OPINIÓN
Mirza y Esquer, claves para Lemus: Carrera al senado en Jalisco, decide la gubernatura
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
(Primera parte) La elección para la gubernatura de Jalisco ha alcanzado altos niveles de polarización y una competencia muy cerrada, convirtiendo la selección de candidatos al Senado en un factor crítico, capaz de inclinar la balanza a favor de uno u otro aspirante a gobernador. Seis candidatos se disputan la simpatía y el apoyo del electorado, pero solo tres ocuparán esas codiciadas sillas en el Senado. Más allá de una simple carrera por escaños, esta contienda se convierte en el espejo de un estado dividido, donde cada voto al Senado es también un pronunciamiento sobre el futuro inmediato de Jalisco.
En este contexto, dos de los tres candidatos que logren ascender al Senado serán recordados no solo por su victoria personal, sino también por haber sido artífices clave en el triunfo del próximo inquilino de Casa Jalisco.
MIRZA Y ALBERTO, LOS QUE BUSCAN MANTENER EL MOVIMIENTO EN JALISCO
Mirza
En las celosas aguas de la política jalisciense, Mirza Flores Gómez navega con la determinación de quien se ha forjado a sí misma en el crisol de la ambición y el compromiso. Con una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, y una participación activa en la vida política a través de Movimiento Ciudadano, Mirza se presenta como un faro de esperanza en un panorama a menudo nublado por el oportunismo y la desidia.
Su candidatura para la alcaldía de Zapopan, aunque frustrada, no ha hecho más que avivar las llamas de su determinación. La licenciada en derecho y maestra en estudios de género y ciudadanía ha demostrado, a lo largo de su carrera, una capacidad indiscutible para impulsar iniciativas legislativas que no solo buscan abordar problemas actuales sino también anticiparse a los desafíos del mañana.
Apoyada por figuras de peso dentro de su partido, como el gobernador Enrique Alfaro y líderes nacionales como Jorge Álvarez Máynez, Mirza no carece de aliados en su lucha. Sin embargo, su camino está lejos de ser un desfile triunfal. A pesar de su sólida formación y su compromiso evidente con la causa pública, enfrenta obstáculos que amenazan con socavar sus aspiraciones.
La baja popularidad y el reconocimiento limitado entre el electorado al interior del estado son quizás sus adversarios más formidables. En un escenario político donde la imagen y la presencia mediática a menudo deciden el destino de las candidaturas, la falta de visibilidad de Mirza Flores puede ser un lastre difícil de soltar. A esto se suman los señalamientos y roces que generaron su gestión pasada como diputada local, sombras que podrían ensombrecer aún más su trayectoria.
Más allá de los desafíos personales, Mirza enfrenta también un panorama político convulso, donde la competencia es feroz, los recursos y la estructura de apoyos federales del partido en el poder federal imponen un escenario de David contra Goliat. La polarización y la confrontación entre bloques políticos, exacerbada por una sociedad cada vez más fracturada, plantean un escenario donde el diálogo y el consenso parecen utopías lejanas, pero, ahí el carácter relajado y franco de la candidata mcista al Senado puede ser una ventaja.
Y, sin embargo, en medio de esta tempestad, Mirza Flores Gómez se mantiene firme, guiada por la convicción de que es posible construir un México más justo, más equitativo, y más humano. Su alianza con Jorge Álvarez Máynez, basada en la amistad y el compromiso compartido con las causas sociales, es un testimonio de su disposición a colaborar, a construir puentes donde otros ven muros.
Alberto
Alberto Esquer Gutiérrez, un nombre que resuena con la fuerza de una trayectoria de más de dos décadas en la política de Jalisco, se prepara para encarar uno de los desafíos más significativos de su carrera: su candidatura al Senado de la República. Sin embargo, el camino hacia el éxito en este nuevo empeño se vislumbra tan complejo como crucial, dada la responsabilidad doble que carga sobre sus hombros: impulsar no solo su propia carrera sino también la de Pablo Lemus Navarro hacia la gubernatura de Jalisco.
El papel de Esquer en la precampaña de Lemus Navarro es un reflejo de la política como arte de lo posible y lo imposible. Quien una vez fuera señalado por el propio Lemus como prescindible, hoy emerge como la figura clave para redimir una campaña que, sin su intervención, podría haber sido marcada por la indiferencia y el desánimo, tal como se vio en los inicios de la precampaña en Tepatitlán.
Esquer, con su gran alianza social tejida meticulosamente durante su periodo como secretario de Asistencia Social, parece tener la llave para desbloquear el apoyo de diversos sectores que podrían ser decisivos en 2024. Este trabajo, que lo llevó a recorrer el estado en múltiples ocasiones, ha demostrado ser una estrategia de doble filo: le asegura un lugar prominente en la campaña de Lemus y, al mismo tiempo, fortalece su propia carrera hacia el Senado.
La política, con sus vueltas inesperadas, ha colocado a Esquer en una posición donde su éxito y el de Lemus están intrínsecamente vinculados. La ironía de que Lemus, quien alguna vez buscó su remoción, ahora dependa en gran medida de su apoyo, es un testimonio de la volatilidad y los cambiantes vientos de lealtad en el ámbito político.
Sin embargo, el desafío que enfrenta Esquer no se limita a apoyar a Lemus; también debe consolidar su propia candidatura en un contexto donde Movimiento Ciudadano busca marcar su territorio sin alianzas con otros partidos. La experiencia de Clemente Castañeda en 2018, quien logró el triunfo en el Senado gracias a una alianza con el PAN, es un recordatorio de las dificultades que aguardan en un camino solitario.
Esquer, con su amplia experiencia en cargos legislativos y ejecutivos, así como su impulso de programas sociales y proyectos agroalimentarios, tiene una base sólida desde la cual lanzar su candidatura.
En un escenario marcado por la polarización y la competencia feroz de partidos, Esquer debe navegar con astucia, aprovechando el descontento con el gobierno federal y posicionándose como la voz de la renovación y el cambio. Sin embargo, las amenazas de violencia, desinformación, y el clima de incertidumbre electoral son obstáculos que deberá superar con la misma determinación y habilidad que ha demostrado a lo largo de su carrera.
La historia política de Alberto Esquer Gutiérrez está lejos de haberse escrito en su totalidad. Con la campaña para el Senado y el apoyo a Lemus Navarro, se embarca en un capítulo que podría consolidar su legado o servir como una lección en los caprichos del destino político. En las manos de Esquer yace no solo su futuro, sino también el de aquellos que ha elegido apoyar, tejiendo con cada decisión el intrincado tapiz de la política de Jalisco.
Mirza y Alberto son el equipo de candidatos más sólido, los que más tiempo han jugado juntos, ¿Sabrán aprovecharlo?
En X @DEPACHECOS
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
