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OPINIÓN

La violencia contra mujeres en aumento: Día Internacional de la Mujer

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Educación, por Isabel Venegas //

Una de las cosas buenas que nos trajo esta pandemia fue la de dar tiempo y espacio para escucharnos de manera diferente; este 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” tal vez no haya marchas multitudinarias, ni mítines abarrotados, pero debe haber foros suficientes para que las ideas, los reclamos y las demandas de las mujeres se escuchen con fuerza y claridad.

La potencia de una lucha de décadas debe estar ahora en el diálogo; la comunicación de lo que viven las mujeres debe caber en el entendimiento de toda la sociedad, esto implica un esfuerzo de los mismos colectivos feministas a explorar nuevas formas de exponer sus ideas, así como a la sociedad abierta a escucharlas, porque es claro que éste es un problema tan complejo que no puede ser reducido a un -hombres vs. Mujeres-.

El movimiento feminista es un ejercicio de muchos años el cual ha representado grandes transformaciones, pero todavía sigue lejos de llegar al punto de equilibrio en el que las ellas se sientan libres, seguras y plenas, en tanto que a la sociedad en conjunto le hace falta fortalecer los vínculos de sana convivencia y armonía en general, sin estigmatizar al movimiento, ni minimizar sus demandas.

Hoy ya no es la discusión de las mujeres que necesitaban permiso especial para poder entrar a una universidad, o que preferían recluirse en un convento en lugar de tomar la opción de un matrimonio forzado (con sus asegunes en algunas zonas del país); el voto y la participación en espacios que significan la toma de decisiones, se ha ido abriendo cada vez más, pero al mismo tiempo nuevos dispositivos de control y dominación fueron emergiendo, ya no de manera formal sino en el currículum oculto, en lo que sucede fuera de la normatividad pero que opera con una fuerza igual, sigilosa y velada, que confunde y que imposibilita la acción clara de la ley y la justicia. Si bien es cierto que este movimiento ya no debiera identificarse con el término de “lucha” sino con el de “organización”, también es verdad que los apremios son enormes.

Para una mujer sigue siendo muy complicado identificarse como igual dentro de esquemas privilegiados para hombres, donde los puestos directivos y ejecutivos siguen tomando las decisiones en reuniones fuera de los espacios y horarios laborales, o donde no se habilitan instrumentos para que los vínculos familiares no se deterioren. Un gran porcentaje de mujeres siguen siendo quienes se hacen responsables tanto de sus trabajos (por los cuales se les paga un sueldo), como de las labores del hogar (administración, higiene, educación de los hijos, etc. en donde no se retribuye económicamente). Para muchas de ellas, el empoderamiento ha significado contraer más trabajo del que antes se tenía, y con ello los costos de un desgaste físico y emocional suelen saltar a la vista.

El equilibrio en los hogares mexicanos es la gran carencia de nuestra época, y ante la decadencia de las relaciones afectivas sólidas que son la base para proveer una madurez psico-emocional de los niños se observa una pista: tenemos pendiente el desarrollo de ambientes en los que puedan convivir tanto con papá como con mamá, desgraciadamente esta es una de las realidades que ya dejan ver sus consecuencias, puesto que varios estudios muestran que las generaciones de parejas jóvenes están queriendo volver a los esquemas de las décadas pasadas donde la madre se quedaba en casa para asegurar el cuidado y formación de los hijos, nuevas masculinidades que no se alcanzaron a forjar antes de dar marcha atrás.

Aunado a eso, la violencia contra las mujeres ha ido en aumento y tal parece que para muchas de ellas el término “lucha” sí se entiende como una guerra actual, como una disputa en la que la mayoría de las veces la factura termina siendo la vida misma. Historias desgarradoras donde ya no importa si los hijos están de frente a la tragedia, donde el odio se ha ido magnificando y la descomposición social se ve reflejada en ataques todos los días, a todas horas, en todos los ámbitos sociales.

Desde el 2016 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ya arrojaba datos muy preocupantes: el 44% de las mujeres habían sufrido violencia por parte de su actual o más reciente pareja; a esas cifras el confinamiento de casi todo el 2020 agregó la desesperación por la reducción de los ingresos económicos, pérdida de empleo, enfermedad, angustia y todos los agravantes que se dejan ver por aterradoras estadísticas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, hizo las siguientes recomendaciones tras haber elaborado su análisis regional atendiendo la crisis sanitaria y las preocupantes cifras de nuestro país:

1.- Poner a las mujeres y niñas al centro de la respuesta a la emergencia y en la construcción de una solución duradera, con perspectiva de género y tomando en consideración el interés superior de la infancia.

2. Fortalecer las medidas de prevención, atención y protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia, como parte central de las acciones para hacer frente a la emergencia que enfrenta el país a causa de la propagación del COVID-19.

3. Reforzar las acciones de prevención e insistir en la necesidad de construir nuevas relaciones sociales y familiares más igualitarias, que incluyan masculinidades positivas.

4. Asegurar que la recolección de datos se haga con desagregación por sexo y con perspectiva de género para poder atender de manera más eficiente la problemática.

5. Incluir a las mujeres, movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la respuesta frente a la crisis generada por el COVID-19.

Trabajar en cada uno de estos ejes representa la preocupación por recuperar la sana conveniencia tanto para hombres como para mujeres, para los jóvenes, los niños y las niñas. Entre todas y todos debemos activar mecanismos para reducir los niveles de violencia, priorizar la formación de lazos fraternos y sanos desde el núcleo familiar, y habilitar instrumentos suficientes para que las denuncias por agresiones sean cada vez menos, y atendidas con mayor seriedad.

Este 8 de marzo es para reconocer el enorme talento de las mujeres en el deporte, la política, mujeres líderes empresariales, activistas, educadoras, médicas, enfermeras, agricultoras, afanadoras; mujeres que han decidido salir en búsqueda de sus sueños, conseguir la materialización de sus ideas, mientras seguimos trabajando en apoyar a aquellas que se han quedado con la ilusión de reconvertir sus historias, pero que no han contado con las oportunidades suficientes ante una serie de carencias individuales y estructurales.

Que sea este el momento para un ejercicio de auténtica empatía entre unos y otros; a estas alturas ya hemos demostrado que las mujeres no somos más débiles, ni tampoco más honestas, no somos más lindas, ni tampoco somos más manipulables, somos tan productivas, brillantes, fuertes y frágiles como los hombres, pero así como ellos, con la capacidad de desarrollar talentos de acuerdo a cada historia y formación, ahora es importante armonizar la individualidad y la colectividad. No todos los hombres tienen la competencia del liderazgo positivo, y no todos son capaces de subirse a un poste a reparar la electricidad. No son todos iguales, así como nosotras tampoco, esto se trata de estar en la libertad de desarrollar nuestro máximo potencial, sin descuidar los lazos afectivos que a la larga son el fundamento de cualquier sociedad.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E.mail: isa_venegas@hotmail.com

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JALISCO

Contratación bajo investigación

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

De los problemas que actualmente enfrenta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el escándalo por la contratación de la conductora de televisión Eli Castro, un personaje polémico que se mantiene en circunstancias similares la mayor parte del tiempo, demuestra una vez más que la política se desvía sin duda del objetivo que debería tener: el bienestar, la transparencia y la calidad de los servidores públicos.

Es muy lamentable que, ante el aumento injustificado de las tarifas de un sistema de agua potable, también saliera a la luz un tema tan desagradable que opaca el servicio público y la política. Este hecho carece de justificación y evidencia corrupción y opacidad.

En este sentido, lo que toca es analizar la intervención de los entes públicos encargados de esclarecer este bochornoso episodio, que afectará la imagen pública del partido que hoy gobierna Jalisco. Será lógicamente imposible justificar que la conductora tenga el perfil para ocupar el cargo de asesora técnica y que la manera de haber llegado a él fue bajo absoluta transparencia y control.

Por lo tanto, que esté en la nómina del SIAPA con un salario de alto rango, comisionada sin asistir, y que argumente públicamente que su caso es un asunto de resentimiento social, por ser una persona que consigue lo que se propone, es un tema delicado que evidencia prácticas de corrupción.

En este contexto, habrá que estar atentos a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco. Las declaraciones de la conductora, involucrada en escándalos mediáticos, también sugieren abiertamente que está a un par de años de jubilarse, tras más de 27 años como servidora pública. Esto resulta enormemente dudoso y podría demostrar que, desde hace más dos décadas, ha estado en las nóminas del servicio público por conocidos en la política.

Entonces, tendríamos que analizar los escándalos de Pensiones del Estado de Jalisco para determinar si esta será una «pensión dorada» para alguien que, presuntamente, nunca fungió como servidora pública. Sería imposible asistir a trabajar y tener dos o tres empleos más; en términos laborales, hablaríamos de incompatibilidad de jornadas laborales.

Por lo tanto, podríamos estar ante la figura coloquialmente llamada «aviadora» —término que se le da a quien cobra en el servicio público, pero no trabaja—. Esta situación es lo más denigrante que puede tener un gobierno en funciones.

En Jalisco, contamos con un Sistema Estatal Anticorrupción, del cual se desprende la Fiscalía Anticorrupción, que anunció que abrió una investigación de oficio por la contratación de Eli Castro. El caso de la contratación de Eli Castro en el SIAPA es un claro ejemplo de cómo la corrupción y la opacidad socavan la confianza pública y desvían los recursos que deberían destinarse al bienestar de la ciudadanía.

Más allá de la legalidad de la contratación en sí, lo verdaderamente preocupante es la aparente falta de transparencia en el proceso y la ausencia de un perfil técnico idóneo para el puesto de asesor técnico. Esto, sumado a las declaraciones de la propia conductora sobre sus años de «servicio» y una posible «pensión dorada», pinta un panorama alarmante de prácticas arraigadas en el sistema político y público.

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco es crucial en este punto. No solo debe investigar a fondo las denuncias de nepotismo y posibles desvíos de recursos, sino que también tiene la obligación de comunicar los hallazgos de manera transparente y abierta a la sociedad.

Es imperativo que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, tanto a la persona que cobró posiblemente sin trabajar, como a quienes permitieron y facilitaron esta situación.

Este episodio no solo afecta la imagen del SIAPA y del partido en el gobierno, sino que también erosiona profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Para recuperar esa seguridad, es fundamental que el Sistema Estatal Anticorrupción demuestre su efectividad y que se envíe un mensaje claro: la corrupción no será tolerada y aquellos que abusan de su poder para beneficio personal serán llevados ante la justicia. La calidad de los servidores públicos y la transparencia en la gestión son pilares de un buen gobierno, y este caso es una oportunidad para reafirmarlos.

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NACIONALES

Que no son lo que son

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.

Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.

Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.

En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.

Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.

El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.

Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.

Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.

El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.

Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.

En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.

Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.

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NACIONALES

Nombramientos sin mérito

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Opinión, por Iván Arrazola //

La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.

Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.

El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.

Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.

A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.

En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.

El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.

En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.

Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.

Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.

Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.

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