OPINIÓN
La propuesta alfarista de rescate al Ipejal: Desinformada reforma a la Ley de Pensiones
Crónica de Pachecos, por Daniel Emilio Pacheco //
A media semana, empezó a circular un video donde un grupo que se supone debemos creer son trabajadores o jubilados del IPEJAL, hacen un llamado a otros empleados públicos que cotizan o son jubilados del Instituto, para formar una Asociación Civil con el fin de participar en una discusión sobre los cambios a la Ley de IPEJAL.
Lea lo que textualmente dice el hombre que habla en el video:
“El motivo de este vídeo es darles a conocer, el tremendo y grave problema por el que está pasando nuestro Instituto de Pensiones del Estado, hace unos (sic) semanas no se dieron cuenta ustedes que nuestro gobernador mandó una iniciativa de reforma a dos artículos de nuestra Ley de Pensiones, son solamente dos artículos, pero son los artículos medulares que es el artículo 70 y artículo 153. El artículo 70 hablan de cómo se calcula la pensión que nos dan a cada uno de nosotros entre otras cosas, reza a varias cosas y el 153 es el que da precisamente al Consejo Directivo todas las atribuciones que tiene, imagínense lo grave de esto, al modificar esas (sic) esos artículos, puede ser que el gobernador le de las atribuciones a que Pensiones del Estado sin consultar a ninguna otra instancia, puede decir, que simplemente nos baja el sueldo, así de sencillo, así de sencillo como se oye, así de grave.
Ciertamente, eee, basados en algunas leyes pueden ellos atribuirse la manera de cómo quitarnos hasta lo que se llama bono anual, que nosotros coloquialmente le llamamos, eeh, aguinaldo, todo eso está en riesgo entre otras graves cosas y estoy hablando solamente, de lo económico compañeras, de lo económico, tenemos que ver las (sic) grave crisis por la que está pasando Pensiones ahorita con respecto a las atenciones médicas, a medicamentos, a todo lo relacionado con medicamentos y todo lo relacionado con la salud vamos
Eem, nosotros, es muy importante, demasiado importante, que para tener voz y voto, en este, en este movimiento, formemos una Asociación Civil, que ya ciertamente nosotros estamos formando parte de un colectivo, pero necesitamos formar otra Asociación Civil para tener voz y voto
El colectivo, está dirigido por un grupo de maestros y formamos ese colectivo maestros, abogados de la Fiscalía, Policía Municipal, Vialidad, Movilidad, Bomberos, todas las dependencias que en su momento hayan cotizado pensiones o que pertenezcan al este, al Gobierno del Estado y que hayan cotizado a pensiones, eemm, unas partes muy importantes compañera, compañeros, es muy necesario que para tener voz y voto, necesitamos formar una asociación civil”, hasta ahí el mensaje del presentador que luego cede la palabra a alguien más.
La cantidad de desinformación que maneja el hombre, que habla en este video, es suficiente para confundir a todo aquel que no tenga idea de la situación de IPEJAL y lo que es la INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, presentada por el gobernador Enrique Alfaro.
Aquí está exacta y textualmente de qué se trata la iniciativa del Gobernador de Jalisco:
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien someter para la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 70 fracción II y 153 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
Artículo 70. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión se estará a lo siguiente:
I. […]
II. La pensión máxima total que se pague a una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan cotizado, no podrá ser superior a veinticinco veces el salario mínimo general mensual vigente en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XVII. […]
XVIII. Ordenar se efectúen los requerimientos y reclamaciones a las entidades públicas patronales, cuando se detecten omisiones, errores, defectos o cualquier irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley;
XIX. Modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, para adecuarlas a los términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento; y
XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así como las que resulten inherentes a sus atribuciones.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo Cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, mediante el cual se expidió la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
CUARTO. […]
Todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente, bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento.
[…]
TRANSITORIOS:
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Segundo. El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para presentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para adecuarlas al presente Decreto.
Tercero. Serán materia modificación y reducción por causa de utilidad pública, todas las pensiones que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen.
Cuarto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción II de la presente Ley, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. Una vez realizada la modificación, deberá reestructurarse todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento.
Quinto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido en el artículo 70 fracción II de la presente legislación.
Sexto. El aumento anual establecido en el artículo 66 de la presente Ley, no se aplicará a las pensiones mayores de $50,000.00 (cincuenta mil pesos mensuales) durante los próximos tres años.
Séptimo. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde a su otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a ellas inherentes.
En ningún lugar se habla de mesas de trabajo, de participación de Asociaciones Civiles, Sindicatos o Federaciones, ni ninguna otra organización, no se dejen engañar.
Es Héctor Pizano, director del IPEJAL, quien ha dicho: «El Ipejal jamás ha hablado de que estamos en un punto de quiebra o alcanzaremos el punto de quiebra en 2029; hemos señalado que, si no actuamos con responsabilidad y hacemos unas reformas en tiempo y forma, en 2029 podríamos estar en un esquema de inviabilidad financiera, según el estudio actuarial que nos entregaron en marzo de este año».
«Estamos trabajando con el Congreso del Estado y hemos pedido una mesa para hacer las reformas adecuadas, y en ella deberán de participar los representantes de los trabajadores, de los jubilados, académicos, los diputados y obviamente el Instituto de Pensiones, para buscar una visión integral que dé pie a una serie de unas reformas como la pensión anticipada, el tope de pensiones, una serie de reformas integrales para que le den viabilidad al instituto por muchos años más». Entonces, la solicitud de mesa de trabajo y participación de involucrados en el tema IPEJAL, es una negociación de Héctor Pizano como cabeza del Instituto, que busca la integración de todas las voces acreditadas legalmente para participar con sus opiniones en la reforma a la Ley de Pensiones.
Lo mejor que puede hacer en este momento un pensionado o trabajador que cotiza en IPEJAL, es buscar la mayor información de la reforma que busca el Gobernador de Jalisco, en las organizaciones sindicales legalmente reconocidas o Asociaciones de Jubilados legalmente reconocidas por IPEJAL.
Tanto Federaciones Sindicales, Sindicatos y Asociaciones u Organizaciones de Jubilados ya es tiempo de que se pongan a trabajar e informen a sus representados con datos, números y argumentos legalmente fundamentados, pues a sus representados cualquier hijo de vecino les quiere ver la cara.
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
