OPINIÓN
La historia que debemos enseñar
Educación, por Isabel Venegas //
En su libro de “México Insurgente”, John Reed dice:
«La gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y la escuela, resolvería todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir: -Cuando pasé esta mañana por tal y tal calle, vi a un grupo de niños. Pongamos allí una escuela».
En la hermosa terraza de un café en la colonia Providencia, me decía: ¿Te das cuenta de la complejidad que tiene revisar el plan de estudios de la asignatura de historia? Puede que sea complicado con matemáticas o español, pero para la historia es mucho mayor el reto de saber qué y cómo se debe enseñar en las escuelas.
La cientificidad con la que se almacenan los datos, las evidencias y el modo en el que se estructura la información para poder tener un acercamiento a los hechos con todas las implicaciones, no deja de tener una apreciación subjetiva, una interpretación con respecto de las circunstancias en las que se desarrolla, pero sobre todo, del cómo sigue impactando la vida de los que ahora debemos continuar aprendiendo lecciones y aprovechando los sucesos que vivieron quienes nos precedieron.
Grandes historiadores de nuestro estado y nuestro país, dedicaron sus vidas para recuperar los relatos con los que hemos construido la identidad nacional, la imagen con la que nos concebimos a nosotros mismos y con la que nos proyectamos ante el mundo, pero en muchas ocasiones esa postura es tan ambivalente como perniciosa; pongamos un ejemplo, la historia de Doroteo Arango es considerada una mezcla de misticismo y pasión revolucionaria que atiende tanto al imaginario positivo como al negativo. Hay para quienes él es el ícono del heroísmo mexicano, un verdadero estratega militar que colaboró en el triunfo de Carranza para expulsar las fuerzas federales de Chihuahua, que llegó a ser Gobernador de ese estado, exilió a los extranjeros, e impulsó un modelo socialista basado en la repartición de las tierras y la venta de productos de necesidad básica a mitad de precio.
Por otro lado, la imagen de Pancho Villa es para muchos la del vándalo fugitivo que, sin ninguna formación y con un desorden total, aprovecha las exacerbadas ganas de un pueblo por levantarse en armas debido a la serie de injusticias que seguían viviendo.
Un delincuente con las posibilidades y el patrocinio de quienes, a río revuelto querían llevar la ganancia del pescador, más aún cuando al paso del tiempo se vio como un gran fracaso la buena intención de repartir las tierras bajo el mecanismo que dejaba de nuevo a los campesinos tan pobres como al principio y empoderaba a ejidatarios como los nuevos terratenientes. La era de la revolución es un escenario lleno de contrastes, en los que nada es blanco o negro, por no decir que así es la historia toda, y que lo único que puede dar el juicio correcto es la contemplación de los componentes de manera completa.
Entender que las circunstancias de Pancho Villa realmente lo sitúan en la definición de un bandolero, ignorante y pobre, con grandes habilidades, pero por encima de eso, con la capacidad para visibilizar la injusticia y las necesidades que el sector obrero tenía, las carencias en la comunidad agraria y la posibilidad de transformar esas realidades a través del aprecio a la educación, la escuela. En su libro de “México Insurgente”, John Reed dice:
«La gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y la escuela, resolvería todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir: -Cuando pasé esta mañana por tal y tal calle, vi a un grupo de niños. Pongamos allí una escuela».
Para nuestras generaciones es fácil asumir este tipo de posturas y pensar que “obviamente” se debe luchar por una escuela pública, gratuita y laica, pero para poder entender ese contexto se debe imaginar lo que significó para los grandes hacendados renunciar a una serie de derechos adquiridos; ¿Puedes pensar en las jornadas de 16 horas de trabajo, que no había descanso dominical o que la tienda de raya implicaba una modalidad de esclavitud? La apuesta del Centauro del Norte era buena, transformar desde fondo, dotar a todos los niños de las mismas posibilidades, para que a partir de contar con las herramientas básicas, supieran exigir sus derechos y pudieran colaborar en la lucha por la justicia social.
Lograr entonces una evolución social de ese tamaño, requería contar con grandes estrategas e intelectuales de visión a largo alcance, que le dieran forma a esa nueva conciencia social y que más allá de solo pensar en erigir un edificio escolar o diseñar modelos pedagógicos, planes de estudio, en la organización y jerarquización de esos contenidos, se fuera construyendo una base en la que el sentir del pueblo se viera fortalecido en una sentimiento positivo con identidad nacional, con visión de institucionalidad, y cuya socialización fuera de la misma comunidad a través de la colaboración y la apropiación de esa empresa.
Ahora tenemos que hacernos nuevas preguntas, como ¿En qué momento los niños aprenden el propio proceso que los ha llevado a tener esa construcción lograda a base de una lucha de tantos años? ¿Cómo ellos conciben la escuela como la gran oportunidad en la que confiaron nuestros antepasados, y por la cual muchos de ellos derramaron su sangre o entregaron toda su vida? Gracias a un continuo de esfuerzos, ahora casi la totalidad de mexicanos tiene la oportunidad de transformar su vida y su entorno de manera positiva; habría que revisar si realmente se aprecia de tal manera, o si se mantiene la idea de que a los niños no les está sirviendo la formación académica, pero por lo menos están “bien cuidados”.
Los doctores en historia, José María Muría y Angélica Peregrina dirigieron la obra documental de “La Historia de Jalisco”, y en su volumen V, se encuentra la narración del episodio revolucionario y su vinculación con la educación. En ese tomo se narra cómo desde la época del porfiriato había una disposición para que se erigieran escuelas cuyo sostenimiento estuviera dado por las empresas industriales y agrícolas para sus propios empleados y sus hijos, pero es hasta la llegada al gobierno de Jalisco de Manuel M. Diéguez, que se comenzó una operación real con la supervisión del gobierno para dar validez a esos centros de estudio.
Entre 1915 y 1920 se intensifican los esfuerzos por dar un impulso real a la educación, desde las políticas educativas de Diéguez hasta los enfoques de gestión de Ramos Praslow, así como la cosmovisión que se fue conformando de lo que debía ser la educación pública y laica (considerando que uno de los lineamientos dictaba que tendría que ser a-religiosa incluso para los colegios privados); al tiempo que se seguía librando un conflicto cristero que obligaba a ver los avances con mediciones confusas, con mucho ánimo y poco avance.
El trabajo de los historiadores dice que para 1920, Jalisco seguía teniendo a más de medio millón de analfabetas. En 1919 Manuel M. Diéguez había dicho en su informe de gobierno que en el estado se tenían 893 planteles educativos, pero un año después ya sólo se contaba con 784 escuelas que atendían a 70,895 estudiantes de ambos sexos, hecho que también hay que considerar dentro de un proceso de transformación porque es desde la Ley Orgánica de la Educación Pública que promueve Praslow, donde la unisexualidad de los planes de estudio se mantiene. En ese contexto a casi 100 años de distancia de mil setecientos ocho profesores, mil quinientos setenta y siete no tenían título, es decir el 92% representa a una plantilla académica que llevaba el espíritu de donación, de entrega e incluso -en la mayoría de los casos- de vida misionera, con lo cual (tal vez en el subconsciente colectivo) se seguía validando un cierto tipo de vinculación religiosa.
CIEN AÑOS, CUATRO GENERACIONES
Cien años puede parecer mucho, pero son nada más que cuatro generaciones. Son nuestros bisabuelos luchando por entender el mundo diferente, por aceptar y mejorar sus circunstancias, son héroes que se entregaron con todo el corazón pensando en que el mundo debería ser de mejor manera para sus hijos, nietos y bisnietos, son nuestros maestros luchando por un reconocimiento a su labor desde una mirada profesional. Somos ahora nosotros los que debemos aprender a ver la historia con mucha mayor generosidad y gratitud. Así como tenemos que reconciliar con nosotros mismos nuestros errores para poder aprovechar la lección, con ejercicios de evaluación muy honesta para identificar las áreas de oportunidad y mejora, pero sobre todo a apreciar los grandes beneficios que trajo consigo tanto esfuerzo y tanta lucha.
En unos días cumple años ese gran historiador jalisciense, que ha trabajado en el análisis de los acontecimientos de la Nueva Galicia, la evolución territorial del estado de Jalisco, el origen de la charrería y el desarrollo del tequila. Escritor, museógrafo, catedrático, articulista, académico, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Recientemente presentó su obra “De no ser por México”, a propósito de seguir analizando las circunstancias actuales y los trabajos que en el caso de la diplomacia se hicieron hace más de 7 décadas, ejercicio que nos permitiría abrir el debate ante los problemas de migración que vive nuestro país y las posibilidades reales en función de experiencias ya probadas, pero poco conocidas. ¡Muchas felicidades, querido doctor José María Muriá!
Y aprovechando que ya hemos sacado los manteles largos, también me permito felicitar a un gran periodista, quien después de librar obstáculos en todos los sentidos, hoy tiene la enorme satisfacción de contar el número 500 de la edición de esta revista “Conciencia Pública” en la que tengo el enorme honor de colaborar, Gabriel Ibarra Bourjac, ¡Mis felicitaciones de todo corazón! Espero que los éxitos sigan, porque no son solo logros personales, o del equipo que comparte este gozo, sino acciones positivas para toda la comunidad que lee, que cuestiona, que replica y que participa en este diálogo escrito.
¡Gracias, totales!
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
Agosto de 2019
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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