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OPINIÓN

La supremacía anglosajona se ve sacudida: Poco efectiva diatriba de Estados Unidos ante realidad económica

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Economía Global, por Alberto Gómez-R. //

Luego de la pandemia del Covid-19 -un evento nunca antes vivido por la humanidad- y un conflicto bélico en Eurasia que implica la permanencia, aunque efímera, del supremacismo anglosajón (EE.UU. y el Reino Unido) o bien, la consolidación de la multipolaridad del poder mundial encabezada por Rusia y China con sus aliados, lo que al parecer acontecerá; como Roma, el imperio anglosajón está derrumbándose debido a su propia decadencia.

La dupla anglosajona, a través de su brazo armado en Europa, la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), intenta hacer valer su poderío ya en picada, obligando a sus 30 países miembros y a quienes pretenden adherirse a esa organización, a aceptar las condiciones que más favorezcan a EE.UU. y al Reino Unido en términos políticos, militares y económicos.

Sin embargo, aunque la más reciente reunión del Consejo General de la OTAN, celebrado en Madrid los días 29 y 30 de mayo, fue anunciada con bombo y platillo, cuya intención fue hacer ver al mundo el liderazgo estadounidense en Occidente y la fortaleza de la unión de los miembros de tal organismo, en realidad fue toda una farsa.

Los intentos de la administración Biden por revivir las glorias pasadas de la OTAN que dejó imborrables cicatrices en millones de personas por las guerras en las que intervino dicha organización (Kosovo, Serbia y Montenegro, Libia, Afganistán, Irak, Turquía…), generaron a sus promotores enormes ganancias económicas, además de importantes posicionamientos geoestratégicos; pero la visión que tiene de este organismo el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una organización “obsoleta”, es la que ahora se evidencia.

A pesar de la gran bocanada de aire que la guerra ruso-ucraniana ha significado para la desahuciada OTAN, el efecto durará poco, ya que ninguno de los países miembros de la Organización, está en condiciones de seguir aportando al organismo al menos el 2% de su PIB (Producto Interno Bruto) -como lo especifican los compromisos de quienes la conforman- dada la frágil situación económica por la que atraviesa Occidente, en especial EE.UU. y Europa.

La guerra en Ucrania empeoró las perspectivas económicas mundiales. La inflación está marcando récords en la UE y el resto de países del mundo, sobre todo en cuanto a alimentos y precios de la energía. El panorama económico empeora al añadirse las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia y el incremento en los tipos de interés tanto en EE. UU., como del Banco Central Europeo, entre otros problemas económicos que provocan incertidumbre entre los inversores ante el temor de una recesión.

La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, admitió un escenario sombrío en los próximos meses y no descarta una recesión, algo que tampoco hace la OCDE. Sin embargo, las instituciones y ministros de finanzas europeos se muestran confiados en que se pueda evitar, siempre y cuando Rusia no corte por completo el suministro de gas a los ciudadanos europeos. (france24.com)

El Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés por primera vez en 11 años. Se une a varios otros bancos centrales para priorizar las preocupaciones sobre la inflación desbocada, impulsada, entre otros factores, por la invasión rusa de Ucrania, sobre los temores de sofocar el crecimiento.

El BCE elevó su tasa de depósito de referencia en 50 puntos básicos al 0 por ciento el jueves, a pesar de que durante semanas los mercados indicaron que esperaban un aumento de 25 puntos básicos. El banco, que engloba a los 19 países que usan el euro, también aumentó su principal tasa de refinanciamiento al 0,50 por ciento y prometió posibles aumentos de tasas adicionales tan pronto como en su próxima reunión el 8 de septiembre.

El aumento se produce cuando las predicciones de recesión en la eurozona han aumentado para finales de este año y el próximo, ya que las facturas de electricidad, combustible y gas han debilitado el poder adquisitivo de las empresas y las personas. Las economías de los países de la eurozona han estado particularmente expuestas a la guerra en Ucrania dada su amplia dependencia del petróleo y el gas natural rusos.

Las preocupaciones han ayudado a empujar al euro a un mínimo de 20 años frente al dólar estadounidense. Tras el movimiento del jueves, el euro ganó más de un 0,6 por ciento frente al dólar, superando los 1,02 dólares. (aljazeera.com)

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha declarado el sábado (23 de julio) que los tipos de interés subirán tanto como sea necesario para que la inflación vuelva al 2%.

«Estamos enviando un mensaje claro a las empresas, los empleados y los inversionistas: la inflación volverá a nuestro valor objetivo del 2 % en el medio plazo», ha hecho saber en un artículo de opinión para el conglomerado alemán Funke Mediengruppe.

Las medidas adoptadas hasta ahora, según Lagarde, «ya están teniendo un impacto en los tipos de interés en toda la zona del euro».

Lo cierto es que la población europea se siente acorralada, ya que los precios de los bienes no cesan de subir, el poder adquisitivo encogiéndose, y las deudas, soberanas e individuales, aumentando.

Al filo de una recesión económica en ciernes, los líderes adversarios de ambas partes (Occidente y Eurasia), Joe Biden y Vladimir Putin, están afanados en la búsqueda de apoyo para consolidar alianzas y con ello su peso en el juego del poder global.

En la primera gira del presidente Joe Biden a Medio Oriente, ha buscado reavivar alianzas estratégicas con países de la región, así como sumar fuerzas contra Rusia y China –aunque no lo manifieste abiertamente- e intentando incrementar los volúmenes de petróleo disponibles en el mercado internacional, y para ello, el ocupante de la Casa Blanca se ha tenido que tragar sus palabras, y verse obligado a agachar la cabeza.

Bastaron menos de 24 horas en Arabia Saudita para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empañara su imagen de férreo defensor de los derechos humanos que ha intentado labrarse durante mucho tiempo.

La vida de cualquier político está salpicada de promesas de campaña que acaba incumpliendo, y para Biden esa lista incluye ahora la hecha en 2019 de tratar a Arabia Saudita como «paria» por su historial en materia de derechos humanos.

El presidente estadounidense publicó una columna en el Post en la que explicaba sus motivos para realizar el viaje, diciendo que quería «reforzar una asociación estratégica», e insistió en que «las libertades fundamentales siempre están en la agenda cuando viajo al extranjero». (Reuters)

Sin embargo, Biden fue duramente criticado por la prensa internacional al reunirse con el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos señalan como el responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Más allá de los derechos humanos, Biden justificó que su viaje estaba destinado a «promover los intereses de Estados Unidos», una probable alusión a la necesidad de impulsar una mayor producción de petróleo del mayor exportador de petróleo del mundo, ya que el aumento de los precios de la gasolina está perjudicando las perspectivas de su partido antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, cuyo resultado definirá, al menos en teoría, el direccionamiento de las acciones de Washington en el actual contexto, si retirarse de una batalla poco factible de ganar, o bien adaptarse a los nuevos cambios globales y poner la casa en orden. Lo segundo es muy poco probable que suceda.

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JALISCO

El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.

Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?

Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.

¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.

El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.

En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.

Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.

Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?

Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?

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JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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