OPINIÓN
Las encuestas políticas y su utilidad
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
En los tiempos presentes, las investigaciones denominadas “encuestas” están de moda. En nuestro país realmente llegaron tarde, especialmente en el renglón político-electoral. Humorísticamente, los mexicanos solíamos decir: para qué preguntar quien ganaría en una contienda electoral, si desde que se sabía quien era el candidato del partido todopoderoso, (Partido Revolucionario Institucional, PRI) en esa época casi único, todo mundo vislumbraba que ese aspirante sería el triunfador.
Por ello incluso los ciudadanos manifestaban que votar no servía de nada, pues el ganador de la elección, chueco o derecho, sería quien fuese postulado por el partidazo (PRI).
La centuria pasada, se desarrollan e intensifican mundialmente los estudios “demoscópicos”. Esta palabra deriva de la voz “demoscopia”, la cual proviene del griego “demos” (pueblo) y “skopeo” (ver, examinar) y el sufijo “ia”. Así pues, nos dice el diccionario: “demoscopia” es la disciplina de la ciencia política y de la sociología dedicada al estudio de la opinión pública. En resumen, es un sistema para estudiar sentires, aficiones y comportamiento humanos a través de sondeos de opinión.
En México inician estas prácticas a fines del siglo XX, sin embargo, fue hasta un escrutinio realizado en 1988, con motivo de los comicios presidenciales de ese año, que se dice arrancan realmente los estudios serios en la materia. Recordemos que, en esas elecciones se “cayó el sistema”, y con el estigma de fraude electoral, triunfó el priista Carlos Salinas de Gortari, prototipo del neoliberalismo y por lustros, censurado como el “villano favorito” de los mexicanos.
A partir de entonces, se incrementaron los ensayos demoscópicos en el medio nacional. Desde luego que cuando se trata de elegir titulares del poder ejecutivo, los procesos son más llamativos para el pueblo. A los ciudadanos les importan las opiniones de los posibles votantes, cuando de comicios presidenciales se trata; en segundo lugar lo relativo a elecciones de gobernadores y finalmente de alcaldes. Senadores, diputados (federales o locales) y regidores, tienen mucho menos valor para el gran público.
Actualmente estamos inmersos en los comicios para elegir, en seis entidades federativas, entre otros cargos, el de sus gobernadores. En consecuencia, los sondeos de opinión están a la orden del día. Esto hace que se vean con la reserva del caso, pues lamentablemente, a la par que proliferan tales investigaciones, se resienten irregularidades que acusan a ciertas encuestas como “cuchareadas”, es decir, hechas amañadamente, con el torcido objeto de favorecer por empeños tortuosos a funcionarios, partido o candidatos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es de sumo interés la información publicada el pasado día diez de mayo, por el periódico Reforma y sus hermanos (El Norte de Monterrey y Mural de Guadalajara). Ya se sabe que dichos diarios, por lo general son impugnadores de la Cuatro T y del primer mandatario federal, por lo que cobra especial sentido lo que informa dicho sondeo.
Sobre Andrés Manuel López Obrador, se informa que subió su aprobación cuatro puntos. Según el estudio, el 62% de los interrogados aprueba la manera en que el presidente ejerce su encargo, mientras que afronta un rechazo del 32%.
Estos números lo sitúan al mismo nivel que el año anterior: El renglón mejor evaluado es el de líneas sociales, en tanto que la seguridad es el área en que tiene menor calificación. Sobre este tema, como referencia podemos citar que esa cifra de AMLO, es superior a la aprobación que tuvieron durante igual lapso, los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes destinaban enormes sumas para tener contentos a comentócratas y dueños de medios, especialmente en la capital de la nación; esos “apoyos” se suprimieron y en consecuencia, todos ellos, hoy están muy descontentos con el Presidente.
Otro de los grandes asuntos que atraen la atención de los mexicanos, es la sucesión presidencial. Aunque algo lejanos aún (será en 2024) es tema preferencial. Al respecto, nos dice el estudio a que nos referimos, que la carrera la encabeza el canciller Marcelo Ebrard, quien obtiene un puntaje de 34 por ciento, seguido por la gobernadora de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con porcentaje de 33, o sea, apenas un punto abajo, aunque anotamos que dentro de MORENA la mandamás de la capital tiene 34 por ciento ante un 26% del canciller. Sorpresivamente, el estudio le da un 26% al joven alcalde de la Sultana del Norte, Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien lo que más le vale es el apellido paterno, junto el hecho de que el examen se realizó por regiomontanos. Muy atrás figuran personajes como Margarita Zavala con 14%, Ricardo Anaya el 13% y Ricardo Monreal apenas con el 11%.
Por lo que ve a partidos políticos, si la elección fuese en este mes, la ventaja para los morenistas es muy clara, pues el 47% los apoya, mientras que los panistas solo tienen el 19 por ciento y los priístas llegan al 18; muy atrás esta Movimiento Ciudadano, con raquítico porcentaje de seis y de otros partidos con registro, la verdad que ni se les menciona. Muy interesante es la pregunta de ¿por cual partido nunca votaría?, y la respuesta es contundente: el 45% dice que, por el PRI, jamás sufragaría.
Otro ámbito que reviste trascendencia, es el de los gobernadores en los seis Estados en que se renueva el poder ejecutivo local. Las ventajas evidentes para MORENA son en cuatro entidades federativas, (Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas). Por lo que ve a Aguascalientes y Durango, con jerarcas blanquiazules, la pelea está cerrada con ventaja para el PAN, que la tenían muy amplia sobre los morenistas, pero se han cerrado los porcientos y esta situación indica que, son factibles hubiese en tres semanas, números inusitados.
De Oaxaca no causa sorpresa la gran delantera de los seguidores del partido guinda y sus aliados, pues el Presidente ha beneficiado considerablemente a tal Estado, con visitas y programas sociales a los sectores pobres, que es la inmensa mayoría. Por ello, Salomón Jara Cruz de la alianza Juntos Haremos Historia, va en caballo de hacienda. De igual manera podemos hablar de Hidalgo, donde a pesar de la influyente priísta-panista, Carolina Viggiano (secretaria general del CEN tricolor) esposa del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el abanderado de la coalición morenista Julio Menchaca, tiene un tremendo 61%, frente al 32% de la prianista.
En Quintana Roo, la candidata de Morena, Mara Lezama, se coloca a la cabeza de las preferencias electorales, con 46.86 %, frente a un deprimido 13.6 de la aliancista Laura Fernández, y un más lejano aspirante de MC, José Luis Pech (senador morenista) con 12.6%; el PRI quiso competir por sí mismo, abanderando a Leslie Hendricks, quien obtiene escuálido 5.2%. Y si vemos por partido, Morena arrasa, con 48.83%, seguida por el PAN con modesto 7.63%, y eso que el todavía mandatario Joaquín González, es de su bando. Movimiento Ciudadano tiene 6.07% de las preferencias. El desangelado PRI, apenas recibe 4.28%. Los demás, mejor ni nombrarlos.
Tamaulipas es la Entidad en que su “gobernante”, en libertad gracias a varios amparos y gruesos deslices monetarios, Francisco García Cabeza de Vaca, hace hasta lo imposible para mantener su control; empero, parece no tendrá escapatoria y el candidato morenista, Américo Villarreal, saldrá avante, según todas las encuestas, salvo alguna “cuchareada” de firmas desconocidas, que aventuran va adelante el candidato prianista apodado “El Truko” (por algo será). Por lo que ve a Durango, gobernada por el panista José Rosas Aispuro, hoy por hoy, los sondeos mantienen a Esteban Villegas (prianista) y a Alma Marina Vitela (morenista) en un empate técnico, por lo que todo puede suceder. En Aguascalientes, María Teresa Jiménez, de “Va por Aguascalientes” (réplica estatal de Va por México) ha punteado invariablemente, por más que la morenista, Nora Ruvalcaba, remonta puntos y ya está 9 (46 contra 37 por ciento) debajo de aquella: si la “suspirante” del partido Verde y el PT, Marta Márquez, se sumara a ella, es verosímil la balanza sufra una voltereta.
En conclusión: las encuestas en el ramo político, son excelentes instrumentos para que el ciudadano sepa las tendencias, fortalezas y debilidades de gobernantes, candidatos y partidos. Pero reiteramos: habrán de evaluarse con cuidado, para evitar que estudios sesgados, nos hagan adoptar decisiones incorrectas. En todo caso, tengamos presente que las encuestas no remplazan la inteligencia, ni tan siquiera los presentimientos y mucho menos las simpatías.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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