Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Lo que algunos definían como “política ficción” se ha tornado en una realidad.

La “lista de Marco”, puede llamarse la “lista del Narco “y ha dejado de ser una “leyenda urbana”. Marco Rubio, secretario de Estado (homónimo de un inolvidable amigo periodista y locutor) confeccionó una “black list” o lista negra, mediante la cual se expone -según ese listado- el contubernio que hay entre criminales…de todos los ámbitos, raleas, partidos, dependencias y sectores.

Apenas se ha medio publicado la primera parte. Se dice que hay más de lo que exhibe la lista inicial que alude a 44 personajes de la política, la administración, militares, vigentes y/o en retiro que, afirma, están ligados a los cárteles criminales ya como beneficiarios de sus tropelías, como cómplices, beneficiarios o protectores.

The black list, era considerada un mito. Otra ocurrencia (dijeron los eruditos de kermés) del gobierno norteamericano para presionar al mexicano que se ha hecho de la vista gorda en lo referente a los delitos que rodean a los facinerosos.

¿Por qué se tildó a la mencionada lista como improbable, inviable o de plano una mentira? Porque Marco Rubio, el secretario de Estado, no ha vociferado sobre ella; tampoco ha fanfarroneado y mucho menos alertado a los implicados.

Es, dicen los entendidos, un “trabajo de inteligencia”, que se puede traducir como de espionaje, cooperación de “fuentes anónimas” (ya ni tanto…algunas están cruzando la frontera bajo el esquema de “protección de testigos”) y de intervención de “soplones”, algunos pagados, otros no.

El morbo que ha despertado the black list en México va “in crescendo”. Surgió misteriosamente hace unas semanas; se decía que era una falacia; que era -en términos mexicanos- un “petate de muerto”, para espantar a quienes estuvieran enredados con esas mafias.

La “lista de Marco” aseguran informaciones “no oficiales” tiene bases jurídicas. Usa a la Ley Patriótica- de seguridad interior de USA- para fundamentarla. También se apoya en la controvertida Ley de Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs por sus siglas en inglés) y, por supuesto que en el marco legal de la OFAC que es la Office of Foreign Assets Control.

Al estilo de este gobierno norteamericano, esa black list se maneja de manera discrecional.

El Departamento de Estado, Justicia, CBP, HSI y OFAC otorgan autonomía a agencias estadounidenses para actuar contra el crimen sin informar ni cooperar judicialmente con México.

La “Black List” de Trump genera enojo y temor en México, mientras la presidenta Sheinbaum admite desconocer su propósito, ante la inacción frente a los cárteles, considerados por Trump el mayor problema del país.

¿Cómo se destruye esa afirmación de algunos “entendidos” que consideraban o consideran, una ficción la existencia de la lista de marras y su aplicación?

Con los hechos. La cancelación de las visas norteamericanas a la gobernadora de Baja California y su cónyuge, así como a la familia de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son los primeros actos oficiales del gobierno de EEUU emanados de dicha Black List.

Se afirma en los sótanos de los rumores, que además de los citados gobernadores y gobernadora, también tienen su expediente los de Nuevo León y señora; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Alfonso Durazo, de Sonora; Layda Sansores, de Campeche y, por supuesto y con subrayado doble, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.

Estas suposiciones que cobran cada día más consistencia, cual, si fueran lista de malos deseos y mala leche, exhiben nombres como los de Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Mario Delgado, Clara Luz Flores, incluso el de Enrique Alfaro Ramírez, así como cuatro o cinco militares, NN, y, por supuesto, Manuel Barttlet Díaz.

En el ámbito municipal, The Black List alcanza a los alcaldes de Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Ciudad Juárez, San Luis Río Colorado

Todos estos nombres, que conste, sólo son -hasta ahora- especulaciones, suposiciones, quizá perversidad de quienes los propagan, pero ¿cómo saber si son o no verdaderas esas acusaciones, si no hay pronunciamientos oficiales del gobierno norteamericano y menos del gobierno mexicano?

Otra constante en estos rumores es la aseveración de que personajes ligados a los negocios sucios de los malandrines operaron en toda la república como mecenas de todos, sí todos, los candidatos de Morena.

Cada día crecen los rumores sobre una “Black List” que señala la infiltración de mafias en gobiernos, según Donald Trump, sin que el gobierno mexicano desmienta estas acusaciones.

Por ello, urge se aclare si es verdad o mentira, aquí no importa el cristal con que se mira, lo que ha producido en nuestro país esa Black List que ha resultado más vista y misteriosa que la serie de televisión.

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Cuando pienso en mi ciudad, viene a mi mente una singular metáfora: la de una ciudad que se queda sin semáforos. No porque haya fallado el sistema eléctrico, ni por alguna tormenta fuera de lo común, sino porque alguien, en algún punto de la cadena de decisiones, dejó de dar importancia a lo elemental.

Semáforos descompuestos, esquinas convertidas en caos, peatones que sortean autos como si se tratara de una competencia de supervivencia. Una ciudad sin semáforos es una ciudad sin reglas visibles. Por eso esta es también una metáfora precisa de lo que ocurre cuando el orden deja de importar en la administración pública.

En Jalisco, en casi todos sus rincones, hace tiempo que el orden — esa idea mínima pero poderosa que permite que una comunidad se mueva con certeza y con paz — dejó de ser una prioridad. La sensación es que hemos normalizado el desorden, lo hemos incorporado a nuestra cotidianidad al grado de que ya no nos escandalizan las estampas urbanas que deberían indignarnos.

Motociclistas que “toman” avenidas completas en las madrugadas como si se tratara de un ritual callejero, sin autoridad que los regule ni que aparezca siquiera a observar. Calles dañadas sin mantenimiento, zonas enteras que parecen atrapadas en un estado permanente de reparación y espacios públicos convertidos en campos de obstáculos urbanos.

Nada de esto es producto del azar. Son consecuencias acumuladas de administraciones que, lejos de asumir el poder como un espacio para articular el bien común, han optado por convertirlo en plataforma de promoción personal o en escenario para la simulación. Se gobierna para la cámara, para la nota, para el siguiente cargo. Se construye más desde el marketing que desde el interés público…

En los últimos años, la clase política que ha ocupado los espacios más relevantes de representación en Jalisco ha tenido muchas oportunidades para demostrar una vocación genuina de servicio, sin embargo, lo que ha predominado es una preocupante indiferencia ante lo que de verdad duele y afecta a la gente.

No obstante, lo anterior, debo precisar que no se trata de descalificar en automático ni de rechazar todo lo hecho. Sería injusto desconocer avances, logros o esfuerzos aislados (que sí han existido).

Pero dado el contexto actual, es importante precisar que cuando esos esfuerzos se ven opacados por una percepción generalizada de abandono, de soberbia, de lejanía, es momento de hacer una pausa y repensar el rumbo. Gobernar no es administrar el espectáculo. No es diseñar slogans ni coreografiar conferencias de prensa. Gobernar es saber decir que no cuando hace falta, hacer cumplir la ley, aunque no dé aplausos, construir condiciones para que el ciudadano viva mejor sin necesidad de pedir favores.

En la política local se ha instalado una peligrosa comodidad: la de creer que el control electoral equivale a legitimidad permanente. Pero los votos, aunque importantes, no son cheques en blanco. La legitimidad se renueva todos los días con decisiones sensatas, con atención al detalle, con sensibilidad frente al dolor ajeno. Y eso no se logra desde la distancia ni desde la arrogancia, sino con cercanía real, con escucha activa, con voluntad de corregir cuando se ha fallado.

Hay temas que duelen especialmente por lo que revelan. Uno de ellos es la inseguridad que no se presenta en los grandes titulares, sino en las expresiones cotidianas de miedo y vulnerabilidad. La gente ya no llama a la policía porque ha aprendido que muchas veces no llega. Las mujeres modifican sus rutas para evitar zonas donde no hay alumbrado ni vigilancia. Los jóvenes asumen que ser víctimas de robo en el transporte público es una especie de impuesto urbano no declarado. Este tipo de violencia, que se infiltra en lo cotidiano, es la que más erosiona la confianza ciudadana.

Y al mismo tiempo, se ha perdido también el sentido profundo de lo público. Muchas decisiones se toman pensando en beneficios de corto plazo, sin atender las consecuencias a futuro. Se desarrollan zonas sin infraestructura suficiente, se sobreexplotan recursos y espacios, se promueven inversiones sin planes de sostenibilidad. Todo parece orientado a mostrar resultados “visibles” que sirvan para alimentar narrativas políticas, pero que no necesariamente responden a una lógica de bienestar colectivo.

Por eso, más allá de nombres propios o colores partidistas, lo que urge en Jalisco es una nueva ética del servicio público. Una visión que recupere el valor del orden, de la legalidad, de la equidad. Que entienda que gobernar no es una oportunidad para presumir poder, sino una responsabilidad que se asume con humildad. Que sepa que el verdadero progreso no se mide por la cantidad de obras inauguradas, sino por el nivel de vida que alcanza la gente en las colonias, en los barrios, en las comunidades rurales.

Las próximas generaciones nos juzgarán por lo que permitimos que se normalizara. Por los silencios cómplices, por las omisiones disfrazadas de eficiencia, por las prioridades mal asignadas. Y si algo podemos hacer desde la crítica —una crítica honesta, constructiva, sin estridencias ni linchamientos— es señalar que no podemos seguir aceptando administra desconectada de su gente. No podemos resignarnos a vivir en ciudades donde lo caótico se vuelve parte del paisaje.

Volver a poner orden, recuperar el sentido del servicio, construir confianza, no es tarea de un solo gobierno ni de una sola persona. Pero sí comienza por reconocer que algo no está funcionando. Que hace falta mirar con más seriedad los pequeños síntomas que revelan descomposición. Que gobernar exige más que ambición: exige vocación.

Una ciudad que pierde orden también pierde su ritmo. Y una sociedad que se acostumbra a ese caos corre el riesgo de perder su esperanza. Lo que está en juego no es una elección ni una narrativa, sino la posibilidad de volver a construir comunidad.

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Contra viento y marea, se modificó la Constitución Política de la República y ahora tenemos reglas sustanciales para llevar a cabo una profunda reforma judicial. El inminente domingo uno de junio se dará el paso trascendente de elegir por el pueblo a quienes serán los juzgadores de la nación a partir de septiembre venidero. Ambos avances han encarado fatuas, arrogantes resistencias y obstrucciones provenientes de las oposiciones al gobierno actual: son las embestidas postreras a la renovación de la justicia mexicana.

La elección por voto popular del Poder Judicial estará a cargo de 99.7 millones de votantes quienes están llamados a elegir 881 cargos de entre 3 mil 422 candidatos; las principales posiciones son la Suprema Corte, el novedoso Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y los magistrados que comprende dicho poder. Hemos de asentar, que votar por ministros de la Corte, no es primera vez ya que desde 1824 se acostumbró a hacerlo, siendo la última ocasión en 1918.

Las campañas comenzaron el reciente 30 de marzo y rematarán el próximo 28 de este mes. En todo momento, la oposición a la Cuarta Transformación, que enlista desde comentócratas y ciertos intelectuales, hasta exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral -INE- así como organismos nacionales, algunos de perfil internacional, y grupos de jueces y magistrados en funciones, quienes defienden tozudamente sus canonjías -altas percepciones y legiones de parientes- agregando asociaciones civiles y membretes, todos los cuales imputan hipotética intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en dicha elección.

En distintos foros y medios, los exconsejeros presidentes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván (2002-2006), Luis Carlos Ugalde (2003-2007) y del INE, Lorenzo Córdova (2014-2023) y el muy escandaloso Ciro Murayama, han criticado la elección del Poder Judicial que promovió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, alienta la actual presidenta Claudia Sheinbaum y sobre todo, aprobó la gran mayoría de votantes que acudieron a sufragar en los comicios del 2 de junio del año pasado.

Lencho, el racista censor de miembros de pueblos autóctonos afirma que la elección del uno de junio, “es absurda y solo tiene el propósito de adueñarse (el Poder ejecutivo y su partido) del Poder Judicial”. La señora Marván, ha insistido en marcar la falta de certeza en las reglas de la elección, la ruptura de las garantías y de la integridad en tal proceso electoral. (Joaquín López Dóriga, Digita, 15-05-2025). Ugalde, el mediocre solapador del fraude de 2006, escribió: “Aquí el voto destruye la naturaleza del Poder Judicial, que es controlar la legalidad del país”. Finalmente, el inefable Murayama, sostiene que tal proceso, es una “enorme farsa», pues quienes aspiran a los cargos de juzgador, “son producto de una preselección de los poderes Ejecutivo Legislativo” …y «Todos los candidatos fueron puestos por gente del gobierno y Morena. Esto es que la elección ya ocurrió…” (El Financiero, 2025-04-16).

Al respecto la mejor respuesta se las dio la mismísima presidenta del INE, Guadalupe Taddei: “Es muy lamentable, que quienes ya no estén, en su calidad de exconsejeros, opinen sobre lo que está sucediendo en este proceso que, además, jamás les tocó realizar”. El INE aprobó 87 mil 924 solicitudes de registro para observadores electorales en la elección del 1 de junio. En el proceso electoral de 2024, el más grande en la historia del país, el instituto avaló a 34 mil 881 observadores, por lo que la jornada próxima serán los comicios más vigilados.

Desde luego que en las filas de comentócratas y alcahuetes intelectuales, al estilo de Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y muchos otros de menor fama, las arremetidas han sido un día sí y otro también. Los medios tradicionales impresos, la radio y la televisión privada, son sus plataformas. Y las oposiciones los aplauden y difunden entre sus seguidores, que, por las encuestas más nuevas, no son muchos, puesto que la ciudadanía da a la mandataria nacional respaldos de alrededor del 80 por ciento.

Afirma Krauze, que “México vive su propio desvarío” y el calificativo lo lleva, -según su “talento” que equiparó a Enrique Alfaro Ramírez con Mariano Otero-, a considerar como “acto de barbarie” la llamada Reforma judicial, “acto final de demolición”. (Reforma, 11-05-2025). El otro líder de intelectuales orgánicos, Aguilar Camín manifestó: “…el proceso es a la vez ininteligible y vergonzoso…El gobierno está dispuesto a tragarse el sapo y a hacer el ridículo con una elección del 15% o el 5% de votantes, porque su ganancia será enorme: obtendrán dominio pleno sobre el Poder Judicial” (milenio.com.14-05-2025). Este personaje es aquél que enfatizó extrañar los apapachos (traducidos en jugosos chayotes) del gobierno.

Claro que el embate no se limita a esos dos cabecillas, sino a una legión de escribidores de las publicaciones tradicionales. Veamos brevemente algunas muestras, tomadas de la prensa nacional (llamada así solo porque se editan en la capital del país) que va del 11 al 16 de mayo.

Rafael Álvarez Cordero: “para sellar la destrucción del país, las elecciones del 1 de junio y la inminente ley de telecomunicaciones confirman que, desde el primer día, lo único que se ha buscado es la implantación de la tiranía…” (Excelsior 11-05). Jorge Alcocer V: “Las consecuencias del mal diseño de las normas legales y el atropellado proceso de organización y desarrollo de la llamada “elección judicial” están a la vista. Sin embargo, nada le importan al gobierno, sus legisladores y al Partido Morena, empeñados en destruir al actual Poder Judicial, para edificar otro, a su servicio, cuyos integrantes surgirán del resultado de una dudosa jornada comicial”. (portal Carmen Aristegui, 11-05- Mirador Político: Distorsión del voto).

La redacción de El Universal, según los colaboradores Luis Pereda y Adriana García, precisa: “Aunque la reforma se intentó presentar como un ejercicio democrático que «permitiría al pueblo elegir a sus jueces», en la vida real es un mecanismo disfuncional impulsado por el partido gobernante y sus aliados, que tiró a la basura 30 años de mejoras paulatinas a la judicatura” y cierran: La captura del Poder Judicial por parte del crimen organizado ya no es una amenaza abstracta, es un escenario real, previsible y no debidamente enfrentado. (12-05-2025).

En el mismo diario y fecha, Leonardo Curzio sostiene: “Las sociedades modernas prefieren a quien destruye un Poder Judicial, que a quien defiende su continuidad y perfeccionamiento. La violación institucional como norma es funcional para ganar elecciones…”

Juan Luis González Alcántara, controvertido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), dijo el 13 de mayo: “La reforma judicial, defendida falazmente con el argumento de la democracia, tiene un garbanzo de a libra…el Artículo Décimo Primero Transitorio del decreto de la reforma. «Para la interpretación y aplicación de este Decreto… toda autoridad jurisdiccional deberá atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial»…

“Lo anterior podría ser calificado como una muestra de la hechura de un régimen autoritario, temeroso de la independencia del Poder Judicial”. (El Heraldo de México). El exministro de la SCJN, José Ramón Cossío, pregona: La reforma judicial en curso… “le está regalando los jueces a los delincuentes”. El Universal, 13-05-2025).

Saskia Niño de Rivera en El Universal escribió un artículo que llama “Elecciones, Poder Judicial y delincuencia organizada”. En el presume que las denuncias, presentadas por la organización Defensores AC y el Laboratorio Electoral, ponen en evidencia la vulnerabilidad en la cual nuestro Poder Judicial podría estar, pues “cuando se permite que personas con vínculos al crimen organizado o con sectas religiosas señalados por abusos lleguen a posiciones de Poder Judicial, el mensaje es claro: la impunidad no sólo se tolera, se premia…” (14-mayo).

Por su lado, Gil Gamés, publica en Milenio: “estamos ante una de las porquerías más vergonzosas que se recuerden si hablamos de manipulación, imposición, desaseo, desorden y simulación electoral… La División de Poderes morirá el primero de junio y con ella la democracia mexicana…” (Milenio, 14-05-2025). Sumado a lo anterior, Luis de la Barreda Solórzano, tras aludir a los organismos de la ONU, de las barras de abogados y de los juristas impugnadores, como Diego Valadez, concluye expresando: “Abundan las evidencias de que, además de un atropello atroz, se trata de un fraude grotesco para capturar a los poderes judiciales.” (Excelsior, 15-05-2025).

Para culminar nuestro recuento de la reacción, diremos que el viernes 16 de mayo, se divulgaron artículos del periódico estadounidense The Washington Post y el hebdomadario británico The Economist: ambos advierten la injerencia del narco en elección judicial y el semanario inglés aventura que elegir jueces, es “la peor y más peligrosa idea del Sr. López Obrador: una reforma populista y radical del sistema de justicia de México que socavará el estado de derecho, envenenando las perspectivas económicas de México y debilitando su joven democracia” (¡!).

Como orquestados por el diario de la capital de Estados Unidos y la revista anglosajona, varios comentócratas mexicanos aceptaron que la reforma judicial terminará con la división de poderes, ya que “los frenos que el Poder Judicial podría imponer a la arbitrariedad del Gobierno son ya cosa del pasado. Se ha construido un nuevo Poder Judicial a la medida y bajo el control de la autocracia populista…” (Carlos Marín y Rafael Pérez Gay, en Milenio; Francisco Valdés Ugalde, en El Universal; Enrique Campos y Demetrio Sodi, en El Economista, y finalmente, Jorge Castañeda en Excelsior).

Los anteriores opinadores, además de un larguísimo etcétera, viene a ser, en suma, la acometida de la derecha mexicana en materia de justicia; no anotamos la opinión de los dirigentes partidistas, porque por definición son encarnizados enemigos de la reforma judicial y la renovación de los órganos de ese poder. Los estudios demoscópicos documentan que la inmensa mayoría de mexicanos, evalúan como lenta y cara la justicia, considerando corruptos a la mayoría de los juzgadores, tanto federales como estatales.

En Jalisco no tendremos por lo pronto, modificación del Poder Judicial; ojalá el aplazamiento asumido, sea para bien. Pero si habremos de intervenir los jaliscienses, en la elección del uno de junio para votar por el nuevo Poder Judicial federal.

Concurrir los ciudadanos en la selección de jueces, magistrados y ministros, es extraordinario; ya no más, juzgadores emanados de la lobreguez burocrática o la frivolidad política; habremos de dar una lección a los detractores de la capacidad del pueblo para decidir en ramo tan relevante. Como asevera nuestra inteligente primera mandataria: que los ciudadanos intervengan es la única manera de sanear al Poder Judicial y con ello demostrar que México es un país plenamente democrático, enfatizando, “que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces es algo que así, a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo.

Entonces, es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que México es el país más democrático de todos, por una razón: porque en México quien decide es el pueblo”.