Opinión, por Miguel Anaya //

La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha sido un tema de constante análisis, especialmente en un contexto actual marcado por la llegada de Donald Trump a la presidencia y la visión política y social de Claudia Sheinbaum. Si bien los retos son notorios, es crucial resaltar las vastas oportunidades que se presentan para México en el ámbito económico y en la lucha contra la desigualdad.

Desde la anterior administración de Trump, se han implementado políticas que han desafiado el status quo del comercio entre ambos países. Sin embargo, esta situación también ha impulsado a México a redefinir su papel en la economía regional.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio, que culminó en el T-MEC, no solo representó un esfuerzo por mantener el acceso a un mercado vital, sino que también abrió la puerta a la modernización de sectores clave, brindando a México la oportunidad de convertirse en líder de la manufactura avanzada y procesos de innovación, misma que aún falta por ser mejor aprovechada.

La interdependencia económica entre México y Estados Unidos es una realidad innegable. Ambos países se benefician de un comercio robusto que impulsa sus economías. La manufactura mexicana en sectores como el automotriz y la electrónica, es un pilar fundamental que permite a las empresas estadounidenses optimizar costos y mejorar su competitividad. Esta sinergia es una oportunidad dorada para que México fortalezca su posición en la cadena de suministro de América del Norte, convirtiéndose en el aliado preferido de un mundo cada vez más interconectado.

Adicionalmente, la escasez de mano de obra en Estados Unidos en sectores como la agricultura y la construcción abre una ventana de oportunidad para que México colabore en la provisión de talento. La creación de políticas migratorias que faciliten la movilidad laboral puede ser beneficiosa para ambos países, garantizando que los sectores más necesitados en Estados Unidos cuenten con la mano de obra necesaria, al tiempo que se generan ingresos y oportunidades para los mexicanos, pero esto solo es posible si antes, nuestro país genera ciertas condiciones como reducir la pobreza y los altos índices de violencia.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum logra reducir la pobreza, logrará un triunfo clave en la narrativa, pues conseguir un país más equitativo no solo es un objetivo ético, sino una estrategia pragmática que fortalecería la estabilidad social y política de México. Invirtiendo en educación y capacitación, mejorará la movilidad social y la competitividad del país. Esta visión inclusiva puede ser un atractivo poderoso para los inversionistas que buscan no solo la rentabilidad momentánea, sino también objetivos a largo plazo en sus decisiones de inversión.

Asimismo, el combate al crimen organizado y la violencia es fundamental para garantizar el libre desarrollo de los mexicanos y claro, un entorno seguro y propicio para los negocios. Más allá de las declaraciones estridentes de Donald Trump es evidente y alarmante el crecimiento de las células delincuenciales en el país y también lo es que las autoridades nacionales deberán construir una relación de confianza con el vecino del norte.

Pensando en esto, habrá que prestar atención en la petición de Estados Unidos de combatir al crimen organizado de origen mexicano con sus fuerzas armadas; aunque este no es el plan preferido del gobierno mexicano, seguramente habrá puntos de acuerdo, pues la reducción de la violencia es una necesidad urgente para ambas naciones.

Finalmente, no podemos pasar por alto la reciente dimisión del líder canadiense Justin Trudeau, en una nación que muestra una clara tendencia a instaurar un nuevo gobierno de derecha que pondere el desarrollo económico antes de la inclusión social o la política de fronteras abiertas.

En conclusión, a pesar de los desafíos que presenta la relación bilateral con Estados Unidos las oportunidades son vastas y prometedoras, los puntos clave de comercio, seguridad y migración tienen soluciones multifactoriales donde convergen la educación, los valores, la cultura y, sobre todo, la aplicación de un estado de derecho fuerte y eficiente.

La capacidad de ofrecer dichas soluciones y aprovechar el crisol de oportunidades que se presentan dependerá de la voluntad de las y los líderes involucrados y la capacidad para trabajar juntos, caminado hacia una región más próspera, equitativa y sostenible. El futuro de México y Norteamérica está en sus manos.

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En el horizonte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, las torres de departamentos se alzan como un bosque de concreto, una metáfora de un crecimiento desmedido y poco armonioso. Estas estructuras, que prometen modernidad y desarrollo, son también reflejo de un sistema que, como un río desbordado, ha dejado a su paso problemas que no pueden ignorarse: especulación inmobiliaria, saturación de servicios y la sombra persistente de algunos vicios.

De acuerdo con algunos datos que leí la semana pasada, desde el año 2010, cuando comenzaron a proliferar estos desarrollos verticales, la narrativa del progreso tomó forma en edificios de más de veinte niveles que cambiaron el rostro de colonias tradicionales como Providencia, Colomos y Vallarta. En apenas trece años, los proyectos registrados pasaron de 54 en 2010 a la asombrosa cifra de 291 en 2023. Este crecimiento, lejos de responder a una planeación adecuada, parece más bien el resultado de un apetito voraz por la urbanización a cualquier costo.

Ciertamente este tema no es para menos y debería ser un pilar en la agenda pública, ya que el impacto de estas construcciones no se limita al paisaje urbano. La especulación inmobiliaria ha convertido la vivienda en un lujo inalcanzable para muchos. En lugar de responder a la demanda real de hogares accesibles, las torres han inflado los precios de terrenos y propiedades a niveles que excluyen a una gran parte de la población. La ciudad, antaño accesible, ahora se parece más a una vitrina donde solo algunos pueden pagar el precio de la entrada.

Pero los costos económicos no son los únicos que pesan. Los servicios públicos de estas zonas, diseñados para una densidad habitacional mucho menor, enfrentan ahora el desafío de atender a una población multiplicada. Las vialidades, como arterias obstruidas, se colapsan bajo el peso de un tráfico cada vez más intenso. El suministro de agua, la recolección de basura y los servicios de drenaje muestran sus límites, poniendo en evidencia una infraestructura que no fue concebida para soportar este nivel de urbanización.

La pregunta inevitable es cómo se llegó hasta aquí. Parte de la respuesta yace en la flexibilización de normativas y, en algunos casos, en la omisión deliberada de regulaciones que deberían haber garantizado un crecimiento ordenado. Aunque los desarrolladores han argumentado que estos proyectos traen inversión y empleo, no puede ignorarse que muchos han encontrado la manera de sortear las reglas para maximizar sus beneficios.

Un ejemplo claro es el uso del Coeficiente de Uso del Suelo (C.U.S.) y el Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S.), cuyos parámetros, diseñados para regular la densidad y la ocupación máxima de los terrenos, han sido objeto de modificaciones discrecionales, como lo es la creación del CUSMAX que permite a los desarrolladores incrementar la densidad de construcción en áreas específicas, promoviendo un uso más ‘’eficiente’’ del suelo y fomentando el desarrollo urbano en zonas estratégicas, pero omitiendo tomar medias para contener el desarrollo inmobiliario vertical a través de los planes parciales de desarrollo urbano.

De esta manera, las autoridades han permitido el aumento en la densidad de construcción bajo argumentos como el «impacto positivo» o el «interés público», pero sin aumentar o incrementar los espacios de servicios públicos tales como parques, hospitales, obras de infraestructura hidráulica, para garantizar un verdadero impacto positivo o un crecimiento sustentable.

Sin embargo, estas decisiones suelen carecer de transparencia, dejando espacio para negociaciones opacas entre las partes involucradas y que suelen priorizar beneficios económicos inmediatos sobre el bienestar colectivo, dando como resultado que aquello que debió ser una herramienta para garantizar un crecimiento urbano sostenible se han convertido en piezas clave de un sistema donde la flexibilidad normativa sirve más a los intereses privados que al bien común.

De esta manera, este fenómeno deja entrever un problema más profundo que debe de ser también una invitación a reflexionar sobre los mecanismos que determinan cómo se otorgan los permisos de construcción, quién supervisa su cumplimiento y qué intereses se protegen en el proceso, preguntas que adquieren aún más relevancia cuando recordamos que cuando las leyes se convierten en sugerencias y los reglamentos en meros obstáculos burocráticos, el costo lo paga la ciudad entera.

En este contexto, la metáfora de las torres de Babel cobra un nuevo significado. Al igual que en el mito bíblico, estas construcciones parecen levantarse sin considerar las limitaciones del entorno, en un intento por alcanzar alturas que desafían la lógica y la sostenibilidad. Pero mientras en la historia original el castigo fue la confusión de las lenguas, aquí el resultado es un tejido urbano fracturado, donde los intereses privados eclipsan el bien común.

Es importante señalar que la crítica a este modelo de desarrollo no busca detener el progreso ni satanizar la urbanización vertical. Las ciudades necesitan adaptarse y crecer, pero este crecimiento debe ser resultado de una planeación estratégica que considere las necesidades de sus habitantes y respete la capacidad de sus servicios garantizando un desarrollo verdaderamente sostenible que a su vez brinde un verdadero equilibrio entre densidad y calidad de vida, entre inversión y regulación, entre lo público y lo privado.

Por eso mismo, el caso de Guadalajara y Zapopan, la proliferación de torres nos obliga a repensar el modelo de ciudad que estamos construyendo. ¿Queremos un espacio donde la modernidad se mida en metros de altura o una ciudad que priorice la equidad, la funcionalidad y la habitabilidad?

Ciertamente el reto que tenemos en frente es monumental, pero pese a esto no es imposible. Requiere de autoridades que actúen con integridad y voluntad política, de ciudadanos que exijan transparencia y participen en los procesos de decisión, y de desarrolladores que asuman su responsabilidad social. Solo así será posible transformar este paisaje urbano, para que las torres que ahora parecen desafiarnos desde su altura sean testimonio de un progreso auténtico y no de un sistema que ha perdido su rumbo.

La ciudad, como cualquier organismo vivo, necesita equilibrio. No basta con construir edificios; es imprescindible construir comunidad. La ambición desmedida sin planeación ni equilibrio puede fragmentar incluso las estructuras más imponentes. La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir una ciudad que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Las advertencias de Donald Trump respecto a las políticas y acciones que habrá de implementar desde el primer día de su mandato han sido identificadas como amenazas por el gobierno mexicano y una buena parte de los analistas económicos y políticos. Y no les falta razón, aunque sí objetividad en el cálculo de lo posible.

Alguna vez, en mis épocas de anti imperialismo yanqui, un viejo sabio, mi padre, me dijo que la señal de que el imperio estaba decayendo sería cuando hubiera una invasión a México, y eso está todavía lejos de suceder.

Sin embargo, la deportación de inmigrantes ilegales y la fijación de aranceles tienen mayor posibilidad de ocurrencia, aunque la lógica y el conocimiento de las condiciones que privan en el país vecino indican que serán de menor magnitud de lo imaginado. Según el Pew Research Center estima, con datos de 2022, que habría 4 millones 70 mil mexicanos indocumentados.

El realismo indica que para deportar a esa cantidad los EUA no tienen los recursos humanos ni monetarios para lograr la hazaña de deportarlos a todos, al menos no con la inmediatez que se ha planteado. Sin duda que la cantidad de deportaciones sería abundante, pero no mayor que las realizadas en el periodo de Barak Obama.

Pero el verdadero peligro para México no está en el retorno masivo sino en la disminución de las remesas y por ello se explica el esfuerzo, insuficiente y caro, pero esfuerzo al fin, de proporcionar ayuda legal para evitar las deportaciones.

De igual forma, la aplicación de aranceles no se puede eludir combatiendo el contrabando de productos chinos de consumo doméstico, medida coyuntural y efectista, que no sirve para responder a la inquietud central de Trump que es la creciente presencia china en inversiones de gran calado.

Las presiones sobre México se deben interpretar debido al real problema que tiene nuestro vecino, que es el reacomodo y alineamiento de las potencias del bloque de Europa oriental en el juego geopolítico y la cada vez más intensa presencia de China amenazando la hegemonía comercial de Estados Unidos.

En el fondo son exigencias de alineamiento del bloque continental que se comprenden y complementan con la pretensión de recuperar el Canal de Panamá y la anexión de Groenlandia, esta última también como herramienta de negociación con Rusia para poner fin al conflicto ucraniano-Soviético.

Llevan implícitas también la exigencia de ordenar el país al interior. Cortar el flujo de fentanilo va aparejado a las críticas por la presencia innegable del narcotráfico y los cárteles en la vida nacional desplazando al gobierno en ya vastas regiones y la inquietud, manifestada abiertamente por el embajador estadounidense, de que la reforma judicial impida la vigencia plena del estado de derecho.

La aparente simplicidad con que son verbalizadas las pretensiones del presidente electo puede llevar al gobierno mexicano al planteamiento de propuestas simples e insuficientes para una ecuación más compleja.

Nos asusta la inmediatez de las consecuencias que avisan porque estamos conscientes de nuestras propias debilidades, particularmente, de la posibilidad real de que, el de por sí desafortunado e inviable proyecto de tornarnos un régimen autárquico se vuelva, como lo es, definitivamente imposible. Nuestra economía no puede generar en las condiciones actuales un crecimiento superior al crecimiento poblacional.

El crecimiento artificial del ingreso familiar por la inyección de efectivo directo no puede ser sostenido sin mayores ingresos para el gobierno y la recesión con inflación que ocasionaría la implantación de aranceles generalizados dejaría a la administración sin dinero para sufragar los programas clientelares pues, además, la deuda pública está llegando a niveles de insolvencia, lo que ya advierten las agencias calificadoras internacionales.

No resulta conveniente alentar una retórica nacionalista para cuidar la imagen del gobernante y seguir obteniendo rentabilidad electoral. Los desplantes altaneros y sarcásticos, los apoyos a regímenes fallidos generan nota en los medios, pero no contribuyen a la solución de fondo.

La consciencia de nuestras propias debilidades debe orillar al lado mexicano a negociar en términos de colaboración en los temas que realmente importan a nuestro principal socio comercial que rebasan lo doméstico. Son tiempos en que las políticas proteccionistas funcionan solo en los países que tienen las condiciones para hacerlas y el nuestro no está en tal situación.

Objetividad y pragmatismo es lo que se requiere, diplomacia de altura que entienda el contexto mundial y negocie con mayor alcance para influir en el mundo en el que aún estamos dentro de las primeras veinte potencias económicas. Clausurar tiendas chinas y contratar abogados para la crisis es quedarse verdaderamente cortos.