OPINIÓN
La propuesta alfarista de rescate al Ipejal: Desinformada reforma a la Ley de Pensiones
Crónica de Pachecos, por Daniel Emilio Pacheco //
A media semana, empezó a circular un video donde un grupo que se supone debemos creer son trabajadores o jubilados del IPEJAL, hacen un llamado a otros empleados públicos que cotizan o son jubilados del Instituto, para formar una Asociación Civil con el fin de participar en una discusión sobre los cambios a la Ley de IPEJAL.
Lea lo que textualmente dice el hombre que habla en el video:
“El motivo de este vídeo es darles a conocer, el tremendo y grave problema por el que está pasando nuestro Instituto de Pensiones del Estado, hace unos (sic) semanas no se dieron cuenta ustedes que nuestro gobernador mandó una iniciativa de reforma a dos artículos de nuestra Ley de Pensiones, son solamente dos artículos, pero son los artículos medulares que es el artículo 70 y artículo 153. El artículo 70 hablan de cómo se calcula la pensión que nos dan a cada uno de nosotros entre otras cosas, reza a varias cosas y el 153 es el que da precisamente al Consejo Directivo todas las atribuciones que tiene, imagínense lo grave de esto, al modificar esas (sic) esos artículos, puede ser que el gobernador le de las atribuciones a que Pensiones del Estado sin consultar a ninguna otra instancia, puede decir, que simplemente nos baja el sueldo, así de sencillo, así de sencillo como se oye, así de grave.
Ciertamente, eee, basados en algunas leyes pueden ellos atribuirse la manera de cómo quitarnos hasta lo que se llama bono anual, que nosotros coloquialmente le llamamos, eeh, aguinaldo, todo eso está en riesgo entre otras graves cosas y estoy hablando solamente, de lo económico compañeras, de lo económico, tenemos que ver las (sic) grave crisis por la que está pasando Pensiones ahorita con respecto a las atenciones médicas, a medicamentos, a todo lo relacionado con medicamentos y todo lo relacionado con la salud vamos
Eem, nosotros, es muy importante, demasiado importante, que para tener voz y voto, en este, en este movimiento, formemos una Asociación Civil, que ya ciertamente nosotros estamos formando parte de un colectivo, pero necesitamos formar otra Asociación Civil para tener voz y voto
El colectivo, está dirigido por un grupo de maestros y formamos ese colectivo maestros, abogados de la Fiscalía, Policía Municipal, Vialidad, Movilidad, Bomberos, todas las dependencias que en su momento hayan cotizado pensiones o que pertenezcan al este, al Gobierno del Estado y que hayan cotizado a pensiones, eemm, unas partes muy importantes compañera, compañeros, es muy necesario que para tener voz y voto, necesitamos formar una asociación civil”, hasta ahí el mensaje del presentador que luego cede la palabra a alguien más.
La cantidad de desinformación que maneja el hombre, que habla en este video, es suficiente para confundir a todo aquel que no tenga idea de la situación de IPEJAL y lo que es la INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, presentada por el gobernador Enrique Alfaro.
Aquí está exacta y textualmente de qué se trata la iniciativa del Gobernador de Jalisco:
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien someter para la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 70 fracción II y 153 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
Artículo 70. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión se estará a lo siguiente:
I. […]
II. La pensión máxima total que se pague a una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan cotizado, no podrá ser superior a veinticinco veces el salario mínimo general mensual vigente en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XVII. […]
XVIII. Ordenar se efectúen los requerimientos y reclamaciones a las entidades públicas patronales, cuando se detecten omisiones, errores, defectos o cualquier irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley;
XIX. Modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, para adecuarlas a los términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento; y
XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así como las que resulten inherentes a sus atribuciones.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo Cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, mediante el cual se expidió la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
CUARTO. […]
Todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente, bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento.
[…]
TRANSITORIOS:
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Segundo. El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para presentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para adecuarlas al presente Decreto.
Tercero. Serán materia modificación y reducción por causa de utilidad pública, todas las pensiones que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen.
Cuarto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción II de la presente Ley, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. Una vez realizada la modificación, deberá reestructurarse todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento.
Quinto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido en el artículo 70 fracción II de la presente legislación.
Sexto. El aumento anual establecido en el artículo 66 de la presente Ley, no se aplicará a las pensiones mayores de $50,000.00 (cincuenta mil pesos mensuales) durante los próximos tres años.
Séptimo. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde a su otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a ellas inherentes.
En ningún lugar se habla de mesas de trabajo, de participación de Asociaciones Civiles, Sindicatos o Federaciones, ni ninguna otra organización, no se dejen engañar.
Es Héctor Pizano, director del IPEJAL, quien ha dicho: «El Ipejal jamás ha hablado de que estamos en un punto de quiebra o alcanzaremos el punto de quiebra en 2029; hemos señalado que, si no actuamos con responsabilidad y hacemos unas reformas en tiempo y forma, en 2029 podríamos estar en un esquema de inviabilidad financiera, según el estudio actuarial que nos entregaron en marzo de este año».
«Estamos trabajando con el Congreso del Estado y hemos pedido una mesa para hacer las reformas adecuadas, y en ella deberán de participar los representantes de los trabajadores, de los jubilados, académicos, los diputados y obviamente el Instituto de Pensiones, para buscar una visión integral que dé pie a una serie de unas reformas como la pensión anticipada, el tope de pensiones, una serie de reformas integrales para que le den viabilidad al instituto por muchos años más». Entonces, la solicitud de mesa de trabajo y participación de involucrados en el tema IPEJAL, es una negociación de Héctor Pizano como cabeza del Instituto, que busca la integración de todas las voces acreditadas legalmente para participar con sus opiniones en la reforma a la Ley de Pensiones.
Lo mejor que puede hacer en este momento un pensionado o trabajador que cotiza en IPEJAL, es buscar la mayor información de la reforma que busca el Gobernador de Jalisco, en las organizaciones sindicales legalmente reconocidas o Asociaciones de Jubilados legalmente reconocidas por IPEJAL.
Tanto Federaciones Sindicales, Sindicatos y Asociaciones u Organizaciones de Jubilados ya es tiempo de que se pongan a trabajar e informen a sus representados con datos, números y argumentos legalmente fundamentados, pues a sus representados cualquier hijo de vecino les quiere ver la cara.
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CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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