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus; el senador Clemente Castañeda y el secretario de Desarrollo Social, Alberto Esquer.
Cada uno de los perfiles tiene sus fortalezas, pues el alcalde de Guadalajara cuenta con una buena aceptación ciudadana y su manera de comunicar lo posiciona como el más rentable en prácticamente todas las encuestas. Por su parte, Clemente Castañeda, del aprecio del gobernador es probablemente el más conciliador dentro del partido y Alberto Esquer, podría sumar afinidades panistas a su causa.
Por Morena se han destapado algunos personajes: Antonio Pérez, es probablemente el más cercano a la “Coordinadora de defensa del voto de la cuarta transformación”. Claudia Delgadillo se auto destapó, probablemente es quien ha ocupado la mayor cantidad de puestos de elección popular; ha fluctuado en diversas corrientes políticas, empezando por el PRI, Morena y recientemente en el Partido Verde; comenzó dando su apoyo a Marcelo Ebrard para posteriormente sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum.
Favio Castellanos, quien ya dirigió el partido a nivel local, es un perfil joven y preparado, cuenta con una base social importante. Finalmente, Carlos Lomelí quien ya ha sido candidato sigue levantando fuerte la mano, ha mostrado cercanía al “obradorismo” desde su inicio.
Los partidos integrantes de la alianza, PAN, PRI y PRD pareciera que aún no tienen claro cómo o quiénes van a competir; el perfil que más mencionado en las encuestas para aparecer en la boleta de la gubernatura es el de Laura Haro, joven priista que cuenta con la experiencia de haber sido regidora, diputada federal y dirigente del Revolucionario Institucional en Jalisco.
Los casos de los partidos locales Hagamos y Futuro se cuecen aparte, pues si bien, no son las fuerzas políticas con mayor presencia, juntos presumen de haber alcanzado más de 250 mil votos en la elección de diputados locales, números nada despreciables en una contienda que podría cerrarse entre los punteros.
Estos dos partidos cuentan con perfiles que ya han competido anteriormente, el actual rector Ricardo Villanueva, quién compitió por la alcaldía de Guadalajara y Pedro Kumamoto quien hizo lo mismo por Zapopan; aunque estos dos actores no se han posicionado oficialmente, cuentan con capital político y sobre todo, con la base partidista para competir nuevamente. Hay espacio para la negociación.
Apenas se ha dado el banderazo de salida para que los mencionados anteriormente y algunos más busquen su lugar en las candidaturas, los que decidan competir -arropados por sus compañeros de partido- enfrentarán una elección complicada, polarizada y que seguramente será empañada por lo que suceda en la elección federal, donde apenas ha comenzado el proceso y ya ha abundado el golpeteo.
Ningún candidato o candidata tendrá un día de campo durante la elección, si bien, Movimiento Ciudadano cuenta con el control del ejecutivo estatal, la mayoría de los municipios más habitados y mayoría en el congreso local, también es cierto que Morena logró una cantidad importante de votos en la elección pasada, además habrá que ver cómo se mueven los votos respecto de la elección nacional.
El panorama muestra que la elección de Jalisco podría presentar tres o incluso cuatro competidores, en este escenario quien cuente con mayor estructura y voto duro tendrá mayores oportunidades de ganar; la elección de la o el candidato será vital para aquellos institutos políticos que aspiren a ocupar la silla de casa Jalisco.
En Jalisco tendremos una elección cerrada. Queda claro que nadie gana solo, que quien aspira a lograr la victoria necesitará construir alianzas, todos necesitan sumar, todos necesitan jugar con sus mejores cartas. Al tiempo.
JALISCO
Un impuesto que pesa más que la propiedad: El predial y la trampa de la modernización

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
“Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, dijo alguna vez el juez Oliver Wendell Holmes. Sin embargo, en Jalisco, ese precio parece haber dejado de reflejar los beneficios de la civilización para convertirse en una carga desproporcionada que amenaza la estabilidad de las familias.
El reciente aumento del impuesto predial en municipios como Guadalajara, Zapopan y Tonalá no solo ha encendido la indignación ciudadana, sino que también revela una problemática más profunda: una política fiscal que está desvinculada de la realidad económica de la población.
En Guadalajara, el incremento del predial ha alcanzado hasta un 45% en algunas colonias, tras eliminarse el tope que limitaba el aumento anual al 10%. Zapopan aplicó un alza del 5% de forma uniforme, mientras que en Tonalá los predios rústicos enfrentan incrementos de hasta el 36%. Estas cifras no son solo números en una tabla de Excel; representan decisiones que afectan directamente el bolsillo de miles de familias, muchas de las cuales ya están luchando por mantener su estabilidad financiera en un contexto de inflación y estancamiento salarial.
El argumento oficial suele girar en torno a la necesidad de actualizar los valores catastrales y mejorar la recaudación para financiar servicios públicos. Pero ¿qué pasa cuando el incremento de los ingresos municipales se da a costa de la calidad de vida de los contribuyentes? La modernización fiscal no puede convertirse en una trampa que justifique incrementos desproporcionados sin un análisis profundo de sus efectos socioeconómicos.
El aumento del impuesto predial en Jalisco ha generado un debate intenso sobre su impacto en la economía de las familias y la gestión pública. Para entender mejor este fenómeno, podemos recurrir a una analogía histórica: el impuesto al té que provocó el Motín del Té en Boston en 1773. Aquel gravamen, aunque modesto en términos económicos, fue percibido como un símbolo de abuso e imposición sin representación adecuada, lo que encendió la chispa de un movimiento más amplio por la justicia fiscal.
En Jalisco, el incremento del predial no es solo una cuestión de cifras. Representa una carga adicional para los propietarios, quienes ven cómo el costo de mantener su patrimonio crece sin una correspondencia clara en mejoras tangibles de los servicios públicos. La falta de una comunicación efectiva por parte de las autoridades sobre el destino de estos recursos alimenta el descontento y la desconfianza.
Este aumento del predial también refleja una desconexión preocupante entre las autoridades y la realidad cotidiana de la ciudadanía. No se trata de rechazar la necesidad de impuestos, sino de exigir que estos sean justos, proporcionales y coherentes con el contexto económico. El principio de progresividad fiscal, que establece que quienes tienen más deben contribuir más, parece haberse diluido en un enfoque recaudatorio que no distingue entre diferentes capacidades de pago.
Si observamos modelos internacionales, ciudades como Viena o Berlín han implementado políticas fiscales que buscan equilibrar la recaudación con la protección del derecho a la vivienda. En estos lugares, los incrementos de impuestos sobre la propiedad están vinculados a mejoras tangibles en los servicios públicos y a políticas de vivienda asequible. En contraste, en Jalisco, el aumento del predial parece desconectado de cualquier mejora visible, lo que alimenta la percepción de que se trata simplemente de un mecanismo para llenar las arcas municipales sin un verdadero compromiso con el bienestar ciudadano.
Por otro lado, el impacto del aumento del predial también tiene un componente psicológico y simbólico. La propiedad de una vivienda representa, para muchas familias, el fruto de años de esfuerzo y estabilidad. Cuando el Estado transforma ese logro en una carga cada vez más pesada, erosiona la confianza en las instituciones y en la promesa de progreso que se supone debería acompañar al desarrollo urbano.
No podemos ignorar, además, el problema de la opacidad en la gestión de los recursos recaudados. La falta de transparencia en el uso del dinero público alimenta la sospecha de que estos aumentos no están destinados a mejorar la calidad de vida de la población, sino a cubrir deficiencias administrativas o a financiar proyectos que no responden a las verdaderas necesidades de la sociedad.
En este contexto, es urgente replantear el debate sobre el impuesto predial en Jalisco. No se trata de eliminarlo ni de negar su importancia para la financiación de servicios públicos, sino de exigir una política fiscal más justa y equitativa, lo cual implica revisar los criterios para la actualización de valores catastrales, establecer topes razonables para los incrementos anuales y garantizar que cualquier aumento se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.
El descontento social que está generando este tema no es una simple reacción emocional ante el aumento de un impuesto. Es la expresión de un malestar más profundo relacionado con la percepción de injusticia fiscal y la falta de sensibilidad de las autoridades frente a las dificultades económicas de la población. Si las autoridades locales no escuchan este clamor, corren el riesgo de erosionar aún más la confianza en las instituciones y de alimentar un clima de descontento que puede tener consecuencias políticas a largo plazo.
En definitiva, el problema del predial en Jalisco es un síntoma de una enfermedad más amplia: la desconexión entre las políticas públicas y las realidades sociales. No se trata solo de cifras frías en un balance contable o de metas recaudatorias; es un reflejo de cómo las decisiones gubernamentales pueden alejarse de las necesidades cotidianas de la gente.
Para sanar esta herida, se necesita más que simples ajustes técnicos; se requiere una visión de justicia fiscal que ponga en el centro a las personas, no solo a los números. Esto implica un compromiso real con la equidad, la transparencia y la sensibilidad hacia los contextos económicos diversos de la población. De lo contrario, el precio que pagamos por vivir en sociedad podría terminar siendo demasiado alto, no solo en términos económicos, sino también en la confianza ciudadana y la cohesión social, pilares fundamentales para una convivencia democrática y justa.
JALISCO
El Frankenstein de la transparencia

Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
El nuevo modelo de transparencia presentado el pasado 31 de enero por Raquel Buenrostro, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, me parece inconstitucional, dado que violenta la soberanía de las entidades federativas y la autonomía municipal, ambas previstas desde 1917 en la Constitución Federal como cimiento toral de nuestra República, e incluso va en contra de la reciente reforma al artículo 116, que establece que serán los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los sujetos obligados los responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
En ese contexto, al tratarse los gobiernos estatales y municipales de sujetos obligados, de acuerdo a dicho precepto constitucional, deben de ser sus propias contralorías quienes deberán de encargarse de resolver los recursos e impugnaciones en materia de transparencia, por lo que la propuesta de que el Poder Ejecutivo local de cada entidad federativa sea quien resuelva las impugnaciones contra las respuestas de los ayuntamientos es abiertamente inconstitucional, pues generaría una especie de instancia intermedia entre gobiernos estatales y municipales, las cuales se encuentran expresamente prohibidas en el artículo 115.
Para ponerlo en otras palabras, la referida propuesta implicaría que las gobernadoras y gobernadores del país, a través de sus contralorías, podrían sancionar a las alcaldesas y alcaldes de los municipios de sus estados, en caso de que no atendieran sus requerimientos en materia de acceso a información pública, lo cual, además de violentar la ya referida autonomía municipal, podría tener implicaciones políticas bastante delicadas y convertirse en un mecanismo de control por parte de los poderes ejecutivos estatales a los gobiernos municipales.
Cabe señalar que en palabras textuales de la Secretaria Raquel Buenrostro “…hay (institutos de transparencia locales) homólogos al INAI, que son los que revisaban a los municipios, ahora en la propuesta de ley nosotros proponemos que sean las autoridades del Ejecutivo local las que ayuden a los municipios, esto es conociendo y sabiendo que los municipios no tienen la infraestructura suficiente ni los recursos, también sean apoyados y arropados, no solo por el Estado, sino también a nivel federal…”.
Sin embargo, en las diapositivas que utilizó en su presentación no dice “apoyar”, sino textualmente dice “Autoridad del Ejecutivo Local revisa a municipios” y existe una gigantesca diferencia entre “apoyar” y “revisar”, razón por la cual todas las autoridades municipales del país deberán de prender sus alertas y focos rojos ante esta propuesta, dado que en lugar de que la propuesta fuera para dotarles de mayores recursos económicos para hacer frente a sus nuevas obligaciones constitucionales, lo que están proponiendo realmente es someter a los municipios a los gobiernos estatales y a la propia federación.
El nuevo modelo también afecta la soberanía de las entidades federativas, pues la Secretaria Buenrostro refirió que la nueva Plataforma Nacional de Transparencia seguirá siendo obligatoria para todas las autoridades del país, además de que señaló que su Secretaría podrá atraer y/o conocer de todas las impugnaciones de transparencia relacionadas con recursos federales, que son la gran mayoría de los recursos que se ejercen en los estados y municipios, por lo que en la práctica, con esta propuesta se desaparece la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de los municipios de todo el país, ya que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá facultades para requerir y sancionar a gobernadoras y gobernadores, así como alcaldesas y alcaldes de todo el país, algo gravísimo en una República Federal.
Aunado a lo anterior, el nuevo modelo despedaza totalmente al actual Sistema Nacional de Transparencia, conformado por 33 institutos de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, y lo transforma en un Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública con 32 subsistemas estatales, que en lugar de las 36 instituciones actuales, estará integrado por casi 3,000 autoridades, que en teoría deberán coordinarse para homologar sus criterios en materia de transparencia, un verdadero modelo Frankenstein.
Finalmente, la Secretaria presentó como un gran logro del nuevo modelo el que se esté apostando a la judicialización de la transparencia y el derecho de acceso a la información, pues incluso señala que se crearán juzgados federales especiales en la materia, partiendo de la premisa falsa de que actualmente los juzgados en materia administrativa no resuelven cuestiones de fondo en los amparos contra resoluciones de los institutos de transparencia (por supuesto que lo hacen); cuando es un hecho que la judicialización será mucho más costosa, compleja y lenta que el modelo de tutela por medio de institutos de transparencia autónomos que recientemente destruyeron.
GALERÍA
A los que vimos: Aniversario 41 del fallecimiento de Don Jesús Michel
ANIVERSARIO 41 DEL FALLECIMIENTO DE DON JESÚS MICHEL
El 41 aniversario de la partida de Don Jesús Michel González fue conmemorado por la familia Michel Velasco con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde acudieron familiares y amigos.
EL AGRADECIMIENTO
Enrique Michel expresó el agradecimiento de la familia Michel Velasco a amigos y empleados de la empresa Mazapan de la Rosa que los acompañaron en este día tan sentido y habló del gran amor que distinguió a sus padres, a Don Jesús Michel y a Doña Elvira para formar y educar a esta familia con los principios y el amor cristiano.
LA CARIDAD CRISTIANA
El padre que ofició la misa, José Dolores Aguayo González, destacó el sentido cristiano en la obra de don Jesús Michel, proyectándose en la caridad cristiana en la persona de don Jesús Michel
LA BASÍLICA DE ZAPOPAN
La Basílica de Nuestra Señora de Zapopan con toda su solemnidad fue el recinto religioso en el que se recordó a Don Jesús Michel González en el que se dieron cita amigos y familiares.
GERMÁN Y ENRIQUE
Germán y Enrique, don grandes pilares de la familia Michel Velasco, que han continuado al lado de la familia la gran obra de Don Jesús y Doña Elvira.
UNA GRAN FAMILIA
La obra de Don Jesús y Doña Elvira, una familia grande, formada en los valores cristianos. Ya son cuatro generaciones.
MARÍA FERNANDA
María Fernanda Michel López, Enrique Michel y su hermana Cecilia.
UN HOMBRE CON VALORES
El Padre Lolo, José Dolores Aguayo González, se refirió a los grandes valores cristianos que vivió Don Jesús Michel González, tanto como padre de familia y como patrón, viviendo la caridad cristiana, siempre presto a darle la mano a quien lo requería.
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