OPINIÓN
Opinión no pedida, tiempos de introspección: El 2021 será un 2020 bis
Por Armando Morquecho Camacho //
La víspera de navidad así como la de año nuevo, son, sin lugar a duda, mis épocas favoritas del año. Creo que además de ser tiempos para estar con la familia y procurar a los amigos, son momentos perfectos para reflexionar y para llevar a cabo grandes ejercicios de introspección de cara al nuevo año.
Durante estas dos festividades recordamos todo lo vivido a lo largo de 365 días. Por un lado, celebramos los logros alcanzados, pero también, lamentamos nuestros fracasos. Esto último, resulta fundamental, ya que recordarlos, nos permite entender qué se hizo mal y qué es lo que debemos corregir para lograr consolidar los proyectos que trazaremos para el año en puerta.
Sin lugar a duda, el 2020 ha sido un año verdaderamente complicado, y acompañado de una pandemia global histórica, ha marcado en gran medida el inicio de esta década, y estoy seguro que traerá cambios significativos dentro de nuestra sociedad a nivel mundial.
Por eso, si hablamos de reflexión e introspección como herramientas fundamentales para corregir el rumbo, este ejercicio no puede quedar fuera en la recta final del año, ya que la crisis sanitaria nos puso delante de un espejo que muestra lo mejor y lo peor de nuestra sociedad, por lo tanto es una obligación realizar un diagnóstico para saber exactamente en dónde estamos parados y hacia dónde vamos.
Por un lado, lo vivido este 2020 nos ha hecho ver lo vulnerable de nuestra forma de vida en muchos aspectos, los cuales van desde lo políticio e institucional, hasta los aspectos individuales y de carácter personal. En cuanto a lo individual, para muchos la pandemia ha sido una oportunidad de cambio y de sensibilización que les ha permitido desarrollar una verdadera metaconsciencia colectiva, pero para otros, ha acentuado el egoísmo y la anti-fragilidad, haciendo que un gran sector olvide el valor real de la solidaridad.
También, ha sido un año de cambios, empezando por la aceleración de la revolución digital que ha impulsado una evolución meteórica del home office, la educación y la convivencia, la crisis sanitaria ha abierto las puertas a una nueva realidad que ha multiplicado las opciones para ser más creativos e innovadores, y también, ha facilitado la posibilidad de reinventarnos, lo cual, como miembros de una sociedad que se encuentra en constante cambio, se convierte en una herramienta de vital importancia.
Por otro lado, este año nos ha impuesto un nuevo presente en términos políticos, ya que la crisis en la materia, nos ha demostrado a los nuevas generaciones que los espacios públicos nos necesitan, que la política, como actividad y herramienta para transformar la realidad de las personas, nos necesita; necesita de nuestra energía, de nuestra visión, de nuestra voluntad y de nuestras ganas de transformar el mundo que nos rodea, por eso hoy más que nunca resulta fundamental aprovechar el sinfín de ventanas de oportunidad que se han abierto, para poder impulsar grandes cambios políticos estructruales e institucionales.
Por consiguiente, es necesario tener presentes un par de puntos de cara al fin del 2020, y el primero es que sin contar la pandemia generada por el COVID-19, la mayoría de problemas que enfrentamos este año son añejos, tal y como lo son la preocupante situación ambiental derivada del cambio climatico, la contaminación y el incremento de la temperatura, o la constante demanda de diferentes segmentos de la población que exige a sus instituciones y a sus representantes condiciones de igualdad, dignidad y respeto a la identidad.
El segundo punto que también es necesario tener presente, es que debemos evitar el autoengaño y debemos entender que la primera condición para superar una realidad adversa, es asumirla, y hoy, estamos parados frente a una situación verdaderamente adversa, por ello, no podemos caer en el error de pensar que todos y cada uno de nuestros problemas se acabarán con un cambio de dígito en el calendario, al contrario, probablemente los problemas del 2020, se conviertan en las crisis del 2021, y también es muy probable, que esas crisis las arrastremos durante algunos años más.
Sin embargo, no creo que esta sea una óptica pesimista para encarar el fin de año, al contrario, si lo vemos con otra perspectiva, ésta es la manera más positiva para enfrentarnos al final del año y para darle la bienvenida al 2021.
Como sociedad, comunidad y como país, tenemos que estar preparados para lo que está por venir, y como dirían en el mundo del futbol, la mejor defensa siempre es el ataque.
Este año nos ha llenado de experiencias y de muchas vivencias que al mismo tiempo, nos han proporcionado una gran cantidad de herramientas y conocimientos que nos permiten hacerle frente con una mejor actitud y con mayor certeza a la cantidad de problemas que probablemente se acentuarán el próximo año. Es decir, lo vivido y experimentado en temas políticos, de salud, sociales, económicos y estratégicos, nos ha dotado de todo lo necesario para hacer del ataque nuestra mejor defensa.
Así que el próximo 31 de diciembre, tengamos presentes que sí, la tormenta pasará y probablemente el mundo continuará evolucionando, pero de las decisiones que tomemos hoy todos, tanto gobiernos, como empresas, organizaciones, y ciudadanos, se conformará nuestro mundo de los próximos años y depende de nosotros y de nuestra capacidad para trabajar en coordinación y en pro del bien común, el rumbo que le queremos dar a nuestra sociedad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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