OPINIÓN
La guerra que viene: La anunciada reforma electoral desaparecería los plurinominales

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Hay un principio inequívoco que se atribuye al pensador insigne Miguel de Unamuno (1864-1936), el cual sostiene: el progreso consiste en renovarse. Es decir, cambiar para mejorar, puesto que lo estático tiende a retrasarse y esto a ser anacrónico. En consecuencia, resulta conveniente en la vida la actitud de reforma, y si es posible, no andar con medias tasas, sino que el cambio sea radical.
En nuestra Patria, desde la consumación de la independencia (1821) hubo esfuerzos por avanzar sustancialmente, a pesar de fuertes oposiciones. Tal fue el caso del concepto de república que venció a la pauta tradicional de la monarquía, representada por el calculador Iturbide (1822-1823). Luego se dio el gran paso de abatir el centralismo, adoptando el sistema federal en 1824: en este impulso, el forjador del federalismo fue el jalisciense Prisciliano Sánchez.
La historia nacional nos ilustra que, a pesar de los zarpazos de los conservadores, la república federal salió avante: sometió a los centralistas encarnados por personajes como Santa Anna y Lucas Alamán. Igualmente doblegó a los reaccionarios en la Guerra de Tres Años (1858-1861) y enseguida a los traidores (los conservadores, aglutinantes de realistas, centralistas y reaccionarios) quienes, aliados a los franceses, infructuosamente trajeron a Maximiliano de Austria en 1864, como emperador, mismo que al cabo de escasos tres años, fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, en 1867.
Restaurada la República federal, conforme el proverbio de “renovarse o morir”, fue realidad la Reforma, que, sustancialmente separando a la iglesia del Estado, confirmó la independencia política del país. Todavía bajo el porfiriato (1877-1911) hubo la reaparición de los conservadores por medio de la facción llamada de “los científicos”, que eran los usufructuarios del patrimonio nacional, en detrimento de la mayoría de los mexicanos. La Revolución maderista de 1910-1911, no pudo acabar a tales depredadores, pero devolvió al pueblo su libertad democrática bajo la divisa de “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Y aunque hubo el nefasto episodio del huertismo (1913-1914), con la Constitución de 1917, se culminó la transformación iniciada por el apóstol Madero, pero ahora rebasando lo político para incluir lo social.
Desde ese año en que la Revolución mexicana nos dio la Carta Magna de Querétaro, que trazó el diputado por Guadalajara, Luis Manuel Rojas (por tal motivo presidente del Congreso Constituyente) se acreditó la reforma integral de la nación. A partir de entonces solo se han llevado a cabo innovaciones sectoriales: el petróleo en 1938, la Seguridad Social en 1943, la eléctrica en 1960 y la electoral en varios pasos, de 1990 (creación del IFE) hasta 2014 con el moderno INE.
Con uno y otro, se logró excluir al poder ejecutivo del organismo (1996) y se reconocieron las Agrupaciones Políticas, para vigorizar la democracia. Este organismo (INE) ya implementó las elecciones de 2015, sin pena ni gloria; las presidenciales de 2018, cuando triunfó apabullantemente la izquierda; luego la llamada “mas grande de la historia” por el número de cargos a elegir, en junio de 2021 y, actualmente, está organizando la revocación de mandato presidencial (10 de abril) y los comicios para junio 5 de 2022, a fin de renovar 6 gubernaturas.
Aunque todo parecería que en materia de elecciones se transita como miel sobre hojuelas, resulta que no es así. Veamos los problemas subsistentes hasta ahora: a) el INE es el organismo electoral más caro del mundo; b) los consejeros, guiados por su presidente (Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama) en vez de árbitros, son verdaderos actores, con tangibles inclinaciones hacia tal o cual partido, o mostrando antipatías a otros; c) el subsidio hacia los partidos con registro, son exagerados e inmerecidos; d) los mecanismos de nombramiento tanto de consejeros como de magistrados del Tribunal Federal Electoral, no son transparentes y obedecen a cuotas de partidos pactadas “en lo oscurito”; e) Consejeros y magistrados, se han negado a percibir salarios tal como ordena la Constitución en su artículo 127 (ganar menos que el presidente de la república), y a sujetarse a la ley de Austeridad Republicana (hacen gastos excesivos y se otorgan privilegios); f) Hay actividades duplicadas con los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales), lo cual complica y encarece los procesos comiciales; g) la ciudadanía está en contra de los diputados y senadores que llegan a esos cargos por “representación”; h) Hacer más expedito el voto de los ciudadanos que residen en el extranjero; i) Se debe reglamentar para evitar el “trapecismo” y las impropias mudanzas de legisladores, que sin rubor se prestan para cambiar de grupo parlamentario o simplemente reniegan del partido que los postuló, y se afilian a otros que incluso son antípodas del que los llevó al cargo, con lo que traicionan no solo al partido de origen, sino a los votantes que los respaldaron.
Por lo enumerado anteriormente, entre otros aspectos que se deben tratar, para afianzar nuestra democracia, procede una nueva reforma electoral que comprometa a partidos y líderes estar a la altura de la ciudadanía y la república. Sin embargo, como dice una estudiosa: “los partidos políticos cambian de nombre, pero se forman de igual modo, y en el fondo son los mismos a través de las diferentes etapas de la historia”. (Doralicia Carmona Dávila, autora de Memoria Política de México.) O sea, que los conservadores de ayer, siguen en la palestra con diferente nombre, pero son fácilmente identificables, así como son los transformadores.
Entre nosotros, realmente siempre se han disputado el poder dos ideologías (organizadas en partidos), y que, según la escritora antedicha, son: aquella “que cree que el engrandecimiento de la Patria sólo se logrará por la conservación de los antiguos moldes, …costumbres o sistemas”, y la que estima necesaria “la reforma de las ideas y de los sistemas existentes y la adopción de otros nuevos”. Una ideología es la del partido conservador, nombre típico y apropiado, porque sus ideas en política se resumen diciendo que es preciso conservar el estado de cosas existente puesto que con ese sistema ha marchado la Patria. La otra ideología se engloba en el partido renovador, “puesto que sus ideas en política se resumen diciendo que es preciso reformar”.
El pasado día 29 de marzo, dijo el Presidente López Obrador: pasando el 10 de abril “vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, …esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Enseguida agregó: “les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa”.
Ante el sobresalto del anuncio, se le preguntó sobre el mecanismo para integrar el INE y al Tribunal Electoral, exteriorizando: “Los tres poderes van a presentar a ciudadanos, verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad; cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados, y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas y el que saque más votos ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres”.
La anterior idea, AMLO la enfatizó al día siguiente: “la democracia es el poder del pueblo, …en una democracia el soberano, el que manda, es el pueblo”. Por ello, la ciudadanía es quien debe elegir a los consejeros y magistrados electorales: Ya se acabó la idea de que ‘los órganos electorales y las instituciones tenían que estar en manos de gente de élite, ya sea de la academia o de la política”.
Posteriormente bosquejó otros temas de la revelada enmienda, destacando el presupuesto: ¿Por qué va a costar tanto -el ramo electoral- si podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20 mil millones y por qué no 10 mil? Sí, cuesta mucho, el INE “es el organismo electoral más caro del mundo y, además, sin confianza”. Por ello la exigencia de transformarlo.
Finalmente, apuntó el renglón de los plurinominales: ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? En este tema, las grandes mayorías de mexicanos están de acuerdo en que se disminuyan los diputados, y que se eliminen los senadores, que llegan en ambos casos, por el favoritismo de las cúpulas partidistas y que nunca hacen labor para ganar votos. Y sin embargo suelen ser los más influyentes en las cámaras. Y se adiciona la iniciativa al incluir la posible supresión de los OPLES, con lo que lograrían enormes ahorros a los Estados, que de esa forma tendrían mayores recursos para resolver problemas en pro de la sociedad.
Las oposiciones han reaccionado iracundamente. Desde José Woldenberg, convertido en santón del ramo electoral, hasta los líderes de partidos adversarios, algunos empresarios, ciertas agrupaciones y comentócratas. En general acusan al presidente de querer regresar a tiempos idos (como si antes no hubiese derroches, desvíos y falta de democracia). Y con mas empeño, señalan que AMLO busca hacer una “república de un solo hombre”, pues controlaría, con esas modificaciones, a todos los poderes y los organismos autónomos. Por ello, terminantes afirman que la susodicha iniciativa de reforma no pasará. Y se autoproclaman como escudos y salvaguardas del INE, el organismo que hace años, ellos se adjudicaron como botín.
Pronto conoceremos el texto de la anunciada nueva reforma electoral, y sea como fuere, no cabe duda de que los problemas característicos de nuestro sistema político, deben ser encarados y resueltos a fondo, teniendo como base la pluralidad ideológica y el respeto, para consolidar nuestra democracia, y, antes que nada, la fortaleza nacional.
JALISCO
Consejos para la jubilación

Opinión, por Arturo Pérez Díaz //
Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.
Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.
Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.
Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.
Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.
Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.
La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).
Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.
Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.
Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.
Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.
Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.
Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.
El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.
La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.
Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.
También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.
Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.
A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.
El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.
Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.
E-mail: amper61@hotmail.com
Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
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Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
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