OPINIÓN
Los enterradores del PRI

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Desde hace buen tiempo se ha escuchado que el Partido Revolucionario Institucional, desaparecerá, debido a su desprestigio y sus magros logros electorales. Cuando el parlanchín Vicente Fox llegó (año 2000) a la presidencia de la república, mucha gente creyó que ese final se había acercado. Pero como casi todo lo que hace ese ex conserje de la empresa mayoritaria de refrescos de cola, son estropicios, con su lamentable actuar más bien resucitó al tricolor.
Cuando el año 2018, tras el podrido gobierno de Peña Nieto, se consideró que el priismo no levantaría electoralmente, al comentar las elecciones de Tamaulipas y las pésimas maniobras del dirigente del PRI estatal, (Sergio “checo” Guajardo) muy similares a como se operó nacionalmente, se afirmó que sus dirigentes habían cavado la tumba priista. (CNT, 8-II-2018).
Luego del repaso que el pueblo les dio a panistas, perredistas y tricolores hace tres años, el panorama se tornó todavía más sombrío para el antiguo partido hegemónico.
Luego vinieron las votaciones de junio de 2021, intermedias entre las jornadas en que se elige funcionarios federales, incluyendo al presidente de la república. En tal ocasión, no pudieron ser peor los resultados, para los integrantes de la oposición bajo la divisa de “Va por México”, los cuales fueron derrotados en líneas generales. Pero los tricolores lo fueron de forma más tremenda, pues perdieron todas las gubernaturas que se renovaron, incluyendo Campeche, donde con descaro, el líder del priísmo nacional quiso imponer a un sobrino (Christian Castro Bello) quien, evidentemente, le cubriría las trapacerías que cometió su tío. En consecuencia, hubo protestas de los correligionarios: “Eres una vergüenza para el PRI, Alito. ¡Renuncia!”, se leía en las pancartas que esos descontentos priístas mostraron afuera del edificio del tricolor, como parte de sus movilizaciones.
En días pasados, analizando los inminentes comicios de junio de este año de 2022, en que se renovarán ejecutivos de seis estados, atestiguó el destacado periodista Jorge Meléndez Preciado, que el otrora gran partidazo, “se podría quedar sin gubernaturas, y eso hunde a cualquiera”.
De Campeche han surgido ciertas grabaciones que se atribuyen al actual dirigente nacional priísta, quien, como ya lo anotamos, fue “desgobernador” de esa Entidad federativa. Tras difundirse masivamente dichos audios, en que una voz que se escucha se asegura es la del presidente nacional priista (Alejandro Moreno, Alito) nos damos cuenta de que el señor exigía moches, además de otros tipos de “apoyos” ilícitos, para ganar elecciones. Al respecto, el cercano 5 de mayo, escribió Citlalli Hernández, secretaria general del morenismo nacional, a través de su cuenta oficial de Twitter: “Es gracias a estas prácticas corruptas que @alitomorenoc será recordado como el sepulturero del PRI nacional”.
En las condiciones actuales, hasta exdirigentes nacionales priistas, y no pocos exgobernantes, manifiestan su temor de que su añejo gran organismo, ahora sea catalogado como un partido de la chiquillada, término despectivo usado para describir a los institutos políticos que casi son de puro membrete, rol que actualmente ya ostenta el PRD de los “chuchos”.
Un paso muy criticado, fue la unión del priismo con el panismo. Ambos eran adversarios tradicionales, y quién lo dijera, ahora están hermanados por los dirigentes de la derecha mexicana, que encarna Claudio X. González. Sobre eso, sorprende escuchar a Humberto Moreira, el expresidente tricolor que expresó con tristeza: “Eran nuestros enemigos históricos, y ahora uno los ve de la mano…”
Pero según el comentarista Gerardo Hernández del medio digital “Zócalo”, hace seis meses insistió que un sepulturero del PRI sería Rubén Moreira, al que define como sujeto “megalómano y oportunista de toda la vida”. Para decir eso, asevera que en Coahuila, la cuna del Apóstol de la democracia, D. Francisco I. Madero, Moreira (Rubén) sepultó a la democracia; luego agrega: el coahuilense Manuel Pérez Treviño, fue legendario líder del PNR, raíz del triunfador PRI, institución del que ahora será (el susodicho Rubén) malhadado sepulturero. Y resulta que tal señor es el segundo de Alito, por lo que éste tiene un excelente colaborador para tan macabra tarea.
Pero el inefable Moreno Cárdenas, no oye y menos hace caso, de lo que le adjudican sus críticos -dentro de su mismo instituto- y por el contrario, sostiene que aun cuando las encuestas proyectan nueva debacle para sus dirigidos, “un partido político no se mide por el número de gubernaturas” que tenga, y en cuanto a su presidencia, no renunciará porque fue electo para un período de cuatro años (2019-2023). (Diario 24 horas, 20-V-2022). En tal postura, tiene el ostensible respaldo de su tapadera, la secretaria general del priísmo (Alma Carolina Viggiano Austria, ahora candidata a la gubernatura de Hidalgo, destapada por ¡el PAN!), esposa del señor Rubén Moreira.
Así pues, de acuerdo a Álvaro Delgado, “Alito” será el presidente priísta más perdedor de toda la historia política del país, galardón negativo para cualquier adalid de organización política. Por todo lo anterior, escribió en junio del año pasado, Israel Mendoza Pérez, (del portal “Dominio Público”), sobre este exgobernador de Campeche: En el momento de armar una alianza con las dos históricas fuerzas rivales, PAN y PRD, e imponer candidatos que responden a sus designios e intereses, factores en alto porcentaje causa de las derrotas del en otros tiempos partido aplanadora, lo único que Alejandro Moreno Cárdenas ha logrado, ni duda cabe, es convertirse en virtual sepulturero del PRI.
JALISCO
El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.
Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?
Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.
¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.
El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.
En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.
Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.
Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?
Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?
JALISCO
Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?
Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.
Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.
La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.
Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.
Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.
La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.
La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.
Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES
La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.
Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»
La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?
El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.
La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.
JALISCO
Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.
Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.
¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum
La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.
En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.
Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.
Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.
El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.
Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.
La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.
El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.
En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.
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