OPINIÓN
La propuesta alfarista de rescate al Ipejal: Desinformada reforma a la Ley de Pensiones
Crónica de Pachecos, por Daniel Emilio Pacheco //
A media semana, empezó a circular un video donde un grupo que se supone debemos creer son trabajadores o jubilados del IPEJAL, hacen un llamado a otros empleados públicos que cotizan o son jubilados del Instituto, para formar una Asociación Civil con el fin de participar en una discusión sobre los cambios a la Ley de IPEJAL.
Lea lo que textualmente dice el hombre que habla en el video:
“El motivo de este vídeo es darles a conocer, el tremendo y grave problema por el que está pasando nuestro Instituto de Pensiones del Estado, hace unos (sic) semanas no se dieron cuenta ustedes que nuestro gobernador mandó una iniciativa de reforma a dos artículos de nuestra Ley de Pensiones, son solamente dos artículos, pero son los artículos medulares que es el artículo 70 y artículo 153. El artículo 70 hablan de cómo se calcula la pensión que nos dan a cada uno de nosotros entre otras cosas, reza a varias cosas y el 153 es el que da precisamente al Consejo Directivo todas las atribuciones que tiene, imagínense lo grave de esto, al modificar esas (sic) esos artículos, puede ser que el gobernador le de las atribuciones a que Pensiones del Estado sin consultar a ninguna otra instancia, puede decir, que simplemente nos baja el sueldo, así de sencillo, así de sencillo como se oye, así de grave.
Ciertamente, eee, basados en algunas leyes pueden ellos atribuirse la manera de cómo quitarnos hasta lo que se llama bono anual, que nosotros coloquialmente le llamamos, eeh, aguinaldo, todo eso está en riesgo entre otras graves cosas y estoy hablando solamente, de lo económico compañeras, de lo económico, tenemos que ver las (sic) grave crisis por la que está pasando Pensiones ahorita con respecto a las atenciones médicas, a medicamentos, a todo lo relacionado con medicamentos y todo lo relacionado con la salud vamos
Eem, nosotros, es muy importante, demasiado importante, que para tener voz y voto, en este, en este movimiento, formemos una Asociación Civil, que ya ciertamente nosotros estamos formando parte de un colectivo, pero necesitamos formar otra Asociación Civil para tener voz y voto
El colectivo, está dirigido por un grupo de maestros y formamos ese colectivo maestros, abogados de la Fiscalía, Policía Municipal, Vialidad, Movilidad, Bomberos, todas las dependencias que en su momento hayan cotizado pensiones o que pertenezcan al este, al Gobierno del Estado y que hayan cotizado a pensiones, eemm, unas partes muy importantes compañera, compañeros, es muy necesario que para tener voz y voto, necesitamos formar una asociación civil”, hasta ahí el mensaje del presentador que luego cede la palabra a alguien más.
La cantidad de desinformación que maneja el hombre, que habla en este video, es suficiente para confundir a todo aquel que no tenga idea de la situación de IPEJAL y lo que es la INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, presentada por el gobernador Enrique Alfaro.
Aquí está exacta y textualmente de qué se trata la iniciativa del Gobernador de Jalisco:
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien someter para la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 70 fracción II y 153 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
Artículo 70. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión se estará a lo siguiente:
I. […]
II. La pensión máxima total que se pague a una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan cotizado, no podrá ser superior a veinticinco veces el salario mínimo general mensual vigente en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XVII. […]
XVIII. Ordenar se efectúen los requerimientos y reclamaciones a las entidades públicas patronales, cuando se detecten omisiones, errores, defectos o cualquier irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley;
XIX. Modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, para adecuarlas a los términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento; y
XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así como las que resulten inherentes a sus atribuciones.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo Cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, mediante el cual se expidió la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
CUARTO. […]
Todas las pensiones y prestaciones que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente, bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento.
[…]
TRANSITORIOS:
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Segundo. El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para presentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para adecuarlas al presente Decreto.
Tercero. Serán materia modificación y reducción por causa de utilidad pública, todas las pensiones que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen.
Cuarto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción II de la presente Ley, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. Una vez realizada la modificación, deberá reestructurarse todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento.
Quinto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido en el artículo 70 fracción II de la presente legislación.
Sexto. El aumento anual establecido en el artículo 66 de la presente Ley, no se aplicará a las pensiones mayores de $50,000.00 (cincuenta mil pesos mensuales) durante los próximos tres años.
Séptimo. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde a su otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a ellas inherentes.
En ningún lugar se habla de mesas de trabajo, de participación de Asociaciones Civiles, Sindicatos o Federaciones, ni ninguna otra organización, no se dejen engañar.
Es Héctor Pizano, director del IPEJAL, quien ha dicho: «El Ipejal jamás ha hablado de que estamos en un punto de quiebra o alcanzaremos el punto de quiebra en 2029; hemos señalado que, si no actuamos con responsabilidad y hacemos unas reformas en tiempo y forma, en 2029 podríamos estar en un esquema de inviabilidad financiera, según el estudio actuarial que nos entregaron en marzo de este año».
«Estamos trabajando con el Congreso del Estado y hemos pedido una mesa para hacer las reformas adecuadas, y en ella deberán de participar los representantes de los trabajadores, de los jubilados, académicos, los diputados y obviamente el Instituto de Pensiones, para buscar una visión integral que dé pie a una serie de unas reformas como la pensión anticipada, el tope de pensiones, una serie de reformas integrales para que le den viabilidad al instituto por muchos años más». Entonces, la solicitud de mesa de trabajo y participación de involucrados en el tema IPEJAL, es una negociación de Héctor Pizano como cabeza del Instituto, que busca la integración de todas las voces acreditadas legalmente para participar con sus opiniones en la reforma a la Ley de Pensiones.
Lo mejor que puede hacer en este momento un pensionado o trabajador que cotiza en IPEJAL, es buscar la mayor información de la reforma que busca el Gobernador de Jalisco, en las organizaciones sindicales legalmente reconocidas o Asociaciones de Jubilados legalmente reconocidas por IPEJAL.
Tanto Federaciones Sindicales, Sindicatos y Asociaciones u Organizaciones de Jubilados ya es tiempo de que se pongan a trabajar e informen a sus representados con datos, números y argumentos legalmente fundamentados, pues a sus representados cualquier hijo de vecino les quiere ver la cara.
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-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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